martes, 31 de julio de 2012

Dirigentes de Puno opinan sobre mensaje presidencial

 
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Luego del mensaje dado por el presidente Ollanta Humala el pasado 28 de julio,  diversas son las opiniones que se generaron al respecto.   Los dirigentes de diferentes  organizaciones de la región Puno, refirieron a Rondando Inambari que este mensaje estuvo lleno de vacios y sin anuncios concretos, sobre todo para el sector rural, aquí algunas opiniones:

Juan de Dios Estrada, presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Carabaya indicó: “Fue un mensaje lleno de vacios, porque no hablo sobre los conflictos actuales como Conga y el reclamo del Sutep, lo cual demuestra que no tiene interés en resolver estos temas. En lo que respecta a la pobreza, no dijo cómo se va erradicar, si bien hablo de programas asistencialistas, estos no resuelven este problema social”.

Vladimir Mamani, presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del rio Ramis señaló: “El mensaje estuvo lleno de vacios, por un lado dijo cosas positivas como; la lucha contra la minería informal y las mejoras al SNIP, pero no dio a conocer como solucionará los diversos problemas y conflictos sociales como Conga, particularmente esperaba un mensaje más claro”.

Martin Cáceres, dirigente del distrito de Crucero sostuvo: “En el mensaje como todos los gobiernos se olvido de la agricultura y ganadería, la misma que es la principal actividad de la población rural, nuevamente nos excluyó. Sobre los programas sociales es cierto que ayudan, pero también generan mucho asistencialismo y provoca que la gente deje de trabajar y solo se dedique a esperar apoyo, lo que nosotros necesitamos es ayuda para la producción agrícola y ganadera”.

Juan de Dios Condori, Presidente de las Rondas campesinas del distrito de Pichacani refirió: “Fue un mensaje vacio, sin mayores anuncios, por ejemplo no se refirió para nada al sector rural y el impulso a la actividad agrícola y ganadera, tampoco hablo de los problemas que actualmente se tiene en el país como Conga y  el Sutep”.

Producción de energía eléctrica a nivel nacional habría crecido 6% en julio



La producción total de energía eléctrica a nivel nacional habría sido de 3,417 gigawatts hora (Gwh) en julio del presente año, mayor en seis por ciento respecto al mismo mes del 2011, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Esta proyección está calculada en base a la información registrada en la Dirección General de Electricidad (DGE) del MEM sobre la venta a los clientes libres y regulados.

Preliminarmente, para el mes de julio la máxima demanda habría estado en alrededor de 5,030 megavatios (Mw), según las mediciones del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES – Sinac).

Mientras que la venta de electricidad a clientes finales para el mes de julio del 2012 habría sido de 2,776 Gwh.

Igualmente, las unidades del COES – Sinac habrían generado alrededor de 3,099 Gwh.

La producción en las empresas del mercado eléctrico habría llegado a alrededor de 3,195 GWh en el sétimo mes del año.

En julio la participación de la generación termoeléctrica habría sido de 1,843 Gwh, incrementándose a 54% respecto del total nacional.

También se calcula que la participación de la venta al mercado libre habría sido de 45 por ciento (1,249 Gwh) y al mercado regulado 55 por ciento (1,527 Gwh), respecto de la venta total estimada a clientes finales.

De esta manera, habría registrado en julio una similar estructura en la venta al mercado libre respecto al similar mes del año 2011.

En dicho mes la venta de los distribuidores a cliente final habría llegado a alrededor de 1,693 Gwh, es decir, 61 por ciento de lo comercializado a nivel nacional.


Fuente: Revista Oro Negro

Empresa china trabajará en estudio para hidroeléctrica en Bolivia



El gobierno boliviano y la empresa Hydrochina firmaron un memorando que autoriza a la entidad foránea a emprender un estudio gratuito de factibilidad para la construcción de una hidroeléctrica en el departamento de Santa Cruz.

El ministerio de Hidricarburos y Energía anunció la firma del acuerdo por el titular de la entidad, Juan José Sosa, y representantes de Hydrochina, en presencia del embajador chino en el país andino, Li Dong.

A partir de lo establecido en el memorando, la referida empresa estatal china cuenta con tres meses para la entrega del proyecto de factibilidad sobre la construcción de la hidroeléctrica Rositas, en el referido departamento del oriente boliviano.

Solo si las autoridades bolivianas aceptan como bueno el estudio, Hydrochina diseñaría y construiría entonces la central hidroeléctrica, cuya capacidad instalada llegaría hasta los 400 megavatios.

La referida planta, una vez terminada, permitirá exportar energía a los países vecinos y garantizar el servicio a regiones rurales del país.

Sin embargo, si Hydrochina no cumple los plazos, el memorando perderá automáticamente su valor.

Fuente: Prensa Latina

Exportadoras de oro a Suiza financiaron a clanes de minería ilegal en Madre de Dios




 

Foto: Internet
Según cifras oficiales del 2011, las empresas Universal Metal Trading, AS Perú & CIA, E & M Company y Minera Tambopata -con agencias en Huepetuhe, Mazuco y Tambopata- enviaron a Suiza unas 25 toneladas de oro de origen presuntamente ilícito

El corazón financiero y aurífero de Puerto Maldonado se ubica en la esquina de los jirones Ernesto Velarde e Ica. Allí, en estas dos cuadras y en zonas aledañas, encontramos algunas de las principales exportadoras de oro del país, así como acopiadoras y casas de transferencia de dinero que han crecido económicamente gracias al preciado metal. Hoy cuatro empresas que envían cada año toneladas de oro a Suiza y dos de las mayores proveedoras de la zona están en la mira de autoridades del Estado que luchan contra el lavado de dinero por sus negocios con los grupos de la minería ilegal en Madre de Dios.

El Comercio –que siguió la pista del dinero que dejan estas actividades en Tambopata, Mazuco y Huepetuhe– accedió a expedientes judiciales, informes de la Sunat y reportes de inteligencia financiera que retratan la historia secreta de los negocios auríferos en Madre de Dios desde 1997. Aquel año, el clan cusqueño integrado por Cecilio Baca Fernández, su pareja Gregoria Casas y sus hijos (que dominan Huepetuhe gracias a cientos de hectáreas que poseen en concesión) se convirtió en importante proveedor de oro del ingeniero Jorge Marino Zavaleta Vargas, natural de La Libertad y con experiencia en el negocio de joyería.

Con el paso de los años, la relación se consolidó y el clan Baca –hoy investigado por minería ilegal y por lavar dinero a través del emporio que forjó en Madre de Dios y Cusco– favoreció a International Metal Trading (IMT), la empresa de Zavaleta. En esas operaciones, según la Sunat, también participaron los hermanos cusqueños Moisés y Arturo Ortiz Ortiz, y el apurimeño Leonardo Callalli Warthon, considerados en la actualidad los mayores acopiadores de metal en la zona. Sin embargo, la prosperidad acabó a fines de 1999, cuando la Sunat investigó y denunció la cadena de compra y venta de oro que finalmente acababa en poder del desaparecido Banco Wiesse y de las empresas Engelhard y Afimetal.

Denunciados por defraudación

La denuncia alcanzó a IMT, a sus proveedores, a los hermanos Ortiz, a Callalli Warthon, al clan Baca Casas y a otros mineros por comercializar y refinar oro negro (de procedencia desconocida), por comprar sin facturas y organizarse para generar crédito fiscal inexistente en perjuicio del Estado. Pese a ello, Zavaleta prosiguió en el negocio, pero esta vez junto con su hermano Luis Zavaleta. En 1999, este último –por entonces asesor del Ministerio de Energía y Minas (Minem)– creó a la “sucesora” de IMT y la bautizó con un nombre parecido: Universal Metal Trading (UMT).

La compañía inició sus operaciones con Jorge Zavaleta como gerente e intentó olvidar el juicio por defraudación tributaria, que hasta hoy prosigue. No le fue mal. Abrió agencias en Tambopata y Huepetuhe, comenzó a recibir toneladas de oro de sus acopiadoras y, en pocos años, se convirtió en la mayor exportadora de metal. En el 2011 enviaron a Suiza, vía la aerolínea KLM, más de 19 toneladas de oro valorizadas en unos US$900 millones, según cifras oficiales. Gran parte de lo acopiado –en la mira de las entidades del Estado que luchan contra el lavado de dinero por el presunto origen ilícito del producto– fue entregada a la transnacional MKS Finance de Ginebra, dedicada a la producción de lingotes a gran escala.

Todo cambió en febrero último, cuando el Estado dictó los decretos que penalizan la minería ilegal y el lavado de ese delito. Entonces se conoció que el patrimonio de los hermanos Zavaleta sería auditado e investigado por la Sunat, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Ministerio Público por financiar las mafias de la extracción de oro. Cuando este Diario llegó hasta la sede de UMT en Puerto Maldonado, encontró un local de puertas blindadas y con la inscripción “Sport Gym”, al costado de la empresa de transporte de valores Hermes.

En marzo, cuando revelamos que Luis Zavaleta, dueño de la máxima exportadora de oro era también director general de Hidrocarburos del Minem, la empresa UMT retiró de su web la información que mencionaba a sus socios. Así, de un día para otro, desaparecieron los nombres de dos bancos y de Hermes (ambos sujetos obligados a informar a la UIF sobre operaciones sospechosas), así como de la aerolínea KLM y de las corporaciones suizas MKS Finance y PAMP.

Lazos ocultos

Pero el caso de Universal Metal Trading, cuya sede en Lima se ubica sobre un restaurante de la cadena Rústica y una notaría en San Borja, no es el único que brilla como el oro en Madre de Dios. En el centro financiero aurífero de Puerto Maldonado destaca la prosperidad de los acopiadores Arturo Ortiz (de Oro Fino) y Leonardo Callalli (de Los Poderosos), y de los exportadores Miguel Zinanyuca Cruz (E & M Company), Santos Sucari Sucari (AS Perú & CIA) y Percy Sumarriva (Minera Tambopata), que dirigen las otras tres empresas de la zona que exportan oro a Suiza.

Sin embargo, en este emporio comercial muchos se preguntan quiénes son los reales operadores detrás de estas empresas. La historia que más sorprende la protagoniza Miguel Zinanyuca, ex empleado de Arturo Ortiz de Oro Fino. De un momento a otro, la situación económica de este cusqueño de 54 años se transformó luego de crear E & M Company, en el 2009. Al rastrear la dirección de su empresa nos topamos con la fachada del hotel de turistas El Príncipe, de propiedad de Cecilio Baca, el capo de la minería de Huepetuhe. Otro detalle que llama la atención sobre Zinanyuca es que parece ser un personaje muy solicitado en este negocio, ya que en el 2004 recibió un poder legal para representar a la empresa AS Perú & CIA, que el año pasado exportó a Ginebra más de 4 toneladas del preciado metal por más de US$210 millones.

Por si fuera poco, en febrero del 2011 fue intervenido por la policía en las afueras del aeropuerto del Cusco mientras estaba en un vehículo que llevaba un arsenal de armas de fuego. Al ser detenido por no tener licencia para portarlas, dijo que estas eran de propiedad de un empleado de su compañía que había viajado a Lima transportando 12 kilos de oro que debían ser enviados a Suiza. Efectivamente, en el 2011, la empresa de Zinanyuca exportó más de una tonelada de metal por un monto de US$58 millones.

Pero el ex empleado de Oro Fino no es el único con suerte en los negocios. Percy Sumarriva Ortiz –vinculado con una de las mayores casas de transferencia de dinero en Madre de Dios, MG La Red– creó en el 2008 la exportadora Minera Tambopata, que el año pasado envió media tonelada de oro por un monto de US$22 millones. Sumarriva, por si fuera poco, figuraba como ex empleado de la empresa Minerales del Sur, una de las mayores exportadoras del oro que se extrae de Puno.

Queda claro que la pista del dinero en este negocio solo conduce a la esquina de los jirones Ernesto Velarde e Ica en Puerto Maldonado, lejos de las empobrecidas chozas, de los hoteles de triplay, de los restaurantes al paso y de los disco-burdeles que hay en los centros de extracción de La Pampa, Mazuco y Huepetuhe.

LOS DELITOS

PENAS POR LA MINERÍA ILEGAL

Entre febrero y abril de este año, el Ejecutivo promulgó los decretos legislativos 1102 y 1106, que crean los delitos de minería ilegal, financiamiento de la minería ilegal y actos preparatorios de ese ilícito. Estas faltas penales están sancionadas hasta con 12 años de prisión. Además, se estableció el delito de lavado de dinero de la extracción ilegal de metales, penado hasta con 15 años de cárcel.

Fiscal pide 8 años de cárcel para Zavaleta y clan Baca

El Ministerio Público pidió 8 años de cárcel para Jorge Marino Zavaleta Vargas, gerente general de Universal Metal Trading (UMT), por el delito de defraudación tributaria en agravio del Estado a raíz de sus negociados en la comercialización del preciado metal con el clan de Cecilio Baca Fernández, Gregoria Casas “Goya” y sus hijos (investigados por lavado de la minería ilegal en Madre de Dios).

También los acusó por recibir “oro de procedencia desconocida” de parte de las acopiadoras Oro Fino, de Arturo Ortiz Ortiz y Leonardo Callalli Warthon, hoy gerente de la empresa Los Poderosos. En la acusación del Ministerio Público, a la que tuvo acceso El Comercio, también se pidió ocho años de cárcel para Ortiz Ortiz y para Callalli Warthon, así como para los esposos Cecilio Baca y Gregoria Casas por el mismo delito.

El caso, que se originó hace más de 10 años por una denuncia de la Sunat, se encuentra estancado en la etapa de juicio oral en la Sala Penal Nacional.

Gerente de compañía afirma que dejó de comprar metal ilegal desde marzo

Jorge Zavaleta, de Universal Metal Trading, sostiene que no conoce a Cecilio Baca ni a su esposa Gregoria ‘Goya’ Casas, pese a que ellos y sus acopiadores de oro son sus coprocesados en un juicio por defraudación tributaria

El gerente general de Universal Metal Trading (UMT), Jorge Marino Zavaleta Vargas, dijo a este Diario que su empresa compró oro a diferentes personas o a acopiadores de las zonas de extracción de Madre de Dios hasta que en febrero y marzo pasado el Estado penalizó la minería ilegal, su financiamiento y el lavado de dinero procedente de dicho delito.

“Yo dejé de comprar oro porque se penalizó esa actividad”, contó Zavaleta dejando en claro que, de lo contrario, su empresa hubiera seguido adquiriendo el preciado metal a cualquier minero que le ofreciera su producción.

En otro momento, indicó que nunca conoció al clan de Cecilio Baca ni a su esposa, Gregoria ‘Goya’ Casas, los mayores extractores de oro de Huepetuhe.

“Nunca les compré oro y tampoco los conocí”, afirmó Zavaleta. Sin embargo, no supo qué responder cuándo le recordamos el juicio por defraudación tributaria que él afronta junto a Cecilio Baca y Gregoria Casas.

En el expediente judicial del caso obran reportes de la Sunat y la acusación fiscal que indican que Zavaleta (siendo gerente de International Metal Trading, IMT) recibió oro directamente de la sociedad empresarial que forman ambas personas.

“Zavaleta fue presidente del directorio de IMT y responsable de la actividad comercial de la misma, mercantilizó oro de procedencia desconocida, así como sustentó crédito fiscal en perjuicio del Estado y utilizó comprobantes de pago de proveedores no habidos o mediante operaciones no fehacientes”, señala el dictamen fiscal.

“Yo estoy en ese proceso, pero no conozco a los Baca y ellos así lo han dicho en la Sala Penal Nacional”, insistió Zavaleta.

Este Diario también le recordó sus nexos con los acopiadores Arturo Ortiz (de Oro Fino) y Leonardo Callalli Warthon (de Los Poderosos), ambos involucrados en el mismo proceso por defraudación tributaria.

El gerente general de UMT, una de las principales exportadoras de oro del Perú, subrayó que no puede hablar sobre ellos porque está en juicio oral, pero ante la insistencia reconoció que fueron sus proveedores desde fines de los 90 y luego en los últimos años.

Cuando le preguntamos por las personas que actualmente le proveen de oro, guardó silencio.

DESCARGOS

Este Diario intentó comunicarse con los representantes de las otras empresas exportadoras y acopiadoras de oro en Madre de Dios, pero hasta el cierre de edición no fue posible ubicarlos. Se llamó a los teléfonos que consignan en Sunat, pero unos estaban fuera de servicio y en otros no hubo respuesta.


Fuente: Gato Encerrado.net

Actividades extractivas en la región están desordenadas



Las actividades extractivas en la Región de Puno están totalmente desordenadas, ya que los Estudios de Impacto Ambiental, para la autorización de dichas actividades, se encuentran en diferentes sectores, señaló el gerente regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Roger Cahua Villasante.

Sólo en el caso de pequeña minera o minería artesanal, se da la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental que realiza la Dirección Regional de Energía y Minas, precisó.

Asimismo, informó que el próximo 5 de agosto se dará a conocer los avances de zonificación y ordenamiento territorial a nivel de un directorio ampliado y los sectores correspondientes de la región, pese a las dificultades de presupuesto y problemas técnicos que se han tenido.

Fuente: Radio Pachamama

Mundo: Delincuencia económica y ambiental (video)


El Perú se encuentra a la expectativa de lo que pueda ocurrir en torno al proyecto minero Conga en Cajamarca y el destino que tendrá el agua en esta región. Por tal motivo y para destacar la importancia que tiene este recurso compartimos con ustedes lo dicho al respecto recientemente por el destacado profesor español Pedro Arrojo.

El profesor titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y miembro del Consejo Científico de Attac, cuestiona las actividades de las empresas mineras que contaminan las fuentes de agua de la que beben millones de personas principalmente en los países de Latinoamérica.

Reconoce de otro lado que la responsabilidad no solo son de las empresas, sino también de quienes están dando las licencias.

“Quien quedaría en un momento determinado o ante la posibilidad de ser castigado a nivel internacional por crímenes son los gobiernos, o sea que en estos momentos (Ollanta) Humala podría ir a la cárcel y Humala no va firmar eso”, señala Arrojo sobre la posibilidad de que los gobiernos algún día se sometan a un tribunal internacional penal de medioambiente.

La contaminación de las fuentes de agua, sostiene Arrojo en el marco de las relaciones que establece tiene el agua con diferentes temas, “no es agua progreso, no es agua economía, no es agua ciudadanía, no es derechos humanos, es agua delito”.

Define de este modo la relación agua delito como aquella agua que utilizamos para producir riqueza para algunos y enfermedad y muerte para la mayoría.

“No vale decir yo monto una papelera y produzco puestos de trabajo luego estoy en derecho de contaminar un río. No, el río no es suyo, señor. El río es de todos”, asevera rotundamente.

Pero Arrojo reconoce que existen alternativas para detener los abusos de las compañías mineras. Una de ellas es la que se da desde el Tribunal Internacional del Agua que por aunque no tiene forma de hacer cumplir sus sentencias sí sirve como una corte que emite fallos morales y como una plataforma de difusión de casos.

“En Europa hemos empezado a avanzar de manera significativa en los temas de contaminación cuando ha empezado a haber juicios que desembocan en cárcel para los contaminadores, a partir de ahí significa la cosa no va en broma”, explica.

El video fue producido por Attactv y Lantena.

Fuente: SERVINDI

Artistas concientizan sobre contaminación en Cerro de Pasco


Un documental muestra las diversas actividades realizadas por un grupo de artistas para concientizar sobre la contaminación en la ciudad de Cerro de Pasco ocasionada por la actividad minera desde hace décadas.

Este mes de julio, los nueve artistas que participan en la muestra viajaron a Cerro de Pasco para el primer encuentro internacional en encuentros públicos de la ciudad.

Ellos son parte del proyecto Afuera, un encuentro de arte urbano en Perú, que cuenta con la participación de artistas nacionales e internacionales, con la finalidad de pintar murales en los lugares más recónditos del país.

En este caso, Cerro de Pasco, sirve como una especie de analogía de la difícil relación que existe entre las profundas implicaciones sociales y ambientales de la minería y la dependencia del mundo moderno de los productos de esta misma industria.

Fuente: SERVINDI

Indico Resources anuncia colocación para explorar proyecto Ocaña en Arequipa



Foto: Internet
La minera junior canadiense Indico Resources anunció hoy una colocación privada por 2.99 millones de dólares cuyos ingresos netos serán utilizados para profundizar la exploración de su proyecto de cobre y oro Ocaña, ubicado en Arequipa, y para gastos de capital de trabajo.

De esta forma modifica la colocación privada sin agente por 1.49 millones de dólares que anunció el 10 de julio del presente año.

La minera emitirá ahora hasta 25 millones de unidades a un precio de 0.119 dólares por unidad, en tanto que cada unidad se compondrá de una acción común y la mitad de una garantía de compra de acciones comunes.

Cada warrant dará derecho al titular de adquirir una acción común a un precio de 0.149 dólares por acción por un período de un año a partir del cierre de la colocación privada.

Esto está sujeto al derecho de Indico de acelerar el ejercicio de los warrants siempre que el precio de cierre de las acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) Venture Exchange sea igual o superior a 0.299 dólares por acción por un período de diez días de transacción consecutivos comprendidos entre la fecha de expiración del período de espera de cuatro meses y la fecha de vencimiento de los warrants.

Los derechos de intermediación se pagarán como una proporción de la colocación privada, de acuerdo con las políticas de la TSX Venture Exchange.

Todos los valores emitidos en la colocación privada tendrán un período de espera en Canadá de cuatro meses desde el cierre de la colocación.

Indico Resources es una compañía de exploración centrada en el descubrimiento y la exploración de depósitos de pórfido de oro y cobre en América del Sur.

El proyecto de pórfidos de Ocaña es el principal proyecto de exploración de la compañía y actualmente es el centro de sus actividades de exploración.


Fuente: Agencia Andina

Presentan proyecto para masificar gas natural



El Poder Ejecutivo, mediante un proyecto de ley, planteó la masificación del consumo de gas natural con una transferencia de 200 millones de soles y con la finalidad de atender al sector residencial y el transporte vehicular de las regiones.

El proyecto, rubricado por el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, transfiere esa cantidad de dinero, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin) al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

De acuerdo al texto presentado al Congreso de la República, los recursos serán destinados exclusivamente a la masificación del gas natural en las regiones que determine el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La iniciativa refiere que el gas podrá ser transportado por ductos, o en sus modalidades de licuado y comprimido.

Asimismo, se faculta a las empresas distribuidoras de electricidad de propiedad del Estado, a ejecutar programas de masificación de gas natural, incluyendo su distribución en el ámbito de su concesión, conforme a la normatividad vigente.

De igual forma, indica que en un plazo de tres años de iniciadas las operaciones de estas empresas, el MEM iniciará el proceso de promoción de la inversión privada, para el otorgamiento de la concesión de distribución de gas natural por la red de ductos.

También se autoriza a los gobiernos locales y regionales, a transferir recursos provenientes del canon, a las citadas empresas.


Fuente: Revista de Oro Negro

Perú se empeña en mejorar evaluación ambiental



Una evaluación aleatoria del gobierno de Perú sobre 205 estudios de impacto ambiental aprobados entre 2001 y 2010, comprobó que 86 por ciento de ellos carecían de información completa sobre cómo obtuvieron luz verde de las autoridades.

En 60 por ciento de los 205 casos analizados la información incompleta correspondía a difusión y participación ciudadana; en 74 por ciento acerca de la admisibilidad de los estudios, y en 95 por ciento acerca de la forma en que se habían aprobado los términos de referencia para llevarlos a cabo.

Esos estudios de impacto ambiental son una porción, representativa de diferentes actividades productivas, de los 2.360 que el Estado aprobó entre enero de 2001 y noviembre de 2010 y que correspondían en 62 por ciento a los sectores de minería y energía, según informó en mayo el viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro, en una reunión en el Congreso legislativo.

La sociedad civil plantea propuestas para enfrentar este problema, mientras el gobierno asegura que hará cambios.

Desde enero de 2006 hasta este mes de julio, 211 personas murieron y 2.700 resultaron heridas en conflictos sociales, la mayoría de carácter ambiental, según la Defensoría del Pueblo.

En el año de gobierno de Ollanta Humala, cumplido este sábado 28, se registraron 15 muertos y 430 heridos. Ante las críticas, que se intensificaron con las cinco muertes en las manifestaciones de inicios de este mes contra el proyecto aurífero Conga, el mandatario anunció una nueva relación con la industria minera, fuente primordial de divisas para este país.

Conga, un proyecto de la empresa de capitales trasnacionales Yanacocha en la norteña región de Cajamarca, generó tal malestar por la presunta ruina que causaría a cuatro lagunas de agua dulce que obligó al gobierno a contratar un peritaje internacional de los estudios de impacto ambiental.

Ese análisis concluyó que solo dos de las cuatro lagunas cercanas que desaparecerían serían vaciadas para extraer el oro, y las otras se usarían como depósito de desmonte.

No existía un estudio hidrológico e hidrogeológico detallado, fundamental para prevenir filtraciones tóxicas de la actividad minera, no se incluía un análisis integral de las microcuencas que podían verse alteradas, ni se informó sobre Conga a todos los pueblos que serían afectados.

Organizaciones de la sociedad civil han entregado al Ministerio del Ambiente propuestas para mejorar el mecanismo de evaluación ambiental estatal.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), por ejemplo, acaba de publicar un libro de la abogada Isabel Calle en el que plantea siete recomendaciones.

Una de ellas es crear un organismo técnico, adscrito al Ministerio del Ambiente, que revise y apruebe los estudios ambientales de los proyectos en todos los sectores de la economía.

Actualmente, cada cartera tiene una unidad encargada tanto de la aprobación de los estudios ambientales como de promover las inversiones en su sector.

“Lamentablemente, la población no confía en la imparcialidad del Estado y considera que estos ministerios siempre estarán de lado de las empresas”, dijo Calle a Tierramérica. “Pero si esta revisión pasa a manos de ministerio que se encarga de la protección del ambiente, puede darse una buena señal”.

La creación de este organismo se discutió en una comisión multisectorial, instalada a comienzos de este mes para mejorar las condiciones ambientales y sociales en que se desarrollan las actividades productivas, y que debe entregar a inicios de agosto una propuesta de reforma, informó a Tierramérica el viceministro Castro.

El funcionario y la SPDA coinciden en que el traspaso de esta función clave a la cartera ambiental debe ser gradual, para no recargarla de trabajo.

“En la medida en que estas recomendaciones sean integradas y sirvan para reducir los daños y aprovechar mejor las oportunidades, todos ganarán”, dijo Castro. “Una reforma mejorará la calidad de la decisión, ayudará a generar confianza y reducir la incertidumbre y los conflictos”.

Las empresas no se oponen a los cambios, siempre que se respete el plazo de 90 días para aprobar los estudios de impacto ambiental, dijo el gerente de responsabilidad y medio ambiente de la filial peruana de la corporación canadiense Barrick Gold, Gonzalo Quijandría.

“Que los organismos nos fiscalicen, pero que muestren su calidad técnica. Para las empresas es importante que cualquier acción nueva no genere retrasos”, dijo Quijandría a Tierramérica.

Un aspecto clave son los términos de referencia: las especificaciones técnicas, los objetivos y la estructura que debe tener cada estudio de impacto ambiental. La SPDA propone fiscalizarlos más estrechamente.

Esta entidad también sugiere que en el estudio de línea de base –la medición inicial de todos los indicadores que pueden alterarse por el proyecto productivo– se incluya información sobre áreas de contingencias, existencia de ecosistemas frágiles, identificación de medidas de prevención, mitigación y corrección de potenciales daños y un plan de inclusión social y de compensación ambiental, entre otros aspectos.

El plan de inclusión social, según la SPDA, debe propiciar que empresas y Estado ejecuten planes conjuntos para garantizar a la población pobre que vive en las zonas mineras el acceso a servicios básicos y a empleo.

En una reunión en julio de 2010, funcionarios de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros señalaron a empresarios que varios estudios contratados a firmas consultoras contenían párrafos enteros copiados de otros documentos, lo que indica poca seriedad en la evaluación de posibles impactos, reveló una investigación de IDL-Reporteros, un grupo independiente de periodistas.

Quijandría admitió que hay estudios “de todo tipo”, pero las empresas están dispuestas a mejorar la calidad, dijo. Sin embargo, “así tengamos un estudio hecho por un premio Nobel, la ciudadanía va a tener desconfianza porque está inducida políticamente”, aseveró.

La abogada Calle cree que deben fijarse requisitos a los técnicos que elaboren los estudios, cuya infracción dé pie a sanciones que pueden llegar a la suspensión del proyecto, si se comprueban irregularidades como plagio o falta de previsión de los daños.

La SPDA sugiere asimismo un fondo para que la población contrate asesoría técnica, y una ventanilla única para solicitar todos los permisos, autorizaciones y demás trámites con certificación ambiental.

Otras sugerencias son facultar al gobierno regional concernido a entregar opiniones técnicas sobre los estudios de impacto ambiental, y coordinar las distintas instancias del Estado para evitar que se superpongan, en un mismo lugar, derechos y concesiones en ecoturismo, conservación o usos forestales.

En opinión del viceministro Castro, se necesita actualizar el marco regulatorio, los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles de ciertas sustancias en algunos sectores; establecer protocolos y metodologías y uniformizar criterios de revisión y aprobación.

No todo debe recaer en los estudios de impacto, dijo a Tierramérica la gerenta de Responsabilidad y Medio Ambiente de la Sociedad Nacional de Industrias, Cecilia Rosell. Hay que considerar otras herramientas que existen para la gestión ambiental y social, apuntó.

Para Manuel Glave, investigador principal del centro de estudios Grupo de Análisis para el Desarrollo, los cambios deben insertarse en un plan de ordenamiento territorial, porque lo que está en juego es el acceso y el uso de los recursos naturales.

* Este artículo fue publicado originalmente el 28 de julio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.(FIN/2012)


Importante: Esta nota ha sido reproducida previo acuerdo con la agencia de noticias IPS. En este sentido está prohibida su reproducción salvo acuerdo directo con la agencia IPS. Para este efecto dirigirse a: ventas@ipslatam.net

Fuente: SERVINDI

Cajacay espera hoy a presidente de Antamina para dialogar por derrame



Foto: Huaraznoticias.com
Mientras se esperan los resultados de la autopsia para aclarar la muerte de una pobladora de Cajacay, hoy llegaría al lugar del incidente el presidente de Antamina, Abraham Chahuan, para dialogar con la población afectada.

Como se recuerda, el pasado miércoles 25 de julio ocurrió un derrame de concentrados de cobre de la empresa minera Antamina en el distrito de Cajacay, provincia de Bolognesi, región Áncash; donde al menos 90 personas, incluyendo a niños y mujeres gestantes, habrían sido intoxicadas al inhalar gases tóxicos del material vertido.

Presunta fallecida por intoxicación

Erick Mautino Minaya, gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Áncash, anunció que en las próximas horas se sabrá el resultado de la autopsia hecha a la señora Petronila Rosales, quien, según algunas versiones, habría fallecido a causa del incidente minero.

Por su parte, en un comunicado, la empresa deslindó responsabilidades aduciendo que Rosales falleció por la enfermedad que padecía.

Esperan al presidente

Mautino informó también que hoy llegaría a la zona afectada el presidente corporativo de Antamina, Abraham Chahuan, a fin de iniciar un diálogo y hacer ofrecimientos a los comuneros afectados.

La presencia del citado funcionario es demandada por la población para llegar a una solución del conflicto ambiental.

Cabe recordar que Chahuan fue denunciado por el presidente de la comunidad campesina Túpac Amaru, a causa del derrame de combustible de un camión contratista de Antamina en la laguna Huachucocha, ocurrido hace dos meses.

Tras la denuncia por el presunto delito de contaminación ambiental, Abraham Chahuan incumplió dos veces la citación que le hizo el fiscal Carlos Rodríguez. Por lo tanto, de faltar a una tercera citación, el presidente de la empresa sería llevado de grado o fuerza.

Antamina cubre gastos médicos

De acuerdo al gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Áncash, Antamina está financiando los gastos de las 18 o 19 personas que están siendo atendidas en la clínica San Pablo de Huaraz.

Pero serán la Dirección Regional de Salud y el Censopas quienes iniciarán las actividades de monitoreo para establecer los niveles de metales pesados, niveles de contaminación en los pacientes.

Ministerio investiga derrame

Erick Mautino señaló también que, hace dos días, funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) constataron la contaminación en el lugar, y deben empezar las investigaciones que concluirán con una medida sancionadora.

De acuerdo al Ministerio del Ambiente (MINAM), los técnicos llegaron al punto de origen del derrame, ubicado a la altura del kilómetro 110 de la ruta Pativilca – Conococha, en el caserío de Santa Rosa.

Allí tomaron muestras de agua en la zona del incidente, muestras de sedimentos en el área del derrame y muestras de suelos en los alrededores de la zona del incidente.

Rechazan mineroducto

De acuerdo a medios de Huaraz, la población de Santa Rosa, afectada directamente por el derrame de Antamina, así como otros caseríos del Valle de Fortaleza, exigen el retiro del mineroducto, pues serían constantes los incidentes de esta naturaleza.

Culpan a Antamina

En una entrevista al portal periodístico ”Huaraznoticias“, el ingeniero ambientalista Luis Saavedra Contreras denunció que Antamina “de manera irresponsable” pidió ayuda a la población para controlar el derrame, sin proporcionarle equipos adecuados para manipular el concentrado vertido.

“Hoy podemos ver que esa gente está intoxicado y en tratamiento médico”, señaló Saavedra al medio digital. La misma denuncia fue hecha en el portal de la municipalidad de Cajacay al día siguiente del derrame.

“lo más cuestionable y lamentable fue que el personal de la empresa minera Antamina ante la sorpresiva fuga al no contar con personal de contingencia solicitó auxilio y ayuda para contener el derrame del mineral altamente contaminante a la población de la localidad de Santa Rosa” indicó una nota del municipio.

Prosigue que dicha acción se efectuó “sin un mínimo de seguridad atentando contra la vida de los comuneros quienes han inhalado partículas y los vapores del concentrado de Cobre durante el tiempo que duró el trabajo para tapar los diques para que no llegue el concentrado al río Fortaleza”, concluye la nota del municipio.


Fuente: SERVINDI

La tierra y el agua



Está sometida a debate la propuesta del Presidente Ollanta Humala de introducir en la Constitución una reforma que reconozca el derecho universal al agua y garantice el acceso a ésta de los sectores más pobres.

La idea es buena y está en consonancia con un movimiento surgido en las Naciones Unidas. Pero, ¿es viable en un país donde el Estado fomenta el surgimiento de un neolatifundismo que convierte en enana la antigua gran propiedad de los gamonales?

José Carlos Mariátegui y, antes, Manuel González Prada habían arribado a la conclusión de que el problema del indio era el problema de la tierra. Ahora vemos que el problema del campesino es el problema de la tierra y el agua.

Mariátegui se había percatado, temprano, del vínculo estrecho entre el problema de la tierra y la cuestión del agua. En “El problema de la tierra” de 7 ensayos expresó:

“En la sierra no existe el problema del agua. Las lluvias abundantes permiten, al latifundista como al comunero, los mismos cultivos. Sin embargo, también en la sierra se constata el fenómeno de concentración de la propiedad agraria. Este hecho prueba el carácter esencialmente político-social de la cuestión”.

En los años 30 del siglo XX empezó a verse cuán grave era el problema del agua, como parte del conflicto agrario. José María Arguedas captó el drama y lo pintó en su primer libro, de título expresivo: Agua (1935). Sobre ese relato escribí en mi ensayo El contenido antifeudal de la obra de Arguedas lo siguiente:

“Este libro es toda una pieza acusatoria en el proceso del latifundismo peruano. El reclamo del agua, el anhelo de que también a los “endios” se les dé k’ocha, agua, muestra en acción a las fuerzas reaccionarias del campo: el amo que monopoliza el líquido fecundador y que abalea a quien protesta. Y también aparece el esbozo de un rebelde. Pantacha, un indio que ha estado en la Costa y que ha comprendido que la lucha y la unión son lo único que puede hacer respetar los derechos del campesino. Sin embargo, la acción es demasiado individual, la actitud de las masas demasiado pasiva, como para imponer condiciones, y Pantacha muere gritando “¡Carago! ¡Sua! (ladrón)” frente a las balas del gamonal.”

Mi trabajo fue originalmente publicado en la revista Tareas del poeta Alejandro Romualdo Valle (Nº. 1, enero-febrero de 1960).

En el agro andino, así como en la Amazonía, avanza hoy una amenaza económica y social, la creación de enormes haciendas, sobre todo en irrigaciones costeadas por el Estado, es decir por nuestros bolsillos. Las tierras se entregan, a precio de ocasión, a terratenientes nacionales y extranjeros. El agricultor pequeño o mediano a muy poco puede aspirar ahí. Alan García postuló en “El síndrome del perro del hortelano” las grandes concesiones en la selva, sin contemplaciones para el morador del bosque.

Fuente: SERVINDI

lunes, 30 de julio de 2012

Electro Zaña construirá hidroeléctrica de 13,2 Mw en Cajamarca



Foto: Internet
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó una concesión definitiva de generación con recursos energéticos renovables a Electro Zaña para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la futura central hidroeléctrica Zaña, con una potencia instalada de 13,2 megavatios (Mw).

La hidroeléctrica estará ubicada en los distritos de La Florida y Catache, provincias de San Miguel y Santa Cruz, departamento de Cajamarca, señala la resolución del MEM publicada el pasado 28 de julio.

Recordó que el 3 de noviembre del 2011 Electro Zaña solicitó la mencionada concesión definitiva.

La Dirección General de Electricidad (DGE) del MEM, luego de haber verificado y evaluado que la peticionaria ha cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, señaló la procedencia de otorgar la concesión definitiva de generación de energía eléctrica.

Finalmente, autorizó al jefe de la DGE a suscribir, en representación del Estado, el contrato de concesión aprobado.

Fuente: América economia

Los proyectos de Enersis en el Perú



La chilena Enersis informó que en Perú desarrollaría, a través de su filial Generalima, Marañón 1, proyecto de generación hidroeléctrica de 407 MW en el que invertirá US$ 815 millones. Ahora está en estado de prefactibilidad.

También ejecutaría la central Yacila (84 MW) donde incorporaría tecnología eólica. El monto ascendería a US$ 11 millones, y su estudio de impacto ambiental está en proceso y en estado de factibilidad, publicó el diario chileno Estrategia.

Fuente: Revista Oro Negro

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