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Los últimos resultados obtenidos tras la cuarta sesión de la Mesa de Trabajo de la Presidencia del Consejo de Ministros pro desarrollo de Cañaris no son los más alentadores, de acuerdo a las perspectivas de la Defensoría del Pueblo, institución que tiene como pilar el cumplimiento de los derechos fundamentales de todo grupo social. Así lo evidenció el titular de la entidad en Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes.
“Desde nuestra perspectiva institucional no pueden haber posturas cerradas o estrictas, es decir, la Mesa de Trabajo debe ser un espacio de diálogo donde las reglas se van construyendo en su desarrollo, y si bien hay aspectos que ayudan a ordenar el proceso en materia de plazos, no es un procedimiento legal que no puede ser moldeable”, expresó el comisionado.
El punto de vista del comisionado obedece básicamente al hecho que el pasado sábado, en el propio Cañaris, no se les permitió a los representantes de los comuneros participar de la sesión por no encontrarse acreditadas todas las personas que querían ingresar al coliseo Fernando Belaúnde Terry.
Ello motivó que los dirigentes y sus asesores abandonaran el recinto, y el tema álgido que ha causado incluso la creación de la propia Mesa de Trabajo, que es el tema ambiental, sea relegado una vez más para el próximo mes en Incahuasi.
“La Defensoría insta a las partes a mantenerse en el espacio de diálogo y no propiciar ninguna medida de fuerza, porque a través del diálogo es la única manera de resolver un problema, la eficacia del diálogo también es otro aspecto. La Defensoría del Pueblo reportó desde hace un año este conflicto y actualmente lo considera latente. La mesa lleva cuatro reuniones y hasta ahora no vemos un avance significativo en lo que respecta a la controversia por el tema minero-ambiental”, afirmó Hidalgo.
En ese sentido, la institución en su último reporte correspondiente a marzo registró 167 conflictos activos y 57 en estado latente. Los conflictos socioambientales siguen siendo los más numerosos (149), habiéndose presentado en lo que va del año 12 casos más en esta categoría.
Si la Defensoría del Pueblo tiene sus reportes mensuales sobre el monitoreo de conflictos, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM también cuenta con el propio; sin embargo, las diferencias son sustanciales.
Así señala que los conflictos sociales presentados en el país durante marzo último llegaron a 60, dos menos que los registrados en febrero.
Precisa que los mayores conflictos sociales persisten en departamentos como Cajamarca, Áncash y Loreto. En cuanto a las acciones de prevención, se han registrado 50 casos, nueve más que en febrero.
“Desde nuestra perspectiva institucional no pueden haber posturas cerradas o estrictas, es decir, la Mesa de Trabajo debe ser un espacio de diálogo donde las reglas se van construyendo en su desarrollo, y si bien hay aspectos que ayudan a ordenar el proceso en materia de plazos, no es un procedimiento legal que no puede ser moldeable”, expresó el comisionado.
El punto de vista del comisionado obedece básicamente al hecho que el pasado sábado, en el propio Cañaris, no se les permitió a los representantes de los comuneros participar de la sesión por no encontrarse acreditadas todas las personas que querían ingresar al coliseo Fernando Belaúnde Terry.
Ello motivó que los dirigentes y sus asesores abandonaran el recinto, y el tema álgido que ha causado incluso la creación de la propia Mesa de Trabajo, que es el tema ambiental, sea relegado una vez más para el próximo mes en Incahuasi.
“La Defensoría insta a las partes a mantenerse en el espacio de diálogo y no propiciar ninguna medida de fuerza, porque a través del diálogo es la única manera de resolver un problema, la eficacia del diálogo también es otro aspecto. La Defensoría del Pueblo reportó desde hace un año este conflicto y actualmente lo considera latente. La mesa lleva cuatro reuniones y hasta ahora no vemos un avance significativo en lo que respecta a la controversia por el tema minero-ambiental”, afirmó Hidalgo.
En ese sentido, la institución en su último reporte correspondiente a marzo registró 167 conflictos activos y 57 en estado latente. Los conflictos socioambientales siguen siendo los más numerosos (149), habiéndose presentado en lo que va del año 12 casos más en esta categoría.
Si la Defensoría del Pueblo tiene sus reportes mensuales sobre el monitoreo de conflictos, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM también cuenta con el propio; sin embargo, las diferencias son sustanciales.
Así señala que los conflictos sociales presentados en el país durante marzo último llegaron a 60, dos menos que los registrados en febrero.
Precisa que los mayores conflictos sociales persisten en departamentos como Cajamarca, Áncash y Loreto. En cuanto a las acciones de prevención, se han registrado 50 casos, nueve más que en febrero.
Fuente: Diario La República
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