Proyecto Olmos: Un Estado atrapado en el modelo de concesión (*)

La frase popular que sintetiza este reportaje es “Nadie sabe para quién trabaja”. En el caso del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), la Concesionaria Trasvase Olmos y H2 Olmos -ambas empresas de la brasileña Odebrecht- se beneficiaron de decisiones tomadas por el Gobierno Regional de Lambayeque -a través del PEOT, la oficina que administra el proyecto-, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ProInversión.

Desde 2004, cuando Odebrecht quedó como único postor en el concurso internacional para dar la concesión -y en lo que va de ejecución del proyecto- es difícil notar el beneficio que deja el proyecto (de trasvase, irrigación y venta de tierras) a Lambayeque y al Estado peruano. El ‘interés nacional’ (1) resulta carente en este caso -y en otros bajo el modelo de concesiones-.

Pese a que la obra de construcción del túnel para el trasvase de las aguas del río Huancabamba (Piura) sufrió demoras, Odebrecht no fue sancionada, el hecho ha sido criticado por profesionales lambayecanos entrevistados para este texto, incluso porque el PEOT ha reconocido que le pagará un monto adicional por los meses en los que la empresa indica que sufrió un perjuicio debido a la paralización de la obra.

No hay pruebas de que la concesionaria haya cometido prácticas irregulares o ilegales, pero altas autoridades políticas, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y el actual, favorecieron a la empresa concesionaria en desmedro de los intereses del Estado peruano.

En contraposición, tanto el gerente del PEOT, Francisco Gayoso (ver entrevista:http://www.noticiasser.pe/13/06/2012/cajamarca/entrevista-al-gerente-gen...), como los materiales informativos de las concesionarias, señalan que el beneficio para el Perú está en la generación de empleos, el surgimiento de por lo menos cuatro ciudades y de un polo de desarrollo en la zona.

Por otro lado, ha habido también cuestionamientos al PEOT, que debía dejar libre la zona para la actuación de la concesionaria (2), en el caso de la reubicación de personas ahora residentes en Nuevo Huabal (Cajamarca) y que antes vivían en un área muy cercana a las obras. Mientras los ciudadanos denuncian que fueron engañados con indemnizaciones insuficientes y desplazados a una zona amenazada por desastres naturales, el PEOT indica que cumplió la voluntad de las familias que querían establecerse allí.

Las versiones opuestas acerca de un mismo hecho se repiten en diversos episodios de este reportaje: en una misma posición se encuentran Odebrecht, el PEOT, el Gobierno Regional y el Gobierno nacional; por el otro, los colegios profesionales de Lambayeque y profesionales independientes, algunos periodistas locales y los residentes de Nuevo Huabal. Sin embargo, un documento que muestra por sí solo cómo el Estado justifica errores, descuidos e inclinación a favor del concesionario es un informe de Contraloría (3) que responde a cuestionamientos hechos al PEOT por profesionales: algunas frases son de leguleyos, ajenos a la ética en la administración pública.

Otro aspecto interesante en este sentido, el único en el que coinciden las partes, es que off the record un funcionario consultado para este reportaje indicó que el ex gerente del PEOT, Enrique Salazar era una persona de confianza del ex presidente regional Yehude Simon, con quien se concretaron las primeras negociaciones favorables a Odebrecht: “Todos los fines de semana iban a Lima a hacer lobby”, agregó. Más adelante volveremos sobre este asunto, al referirnos a la disputa pública que tuvieron Simon y la ex ministra de Economía, Mercedes Araoz acerca de Olmos (4).

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Los desplazados de Huabal

Residentes de Nuevo Huabal (distrito de San Felipe, Cajamarca) y el consultor de Servicios Educativos Rurales en Jaén, Jorge Fernández, indican que los funcionarios del PEOT negociaron por separado con algunos representantes de las familias que debían ser reubicadas y que, además, el PEOT eligió a personas con poco criterio para tomar la mejor decisión.

Un video realizado en 2011 por Andrea Bilbao (5) contiene testimonios de presión a los ciudadanos, ya que hasta les dijeron que “a la buena o a la mala” tendrían que salir de allí y aceptar lo que les ofrecían. Mencionan a un abogado del PEOT llamado Aladino, quien los amenazaba ya sea con la inundación –a causa de la cercanía del embalse– o con las fuerzas del orden.

Ángel Lopez refiere, por ejemplo, que el abogado decía: “Vendrá la policía, las Fuerzas Armadas, los matarán”. Manuel Flores, recuerda que las palabras eran “vamos a traer a la policía o va a llegar el agua”. En el mismo video, un vocero del PEOT, Dante Talledo, reconoce que son “estilos. No es importante, obviamente es un abogado joven con mucho ímpetu, con estilos de gritar, de si no me firmas va a venir el agua, a veces pintoresco, en todo caso es anecdótico”, agrega (6).

El gerente general del PEOT sostuvo en entrevista que los reubicados “son sólo 17 familias, los otros son invasores. Hemos dicho que vamos a apoyar a todos, se están haciendo talleres de capacitación”. “Particularmente como ingeniero nunca hubiese reubicado ese pueblo allí. Esas personas no se quejaban por el sitio, se quejaban por el dinero, han escogido el lugar allí. A los que todavía trabajan acá (en el PEOT) les pregunté ¿por que no les han dicho ustedes como ingenieros que ahí están mal”.

El huayco que destruyó viviendas en Huabal en 2010 fue explicado así por Gayoso: “La municipalidad de San Felipe empezó a hacer un camino en la falda del cerro, de Huabal hasta Nuñorupe. Y ese camino ha desestabilizado toda la quebrada, lo dejaron a medio construir, vino la lluvia y arrastró lodo y piedras y afectó las 17 casas reubicadas”, uno de los colegios y un local comunal.

Gayoso reconoce también que la defensa ribereña construida del cerro Cortés a la quebrada Chuzada “se debe corregir para que no se afecte la población”.

“Ellos han estado reclamando que el pago que se les ha hecho está muy bajo, y ha habido un ex miembro directivo de acá que cuando lo sacaron empezó a sacarles plata, hizo un movimiento en el Congreso para una nueva tasación y se les vuelva a pagar. El gobierno de Cajamarca dice que van a reubicarlos, pero el PEOT no puede invertir dos veces en eso”, señala.

“Quien promueve toda esta discordia es la ONG SER, porque sacan plata a la gente. Se les ofreció (reubicarlos) en Pucará, no quisieron; en Motupe, tampoco. (El PEOT) Les consigue trabajo en el mantenimiento de la IRSA Norte, en el túnel con la concesionaria”. “Ellos escogieron ese sitio por la cercanía a las obras y al embalse futuro de la presa Limón. Un primer reporte daba a entender que no había riesgo allí”, añadió el alto funcionario del PEOT.

Sin embargo, Jorge Fernández del SER indicó que Gayoso confundía las acciones de la ONG con las de un ex miembro del consejo directivo del PEOT que representaba a Cajamarca, José Luis Castillo. “Era miembro de una asociación de los pobladores de Pedregal que le hacen un juicio al PEOT y le pagan al señor Castillo que es un tramitador: Gayoso mezcla las dos cosas. Castillo también recibía dinero de Pumahuaca”, explicó Fernández en entrevista en Jaén.

El teniente alcalde de la Municipalidad provincial de Jaén, Edwin Llique, presidió una comisión de investigación acerca de los desplazados de Nuevo Huabal, en la que también participó SER. “Hemos encontrado las deficiencias porque se hizo un informe de Defensa Civil que no es el adecuado. Formamos un equipo de estimadores de riesgo de ambas regiones para que nos digan si los amigos de Nuevo Huabal necesitan o no una reubicación: eso fue hasta noviembre de 2011. El informe dice que deberían ser reubicados”, declaró Llique en Jaén.

“Con el MIMDES hemos programado un taller de comunidades en peligro en el Nuevo Huabal”, anotó el teniente alcalde, a quien le preocupa que en tres o cuatro meses el PEOT será desactivado y no habrá quien se ocupe de ellos. “Ni siquiera tienen agua, no hay espacio donde trabajar, son cerros sin producción, de piedra. Si se van IIRSA y Odebrecht, se acabó el trabajo para algunos. El PEOT los ha dividido dándoles empleo a un grupito y a otro no. Son cuatro o cinco quienes consiguen trabajo”, refiere.

Jorge Fernández señaló que el tercer informe realizado por estimadores de riesgo menciona la condición de “terrenos improductivos” en Nuevo Huabal. “Los proyectos no van a tener sostenibilidad en el tiempo”, acota, en alusión a proyectos que el PEOT publicita de capacitación laboral. Fernández también destacó otro segmento del informe que indica que los gobiernos locales deben fortalecer las organizaciones de base (de Nuevo Huabal) porque éstas no cumplen sus funciones: “PEOT ha pasado a reemplazar las funciones”, dice el documento.

Llique comenta que ha sido claro con el PEOT sobre la necesidad de reubicar a los habitantes de Huabal y en una oportunidad lo “trataron de silenciar, lo dije en una reunión del Concejo (municipal) que quisieron negociar conmigo dándome un terreno”.

Otras reacciones al disenso

Además de las menciones al estilo amenazante de un abogado del PEOT y el ofrecimiento de un terreno al teniente alcalde Llique para que no insistiera con la reubicación de Nuevo Huabal, se suman otras formas de acción para bloquear el disenso.

En entrevista para este reportaje, el economista olmano Mario Ubillús, crítico del proyecto pues estuvo en dos comisiones que revisaron los contratos relató: “Odebrecht convocaba a los olmanos, traía del campo a 500, mandaba ómnibus, pagaban cien soles a cada uno, les daban de comer, para decir que no me hicieran caso: ‘él viene a engañarlos’, para decirles que estaba loco. Alquilaban un colegio (ahí los reunían)”.

Ubillús dijo que el alcalde de Olmos, Willy Serrato, lo invitó una vez a su programa radial sabatino para hablar del proyecto. “Logramos que se formara un comité que revisara los proyectos de contratos de iniciativa privada. El PEOT forma dos comisiones, una para la subasta de las tierras, donde no dejó entrar a ningún olmano, y otra para revisar todo: cómo se había firmado los contratos, cómo se había hecho la primera parte. Porque ya estábamos oponiéndonos a la segunda parte: cuando Odebrecht entra junto con el Gobierno Regional y hacen una ‘iniciativa privada’ en la que le regalan 700 millones de dólares a Odebrecht sin hacer nada”, cuenta.

Según Ubillús (7), quien se jubiló luego de 30 años de servicios en la Contraloría, “las licitaciones las hicieron amañadas, escondían datos, pedían cosas fantasiosas (8). No trataban de dar facilidades para que libremente los concesionarios concurrieran a esa iniciativa privada, sino que se trataba de blindar a Odebrecht para que nadie más concurriera”.

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El proyecto Olmos es un antiguo sueño de Lambayeque. El plan comprendía obras de trasvase de aguas de la vertiente del Atlántico al Pacífico, la construcción de dos hidroeléctricas, obras de riego por tuberías y la construcción del hidráulico de Tabaconas. Dado que con fondos del Tesoro Público no se avanzó en 20 años más que seis kilómetros de túnel, en 2004 el proyecto fue dividido en fases: para la primera convocó a un concurso internacional para la construcción de la represa Limón y del túnel Trasandino. Pese a que varias empresas compraron las bases para el concurso, al final la única postora fue Odebrecht y el contrato de iniciativa privada fue firmado con la empresa brasileña (9). La concesión es por 25 años.

El proyecto de irrigación se realiza sobre 38,000 hectáreas de tierras cedidas por el Gobierno Regional de Lambayeque y que H2 Olmos (Odebrecht) dispuso poner a subasta pública para agenciarse de los fondos para las obras de irrigación. Un fideicomiso debe administrar dicho dinero. La primera subasta se realizó en el 2011 –la empresa Gloria fue la principal compradora- y el 9 de marzo 2012 debe realizarse la segunda. En dichas subastas sólo pueden participar grandes empresas debido a la extensión de los terrenos subastados.La concesión es a 25 años, dos años de obras y 23 años de operación (10).

Sindicato Energético SA (11) (Sinersa) (12) ganó la concesión temporal para el proyecto hidroeléctrico. La empresa es peruana y cuenta con directivos y funcionarios croatas y serbios. Uno de sus empleados ha prestado servicios a Odebrecht como supervisor en el proyecto Olmos y a la vez participó en la comisión evaluadora de las propuestas que recibió ProInversión para este proyecto (13).

El total de la inversión del proyecto Olmos asciende a US $ 184’841,485.38 (14), de los cuales el concedente, es decir el Estado aporta inicialmente 77 millones y la empresa, el resto.

(*) Publicado en revista VOCES Nro. 40-41 Cajamarca. Junio 2012. Asociación SER.

Notas:

1) El ‘interés nacional’ es un término desprestigiado por su intenso uso durante el gobierno militar de los años 70. También quedó a un lado durante la década de los años 90 por las reformas neoliberales, pero la claridad de la expresión es útil si se le libra de la carga ideológica que suele acompañarla.

2) Entrevista con ingeniero forestal Jorge Fernández, consultor de Servicios Educativos Rurales, Jaén, enero 2012.

3) Anexo al oficio 011-2010-CG/GCE de febrero 2010.

4) El columnista de Correo y ex funcionario del BID y del BM, Ricardo Lago hizo un interesante recuento del inicio de dicha controversia en su blog de la revista Semana Económica, Cfr.http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/el-nuevo-sol/posts/algo-huele-a-p... de abril 2010.

5) Ver http://vimeo.com/19122276

6) Ver el minuto 6’07” del video.

7) Un agradecimiento a Mario Ubillús, Humberto Heredia, Gustavo García Mundaca y Jorge Fernández por su colaboración para este reportaje.

8) Uno de los trechos más llamativos en el anexo del oficio de Contraloría 011-2010-CG/GCE de febrero 2010 –que justifica varias prácticas cuestionables del PEOT en su relación con la concesionaria Odebrecht- se refiere al cambio de montos de las cartas fianza que debían presentar los postores. En una fecha colocó una cifra altísima que corrigió meses después en la página web del PEOT. Entre las explicaciones, llegan a decir que la cifra errada estuvo en un banner en la página web del PEOT y siendo ésta una pieza publicitaria (de acuerdo a una definición de ‘banner’ tomada de Wikipedia), no era parte de la web institucional. También agregan que no había una norma para establecer topes a las cartas fianza, y que por ello no se les podía acusar de haber colocado un parámetro demasiado alto.

9) Cfr. ‘El por qué y el cómo se debe proceder a la revisión total del contrato de iniciativa privada firmado con la empresa Odebrecht’, documento publicado por el Club Departamental Lambayeque, la Municipalidad de Olmos y la Asociación Olmos (Lima y Callao) Lima, mayo 2011.

10) Información del folleto ‘Olmos fértil en todos los campos’, elaborado por el Gobierno Regional de Lambayeque y Odebrecht, mayo 2010.

11) Ver el Contrato de compensación económica entre PEOT y Sinersahttp://www.peot.gob.pe/olmos/electrica/convocatoriaybases/contrato%20com... En entrevista para este reportaje, el actual gerente del PEOT indicó que es una empresa serbia. Sinersa tiene RUC peruano y según su página web, fue fundada en 1994.

12) Ver “Sinersa gana la buena pro de concesión eléctrica de Olmos” en Gestión, 1 de octubre 2010, http://gestion.pe/noticia/647684/sinersa-gana-buena-pro-concesion-electr...

13) Se trata de Branislaw Zdravkovic. Ver “Otorgamiento de una concesión sobre la alfombra de corrupción”, documento elaborado por profesionales lambayecanos, 2009,http://ingenieriahidraulica.files.wordpress.com/2011/06/proceso-de-conce...

14) Presentación realizada por el gerente general PEOT ante el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, mayo 2011 http://es.scribd.com/cip_lambayeque/d/56731607-Conferencia-Proyecto-Olmo...

Fuente: Noticias SER

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