1.- Crecimiento y desarrollo
El economista Efraín Gonzales de Olarte nos dice que “la tasa de crecimiento promedio del PBI (Producto Bruto Interno) peruano en el periodo 2001-2011 ha sido de 5.8%, la más alta y bastante por encima del 4.2% que registra como promedio la región. Nunca antes el Perú había sido el líder del crecimiento económico en América Latina por toda una década”(1).
En una reciente publicación El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también destaca los logros de nuestra economía, señalando que “la economía funciona, promueve un ambiente de negocios altamente favorable al crecimiento, alienta la consolidación de nichos de alta competitividad, genera nuevas capas medias, y más aun, lo hace con un dinamismo tal que ha colocado a Perú en una posición expectante para dar un salto cualitativo en términos de desarrollo en los próximos años”(2).
Incluso este año, a pesar de los embates de la crisis mundial, las proyecciones de crecimiento están alrededor del 6% del Producto Bruto Interno. Y se habla de una tasa similar hasta el 2016. Todo pareciera indicar que la crisis mundial golpeará, pero no noqueará a nuestra economía. El BBVA Research, en su informe del segundo trimestre del 2012, señala que “la fortaleza de la inversión privada y pública permitirá que la economía mantenga un crecimiento robusto, cercano al potencial, a pesar de la debilidad del entorno global (…) En conclusión, si bien un agravamiento de las condiciones externas tendrá impactos sobre la actividad local, la economía peruana cuenta con fortalezas que los mitigarían”(3)
Como señalamos en nuestra entrega de marzo de este año(4) entre esas fortalezas se encuentra el tener abundantes Reservas Internacionales Netas (RIN). Estas ascienden, al 10 de agosto del 2012 a US$ 58,544(5). Como es sabido, las RIN nos permiten enfrentar situaciones difíciles, ya sea por razones de desastres naturales o por turbulencias de la economía internacional. Pero también el tener una deuda pública total (externa e interna) manejable (20.9% del PBI)(6).
A ello se suma nuestro Mayor intercambio comercial con Asia y América Latina, lo que nos permite ser menos vulnerables que antes a las dificultades económicas de los Estados Unidos y la Unión Europea. El economista Félix Jiménez dice, por ejemplo, que “China ya desplazó a los Estados Unidos como nuestro principal proveedor de bienes manufacturados importados. En marzo de este año, el 18% de nuestras importaciones provenían de China y el 14% de los Estados Unidos de América”(7) Otra importante fortaleza es el hecho de ser segundo productor mundial de plata y sexto en oro, pues en épocas de crisis los capitales buscan refugio en ambos minerales.
En síntesis, a nivel de crecimiento nos va bastante bien. Sin embargo, no podemos afirmar lo mismo con respecto al Desarrollo, pues los principales indicadores sociales siguen siendo bastante preocupantes(8). Para entrar con pie firme en la senda del desarrollo no podemos seguir basando nuestro crecimiento sólo en la exportación de nuestros recursos minerales, pues el tipo de crecimiento que genera es excluyente.
Carlos Eduardo Aramburú recuerda que este tipo de crecimiento favorece solo a los sectores más conectados al mercado. El afirma que es “evidente que el crecimiento económico es capaz de sacar de la pobreza sobre todo a los sectores más conectados al mercado, que cuentan con los activos (educación, vialidad, conectividad, crédito, etc.) que le permiten aprovechar las oportunidades derivadas de este crecimiento. Pero su impacto es bastante menor para las poblaciones que no cuentan con estos activos, es decir las más excluidas”(9).
Waldo Mendoza, Jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), considera que “La modificación del estilo de crecimiento actual, concentrado en la explotación de materias primas de exportación, especialmente mineras, hacia un crecimiento basado en la exportación de productos manufactureros, intensivos en mano de obra, puede conducir a una mejora en la distribución del ingreso. Esta modificación es compleja, e implicaría un cambio en el estilo de crecimiento prevaleciente en el país de los últimos veinte años. Esta ruta ha sido aparentemente dejada de lado por el presidente Humala, al menos por ahora”(10).
Carlos Monge es de similar opinión, él señala que “se mantiene el modelo general en el que las extractivas son el motor del crecimiento y todo lo demás se subordina a la promoción de inversiones en este sector”(11) En cambio, como nos recuerda Félix Jiménez, que fue Jefe de Plan de Gobierno de Gana Perú, en la Hoja de Ruta se proponían “reformas –emprendidas desde el Estado—orientadas a desarrollar mercados internos, expandir la inversión privada nacional, diversificar la capacidad productiva y desarrollar la competitividad”(12), lo que sí nos ponía en una clara ruta del desarrollo.
Lamentablemente, en el Mensaje Presidencial de Julio del 2012 no se retoma la idea inicial del nacionalismo de vincular crecimiento con desarrollo. Hoy el presidente habla del crecimiento como si fuera sinónimo de desarrollo. Humala dijo: El crecimiento económico sostenido es indispensable para reducir la pobreza, la desigualdad y generar los ingresos fiscales que aseguren la expansión del gasto social en favor de los más pobres y excluidos del país. La mayor inclusión social redundará en mayor inversión y crecimiento. En este círculo virtuoso apostamos decididamente”(13).
El reto es cómo desde la sociedad civil y otros espacios se vuelve a poner el tema en agenda.
2.- El manejo de los conflictos sociales
Este ha sido uno de los temas que más costos y consecuencias políticas han tenido durante el primer año de Humala en la presidencia y el que, a nuestro parecer, seguirá marcando su segundo año de gestión.
Anahí Durand nos dice que “hoy los conflictos sociales no cuentan con estructuras centralizadas ni están necesariamente asociados a aparatos partidarios. Los conflictos de ahora se muestran poco estructurados, dispersos y reactivos ante alguna presión del contexto que torna más evidente la contraposición de intereses. Además, estos se hallan estrechamente vinculados a la presión sobre los territorios que exige el actual momento económico signado por la implementación del modelo neoliberal eminentemente extractivo”(14).
Problema no es exclusivo del Perú
La socióloga argentina Maristella Svampa afirma que estamos “en una nueva fase de acumulación del capital, en la cual uno de sus núcleos centrales es la expropiación de los recursos naturales, cada vez más escasos, en el marco de una lógica de depredación ambiental”. Y ello “se constituye en el punto de partida de los reclamos de las movilizaciones y movimientos campesinos, indígenas, así como de los nuevos movimientos socio-territoriales”(15).
Por su parte Fernando Calderón, en un estudio sobre los conflictos sociales en la región (periodo octubre 2009, septiembre 2010) encuentra que “la conflictividad en los países de América Latina presenta rasgos comunes: plataformas de exclusión y desigualdades crónicas cuestionadas por la ciudadanía”. Para él “la desigualdad constituye la base sobre la que se desarrollan la mayoría de los conflictos y protestas sociales en la región”. Y nos recuerda que ya el PNUD en su Informe Regional del 2010 había señalado que dicha desigualdad era “alta, persistente y se reproduce en un contexto de baja movilidad socioeconómica”. Para él estas demandas tienen a la base el desafío de ¿Cómo combinar hábilmente crecimiento, redistribución y sostenibilidad ambiental?”(16).
Y el Revenue Wacht Institute señala que “la alta demanda y los altos precios de los minerales, el petróleo y el gas en el mercado regional e internacional han estimulado un nuevo ciclo de inversiones en exploración y extracción de recursos naturales no renovables. Esta expansión de las actividades extractivas ha estado acompañada de una serie de conflictos sociales y ambientales, en los que los pobladores de las comunidades aledañas a los proyectos demandan la suspensión o cancelación de los mismos, o bien negocian fuertemente las condiciones de su presencia, reclamando compensaciones a los daños causados o esperados(17).
Y tiene bases objetivas
Ello es muy importante recordarlo cuando hay una mirada que busca atribuir la altísima conflictividad que nos caracteriza a una mera agitación social o política que debe ser respondida desde el Estado con medidas coercitivas. Esta mirada pasa por alto que el crecimiento exponencial de los conflictos socio ambientales (en el 2005 eran el 8% del total, en el 2012 bordea el 60%; en el 2004 abarcaban 4 regiones, hoy 24 regiones) está relacionado a:
a) La expansión acelerada de las concesiones para explotación de Recursos Naturales. Por ejemplo, en los 90 las mineras tenían concesiones que totalizaban 2´300,000 Has. En el 2012 dichas concesiones totalizan 25´900,000 hectáreas, es decir el 20.3% del territorio nacional. Y en el caso de la Amazonía, el 75% de su territorio está concesionado.
b) A la existencia de un marco legal extremadamente favorable a las empresas extractivas, que no toma en cuenta el cuidado del medio ambiente, ni los derechos de la población. Ello ha sido reconocido por el propio Presidente, quien en un Mensaje del 22 de junio habló de la necesidad de establecer nuevas reglas para la minería. En esa oportunidad el Presidente fijó un plazo de 30 días para que una comisión multisectorial presentara una propuesta al respecto. Y en el Mensaje del 28 de julio anunció que la comisión ya había entregado su propuesta.
Se habla de la necesidad de nuevas reglas porque el contexto en que se dio el marco legal anterior no es el mismo. Este fue dado en los noventas cuando el Perú afrontaba las consecuencias de la segunda hiperinflación más alta de la historia mundial, enfrentaba la violencia terrorista de Sendero Luminoso (SL), los precios de los recursos naturales no eran tan atractivos y los temas ambientales no eran prioritarios en la agenda mundial.
Si bien la comisión ya entregó su propuesta, José de Echave señala que “Parece que no hay humo blanco dentro del gabinete y que las resistencias a aceptar los cambios son fuertes, sobre todo de ministerios como el de Energía y Minas. Además, los grupos empresariales mineros están jugando sus cartas y no aceptan cambios sustantivos”(18).
c) Que el Estado juega abiertamente a favor de las empresas extractivas, renunciando a su rol. La Defensoría del Pueblo en su análisis sobre los conflictos sociales, habla de un estado ausente, ineficiente, y arbitrario. Y de que “se observa negativa a recibir y escuchar a dirigentes”(19). El hecho es más preocupante aún si se toma en cuenta que se ha permitido que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional firmen contratos de seguridad con diversas empresas extractivas, dándose incluso el caso que existan comisarías dentro de campamentos de dichas empresas. Por ello es saludable el anuncio presidencial de que ha dispuesto “que las instalaciones policiales que se encuentren en campamentos o en propiedad de empresas privadas sean retiradas progresivamente en la medida que se cuenten con locales adecuados para su funcionamiento y servicio a la comunidad”(20).
d) Y también a la existencia de escasos mecanismos reales de participación ciudadana. Por ejemplo, para que la población opine sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) la información que se otorga es demasiado técnica y los plazos son muy reducidos.
La peligrosa polarización existente
El no reconocer estas y otras razones objetivas que están a la base de los conflictos socioambientales ha llevado a una polarización de los mismos, cuyas posiciones explicamos ampliamente en nuestra entrega de febrero de este año. Y ello, a su vez ha llevado a un incremento de la violencia.
En efecto, la Defensoría del Pueblo señala que “entre enero del 2006 y septiembre del 2011 (…) el número total de personas fallecidas ascendió a 195, en tanto que el número de personas heridas fue 2,312, entre civiles y policías”(21). Esto supera el promedio de toda la región. Por ejemplo, en Bolivia en conflictos sociales desde el 2006 a la fecha ha habido 28 muertos y en Colombia en el mismo periodo 6(22). Y ello es así porque en el sentido común de la región es inconcebible que los ciudadanos mueran por esta causa, siendo el costo político sumamente alto.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala que “El número de personas fallecidas, así como la cantidad y características de las lesiones infringidas a los sobrevivientes hablan de una política de estado, y no simplemente de la inconducta funcional de algunos efectivos. Ciertamente, teniendo en cuenta “la estructura jerárquica y la actuación esencialmente planificada y coordinada” de la Policía Nacional del Perú resulta impensable que acciones de violencia tan generalizadas, desproporcionadas e injustificadas como las suscitadas en Cajamarca (julio del 2012) o Juliaca (junio del 2011) hayan sido fruto del accionar espontáneo de los policías implicados (…) Además, en la mayoría de los casos las personas victimadas se encontraban desarmadas, huyendo, o no constituían peligro alguno para los policías o para otros civiles”(23).
Por todo ello coincidimos con la Defensoría cuando señala que el adecuado tratamiento de los conflictos sociales “representa uno de los retos más importantes para la consolidación de la democracia y la cultura de paz en el Perú”. La Defensoría insta a comprender que “los conflictos sociales deben ser entendidos como modalidades de expresión ciudadana que, adecuadamente gestionados, se pueden convertir en oportunidades para el país”(24).Y también nos parece urgente lanzar una campaña desde la sociedad civil para que no haya un muerto más en los conflictos sociales.
3.- La creciente presencia de Sendero Luminoso
En los últimos meses hemos visto como la presencia de las dos vertientes de Sendero Luminoso se hace más evidente en la escena pública.
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Recordemos que esta facción rompió con Abimael Guzmán en 1992. Primero fue liderado por Oscar Ramírez Durand (Feliciano) hasta su captura y hoy lo es por los hermanos Quispe Palomino. Más conocido como el grupo del VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene) por estar su accionar circunscrito a dicha área, lograron cobertura nacional con el secuestro de los 36 trabajadores en Kepashiato (abril de este año) y los acontecimientos posteriores. De ellos nos ocupamos ampliamente en nuestra entrega de mayo.
El Sendero Luminoso de Abimael Guzmán
Esta facción, mucho más numerosa que la anterior, ha estado muy activa en el escenario nacional en el último semestre. Si bien fracasó en su intento de inscribir como partido político a su organismo de fachada MOVADEF (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales) la ha seguido usando para hacerse presente en cuanta movilización ha habido en Lima y las regiones. Y es a través del MOVADEF que tiene presencia en diversas universidades públicas, a nivel nacional.
Igualmente, ha logrado conducir una huelga magisterial, a través del CONARE-SUTEP (Comité Nacional de Reconstrucción y Reconstitución del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú) desde el 20 de junio a la fecha, contando para ello con el respaldo de la mayoría (por encima del 80%) de sectores magisteriales de Puno, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica y en mucho menor medida Cusco (aproximadamente el 30%).
Al igual que en el pasado, Sendero se ha montado en dos justas reivindicaciones del gremio magisterial (aumento de salarios y rechazo a la forma como se implementó la Carrera Pública Magisterial durante el II gobierno de Alan García) para avanzar sus posiciones en el SUTEP. Lamentablemente, al igual que el pasado, maestros que sólo piensan en sus reivindicaciones inmediatas, se convierten ingenua e irresponsablemente en masa de maniobra de Sendero Luminoso.
Recordemos que el sector educativo desde los inicios fue la cantera del senderismo. Y en el caso del magisterio La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se preguntó ¿Por qué el PCP-SL centró su mirada en el magisterio? Y se contestó que “La presencia estratégica que los maestros tienen a escala nacional como consecuencia de la masificación de la educación y la legitimidad que tienen tanto la educación como el maestro son dos aspectos claves por lo que el PCP-SL centró su atención en el magisterio. Son los maestros quienes con frecuencia actúan como intermediarios entre los ciudadanos y las dependencias del Estado, por lo que han adquirido una fuerte capacidad de influencia (…) el hecho de que el maestro sea un líder de su comunidad explica la importancia que pudo asignarle el PCP-SL (…) a través del magisterio, el discurso del PCP-SL podía llegar a los jóvenes, que eran su interés central”(25).
El asunto es realmente preocupante, pues Sendero en sus diversas apariciones públicas (en la universidad, en el CONARE, en la presentación del libro de Gonzalo Portocarrero, en las movilizaciones, etc.) no muestra haber cambiado ni en sus concepciones ni en sus métodos y menos en su simbología, manteniendo la misma agresividad descalificadora con cualquiera que discrepen con ellos, como se ha podido notar, especialmente en Puno. Su esencia totalitaria se le desborda por los poros. Tan es así que en la huelga magisterial han vuelto a aparecer perros colgados. Es preocupante también porque su crecimiento indica que hemos fallado como sociedad en saber transmitir adecuadamente la memoria de los terribles daños que este grupo causó al país, sobre todo a sus sectores más olvidados.
Y es preocupante porque este tipo de presencia indica fortaleza ideológica, capacidad de movilización, iniciativa y organización en momentos de desilusión de sectores que hace tiempo piden cambios en el país. Nos parece que como sociedad debemos desarrollar reflejos rápidos para lograr neutralizar dicha presencia. Creemos que mantiene plena vigencia lo señalado hace 9 años (agosto del 2003) por Salomón Lerner Febres, Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). En esa oportunidad Lerner dijo que “por su carácter inherentemente criminal y totalitario, despectivo de todo principio humanitario, el PCP-Sendero Luminoso es una organización que, en cuanto tal, no puede tener cabida en una nación democrática y civilizada como la que deseamos construir los peruanos”(26).
Basaba su afirmación en el hecho de que SL mostró durante el periodo 1980-2000 un desprecio total por la vida, siendo según la CVRel principal responsable de crímenes y violaciones de los derechos humanos durante dicho periodo. En el Informe Final la CVR también acusa a SL de crímenes de lesa humanidad por desplegar una “extremada violencia e inusitada crueldad” en la implementación de un proyecto fundamentalista “militarista y totalitario de características terroristas” con una “falta absoluta de respeto por la persona humana y por el derecho a la vida, incluyendo la de sus militantes”. Su accionar “buscaba provocar reacciones brutales de las fuerzas del orden contra la población civil”(27).
Notas:
(1) Cf. Gonzales de Olarte, Efraín “A un año del gobierno de Ollanta Humala: Economía: en piloto automático. Política: ¿dónde está el piloto?”. En Revista Argumentos, año 6, n.° 3. (Julio 2012) pp.60-61. Disponible en
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