sábado, 31 de marzo de 2012

Perú: La concesión minera debe ser consultada


 
Por Pedro Castillo Castañeda*

Hace unas semanas concluyó el proceso de consulta del reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa. La sensación que tenemos, algunos, es que fue una oportunidad perdida, tanto para el Estado como para las organizaciones indígenas. Para el Estado, principalmente, porque no hizo todos los esfuerzos necesarios a fin de traer de vuelta a las organizaciones que se apartaron de la consulta lo cual resta legitimidad a la norma que se vaya a aprobar más adelante, y por el innecesario apresuramiento en terminar, cuanto antes, el proceso de reglamentación de la ley (¿cuál era el apuro?). Por otra parte, las organizaciones indígenas también perdieron una gran oportunidad, pues no se percataron de que dar pelea, en esta instancia, no significaba renunciar a la pretensión de modificar la propia ley.

Del proceso mismo se puede decir que no fue un diálogo intercultural, sino más bien una etapa de negociación entre 18 viceministerios y sólo dos organizaciones indígenas. El resultado era previsible: el Estado no aceptó la postura de las organizaciones en los temas más sensibles; uno de los más importantes: el momento de la consulta cuando se trata del uso y aprovechamiento de recursos naturales.

En efecto, este fue uno de los puntos que más tiempo tomó en la negociación. Incluso, el representante de Energía y Minas solicitó la postergación de dicha discusión hasta no tener clara la posición de su propia dependencia. El mismo gobierno no tenía una única postura al respecto; un hecho significativo, como para que se entienda lo delicado del asunto. Finalmente, el Estado propuso que la consulta debe realizarse antes de emprender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales, mientras que las organizaciones indígenas plantearon que la consulta debe realizarse antes de otorgar cualquier derecho que implique su uso o aprovechamiento. Esta es una diferencia sustantiva, como veremos más adelante.

Hay que tener presente que la medida administrativa que otorga derechos de exploración y explotación de recursos naturales ubicados en el subsuelo es la concesión, diferente y anterior a las medidas que facultan el inicio de exploración y explotación del recurso. En ese sentido, el razonamiento del Estado es muy simple: la concesión por sí misma no faculta el inicio de actividades; solo otorga el derecho para explorar y explotar. En consecuencia, no se afectarían directamente los derechos de los pueblos indígenas. Dicho de otra forma: la concesión no se consulta.

El Convenio 169 de la OIT nos puede ayudar a resolver el tema: señala en su artículo 15 que los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas antes de emprender (dar inicio) o autorizar (otorgar derechos) cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales que existen en sus tierras. La postura del gobierno de sólo consultar las medidas que impliquen el inicio de actividades mineras, únicamente estaría conforme con uno de los supuestos que prevé el Convenio en esta materia.

La administración de Alan García entendió en parte el problema, y publicó el 12 de mayo de 2011 el Decreto Supremo 023-2011-EM, «Reglamento del procedimiento para la aplicación del derecho de consulta a los pueblos indígenas para las actividades mineroenergéticas», que reconoció en forma expresa, en su artículo 14, que las medidas administrativas materia de consulta son el otorgamiento de las concesiones mineras, de beneficio, de labor general y de transporte minero. Esta norma fue derogada por la Ley de Consulta Previa, pero marcó una pauta al respecto.

Las organizaciones indígenas entienden que este es un retroceso en el reconocimiento de sus derechos. Los conflictos socioambientales que se viven en todo el territorio nacional, en contra de la actividad minera, tienen un punto de partida: el otorgamiento de una concesión. Una de las finalidades del derecho es regular la realidad social de una población, sin llegar a forzarla. Dar la espalda a una realidad como la descrita anteriormente es, simplemente, deslegitimar al propio derecho en su búsqueda por una sana y armónica convivencia en sociedad.
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Fuente: CEPES, especial para La Revista Agraria, 29 de marzo, 2012.

Perú: Sin dudas ni murmuraciones: Reglamento de Ley de Consulta Previa se publica este lunes

Sesión de Consejo de Ministros. Foto - Andina/Prensa Presidencia



El ministro de Cultura Luis Peirano manifestó que el reglamento de la Ley de Consulta Previa “se ha discutido ampliamente y será publicado el próximo lunes, sin duda alguna”. “Tal como establece la ley, la consulta previa es vinculante en el sentido que debe hacerse; el resultado de la consulta no es necesariamente vinculante”, precisó ante periodistas en Palacio de Gobierno.

A fines de febrero la Comisión Multisectorial, integrada por 18 ministerios y solo dos organizaciones indígenas (Conap y CCP), entregó a la Presidencia del Consejo de Ministros un proyecto de reglamento no consensuado por contener varias discrepancias en su redacción final que reflejaba la imposición del Estado en perjuicio de los derechos indígenas.

Al mismo tiempo, el resto de organizaciones indígenas agrupadas en el Pacto de Unidad (Aidesep, Onamiap, CNA y Conacami) así como la organización aymara UNCA denunciaron que el proceso para la reglamentación estaba viciado porque primero había que modificar algunos artículos de la propia Ley de Consulta Previa. A pesar de que el proceso había perdido legitimidad, el Ejecutivo ha sometido el proyecto de reglamento a una evaluación interna durante casi un mes, esta vez, sin la presencia de ninguna organización indígena.

Por el momento no se conoce qué tipo de reglamento saldrá publicado el próximo lunes, ni cuáles han sido los criterios del Gobierno para resolver los puntos críticos que no tuvieron consenso.

El ministro Peirano Falconí explicó que esa norma precisa que la consulta no es general sino específica y dirigida a la comunidad directamente involucrada en los proyectos de desarrollo.
Publicado en SERVINDI

jueves, 29 de marzo de 2012

Perú: Ronderos de Utcubamba son alumnos del diplomado internacional sobre pueblos indígenas



Marcos Díaz Delgado

Gracias a una beca del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) y la Universidad Católica del Perú (PUCP) los dirigentes ronderos utcubambinos Marcos Díaz Delgado y Santos Saavedra son ahora alumnos de la “Diplomatura de Estudio Internacional en Pueblos Indígenas, Desarrollo, Participación y Consulta”.

Los integrantes de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas expresaron su satisfacción por adquirir experiencias enriquecedoras al asistir a los cursos que son dictados por expositores internacionales expertos de la OIT, ONU, BIC, IIDS y otros.
Dijeron sentirse a gusto compartiendo clases con egresados de otros países quienes en su gran mayoría son altos funcionarios y magistrados.

Marcos Díaz, expresidente de las rondas en Amazonas y hoy dirigente nacional de la Cunarc, manifestó que actualmente los participantes se encuentran desarrollando un plan de investigación y acción para sustentar sus respectivas tesis, y que la información para su trabajo lo viene recogiendo en la región Amazonas, especialmente en el distrito de Cajaruro, de donde es natural.

“Como dirigentes aspiramos a una defesa real de nuestros derechos sociales y ambientales. Buscamos grandes cambios, conociendo los derechos internacionales y ambientales, ya que los organismos internaciones tienen que reconocer a los pueblos indígenas, originarios, comunidades campesinas y rondas campesinas”, acotó el dirigente en su visita por Bagua Grande.
Publicado en SERVINDI.

miércoles, 28 de marzo de 2012

martes, 27 de marzo de 2012

México: Nace el Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización (FADAP)

El objetivo es exigir una gestión, pública, comunitaria y sustentable del agua en el estado de Jalisco y como parte de ello la elaboración de una nueva Ley Nacional y Estatal del Agua, que incorpore el Derecho Humano al Agua y elimine las políticas, programas y proyectos privatizadores.


Lea a continuación el comunicado de prensa:

Los movimientos, sindicatos, comités vecinales, estudiantiles, organizaciones, colectivos e investigadores abajo firmantes, decidimos sumar fuerza, articular nuestras luchas y trabajar en un frente común, autónomo y apartidista, en defensa del agua y contra su privatización, ante las decisiones unilaterales del actual sistema político neoliberal, que prioriza el beneficio de empresas nacionales y trasnacionales en detrimento de la naturaleza y los derechos humanos de las y los jaliscienses.

El nacimiento de este Frente se enmarca en la conmemoración del día mundial del agua, la culminación del VI Foro Mundial del Agua realizado en Marsella, Francia y la trascendental incorporación del derecho humano al agua en nuestra constitución.

Como Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización (FADAP), estamos preocupados por el agravamiento y surgimiento de conflictos en torno al agua en el estado de Jalisco, generados por las actuales políticas hídricas que se contraponen a los derechos de las poblaciones a decidir sobre su territorio y sus recursos naturales, afectando gravemente la salud, la vida y los ecosistemas del planeta.

La contaminación industrial de los ríos, la construcción de grandes obras de infraestructura como presas, acueductos, macro plantas de tratamiento y el manejo de los sistemas de agua en manos de la iniciativa privada son formas de privatización, en donde el agua es manejada desde una lógica de mercado y de ganancia y no como un derecho humano y bien común fundamental para la vida.

En este Frente participamos habitantes de poblaciones afectadas por los siguientes conflictos: la tendencia privatizadora del Organismo Operador SIAPA, la contaminación del río Santiago, la construcción de la presa El Zapotillo, el proyecto de construcción del Segundo Acueducto del Lago de Chapala, la defensa del agua del pueblo Wixarika, la protección de la zona de El Bajío del Arenal en Zapopan y de las cuencas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) a través de comités vecinales.

Como Frente:

1. Rechazamos la construcción de la Presa El Zapotillo y exigimos su inmediata cancelación:

La lucha de Temacapulín, Acasico y Palmarejo es en favor de los ríos, los pueblos y la vida. Estas comunidades resisten desde hace 7 años ante la construcción de la presa El Zapotillo, proyecto que comenzó a promoverse desde el año 2005, y de manera ilegal en 2009 inició su construcción.
Para intentar justificar este proyecto, no se tomaron en cuenta los efectos sociales, ambientales ni culturales, sino solamente los criterios económicos. Tampoco se consideró la búsqueda de otras opciones sustentables, que garanticen los derechos de todos y todas, pues existen alternativas viables y que no implican la construcción de represas para el abasto de agua y su gestión integral.

La propuesta de las comunidades opositoras a la construcción de la Presa El Zapotillo es la Revolución del Agua, que se fundamenta en el cambio del modelo de gestión donde no prime una lógica económica o mercantil, donde el agua sea considerada sustento de culturas y no una oportunidad de negocio.

2. Exigimos el saneamiento integral del río Santiago y la atención urgente a la salud de las poblaciones afectadas:

Las condiciones de vida para la población que habita las márgenes del río Santiago no han mejorado, y continúan las violaciones a los derechos a la salud y a un medio ambiente sano. Las acciones emprendidas por las autoridades demuestran, en general, el incumplimiento de las leyes y normas correspondientes, una falta de voluntad política, y avances muy limitados por parte de algunos organismos gubernamentales.

En materia de salud, persiste un círculo vicioso de inacción y la negativa constante de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) de las afectaciones a la salud de la población de El Salto y Juanacatlán, así como la renuencia a indagar de manera científica la relación entre contaminación y salud en la zona.

La industria sigue en la impunidad, a pesar de que sus descargas sean las más tóxicas. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es sistemáticamente omisa en aplicar la NOM-001-SEMARNAT-1996 y persiste su ausencia en la zona, así como su discurso de protección a la industria respaldado por las autoridades del estado de Jalisco.

Reiteramos nuestra preocupación por el deficiente programa de saneamiento de la Comisión Estatal del Agua (CEA), ya que no tratará la totalidad de las aguas residuales de esta cuenca, sino únicamente las aguas domésticas, más no las industriales de esta la zona industrial de mayor importancia en el estado.

Desaprobamos el discurso actual de la CEA que afirma que con la macro planta de tratamiento El Ahogado se solucionará el problema del Santiago.

3. Reprobamos la tendencia privatizadora del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado (SIAPA) y la simulación de su refundación a METROAGUA:

El 14 de Diciembre de 2011, el Consejo de Administración del SIAPA, en voz del entonces presidente Héctor Vielma Ordoñez, anunció la refundación del Organismo Operador de Agua, con los argumentos de eficientar, transparentar, disminuir la burocracia y despolitizar el Organismo, iniciando a partir de enero de 2012, con el cambio de nombre a METROAGUA y de manera cronológica en un tiempo de 10 meses concluir su transformación.

En los últimos dos años, las y los trabajadores de base, afiliados al Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado (SEPSIAPA), venimos observando y denunciando cómo esta administración, viene utilizando e incrementando empresas privadas para desarrollar las actividades propias de los trabajadores del Organismo.

La experiencia nos ha mostrado que cuando las empresas privadas se involucran en el manejo del agua no sólo no cumplen con lo que se esperaba de ellas, sino que además suelen traer nuevos problemas y complicaciones. Casos y experiencias que documentan estas fallas y abusos, sobran: el caso de ICA y Veolia en Aguascalientes; Proactiva Medio Ambiente (Veolia, FCC e ICA), y Gutsa en el Distrito Federal; Grupo Mexicano de Desarrollo y Bal-Ondeo en Cancún; Mexicana de Gestión de Agua S.A. de C.V. en Navojoa, Sonora; ICA y Veolia en Puebla; Aguas de Saltillo en Saltillo, Coahuila, entre otras.

De acuerdo con investigaciones, producto de la documentación de casos de privatización de organismos municipales y metropolitanos del agua, la privatización fomenta la corrupción, el alza de tarifas, los cortes de agua y la pérdida de empleo, ya que se “recortan” plazas de base al encomendar ciertas funciones a otras empresas.

Demandamos se abra un proceso amplio de consulta a la ciudadanía para la discusión, toma de decisiones y la proyección de una restructuración seria de un SIAPA sustentable, que contenga una amplia difusión social en la convocatoria y no sea una convocatoria selecta y reducida a sus intereses, en donde no sólo se toque el tema de las tarifas y de la cobranza.

Los actuales Presidentes Municipales, miembros del Consejo, sólo son administradores del Organismo Operador de Agua, no sus dueños. Hacemos un llamado a la ciudadanía en general a emprender una amplia Jornada EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DEL AGUA.

4. Nos oponemos a la construcción del Segundo Acueducto del Lago de Chapala:

El Movimiento Ciudadano No al nuevo Acueducto, Sí al Lago de Chapala, fue fundado hace poco más de un año, en enero del 2010, ante la coyuntura del proyecto de construcción de un nuevo acueducto para llevar agua del Lago de Chapala a la ZMG.

Este Movimiento aglutina por lo menos 10 de los municipios que se localizan alrededor del Lago de Chapala; 85% de los habitantes ribereños dependen directamente del lago.

Los movimientos que defienden el Lago de Chapala han presentado propuestas y alternativas, entre ellas la captación de agua pluvial y la reparación de redes de distribución del agua potable en la ZMG. Sin embargo, los funcionarios defienden y justifican el proyecto del segundo acueducto, y mantienen una cerrazón permanente ante alternativas verdaderamente sustentables.

5. Afirmamos que el respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua es una obligación del Estado mexicano, reconocido en los artículos 2º, 4º y 27º de la Constitución Mexicana, en diversos tratados internacionales de los que México es parte y en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua y el Saneamiento. Además, el derecho al agua es condición para la realización de otros derechos humanos.

6. Compartimos la visión de las comunidades campesinas e indígenas, que consideran al agua como indispensable para toda vida y, por lo tanto, como un elemento divino, insustituible y que no tiene precio.

7. Demandamos justicia y equidad en la distribución y acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad para todas y todos, garantizando el manejo sustentable, democrático, justo y equitativo del agua.

8. Convocamos a las legisladoras y legisladores a emprender un amplio proceso de consulta y discusión sobre la orientación y contenido para la formulación de una nueva Ley Nacional y Estatal de Aguas, que coloque en el centro a la ciudadanía y sus derechos reconocidos claramente por la reciente reforma al artículo 4º Constitucional.

9. Exigimos detener y revertir los procesos de privatización de los servicios de agua, los cortes, las altas tarifas, los megaproyectos como el Zapotillo y el Segundo Acueducto del Lago de Chapala, situaciones todas que se traducen en violaciones al derecho humano al agua.

10. Llamamos a toda la ciudadanía de Jalisco, a organizarse, movilizarse, defender sus derechos y a ser parte de este Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización.

¡POR LA INCLUSIÓN DEL PUEBLO EN LA TOMA DE DECISIONES!
¡NI UNA GOTA MÁS AL CAPITAL!

Guadalajara, Jalisco, México. A 21 de marzo de 2012

Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización
Amigos del Lago, A.C.
Casa Ciudadana en Defensa de la Economía
Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
Ciudadanos por el Medio Ambiente (CIMA)
Colectivo ARVOL (Arte y Cultura por la Evolución del Hombre A.C.)
Colectivo de Abogados
Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto
Colectivo de Organizaciones Ciudadanas de Occidente (COCO)
Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo
Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia Santa Margarita
Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia San Sebastián
Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia Lomas del Gallo
Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia El Campesino
Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia Loma Bonita
Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia La Magdalena
Comité de Vecinos en defensa del Agua del Parque de la Solidaridad
Comunidad Wixarika de Santa Catarina
Fundación Lerma- Chapala- Santiago
Instituto de Investigación del Cáncer Biosmedica, A.C. (INICABI)
Instituto de Investigación en Salud Ocupacional
Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)
Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental, A.C. (GPO. VIDA)
La Otra Jalisco
Mesa de Ecología de la Asamblea Popular Jalisco
Movimiento Ciudadano, NO al Nuevo Acueducto, SI al Lago de Chapala
Organización Juvenil de Comunistas en México
Parlamento de Colonias
Red de Investigadores Sociales del Agua
Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado (SEPSIAPA)
Unidad Social para el Desarrollo Integral Comunitario, A.C. (USDIC)
Publicado en SERVINDI.

miércoles, 21 de marzo de 2012

Gobierno Regional Puno con 2.5% de avance presupuestal en gasto de capital (OBRAS)

viernes, 16 de marzo de 2012

Perú: El rol de las comunidades campesinas


 
En el Perú existen más de seis mil comunidades campesinas y 1497 comunidades nativas amazónicas. Estas mantienen el control de un vasto territorio que alberga una gran diversidad biológica de flora y fauna, así como invalorables recursos naturales.Las comunidades campesinas y nativas controlan cerca de las dos quintas partes de las tierras agropecuarias del país (Lapeña, 2011), implementando tecnologías ancestrales, en algunos casos ecoeficientes, para su explotación, con una gran capacidad para adaptarse a los efectos del cambio climático.

Este grupo poblacional es poseedor de tradiciones milenarias y mantiene una relación de profunda espiritualidad con el ambiente donde se desarrolla. También presenta los más altos niveles de vulnerabilidad social (entendida como una mayor susceptibilidad a efectos externos económicos, sociales, culturales y ambientales) e índices de pobreza monetaria.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el año 2010, en la sierra rural, el 61,2% de la población se ubica en situación de pobreza monetaria, mientras que el 28,5% en situación de extrema pobreza. En la selva rural, el 45,6% se encuentra en pobreza monetaria y el 17,8% en extrema pobreza. Esta situación responde a la ausencia del Estado en la zona y la poca voluntad política por implementar políticas públicas para promover la articulación de las comunidades con la sociedad y con mercados más dinámicos.

A la fecha, las actividades extractivas se encuentran en un momento de auge en el Perú. Solo en el período de enero a octubre de 2011 la inversión en minería ascendió al nivel récord de 5,325 millones de dólares, con efectos positivos en el empleo y en la dinamización de los mercados a nivel nacional. La Sociedad Nacional de Industrias sostiene que entre 1999 y 2009 la minería representó el 7,7% del PBI y el 12,5% del total de recaudación fiscal (incluyendo regalías y aporte voluntario). El gobierno ha manifestado públicamente la importancia de la minería para poder sostener los amplios programas sociales prometidos durante la campaña electoral 2011.

El éxito del crecimiento de las actividades extractivas responde a una agresiva política de promoción de las inversiones mineras y de hidrocarburos, liderada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) durante el gobierno anterior. Esta promoción consiste en la acelerada concesión de lotes mineros y de hidrocarburos, así como en la rápida aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). El gobierno anterior (2006-2011) dejó 50 EIA aprobados, y en junio de 2011, 24 millones de hectáreas estaban entregadas en concesión minera (18,91% del territorio peruano).

Al mismo tiempo, en mayo de 2010, el 64.98% del territorio de las comunidades nativas de la amazonía había sido entregado en concesión como lotes para la extracción de hidrocarburos. Este gran impulso a las concesiones ha impactado directamente en las comunidades campesinas y nativas, las cuales vienen siendo presionadas por el uso de los recursos naturales ubicados dentro de su territorio, quedando expuestas a diversos intereses económicos y políticos.

En un entorno en donde el rol fiscalizador del Estado es muy débil, ya que se limita a aprobar EIA y otorgar concesiones, la ejecución de los proyectos extractivos y el destino de las comunidades, dueñas de extensos territorios que abarcan importantes recursos naturales para la vida, se ha venido decidiendo a través de negociaciones entre las empresas extractivas y los dirigentes de las comunidades, negociaciones que se caracterizan por su marcada asimetría en la información y clara ventaja para las empresas.
De esta manera, tenemos un gran número de comunidades que se han sentido despojadas de sus tierras, con sus recursos naturales y medios de vida afectados, viendo cómo enormes recursos económicos pasan de lado.

Esto ha traído como consecuencia un número alarmante de conflictos con consecuencias trágicas. Según la Defensoría del Pueblo, durante el gobierno anterior hubo alrededor de 80 muertos en conflictos sociales y al 31 de diciembre de 2011 existen 223 conflictos sociales activos, 57% de los cuales son socioambientales.

En lo que va del nuevo gobierno, el presidente Ollanta Humala ya ‘tiene a cuestas’ dos importantes conflictos sociales con víctimas humanas, millonarias pérdidas y un cambio de gabinete. Un entorno político y mediático abiertamente hostil orienta el debate hacia una polaridad de ‘antimineros’ versus ‘promineros’, en un espiral de adjetivos que no hacen más que generar propuestas infructuosas como el radical “no a la minería” o el populista “repartamos el canon”.

Es de vital importancia colocar a las comunidades campesinas y nativas como actores centrales en este debate, reconociendo la prioridad que deben tener en las políticas de superación de la pobreza, revalorizando sus conocimientos, sus derechos y el rol que cumplen en el manejo de los recursos naturales ubicados en su territorio.

Las comunidades están en la capacidad de contribuir en la elaboración de políticas públicas que promuevan su propio desarrollo, gestionar su territorio y el uso de sus recursos naturales, así como negociar –en una situación de mayor equidad en la información– con las empresas extractivas la implementación de proyectos que aseguren mejores condiciones de vida, respeten sus derechos y sean sostenibles para el ecosistema y las formas de vida que alberga. Para conseguir esto, es crítico el rol que debe asumir el Estado al acompañar a las comunidades y regular las negociaciones con las empresas, y de esta manera, asegurar y fiscalizar el cumplimiento de los derechos de las comunidades campesinas y nativas.


Publicado en Radio Pachamama

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