jueves, 29 de agosto de 2013

En 10% creció demanda energética en Arequipa

Foto: Internet/Referencial
El crecimiento económico en Arequipa generó que la demanda energética aumente en un 10%. El gerente general de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal), Leonidas Zavala Lazo, informó que ese comportamiento empezó hace unos seis años.

El funcionario explicó que la creación de nuevos centros comerciales y el boom inmobiliario motivaron ese aumento.

"El edificio de Estilos, en la avenida Ejército, por ejemplo, demandará seis megavatios y el nuevo mall que construirán en la avenida Parra otros tres, mientras este tipo de construcciones continúe la demanda no parará", acotó.

Actualmente se registra 170 megavatios como consumo promedio anual. Aseguró que siempre mantienen una reserva del 10% de la potencia contratada. Por el momento no existe déficit. 

De igual manera, Zavala Lazo dijo que la cantidad de usuarios crece anualmente entre 5% y 7%. Seal cuenta con 350 mil usuarios, pero se reportan mil 200 nuevos cada mes.

Para asegurar la continuidad del servicio y mejorarlo se tiene proyectado construir una nueva línea de transmisión que partirá desde Socabaya hasta la zona del Parque Industrial. 

La obra se iniciará el próximo año con una inversión de S/. 26 millones. 

Incremento de robo de cables

Uno de los principales problemas que afronta Seal es el crecimiento de robo de cables de energía. Se reportan de manera interdiaria y han generado pérdidas hasta de S/. 1 millón anuales. 

En 2011 se hurtaron 157 mil metros de cable. El año pasado 66 mil 685 metros y en lo que va del año 18 mil 972 metros. 

En Arequipa la mayoría de incidentes se reportan en Paucarpata, Cercado, Cerro Colorado, Alto Selva Alegre y Hunter. El fin de los malhechores es sustraer los cables para extraer el cobre y venderlo.


Fuente: Diario La República

“La energía eléctrica no es el factor más incidente”


“La energía eléctrica no es el factor más incidente”
“Como lo muestra la Unidad de Planeación Minero-Energética, el costo de la energía eléctrica representa tan solo el 2,0% de los costos industriales agregados. No obstante, en algunos subsectores como el cementero, el siderúrgico y el químico la participación puede ser cercana al 10%, y en no muchos casos, en empresas específicas, dicho componente puede alcanzar valores superiores al 30%. En síntesis, la energía eléctrica no es el factor más incidente sobre los costos del sector industrial como un todo”, explicó Rengifo.

El jefe de la cartera de Minas y Energía agregó que en 2012, el precio de la energía eléctrica colombiana para la industria, incluyendo impuestos, fue de 11,5 centavos USD/Kwh encontrándonos en un rango medio-alto si se compara con países con los que competimos en los mercados internacionales como Argentina, México, Perú, Chile y Brasil. La tarifa es inferior a la de Brasil (17,8 centavos USD/Kwh) y Chile (12,7 centavos USD/Kwh) y superior a la de Perú (8 centavos USD/Kwh). Recientemente, el estudio realizado por el Centro de Estudios en Economía Sistemática (2013), contratado entre otros por la Andi, ubica a Colombia en el rango medio si se compara con los países de la OCDE, organización a la que el país aspira a pertenecer. Esto quiere decir, que si bien no tenemos la tarifa más baja, tampoco tenemos la más costosa.

“Quisiera destacar un par de medidas que nos permitirán seguir fortaleciendo este sector, garantizar la firmeza del servicio y disminuir su costo del servicio. Con las subastas del cargo por confiabilidad se viabilizó la construcción de 11 nuevos proyectos que ampliaran la capacidad de generación del país en 15% en los próximos dos años y medio, a partir de los 14.4 GW actuales. Adicionalmente, esperamos que el costo de la generación de seguridad debida a restricciones se reduzca por efecto de la construcción de una planta de regasificación en el Caribe colombiano para importar gas natural licuado, que esperamos entre en operación a finales del 2015″, añadió Rengifo.

El Ministro recalcó que una de las medidas para apoyar a la industria que desde hace más de un año está en vigencia es la eliminación de la contribución del 20% de la tarifa de energía eléctrica, lo que está generando ahorros en el sector manufacturero.


Fuente: Revista Rumbo Minero

Hidroeléctricas sobornan y dividen aldeas indígenas

Foto Internet
Es una perversidad, pero no veo protestas en contra. Los indígenas afectados por la construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonia están recibiendo como compensación una suma mensual en dinero y donaciones de alimentos y otros bienes. Como la compensación se paga a cada aldea, esa especie de soborno está multiplicando aldeas. Pasó en el Rio Madeira, donde la construcción de las hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau vive su etapa final, y está pasando en los alrededores de Belo Monte, central que se construye en el Río Xingú.

Las 19 aldeas alli existentes en 2010 se dividieron en 34 a fines de 2012, en un proceso desagregador aún en marcha, reveló la Revista Carta Capital de 22 de marzo de 2013. http://www.cartacapital.com.br/destaques_carta_capital/quanto-vale-um-indio/#.UVHPfyYnleU.facebook

El reportaje completo se publicó el 21 de agosto en el portal amazonia.org



Fuente: AGENCIA IPS

¿Cuánto es un indio?


Para ir a la localidad de Altamira Paquiçamba son dos horas en una ruta de camiones que sólo se pone fangoso cuando asfalto flanqueada por camas de Belo Monte. Barco tomaría ocho horas. Gracias a un paseo, después de ocho días en la ciudad, Marino Juruna es recibido por sus indios. Silencio. Lleve en su poder un galón de gasolina. Ningún material de construcción, no hay noticias de los avances en las negociaciones para la compensación anhelaba Norte Energia. "El pueblo ya no es el mismo", dice el jefe, mientras abre la ventana de la casa recién construida con cinco habitaciones, sofá y televisión y apunta a las antenas parabólicas y desaloja los techos de paja de las chozas. Pozos artesianos, un molino de harina y un telar de panel solar en el horizonte, todo comprado con fondos del consorcio de construcción de la planta. Los últimos kilómetros de la carretera antes intransitables, ganó una cubierta de piedra, que se obtiene "por la fuerza" después de bloquear el sitio de construcción, afirma Juruna. "Es el lado bueno.Y no dan ni la mitad de lo que pedimos ".

Las palabras del jefe surge uno de los mayores efectos de la obra: un juego de negociaciones entre los pueblos indígenas y las empresas, el resultado de un modus operandi dudosa y la ausencia de Funai, que cumplió Paquiçamba, una de las pocas comunidades directamente afectadas, la verdadera imagen del impacto de la cultura y socioeconómicos Belo Monte. "El pueblo no es el mismo de antes", repite Juruna.Hasta principios de 2011, cuando se inició la obra, había 37 familias bajo su liderazgo. Hoy en día hay nueve. La otra división en tres nuevos pueblos, cada uno con su propio jefe. "Estas características han hecho que la desunión. Muchos piensan que el liderazgo está desviando recursos, escuchar lo que el otro pueblo tiene más objetos, podemos lograr más. "Suspiros Juruna. "Desde que me puse mi cargo a disposición. Nadie quiere ".

El caso no es único. 15 pueblos fueron creados dentro de dos años. El 19 existentes en 2010 cumplió 34 años en 2012. Otros están a punto de nacer. A "la proliferación de los pueblos" que los pueblos indígenas Antonio Carlos Magalhães se une al Programa de Emergencia, el acuerdo entre la Funai y el norte de la Energía en 2010 para ofrecer una compensación a los indígenas, mientras que las medidas de Proyecto Básico Ambiental (PBA), que contrapartes enredo acciones de desarrollo en las aldeas saneamiento Altamira, no estaban listos, pero que se volvieron eufemismo para una asignación de 30.000 reales pagados a los indios durante dos años, hasta septiembre de 2012.

El documento garantiza el "fortalecimiento institucional" de la FUNAI, la "promoción de la etno-desarrollo" y la "protección de las tierras indígenas." La fundación recibiría la infraestructura, y los indios, "sin perjuicio de su identidad", participan en las reuniones "sin la necesidad de estar en la ciudad." Ayudar a la agencia pública era temporal.

Las tierras indígenas son vulnerables. Y los indios, cada vez más dependiente. A continuación, siga los barcos hacia las aldeas con colchones, televisores y baratijas y volver a venderlos a precios bajísimos.Como un moderno trueque, el proceso de "desvió la atención de los indios de cuestionamiento sobre la presa para el consumo", dijo Magalhaes. Los pueblos dejaron sus claros y se acostumbran a la adicción a la comida. Jóvenes líderes comenzaron a crear aldeas ojo en las transferencias. El resultado fue la pérdida de la identidad cultural.

Epicentro de la obra más ambiciosa del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), Altamira, la ciudad más grande de Brasil en extensión, se volvió una mezcla de servicio de negocios y punto de peregrinación para los indios en busca de las demandas materiales. A su vez, llegan a punto en el edificio de la Funai, la sede de la Fiscalía o donde hay una autoridad. Sin embargo, visitar, especialmente el número 1482 Avenida João Pessoa, al borde del río Xingu, una oficina de la sede Norte Energia dedicada a las "cuestiones indígenas". En las paredes, cuadros de indios. Las sillas, sentado indios. Hay 30 visitas diarias. La explicación es obvia: el gobierno y el consorcio quieren terminar la planta. Los indios de mejorar sus vidas. Funai no tiene una estructura de mediación. Por lo tanto, las negociaciones nebulosas entre las partes siguen su rutina.

"Hemos hecho una lista y entregamos Norte Energia. Aquí en la oficina solicitada. Alimentos, combustible, motor ", dice José Carlos Arara, hombre expresión glacial y el pueblo Terrawagã líder. "Nos prometieron 27 casas, pista, antena celular. Nada. "Para llegar a Altamira y exigir sus" derechos ", Macaw tarda seis horas en barco y duerme en una hamaca en la Casa India, albergue improvisado para los diferentes grupos étnicos. Como él, decenas dividen las habitaciones de la casa. Algunos pasan el día en barco y vamos a permanecer durante casi un mes, cuando lo hacen tour jamás: comprar comestibles, asisten a las reuniones y pasar horas en la oficina de la compañía. "Se acabó el tiempo de nosotros. Este año, ni un pie plantado mandioca. Así es la vida de hoy en día el indio ".

Son las 4 pm en la sede de la Funai en Altamira. Indios antiguos humo de tabaco en tubos largos, mientras que los jóvenes hablen en su idioma, y ​​los niños escapar del aburrimiento de la risa. En el interior, en una habitación con aire acondicionado, es Estella Libardi de Souza, coordinador regional de la fundación. "Fortalecimiento institucional nunca ha sucedido", enfatiza. La idea del término reforzaría Funai para que pueda controlar y tratar de reducir el impacto de la obra. "El consorcio donó cinco hidroaviones y varios coches y financió la contratación de más de 20 empleados", dice. Sin embargo, con la fecha límite, los empleados estaban apagadas. "Estamos de vuelta al punto de partida. Tenemos ocho coches y un solo conductor. Y no hay ningún controlador para los barcos. "Algunos pueblos remotos no lo entiendo visitar hace un año. "Los puestos de control del plan, bases para inspeccionar la tierra. Hoy contamos con un staff de manejar 6 millones de hectáreas. "El HTA 21 de 2009, que advirtió sobre el impacto en los indios, fue ignorado por todos. "Las luchas internas nutre de estos recursos se están desmoronando las comunidades", dice el coordinador. "Para la empresa, es más barato para dar dinero a los jefes de invertir en proyectos".

La lectura de las actas de las reuniones entre líderes indígenas y Norte Energía no necesita explicación.En una, del 31 de octubre del 2012, días después de la invasión sitio Pimental, cuando más de un centenar de indios paralizado las obras para las contrapartes de aplicación, el tono es una subasta. Inês Marques, un funcionario de la compañía, presenta "el calendario de entrega de los kits y reuniones tratados voadeiras informáticos de 9 y 10 de julio." India exigen de los vehículos. "Si no se entregan, a trabajar!" El empleado se disculpa y más. Los indígenas reclaman la reforma de los técnicos de carretera para operar las computadoras donó una pista de aterrizaje. La empresa se compromete a revisar las solicitudes en la próxima reunión.

Fiscal Thais Santi muestra una pequeña zona amarilla en el mapa de la región de Xingu, en la pared de su oficina, el Ministerio Público Federal de Altamira. "Este pueblo no tiene ni siquiera la carretera. Pero valió una Hilux Norte Energia, el nombre de un indio sin licencia, que se estrelló el coche contra un poste, con los niños dentro de la feria. "Ella niega con la cabeza. "Se trata de un asistencialismo ominosa que está destruyendo la capacidad de reclamar a los indios. Ellos han perdido la confianza en la Funai y la empresa se resolverán las reclamaciones. Cuando no pueden invadir la cama. "


Sentado frente al mercado junto a la Casa India, ruego indígena

El fiscal que investiga el patrimonio de algunos dirigentes. Un indio vino a sacar 100.000 verdadera boca de la caja. Pero lo que preocupa el promotor es un nuevo capítulo en el proceso. Aconsejado por abogados, las comunidades han creado asociaciones para gestionar los propios recursos y negociar directamente con las empresas para dar servicio al Norte Energia. "Hay millones de reales en las manos de los indios", dice el fiscal. "Hubo una pérdida para los indios que no tienen volta.Precisamos prohíben todo contacto directo con los nativos de la empresa." En última instancia, dice Thais Santi, es la responsabilidad del Estado. "El dinero para la obra proviene de un banco público. La obra es federal. Pero el gobierno no ha hecho su parte. "Belo Monte será la tercera presa más grande del mundo y tendrá un costo de 29 mil millones de dólares, de los cuales 22.5 millones del BNDES. Es el préstamo más grande de su historia.

Cerca de 5000 indios diez etnias y diferentes grados de contacto con los blancos habitan el Medio Xingu.Muchas aldeas sólo volvieron a formarse en la década de 1990, en un proceso que comenzó con incursiones evangelizadora en el siglo XVII, seguido por la invasión de recolectores de hace cien años, y cobró impulso con la Carretera Transamazónica. Con Belo Monte, salió el último boom. Su genealogía se remonta a 1970, cuando la dictadura quería construir una serie de megalómano hidroeléctrica en el Río Xingu. Estudios de viabilidad cruzaron el 1990, Eletrobras se ha asociado con Eletronorte y en 2005, el Congreso autorizó al Ejecutivo para construir Belo Monte, a cambio de contrapartes ambientales. Así que antes de la consulta para dar a los indios tanto, algunos críticos sugieren. "Lo que debería haber hecho es llevar a cabo las consultas previas y el respeto del gobierno por los derechos indígenas, en lugar de tirarlas a las empresas de rehenes", dice el antropólogo Stephen Baines, de la UNB.

En 2007, el Gobierno ha incluido el trabajo en el PAC y trató de derrocar a los impedimentos Justicia a licencia ambiental. Quería evitar la escasez en un país donde el consumo anual de energía crece por encima del PIB. En 2009, el IBAMA ha aceptado el EIA-RIMA, el estudio de impacto. Para liberar la licencia, exigió el cumplimiento de 40 condiciones. La licencia se dio en abril de 2010. Y un consorcio de grandes contratistas, fondos de pensiones y de Eletrobras inició las obras en 2011, aunque parte de las condiciones está "en curso". El Norte Energia afirma que "la aplicación del PBA camina a la misma velocidad de las obras de la planta."

Los expertos en energía sostienen que, a pesar de los desaires sociales, Belo Monte es una obra importante para el desarrollo del país y una opción ecológicamente defendible que el gas térmica, el petróleo o el carbón. La presa en el río Xingu capacidad instalada de 11.200 MW y energía asegurada de 4.600 MW. No fue diseñado para tener grandes embalses y pasada de ríos, lo que reduce el tamaño de los humedales y el impacto ecológico, a pesar de que representa menos seguridad de suministro: sin depósito, no hay manera de almacenar agua durante los períodos secos. Una victoria para el movimiento ambientalista que no borra las políticas comerciales desastrosas con los indios.

Debajo de un árbol en la orilla del río Xingu, a pocos metros de la oficina a los "asuntos indígenas" de Norte Energia, tres debate indios. "No nos van a rizar", dice Claudio Curuaia, la Asociación de la Ciudad de habitante de la India, lo que representa 200 residentes de zonas de riesgo de ser reasentados.Creado a principios de la asociación no entró en el reparto del botín del consorcio. "Los indios de los pueblos han ganado 21 camiones, lanchas a motor, computadora y la videocámara. ¿Y nosotros? "Curuaia apunta a un Mitsubishi L200 en frente de la oficina. "Hasta Léo lleno de coches en su nombre."

Léo (Jair Xipaia) por debajo de la camioneta y sentarse en un pub con otros dos líderes. A los 26 años, el líder Cojomin pueblo está más presente en las reuniones con el consorcio. "Sólo queremos lo que es nuestro." Él vive en la ciudad, estudia derecho en la universidad, ir a la pequeña aldea. "Casi pierdo el puesto de jefe porque decían que tomó la iniciativa ya pasaron." Valerio Rodrigo de Souza, el Kwruatxe pueblo, tuvo menos suerte. "Perdí el trabajo de ayer." Porque dice, las acusaciones fueron alentados por el consorcio. "Tenía cosas que necesitábamos, generador, lona, ​​escopeta, por lo que se vende el combustible y comprado. No hablaban mal de mí, yo no tava más fácil para ellos. "Interrumpe compañeros. "La NESA juega la gente cara a cara", dice Kwazady Xipaia, 23 y la expresión del anciano."Si hubo abuso de la apelación es porque tenía orientación. Pueblo que había malgastado el 30.000 en los alimentos. Lo que nadie te dice es que esta lista era sólo para cerrar los indios. Dado que los proyectos de desarrollo para potenciar, no tenían. Durante las visitas, los dibujos técnicos mostraron molinos, plantaciones. No pasó nada ".

Negociaciones sin registro formal, que se produjo en la oficina de la compañía y las visitas al consorcio directamente en las aldeas, el énfasis del proceso es menos claro y más eficaz, dice Marcelo Salazar, coordinador técnico del Instituto Socioambiental (ISA). Salazar se cruza de manos y desentraña la genealogía de la negociación. "Al darse cuenta de que los indígenas se organizaron, la compañía salió distribuir canasta de alimentos." Este consorcio antes de salir del trabajo. "Sin embargo, los indios eran inteligentes." Hubiera tomado medidas cuando la primera línea de la avería. Las cifras relativas a los consultores han sido contratados para hacer frente a los líderes y hacer frente a las demandas con poco dinero.

El nombre surge Bastos Antenor. "Él prometió casas", dice un jefe. "La pista dará Antenor", dice otro.Juruna garantiza: "Él venía cada semana, dormía aquí. La lista de la compra, le llevó directamente ".Bastos, un hombre de unos 70 años, era "coordinador de asuntos indígenas" de Energía del Norte hasta enero, cuando "empujado por problemas cardíacos", dice el asesor de la empresa. "Dormía en las aldeas, comió con ellos, era una figura. Cuando los indios invadieron, vinculada a su celda para negociar.Comprendía los indios. En su lugar hay ahora un ex empleado de la Funai.

Hace unos días, un presunto caso de espionaje tensa aún más las relaciones. Según Antonia Melo, del Movimiento Xingú Vivo para siempre, un empleado del consorcio fue visto en una reunión de la entidad con una cámara oculta. Ha grabado un video en el que decía recibir 5.000 dólares al mes para supervisar las reuniones e informar a los directores de la empresa. El consorcio niega.

Se encuentra en la última planta del hormigón blanco de tres pisos custodiado por la seguridad y los altos barrotes, la sede local de Norte Energia, el director de asuntos institucionales de la compañía, Juan Pimentel, 1,94 metros y la voz firme, viene con apretones fuertes mano. Pide a la grabadora que se desactive. Y dispara: "Los indios han costado cerca de 80 millones de dólares." El jefe de prensa corrige: "Había 97 millones." Pimentel hizo listas Caiapós de la empresa principal de soporte técnico, molinos, pozos, vehículos donados a los municipios, la escuela de reforma. Y el subsidio?

Frunce el ceño Pimentel. "Había una cierta expectativa. La manera de tomar una calma que era el plan de emergencia. "El ejecutivo recuerda Jurunas bloqueo de los espectaculares. Los indígenas afirmaron que las obras se habían empañado las aguas e interrumpió la pesca ornamental. Respuestas y dinero exigido."Esta pesquería es la biopiratería", dice. "Pero de todos modos, estábamos allí. El agua no estaba nublado, pero tenemos que pagar la indemnización. Ellos estaban felices. "Y el trabajo continuó. "No somos una gran madre", dice. "¿Está todo el mundo piensa que el indio debe vivir en otro mundo. Usted fue a los pueblos? Vio los platos? Las casas? Ellos quieren tanto como nosotros. "

Belo Monte se enfrenta a otras presiones. Algunos días, el Tribunal Federal a solicitud del MPF, determinaron que el norte de la Energía puede recibir una multa de 500.000 reales por día, si no demuestra la adopción de medidas compensatorias. Días después, el IBAMA notificado sobre la base de una opinión que encontró deficiencias en la ejecución de programas ambientales. La compañía no ha completado el registro de las familias afectadas, hizo obras de saneamiento, no las comunidades reasentadas desposeídos, dice el documento. Por otro lado, el lunes 18, el Para Justicia emitió un interdicto prohibitivo contra el Movimiento de Afectados por Represas y el Movimiento Xingu Vivo. Por decisión entidades tienen prohibido realizar cualquier acción que interfiera con el trabajo. Mientras crece la lucha en los tribunales, las obras siguen. La primera turbina debería estar en funcionamiento en 2015.

Ajeno a todo, inmerso en el sofocante calor de una tarde soleada en el centro de la yuca, el ex jefe de Manoel Juruna, de 70 años, lleva a cabo su azada y sonrisas. "Estas cabras no quieren trabajar. Aquí viene esta gente dan un dólar y arranque todo lo que luchar. A ver si me peleo con alguien? "En la casa del anciano, a cien metros de la finca, la familia no está de acuerdo. "Antes de conocernos, hermanos de los diferentes pueblos, para decidir cómo posicionarse", dice Eliete Juruna. "Entonces comenzaron a celebrar reuniones con los líderes por separado. ¿La estrategia de Norte Energia, dar dinero aquí y allá. Y nos quedamos. Estamos en sus manos ".


El antiguo director Manoel Juruna ignora la diferencia. "A ver si me peleo con alguien?"

El brasileño Angola

Hay alrededor de un año, la Policía Federal servidores Altamira envió una carta a la cabeza. No sería posible vivir en la ciudad si no se toman medidas urgentes. Amenazado de exonerar a sí mismo. El documento, aprobado por la asociación de la industria, llegó al Ministerio de Justicia y denunció la "situación verdaderamente crítica." Había violencia que se cobró a los empleados, pero el costo de vida.Apodado "Angola brasileña", en referencia a los precios del país africano asolado por la enfermedad? Oil, Altamira sufre de Belo Monte.

Si antes de la obra hasta el año 2010, la ciudad tenía 99.000 habitantes, en la actualidad es de 150.000.Sólo en las camas para 21 mil peatones ejecutivos con sus camisetas y furgonetas de vestir en cola en los restaurantes. Aquí hay medidas: conseguir un taxi cuesta ahora 15 reales. En las estaciones, la gasolina va en serio 3,5 litros (de los costes de São Paulo 2.6 a 2.9 dólares). En un restaurante normal, una placa de 15 reales bocado. En la parte superior 80. Mandato actual de la inflación. Cada uno tiene que dar un índice. "La comida fue un 200%", dice el conductor del taxi en el camino al mercado. "Crazy Thing". Even.

"Todo el mundo quiere salir de aquí. El costo de vida es irreal ", dijo un agente de PF anonimato solicitante. Cuando la policía llegó a Altamira, en 2010, alquiló una casa con dos habitaciones por mil. "Un año más tarde, el chico me pidió 4500." Vendió su casa en una comunidad cerrada en Navidad y compró un terreno aquí por 60 mil dólares, en una calle de barro sin saneamiento. Otros oficiales viven en una república. Sus familias no pudieron llegar debido a que el costo de vida.

"Muchos propietarios han abandonado sus casas para alquilar. Es un caos para unos y otra para otros mío "Artemis Cardoso inflexible, gerente de bienes raíces. El aumento fue de 200%, en promedio, por ejemplo. "Aquí hay una paradoja. Se alquilan casas de 5000 en las calles de barro donde la luz cada día.No falta gente atrás. "Una tienda de hardware ha abierto recientemente las puertas de las colas. Calles? Barro pendientes con lagrimeo muchas casas? De tres pisos. En el centro hay siete farmacias? Block. Sólo en 2012 se abrieron 400 empresas en la ciudad, tres veces más que en 2010.

Altamira es el paroxismo de Brasil, que crece sin infraestructura. No había un plan para preparar a la ciudad. Las medidas compensatorias previstas por el IBAMA, por trabas burocráticas, la falta de conocimientos técnicos de la prefectura o abandono de la empresa, en realidad no consiguió despegar.No hay agua corriente ni saneamiento. Los pocos caminos recibieron asfalto, pero miles de camiones ahora comparten espacio con decenas de autobuses que vienen de las camas en los atascos, a las 6 pm.Faltar a la escuela?, Y hospital. Y sin luz - a la sede de la Energía del Norte.

En la actualidad, sin siquiera burdeles. Antes de Belo Monte, que sólo había una en la región. En dos años? Número saltó a siete, con 200 programas reales. En 2013, tras una denuncia de los menores de edad? Presencia, todas cerradas. "Ahora es el único corredor de apuestas", dice el taxista. "Y es más caro, ¿sabes?"

Por: Willian Vieira 
Fuente: Capital Carta


Fuente:  Amazonas

Todos pierden en guerra por las hidroeléctricas amazónicas – Parte I

Pedro Bara explica a indígenas y activistas la herramienta desarrollada por WWF para orientar negociaciones ante el avance de hidroeléctricas y otros grandes proyectos en la Amazonia. Crédito: Cortesía Denise Oliveira/WWF Living Amazon Initiative
Foto: Cortesía Denise Oliveira/WWF Living Amazon Initiative
En la guerra por las grandes centrales hidroeléctricas en la Amazonia, pierden todos, inclusive los vencedores que consiguen construirlas, pero con atrasos, costos estériles y daños a su imagen.

“La polarización empobrece el debate” sobre el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales, sostiene en esta entrevista Pedro Bara, líder de Estrategia de Infraestructura en Iniciativa Amazonia Viva del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

WWF se destaca por buscar salidas negociadas a la disputa entre la lógica económica y la naturaleza. En el caso de las hidroeléctricas, propone un diálogo para resolver enfrentamientos entre los emprendedores, incluido el gobierno, y una variada oposición de afectados, movimientos sociales, indígenas y ambientalistas.

El objetivo sería trazar una estrategia para la Amazonia, o por lo menos para cuencas hidrográficas enteras, superando el enfoque proyecto a proyecto, sin parámetros validados.

Para eso, el capítulo brasileño de WWF desarrolló una herramienta basada en estudios científicos, que permite tener una idea de lo que es necesario preservar de aguas y biodiversidad para mantener vivo el sistema amazónico.

"La conservación depende de la conectividad hídrica. Si el sector eléctrico quiere embalsar todos los ríos de una cuenca, el futuro de una Amazonia viva se verá comprometido. Pero todo es negociable, nuestra herramienta es para facilitar el diálogo".

IPS: ¿Cómo proteger la naturaleza amazónica ante el avance de hidroeléctricas, ganado, soja, madereras, minería y carreteras?

PEDRO BARA: Hace seis años, decidimos preguntarnos qué necesitaríamos para conservar la Amazonia de aquí en adelante. No es 100 por ciento de lo que queda hoy, pero tampoco puede ser todo para el desarrollo. Si conociésemos toda la biodiversidad, sería fácil definir áreas prioritarias. Pero la información sobre biodiversidad amazónica no ofrece datos suficientes. Como mucho, creo que conocemos 40 por ciento del total.

Nos vimos obligados a inferir la biodiversidad a través de la heterogeneidad del ambiente. Ambientes diferentes van a tener especies diferentes. Se hace una aproximación. Hicimos varias pruebas en Madre de Dios (región del sudeste del Perú) sobre cómo planificar la conservación del agua en áreas pobres de datos.

Concluimos que entrecruzando declive con escurrimiento superficial y flujo de agua, vegetación y origen de agua, se consigue una buena explicación de la heterogeneidad acuática y clasificación de los ríos por segmentos. Expandimos ese modelo a toda la cuenca amazónica.

IPS: ¿Escogieron Madre de Dios porque su ecología es representativa de la Amazonia?

PB: No, sino porque tiene características bastante diversificadas. Si fuese homogénea no serviría. Teníamos que trabajar con bastante diversidad de ambientes, para probar varios modelos y escoger el mejor para aplicar en toda la Amazonia, donde identificamos 299 clases de ecosistemas acuáticos.

Al mismo tiempo, The Nature Conservancy y NatureServe (entidades creadas por científicos estadounidenses) desarrollaron un modelo de heterogeneidad terrestre basado en relieve, tipo de suelo, vegetación y clima. Identificaron 423 ecosistemas terrestres en la Amazonia. Conclusión: este bioma es más diverso desde el punto de vista terrestre que acuático. También es una aproximación, porque hay especies animales que se mueven mucho.

Pero con los dos modelos puedo decidir qué conservar. Si puedo conservar una muestra representativa, funcional y resiliente de las 299 clases acuáticas y 423 terrestres, teóricamente conservo la heterogeneidad y la biodiversidad amazónicas.

IPS: Pero, ¿cómo escoger las áreas prioritarias?

PB: Por la mejor relación costo-beneficio, minimizando el área en una decisión puramente económica.

IPS: ¿Cómo se miden el costo y el beneficio?

PB: Beneficio es oportunidad, por ejemplo las áreas protegidas y tierras indígenas, donde es menor el costo de conservar. Costo es amenaza: deforestación y avance de frontera agrícola y pecuaria son los costos terrestres.

El modelo elige dentro de la misma clase de ecosistema el área más distante de esas amenazas que aumentan los costos de conservación. Se trata de un software ensamblador de rompecabezas de miles de microcuencas, cada una con sus atributos, como pertenecer a esta o aquella clase acuática o terrestre, la cercanía de carreteras o su nivel de degradación actual. Huye del rojo, donde el costo es alto, y escoge la muestra de ecosistema en área protegida. Hace miles de interacciones para señalar una mejor solución.

No inventamos nada, usamos metodologías de trabajos científicos. La Agencia Nacional de Aguas (ANA) hizo un trabajo parecido, el “Plan estratégico de los ríos de la margen derecha del Amazonas”, lo que nos dio seguridad.

Pero hay casos donde no tengo opciones. El ecosistema acuático 214, por ejemplo, solo se da en un lugar. Si resulta afectado, estará definitivamente perdido. Es insustituible. Y hay muchas áreas insustituibles.

IPS: Entonces, ¿qué es lo que ustedes proponen conservar? 

PB: Establecimos una meta: conservar 30 por ciento de cada clase de ecosistema. Pero es solo un ejercicio, la decisión depende de quién esté en la mesa discutiendo los parámetros. Treinta por ciento de los ecosistemas acuáticos, más 30 de los terrestres, teóricamente suman 60 por ciento, pero como hay un poco de superposición, cae a 55 por ciento. Es razonable, porque hoy ya tenemos 40 por ciento definido en unidades de conservación y tierras indígenas. Es un número arbitrario, pero con un valor técnico.

IPS: ¿Un índice para enmarcar la negociación?

PB: Comienza por ahí, llegamos a la definición de lo que queremos en respuesta al desafío de las hidroeléctricas. Si estamos de acuerdo en que un área debe ser conservada para el futuro, es necesario que tenga una conexión libre con el canal principal, el río Amazonas, ya que la cuenca es única. La conservación depende de la conectividad hídrica. Si el sector eléctrico quiere represar todos los ríos (de una cuenca), el futuro de una Amazonia viva se verá comprometido.

Pero todo es negociable, nuestra herramienta es para facilitar un diálogo, no una solución lista. Es una plataforma de evaluación estratégica para mirar el todo, contextualizar los proyectos y decidir con mejores informaciones. Alguien puede introducir mañana la cuestión de los sitios arqueológicos, de los “quilombolas” *, etcétera.

IPS: ¿Cómo reaccionó el gobierno ante esta propuesta?

PB: La recepción es siempre buena, hasta que se toca un interés específico. Para nosotros lo ideal era discutir la cuenca amazónica entera, pero no conseguíamos organizar un foro. El camino se abrió por un decreto interministerial de diciembre de 2010, que creó un grupo de trabajo para “analizar aspectos ambientales y socioeconómicos” buscando “subsidiar la selección de aprovechamientos hidroenergéticos”. Era lo que queríamos. Por eso la Empresa de Investigación Energética del Ministerio de Minas y Energía quiso conocer nuestra herramienta. Capacitamos gente de los ministerios. Hicieron sus análisis.

Pero ya pasaron dos años. Por eso decidimos divulgar nuestras propuestas antes de que avancen más los proyectos para el río Tapajós.

IPS: Y en el sector privado, ¿hubo alguna reacción interesante?

PB: Dirigentes de un banco internacional elogiaron nuestras ideas, contándonos que se mueren de miedo de entrar en un proyecto y después tener que enfrentar una protesta en la puerta del banco. El BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) no podrá financiar todo solo.

IPS: ¿Puede citar un caso en que esa herramienta haya señalado mejores alternativas? 

PB: En el río Teles Pires (afluente del Tapajós) supe que se pensó hacer una sola hidroeléctrica mayor que la actual, la Teles Pires, más grande que la actual y sin las otras dos en preparación, São Manoel y Foz do Apiacás. Podría haber sido mejor, con más potencia y menos impacto acumulativo, además de un embalse plurianual.

El río tiene una barrera natural y el problema de la conectividad no se plantea de forma tan aguda. Existe el mito de que hidroeléctricas pequeñas impactan menos, pero con una sucesión de ellas se fragmenta más el ecosistema acuático.

* Descendientes de africanos cuyos antepasados huyeron en la época de la esclavitud y que siguen viviendo en comunidades.


Fuente: Agencia IPS

Ministra de Cultura lleva un mes sin nombrar a viceministro de Interculturalidad


Ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón.
La nueva ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, aún no nombra al viceministro de Interinculturalidad luego que el último funcionario que ocupara dicho cargo, Paulo Vilca Arpasi, renunciara. 

Tampoco ha buscado a un especialista para que ocupe el cargo de director de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos, que dejó Hernán Coronado. 

Como informara La República, Vilca presentó su renuncia luego de que el gobierno pasara por alto y dejara sin efecto una resolución que él mismo elaboró, en la que observaba el estudio de impacto ambiental de la ampliación del proyecto de desarrollo y exploración en el Lote 88 de Pluspetrol, ya que se determinó que se afectaría a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y a territorio de las comunidades nativas de Segakiato, Cashiriari y Ticumpinia.

Fuente: Diario La República

Procuradora antilavado pide indagar a dueños de una mina de La Rinconada


Minería informal. En La Rinconada, malviven a más de 4000 metros de altitud 35 mil mineros que extraen oro en precarios socavones.
La Procuradora de Lavado de Activos, Amelia Príncipe, pidió al Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, iniciar una investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos a la familia Torres Carcasi, titular de denuncios mineros bajo el rubro de Pequeño Productor Minero en La Rinconada (Puno).

A través del oficio Nº 3210-2013/In//PLAPD, la Procuraduría de Lavado de Activos notificó ayer al Ministerio Público que "el cuantioso patrimonio" que ostenta esta familia "no coincidiría con la categoría de Pequeño Productor Minero" que registra la principal empresa familia: Titán Contratistas Generales SAC.

El pasado 12 de agosto, La República informó que Rocío Torres Carcasi, actual heredera del patrimonio familiar tras la muerte de su padre y el asesinato de su hermano, compró el 19 de julio de este año en España la finca "Yerbabuena" al torero José Ortega Cano por un valor cercano a los 8 millones de dólares.

Esta compra, unida a las propiedades de esta familia en el Perú, ha llevado a la Procuradora Julia Príncipe a considerar que existen suficientes "actos y/o transacciones" para el inicio de una investigación fiscal por lavado de activos en contra de Rocío Torres y el resto de integrantes de la familia.

Según el documento de la procuradora las hermanas Torres y los ciudadanos Pio Guido Calsina Suárez, José Antonio Villasante Flores y José Humberto Hualpa Salas se han desempeñado o se desempeñan como representantes o directivos de la empresa Titán Contratistas Generales SAC, titular de 9 denuncios mineros en La Rinconada bajo el rubro de Pequeño Productor Minero. Esta empresa tiene sedes y oficinas en La Rinconada, Juliaca y en Lima y en ella trabajan según la Sunat 391 personas.

Al estar bajo la categoría de Pequeño Productor Minero, es fiscalizada por la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) en Puno. Titán paga IGV pero está exenta del pago de regalías y tributa un dólar al año por cada una de las 996 hectáreas de concesión que según el Ingemmet están a nombre de la empresa.

El Director Regional de Energía y Minas, César Rodríguez, declaró a La República que la producción de Titán supera ampliamente el rubro de Pequeño Productor Minero y, por ello, la entidad que él dirige está en el proceso de pasarla a mediana minería. Sin embargo, detalló que existen dificultades debido a la imposibilidad de realizar operativos de fiscalización inopinados.

COMPRAS SUBVALORADAS

Según información de la Sunarp consignada por la Procuraduría de Lavado de Activos, Titán Contratistas es propietaria de vehículos, varios inmuebles y ha efectuado compras importantes.

En el oficio enviado al Ministerio Público, la Procuraduría detalla que la empresa adquirió en 2010 el predio rural Checayani en Azángaro por la suma de 2 millones 500 mil dólares y el Fundo de San Antonio en Ayaviri por la suma de 3 millones 500 mil dólares.

"Ambos inmuebles fueron transferidos en el 2011 a otras empresas del clan familiar como aporte de capital, siendo valorizados en sumas mucho menores", denuncia el oficio de la Procuradora.

Según el oficio, Checayani fue transferido a la persona jurídica Ganadera Checayani SAC por la suma de 970 mil nuevos soles (346 mil dólares) y el segundo predio a la persona jurídica Agrícola Ganadera San Antonio SAC por 817 mil nuevos soles (291 mil dólares).

Las propiedades y empresas de la familia Torres serán ahora objeto de una investigación fiscal que determinará si existe desbalance patrimonial producto del lavado de oro ilegal.

Al respecto, fuentes cercanas a la empresa dijeron a La República que están llanos a la investigación y que pueden probar el origen del patrimonio adquirido por la familia.

CLAVES

En España. El pasado 19 de julio, Rocío Torres Carcasi compró por alrededor de 8 millones de dólares la hacienda "Yerbabuena", propiedad del torero José Ortega Cano y de la fallecida tonadillera Rocío Jurado.

En Puno. Entre las propiedades destacan dos fundos con un valor de unos 6 millones de dólares que habrían sido subvalorados según la Procuraduría.


Fuente: Diario La República

Lupaka Gold obtuvo EIA de “Crucero”


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Lupaka Gold, informó que obtuvo la aprobación por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), del Estudio del Impacto Ambiental (EIA) semi detallado de su proyecto de oro Crucero (Puno).

Se resaltó que la aprobación de la EIA permitirá a la minera continuar y potencialmente expandir su exploración en Crucero, además de propiciar un marco en el que la compañía puede solicitar plataforma de perforación adicional y la construcción de carreteras.


Fuente: Revista Horizonte Minero

Mineros alegan que las normas actuales no los dejan formalizarse


29-08-13-d4
Las declaraciones de Luis Otzuka, presidente de la Federación de Mineros de Madre de Dios (Fedemin), abrieron el debate sobre la modificación de las normas actuales de formalización minera, las que frenan y condenan la actividad ilegal.

Luego de la reunión del martes en la Presidencia de Consejo de Ministros, donde se instaló una comisión de trabajo con los mineros y el Ejecutivo, Otzuka anunció que ellos plantearán discutir los cambios que deben tener las mencionadas normas.

“El objetivo es conseguir que el Gobierno derogue y corrija varios artículos de las reglas emitidas en el 2012”, adelantó.

Sobre la discusión de los plazos para la formalización, Otzuka dijo que estos han sido pospuestos hasta el 2014 pero que “las autoridades se darán cuenta que con estas normas nadie se formalizará y el plazo deberá ampliarse hasta el 2016”.

“Esta mesa técnica se encargará de formular una estrategia de saneamiento y formalización de los mineros porque como está la situación no se puede seguir”, insistió.


Fuente: Revista Horizonte Minero

Qué importa un poquito más de tiempo para la minería informal

Foto: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
En los últimos días el gobierno oficializó el DL 1105, que otorga plazo hasta el 2016 para que los mineros informales regularicen su situación y puedan trabajar sin que sus maquinarias sean requisadas. Todo esto forma parte de un programa de saneamiento, formalización y legalización de la minería informal y artesanal que empezará a inicios del 2014.

Sin duda, es una situación que nuevamente pone en jaque a la institucionalidad de los organismos competentes. Las protestas de los últimos días finalmente generaron una flexibilización por parte del gobierno que suena más a inconsistencia.

Los mineros informales inicialmente tenían un límite de mayo del 2012 para regularizarse (algo que ya de por sí es una amnistía benevolente). Esta fecha se postergó con varias disposiciones legales, hasta que se acordó que los mineros solo tendrían hasta el 5 de setiembre para poder regularizar su informalidad. Ante la cercanía de la fecha, diversas protestas se dieron en el norte, centro y sur del país para exigir nuevas prórrogas.

Es más, en las últimas semanas, el premier Juan Jiménez se reunió con los representantes de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros del Perú (Conacami) para poder dar una solución “concertada” al asunto. Cabe resaltar que la gran mayoría de miembros de la Conacami (alrededor de 300,000) son informales. Según Miguel Santillana, investigador del Instituto del Perú, cerca de 550,000 mineros son informales, de los que sólo el 14% mandó solicitudes para formalizarse. En el medio, existen diversos actos de corrupción (como grandes mineras informales que se hacen pasar por artesanales para burlar la ley), marchas y demás.

Si a este escenario le agregamos que los ingresos por la minería son cada vez menores debido a los costos más altos en los últimos meses y la caída de los precios del oro, plata y cobre en las últimas semanas, es de esperar que cada vez los mineros estén más incentivados a evadir la legalidad para poder operar con externalidades negativas y evitar los pagos de impuestos. Esta nueva postergación (que incluso podría ponerse en tela de juicio, si se considera que el primer ministro Jiménez sostuvo hace poco que en tres años no se culminará la formalización al 100%) solo podría dejar algunas lecciones.

En primer lugar, nuevamente salta a la vista la tendencia del gobierno por dar decretos supremos, reglamentos y estándares que luego no pueden cumplirse y que finalmente llevan a nuevas postergaciones y flexibilizaciones, lo cual daña la institucionalidad del sector y del país. Esto nos lleva a la segunda lección: El gobierno tiende a ceder espacios y reglas cuando ocurren actos de violencia en algún sector del país, que suele resolver con mesas de diálogo que no siempre llegan a ningún acuerdo. Sobre todo en asuntos que ponen en juego la sostenibilidad del país como la actividad minera ilegal, el perjuicio de la flexibilización en la regulación es claro.

Según la edición de Perú Económico de agosto de este año, el alza de los precios de los metales en los últimos años ha generado que existan diversas organizaciones como Conami o Frenamarp, que con su violencia y apoyo dentro del gobierno buscan mantener el status quo con proyectos de ley. En tercer lugar, parece haber problemas de coordinación entre los distintos niveles del gobierno para poder erradicar esta tara: La Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial realizan labores aisladas y poco coordinadas en este frente.

En los próximos días podrían ocurrir nuevos acontecimientos que reten a la institucionalidad del país en los temas de minería informal. En ese sentido, el gobierno tiene la oportunidad de convertirlos en triunfos si es que toma medidas acertadas que beneficien al país en el largo plazo.

*Artículo escrito por Juan Manuel Hurtado, asistente de redacción de Semana Económica.


Fuente: Semana Economica

MEM también retiró del proceso de formalización a familiares de “Goya”


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Luego de retirar del proceso de formalización a Gregoria Casas, más conocida como “Goya”, debido a denuncias por lavado de activos, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció que junto a ella también otros familiares suyos serán excluidos del camino a la formalidad minera.

El MEM informó que canceló las declaraciones de compromiso de cuatro personas ligadas a “Goya”, las cuales son también son investigadas por presunto delito de lavado de activos, procedente de la actividad de minería ilegal en la región Madre de Dios.

Se trata de Cecilio Baca Fernández y los hijos de éste con Gregoria Casas, Yoni Baca Casas y Cecilio Baca Casas.

Según la Agencia Andina, los tres habían iniciado el proceso de formalización minera pese a que sus volúmenes de producción no son compatibles con los establecidos en el proceso de formalización.

A ellos se agrega Bacilio Baca Mendoza, quien también fue excluido del padrón oficial debido a que no reportaba la producción mensual de sus denuncios mineros.

Con esta medida implementada por el MEM los cuatro antes nombrados, además de “Goya”, quedan excluidos del proceso de formalización y pasan a la ilegalidad.

El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú tomarán las medidas correspondientes de acuerdo a sus competencias.

Asimismo, trascendió que otros dos hijos del clan, Maruja Baca Casas y Marco Baca Casas, también están comprendidos en la investigación de presunto delito de lavado de activos.

La medida adoptada por el Minem se fundamenta en el decreto supremo 032-2013-EM, en el marco del proceso de formalización de la minería artesanal y en coordinación con las acciones que ejecuta, en el presente caso, el gobierno regional de Madre de Dios.


Fuente: Actualidad Ambiental

Gobierno realiza acciones en diversos frentes contra la minería ilegal

Foto: Internet
En un operativo conjunto de la División de Turismo y Protección del Ambiente de la Policía, la Fiscalía y la Sunat se incautó, en Madre de Dios, un camión que transportaba contenedores con más de 167 kilos de mercurio, informó hoy el Ministerio del Ambiente (Minam). 

El cargamento de mercurio, contaminante que se utiliza en las zonas de minería ilegal, ha sido puesto en custodia por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). 

La incautación se realizó el martes y la Policía Nacional (PNP) inició una investigación para determinar a los responsables e involucrados en este hecho. 

De otro lado, hoy se publicó una resolución a través de la cual el Minam aprobó el Régimen Común de Fiscalización Ambiental, que establece los principios, lineamientos y disposiciones generales que deben cumplir de manera obligatoria, las Entidades de Fiscalización Ambiental, las EFAs para la fiscalización ambiental en todo el país. 

En esta norma destacan dos artículos que fortalecen la competencia del OEFA en las acciones de lucha contra la minería ilegal y la estrategia para la intervención conjunta de diversas entidades vinculadas a la fiscalización ambiental de esta actividad. 

La fiscalización de la minería a pequeña escala es responsabilidad de los gobiernos regionales, sin embargo, diversos mineros informales utilizan la fachada de "pequeña minería" para realizar operaciones mayores con impactos negativos enormes para el ambiente, según el Minam. 

La ley N° 30011 le permite ahora al OEFA intervenir en estos casos, cuando haya indicios razonables y verificables. Gracias a esta ley, se pudo abrir procedimiento sancionador, por ejemplo, a Gregoria Casas y Cecilio Baca por el cual podrían recibir multas de hasta 37 millones de soles. 

Estas acciones y leyes muestran la voluntad del ejecutivo para continuar fiscalizando a la minería ilegal en el país.


Fuente: Agencia Andina

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