jueves, 28 de febrero de 2013

Políticas ‘ignoran ecosistemas amazónicos de agua dulce’

Foto: Rodrigo Soldon
Los ecosistemas de agua dulce de la Amazonia brasileña están siendo cada vez más impactados por la rápida expansión de infraestructura en la región y la intensa actividad económica, advierten investigadores en un estudio publicado en Conservation Letters (1 de febrero).

Según el artículo, ecosistemas de ríos, lagos y del pantanal, que abarcan aproximadamente un quinto del área de la cuenca amazónica, están siendo fuertemente afectados por la deforestación, polución, represas hidroeléctricas y sobreexplotación de flora y fauna.

Para los investigadores, eso se debe a un desequilibrio en las políticas ambientales destinadas a la preservación de esos ecosistemas.

Mientras gran parte de los esfuerzos se han concentrado en proteger y conservar los bosques y su biodiversidad, permitiendo crear redes de áreas protegidas, no se ha hecho lo mismo con los ecosistemas de agua dulce, de modo que las políticas ambientales vigentes no logran mitigar gran parte de los impactos.

Leandro Castello, autor principal del estudio e investigador del Woods Hole Research Center, Estados Unidos, dice a SciDev.Net que las políticas actuales ignoran las cuencas hidrográficas, que son la unidad básica de manejo de esos ecosistemas.

“Mientras la conservación de los ecosistemas terrestres requiere gestionar intervenciones en zonas aledañas a la tierra, la conservación de ecosistemas de agua dulce requiere gestionar intervenciones en las áreas vecinas y distantes, en ecosistemas acuáticos y terrestres”, explica.

Castello ejemplifica que en el caso de la exploración de petróleo en las cabeceras de las cuencas, cualquier fuga en el área terrestre contaminará los ríos de cabecera, extendiéndose a otros ríos, dentro y fuera de las áreas protegidas.

El artículo señala además que la degradación de los ecosistemas de agua dulce pueden afectar significativamente la vida de las poblaciones dependientes de sus bienes y servicios

Las alteraciones hidrológicas pueden interrumpir las migraciones de los peces, lo que afectaría los rendimientos de la pesca en ríos. Según Castello, esas alteraciones causan daños ambientales irreversibles y están ligadas también a la construcción de hidroeléctricas en la región.

Actualmente 154 hidroeléctricas operan en la Amazonía brasileña, 21 están en fase de construcción y se planea construir otras 277. Se estima además que hay miles de pequeñas represas en arroyos de la región.

La bióloga Maria Carolina Lyra-Jorge, de la Universidad Santo Amaro, Brasil, señala que la acción de las hidroeléctricas en la dinámica de los ecosistemas debe ser seriamente debatida, considerando que el gobierno pretende aumentar su número.

“La construcción de hidroeléctricas debe tomar en cuenta sus impactos en las cuencas hidrográficas cercanas y distantes del área donde se construirán”, dice a SciDev.Net.

Añade que el sector eléctrico brasileño ya ha desarrollado una metodología para analizar el impacto acumulativo de las represas, como la Evaluación Ambiental Integrada, pero que eso debe ampliarse.

Enlace al resumen del artículo en Conservation Letters
 
 
Fuente: SciDev Net

El Gasoducto visto por los alcaldes del Sur Peruano

Foto: Internet
Por: Gilmer Inquilla
En el encuentro de municipalidades del Gran Sur del Perú desarrollado hace pocos días en la ciudad de Puno; los alcaldes, regidores y representantes de municipalidades sur peruanas llegaron a algunos acuerdos relevantes, la mayoría de ellos relacionados directamente al ejercicio de sus funciones municipales.

Fue un cónclave convocado por la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) al que asistió su presidente Cesar Acuña Peralta. Los servidores y funcionarios municipales expusieron su punto de vista sobre temas en común, entre ellos la realización del Gasoducto Sur Peruano, un proyecto de mucho interés para los pueblos del sur del Perú pero que hasta el momento no se materializa, a pesar de reiterados compromisos del Presidente de la República, Ollanta Humala.

A ello se suma el anuncio, la semana pasada, del viceministro de Energía, Edwin Quintanilla que sostuvo que para financiar la construcción de Gasoducto Sur Peruano se necesitará incrementar las tarifas eléctricas entre un 2 y 3% para los usuarios domésticos y comerciales, lo que generó variadas reacciones no sólo en el departamento de Puno, sino entre líderes y autoridades de la macro sur. Noticias SER entrevistó a diversos asistentes del encuentro de municipalidades del Gran Sur del Perú y estas son sus impresiones en torno a este tema.

Cristian Talavera, regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa, mostró dudas de que dicho proyecto se realice. “Para empezar yo quisiera saber si ese gasoducto se hará para el sur del país, aunque lo esperamos. En el último mensaje del Presidente de la República, el 28 julio, en ningún momento se pronunció al respecto. Esperemos que primero se cumpla y que sea realidad, para luego seguir con el procedimiento del financiamiento. Es lo que queremos todos, estamos de acuerdo con este proyecto para el sur del país”, manifestó.

Por su parte, Gerardo Carpio, alcalde de la Municipalidad distrital de El Algarrobal, Ilo, en el departamento de Moquegua, consideró que el gobierno está viendo el mecanismo para lograr su financiamiento, pero a su vez agregó que muchas empresas internacionales tienen interés en invertir en esta línea económica. “El gobierno debe seguir apostando por seguir “mezclando” la economía nacional con la economía empresarial y de esta manera minimizar el costo social que pueda generar en la población”, sostuvo.

Más adelante reflexionó en el sentido de que si el Estado peruano decide invertir y apostar por un esfuerzo nacional, finalmente seriamos beneficiarios del canon, “que es altísimo”, e iría directamente para el país. “No como viene ocurriendo ahora con el recurso minero, en donde recibimos impuestos, mas no por utilidades. Entonces, creo que el gobierno, el pueblo y las empresas tendríamos que ponernos de acuerdo y ver cómo se va a solventar este proyecto. Es cierto que se trata de una necesidad y un empuje económico, pero como podemos ver, todavía nuestro país no está preparado, por lo tanto necesitamos de alianzas estratégicas con empresa privada para salir adelante en este proceso”.

Ahora bien, distintas fueron las expresiones de Celestino Bustamante Becerra, regidor de la Municipalidad Provincial de Urubamba, Cuzco, quien dijo no estar de acuerdo con el incremento de tarifas porque en el sur del Perú los pobladores tienen muchas necesidades económicas. “no me parece correcto porque a nivel del sur, el poblador andino está muy carente de dinero, hay familias pobres que no tienen de qué vivir, por eso a nivel de la sierra debe haber bastante inclusión social y no estar cobrándole a los pobladores cuando es el Estado quien debe asumir esos costos”.

Similar punto de vista es el del vicepresidente del Gobierno Regional de Puno, Saúl Bermejo Paredes quien refirió que este es un compromiso del gobierno en general y en particular del Presidente de la República y que esta promesa fue uno de los motivos por los que la población dio su voto a Ollanta Humala. ”Lo que tiene que hacer el Estado es cumplir, y no creo que se tenga que recurrir a más impuestos para concretarse este proyecto. Lo que se tiene que hacer es buscar otros medios para que realmente el gas llegue a todos y bajen los costos como ha sido el compromiso en campaña”, sentenció. De todos nuestros entrevistados, el más optimista fue alcalde de la Municipalidad distrital de Santiago, en Cusco, Fermín García Fuentes. Aseguró que el Presidente de la República, Ollanta Humala, cumplirá su compromiso porque mostró voluntad e incluso estampó su firma en el mismo departamento de Cusco. “De eso no tengo la menor duda, están dadas las condiciones para que podamos tener, quienes habitamos en el sur, el gas a un precio cómodo y en las mejores condiciones”. Sobre la posibilidad de financiar el proyecto con el incremento de las tarifas dijo que para que el proyecto sea sostenible se viene analizando la manera de cómo hacerlo. “Creo que tendríamos que darle la razón al viceministro. Sin embargo, el proyecto debería ser integral para que la población no se vea afectada”, argumentó.
 
 
Fuente: Noticias SER

Los mineros abandonaron campamentos y ocultaron maquinaria en el monte

Foto: Internet
Fuentes confiables a las que tuvo acceso Correo afirman que hay un sinsabor en el operativo contra la minería ilegal y contaminadora de la zona del Alto Inambari, en la región Puno, hasta donde llegaron alrededor de 400 efectivos policiales desplazados por el alto mando del Frente Policial Puno por órdenes de la Fiscalía Medioambiental del Ministerio Público de la región.

Tal sensación fue el resultado del hecho que los mineros informales, en su mayoría, no solo habían huido sino puesto su maquinaria pesada de explotación del oro a buen recaudo, en los montes de la selva puneña.

Aunque no hubo una declaración oficial del jefe de la PNP de este región, general PNP Alberto Villalobos Fernández, ni menos de la fiscal especializada en materia ambiental de Puno, Esther Daza Vera, se supo que la citada magistrada había hablado más de la cuenta en los medios, alertando a los mineros ilegales con excesiva precisión de la presencia policial, por cuya razón se esfumaron en la espesura de la selva.

"Han retirado la maquinaria de Masiapo", dijo una fuente.

"Todo hubiera sido mejor si no se los alertaba porque este tipo de operaciones se hacen en reserva", agregó uno de los curtidos policías en pleno operativo, solicitando mantener su nombre en reserva.

"El gasto ocasionado a la institución con seguridad es grande", reflexionó, tal vez en referencia a los buses y 20 camionetas policiales hasta allí desplazados.

ANTECEDENTES. Como es público, la operación empezó con el trasladado de 340 efectivos policiales del Frente Policial Puno hacia la zona de interdicción al mando del general Villalobos Fernández, conjuntamente con la citada fiscal Daza Vera, más 7 representantes del Ministerio Público.

El personal de la División Policial Puno partió de la Ciudad Lacustre a las 11 de la noche del martes, y una hora después se sumaron efectivos de Juliaca y Azángaro en un número de 180, siendo en total unos 400.

Todos ellos arribaron en la mañana de ayer a la Comisaría PNP de Sandia, donde se concentraron a las 9 y 20 horas, para luego partir de inmediato hacia la zona de interdicción, que se inició en el sector Pilcopata de Alto Inambari, de donde se desplazaron a Maucuari y Mayuhuanto.

LO POSITIVO. Sin embargo, lo rescatable de este golpe inicial arroja la destrucción de una retroexcavadora y cinco campamentos, con "cero costo social, es decir ningún detenido ni herido", según información extraoficial.

"Han volado además 10 chutes", agregó otra fuente, en referencia a las instalaciones para lavar oro.

De acuerdo con los reportes, es en Pilcopata donde las fuerzas especiales inician las operaciones y en donde logran ubicar las primeras "playas", zonas elegidas por los mineros para sus trabajos y que se encuentran en las orillas de los ríos, lugares propicios para la explotación del oro.

También en Pilcopata los efectivos habrían logrado destruir dos campamentos abandonados por los mineros ante el anuncio de la intervención. Igual suerte corrieron dos motobombas, tubos y mangueras.

En tanto, en la zona conocida como Mancuari se logró un mayor éxito. Y es que se logró capturar y destruir una retroexcavadora marca Caterpillar modelo MNB00325 y que estaría valorizada en más de 150 mil dólares. Asimismo, los agentes adhirieron cargas explosivas para volar los tres campamentos abandonados. Junto con esta retroexcavadora también contenedores de petróleo, mangueras, motobombas, herramientas, entre otros utensilios.

CONTINÚA. Así concluyó, a media caña, el primer día del operativo que, siempre según fuentes extraoficiales, continúa hoy. 
 
 
Fuente: Diario Correo

Queman maquinarias pesadas en interdicción minera

Foto: Los Andes
Gran tensión se vivió en las zonas mineras del distrito de Alto Inambari-Massiapo (Sandia), lugar a donde llegó ayer cerca de las nueve de la mañana, un contingente de 150 efectivos policiales, al mando del Jefe del Frente Policial de Puno, General Alberto Villalobos Fernández, para iniciar con la interdicción a la minería ilegal. Otros 150 se quedaron en Sandia.

Junto a ellos estaban 7 fiscales para constatar el desarrollo de los acontecimientos. Según información que maneja la Policía Nacional, varios de los mineros ilegales del sector de Anccocala y Oriental suspendieron sus trabajos por temor a la interdicción, huyendo del lugar junto a su maquinaria pesada y herramientas de trabajo.

La Municipalidad Provincial de Sandia, dio amparo al contingente policial que arribó la noche del último martes, en el Coliseo Municipal, dotándoles de alimentos de acuerdo al presupuesto asignado. Los pobladores aplaudieron el paso de las 15 camionetas con los policías y esperaban con alegría la anunciada llegada de dos helicópteros para incendiar cualquier chute (reservorio) minero que se divise en el lugar.

Según el último reporte a Los Andes hasta las 7:30 de la noche de ayer, los efectivos policiales quemaron un cargador frontal, una retroexcavadora y siete motobombas, y destruyeron dos chutes en el sector de Valle Pucarmayo (Alto Inambari-Massiapo), de donde regresaron en horas de la tarde, para pernoctar en Sandia y hoy iniciar un nuevo recorrido.

Mientras tanto, el general Alberto Villalobos Fernández, cerca de las 3 de la tarde tuvo que retornar de Sandia hacia la ciudad de Puno, para sostener una reunión de emergencia sobre esta interdicción; el viaje lo hizo acompañado de 12 efectivos policiales fuertemente armados. Horas más tarde dispuso el retiro de los 300 efectivos policiales de Sandia por falta de alimentación.
 
 
Fuente: Diario Los Andes

Inician proceso de interdicción en zonas donde hay minería ilegal. Policías ya regresaron hacia Juliaca

En la víspera, un promedio de 300 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de las provincias de Azángaro, San Román y el Collao, así como efectivos especializados de la Unidad de Desactivación de Explosivos de las regiones de Arequipa y Lima se trasladaron a la zona norte del departamento de Puno para participar en el proceso de interdicción.

Según las primeras informaciones serian 7 los fiscales de las unidades de prevención del delito, familia, penal y otros que se habrían trasladado a la zona del Alto Inambari; Lugar donde se viene realizando la actividad y explotacion ilegal de los minerales.

Cabe precisar que dicha acción estaría siendo presidida por la representante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Publico de Puno, Esther Daza Vera, quien previamente realizó las coordinaciones con los representantes de la Policía Nacional del Perú, Gobierno Regional de Puno, entre otras instituciones del estado peruano.

Como se sabe el proceso de interdicción se realiza por la actividad ilegal y la contaminación de los recursos hídricos en las provincias de Sandia y Carabaya.

Cabe precisar que aún se desconoce la zona donde se ejecutará el proceso de la interdicción, sin embargo; según fuentes confiables afirman que los operativos en las zonas donde se realiza la actividad minera ilegal serán continuos.

Sin embargo, los policías retornaron hacia las ciudades de Juliaca y Puno.
 
 
Fuente: Radio Onda Azul

Afectados por la contaminación de la Cuenca Ramis amenazan con enfrentarse con mineros informales

Luego de constatar la contaminación en la parte baja de la cuenca Ramis, el pasado año el ex premier Oscar Valdez, anunció que se realizaría la interdicción contra aquellos mineros ilegales que no deseen formalizarse, en esta zona, sin embargo hasta la fecha no se ejecuta dicha medida, así lo informó el presidente del Frente de Defensa de la cuenca del Rio Ramis.

Vladimir Mamani Cruz, sostuvo que cansados de la inoperancia de las autoridades en reunión el día de ayer desarrollado en el salón consistorial de la Municipalidad Provincial de Azángaro, en acuerdo unánime la población dispuso trasladarse hasta la zona donde se desarrolla los trabajos de minería y frenar esta actividad.

Mamani Cruz, informó que para el próximo 6 de marzo, sostendrán una audiencia con el presidente de la República Ollanta Humala Tasso, en la capital Lima, con el fin dar solución a la minería ilegal.

Asimismo se acordó denunciar penalmente al gobierno central por omisión de funciones, ante el Tribunal Constitucional, debido que no se viene cumpliendo la interdicción en la zona de la Cuenca Ramis.

Finalmente, anunció que la población acatará un paro de 24 en rechazo a la contaminación, aunque aún no se conoce la fecha exacta, sin embargo podría darse días después a la audiencia con el presidente de la República.


Fuente: Radio Onda Azul

Lupaka Gold dio el campanazo en la BVL y anunció inversión de US$ 3 millones en 2013

Como para que nadie olvide su campanazo, la canadiense Lupaka Gold se convirtió en la primera minera junior en listar en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en el 2013. Y ese momento fue enmarcado con un anuncio de inversión de tres millones de dólares para este año, destinado principalmente a la exploración de su proyecto de oro Crucero, ubicado en Puno.

La empresa tiene capital programado para un año y medio -según Eric Edwards, gerente general de Lupaka Gold-, pero no descartó una emisión en la BVL para este año.

“La compañía tiene actualmente fondos suificientes para los próximos 18 años; sin embargo, cuando lleguen las oportunidades de levantar capital, aprovecharemos, porque es la parte más importante de nuestro negocio -afirmó-. En este momento no necesitamos levantar capital, pero dependiendo del éxito podría ser este año”.

Proyecto Crucero

Lupaka Gold es dueño del 100% del proyecto Crucero, su unidad bandera, a través de su subsidiaria Minera Pacacorral. El presidente de esta última, Julio Castañeda, también enfatizó sobre la solvencia de la minera para el corto plazo: “Tenemos una sólida posición de caja para continuar nuestras exploraciones en Crucero. Contamos con más de 10 millones de dólares”.

Informó que en un reciente “press release” dan cuenta de un recurso de 2.2 millones de onza de oro en el proyecto Crucero, con sólo haber explorado una de las once anomalías. El mineral está dividido en 1.02 millones de onzas en recursos medidos e indicados y 1.19 millones en recursos inferidos.

Crucero se encuentra en la misma franja que el proyecto Ollachea de Minera IRL, y la mina San Rafael, entre otras unidades mineras en desarrollo y exploración.

“El proyecto Crucero es bastante accesible desde la ciudad de Juliaca. Hay agua abundante en la zona y una línea de transmisión eléctrica ubicada a 8 kilómetros. Es decir, nuestra infraestructura para construir una mina es bastante favorable”, contó Castañeda.

Dato

La minera tiene los proyectos Crucero (Puno), Invicta (Lima) y el 17% de Antakori (Cajamarca). 
 
 
Fuente: Revista Rumbo Minero

Se Concluyó La Construcción Del Túnel De Exploración Del Proyecto Ollachea

El túnel alcanza 1,234 metros de longitud y tiene un corte transversal de 5 metros por 5 metros.

La empresa JJC Contratistas Generales (JJC) finalizó un mes antes de lo previsto la construcción del túnel de exploración del proyecto Ollachea de la Minera IRL, en Puno, con una inversión total de US$ 13.8 millones, aproximadamente US$ 1.1 millones por debajo de lo presupuestado inicialmente.

El túnel alcanza 1,234 metros de longitud, ligeramente superior a lo proyectado en un inicio. Este tiene un corte transversal de 5 metros por 5 metros que será la principal ruta de acarreo cuando empiece el funcionamiento de la mina.

La obra facilitará un rápido desarrollo de la mina una vez obtenidos los permisos y financiación del proyecto, lo que está estimado para el segundo semestre de este año. El Estudio de Factibilidad Definitivo (EFD) del proyecto Ollachea indicó que tendría en promedio una producción de oro de 113,00 onzas por año, iniciando su funcionamiento a principios del 2015.

El presidente ejecutivo de la Minera IRL, Courtney Chamberlain, sostuvo: “Nuestro contratista minero peruano, JJC Contratistas Generales S.A. ha realizado un excelente trabajo apoyado por nuestros consultores de TWP Sudamérica S.A. y nuestro equipo de ingenieros. La rapidez y los costos reducidos asociados con la finalización del túnel así como la experiencia práctica ganada indican que las suposiciones utilizadas en el EFD, completado en noviembre de 2012, son conservadoras”.

JJC Contratistas Generales S.A. www.jjc.com.pe 57 años creciendo juntos- inicia sus operaciones en 1955 ejecutando obras de edificación y habilitación urbana. Actualmente se dedicada al desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción, entre los que destacan obras de minería, hidráulicas e hidroenergéticas, viales, entre otras. En el 2008 inicia el proceso de internacionalización, formando la empresa JJC Chile y JJC Colombia. Ha participado en el desarrollo de grandes proyectos que forman parte de la historia del país, cada uno de ellos ha sido ejecutado con el compromiso y seriedad que colocan en sus obras un signo distintivo.
 
 
Fuente: Revista Rumbo Minero

Madre de Dios: Nuevo Operativo contra la minería ilegal en “La Pampa”

En una acción conjunta entre la Policía Nacional, El Ministerio Publico y la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios, se realizó un nuevo operativo contra la minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata – Candamo, en el lugar denominado como Mega Once, donde se encontraron a más de 1,500 personas realizando esta actividad.

El operativo se realizó desde las 4 de la madrugada de ayer, y participaron cerca de 150 efectivos policiales comandados por el coronel Julio César la Torre Pazos, director territorial de la Policía Nacional en Madre de Dios.

Según la información enviada a INFOREGIÓN, en la operación policial también se encontraban presentes Adrián Huayllapuma Santa Cruz, fiscal especializado en materia ambiental y los funcionarios de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios, quienes se trasladaron hasta dicha zona de amortiguamiento.

Las autoridades se concentraron en el kilometro 107 de la carretera Puerto Maldonado – Mazuko, para luego ingresar hacia el sector conocido como Mega Once, ubicado a cinco kilómetros de la Carretera Interoceánica, dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.

Pese a la intensa lluvia y la agreste zona, el fuerte contingente policial controló cualquier intento de alteración del orden público y posteriormente, con la anuencia del representante del Ministerio Público, procedió a la destrucción e inutilización de 25 motores de gran potencia, de marca Deuz y Mitsubishi; seis motores chinos, 16 motobombas, 18 generadores de energía eléctrica, cuatro motosierras, 20 tolvas, 1,200 metros de mangueras y una bomba de succión.

La zona Mega Once es el lugar donde se ubica la mayor cantidad de mineros ilegales, con una población aproximada de tres mil personas, entre trabajadores, comerciantes y donde existe prostitución clandestina.

Cabe recordar que en el último operativo del año pasado en este lugar, 1,500 mineros provistos de palos, machetes y bombas molotov, que superaban en número a la Policía Nacional, impidieron el ingreso de las autoridades a su zona de labores motivo por el que el representante del Ministerio Público suspendió el operativo de interdicción por falta de garantías.
 
 
Fuente: Inforegión


"Hay más de 300 mineras junior canadienses que están interesadas en venir al Perú"

Foto: Internet
Se viene una lluvia de exploradoras. Incluso, hay agencias estatales extranjeras que ya están buscando proyectos, señaló al suplemento Minera el gerente general de Buenaventura Ingenieros (Bisa), Carlos Alarco.

¿En el análisis de la demanda de servicios mineros, Buenaventura Ingenieros S.A. (Bisa) percibe un gran interés de nuevas mineras junior en el país?
Sí. Hay muchísimas empresas que apuntan a venir a Perú: algunas las hemos contactado. Ahora ya no podemos esperar a que vengan, sino ir a las oficinas en sus países. Incluso, hay entidades gubernamentales que vienen a buscar oportunidades. Japón, por ejemplo, tiene un programa de este tipo.

¿En qué consiste esa búsqueda?
El gobierno japonés apoya a sus empresas, haciendo exploraciones en diferentes lugares. Nos contratan para hacer evaluaciones geológicas y cuando el resultado es interesante, llevan los proyectos a su país para proponérselos a los inversionistas.

¿Cuántas mineras junior quieren venir a Perú?
Del sondeo que hemos hecho, solo en Canadá hay un universo de 300 empresas junior que están interesadas en Perú y todavía no han venido. Eso lo puedes notar en estos grandes congresos como la PDAC en Toronto.

¿Y Bisa cuántos clientes junior tiene en su cartera?
Entre 12 y 15 empresas, con quienes estamos trabajando exploración, medioambiente y minas. También nos traen sus muestras para evaluar los hallazgos. Es una actividad donde el estudio científico es muy importante, porque las mineras junior tienen un capital que, probablemente, sea todo lo que inviertan para saber si hay o no minerales.

¿Qué proyecto emblemático tuvieron a cargo?
El proyecto Corihuarmi de Minera IRL. En el 2007, esta minera australiana, cuando áun era junior, nos encargó la ingeniería, la selección de equipos y el gerenciamiento de la construcción (EPCM, en el argot de la consultoría).

Es decir, nos hicimos cargo de todo y acabamos su proyecto en la fecha deseada, porque ya no tenía más capital. Eso le permitió coger la ola de precios elevados del oro y recuperar su inversión en menos de un año. Así Minera IRL dejó de ser una junior y pasó a otro escalón.

¿La relación es igual con las grandes mineras?
Todavía no. Si vemos los proyectos más grandes como Quellaveco, Las Bambas, Toromocho o las ampliaciones de Antamina y Cerro Verde, han optado por hacer su ingeniería con empresas internacionales y fuera del Perú. Aún no tienen confianza en las empresas locales, pero Bisa está entrando poco a poco a las grandes ligas.

¿Cómo se están acercando a los grandes proyectos?
Hicimos el estudio de factibilidad de la ampliación de Shougang. Igualmente, estuvimos en la ampliación de la planta de El Brocal. Y ya estamos construyendo un lote de edificaciones para Las Bamba. También vamos hacer trabajos para Antamina y Cerro Verde.

¿Y cuándo piensan asumir un megaproyecto?

En unos cinco años esperamos hacerlo sin ningún tipo de apoyo. Estamos hablando de proyectos donde se invierten más US$ 3,000 millones. Hay que reconocer también que hay un déficit de profesionales en el Perú.

¿La falta de mano de obra es el principal limitante?
Sí. Se necesitan entre 6 mil u 8 mil ingenieros para cubrir esta demanda de megaproyectos y en BISA somos unos 800. Y así juntemos todas las consultoras peruanas, faltan manos. El reto es impulsar la oferta de profesional para unirla con la gran demanda de proyectos.
 
 
Fuente: Diario Gestión

OEFA y los pasivos de hidrocarburos

Foto: Internet/Referencial
César Ipenza Peralta

Recientemente y luego de un intenso proceso de análisis, el Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobó el Plan de Identificación de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos 2013-2014 (PIPAH) mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005-2013-OEFA/CD, publicado el 20 de febrero del 2013.

La Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector de Hidrocarburos, Ley 29134 y su reglamento establece las reglas aplicables a la gestión de pasivos ambientales en las actividades de ese subsector con la finalidad de reducir o eliminar sus impactos negativos en la salud, la población, el ecosistema circundante y la propiedad; y comprende los pozos e instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, los efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el subsector hidrocarburos, realizadas por parte de personas naturales o jurídicas que han cesado sus actividades en el área donde se produjeron dichos impactos.

A fines del año pasado hubo un conflicto de competencias respecto a quién era el responsable de asumir la identificación de los pasivos ambientales de hidrocarburos, lo que fue advertido por la Defensoría del Pueblo mediante Oficios 077 y 076-2012-DP/AMASPPI. Luego de procesos de discusión y consultas, en octubre de 2012, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros señaló que la identificación de pasivos ambientales de hidrocarburos es competencia del OEFA, en el marco de la transferencia de funciones del OSINERGMIN; asimismo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante la Consulta Jurídica N° 018-2012-JUS/DNAJ de octubre de 2012, a través de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico señaló también que el OEFA es el organismo competente para identificar pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, no obstante ello, reconoció la falta de claridad del ordenamiento jurídico respecto de las competencias que fueron transferidas.

En ese contexto, es que el OEFA aprueba este Plan. Adicionalmente es pertinente señalar que con esta medida adoptada para identificar los pasivos ambientales de hidrocarburos, permitirá al Ministerio de Energía y Minas, contar con el inventario de los mismos y, en consecuencia el MINEM determinará quienes son los responsables de los mismos a fin de que procedan con la remediación de las zonas afectadas, situación que actualmente pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas.

Una vez identificados los pasivos ambientales de hidrocarburos, ¿qué se viene?, ¿qué debemos tomar en cuenta?

• Las empresas que estén operando en las actividades del subsector hidrocarburos asumen la responsabilidad de los pasivos ambientales que hayan generado, así como aquellos generados por terceros que hayan asumido en los respectivos contratos de transferencia o cesión, o de cualquier otra forma.

• Las empresas que hubieran generado pasivos ambientales que no estén operando y cuyos titulares hayan sido identificados por el MINEM como generadores de los pasivos ambientales son responsables de estos.

• En los casos en que no sea posible identificar a los responsables de los pasivos ambientales, el Estado asumirá progresivamente su remediación.

• En los nuevos contratos de licencia o servicios, que celebre PERUPETRO S. A. con empresas contratistas, se deberá incluir una cláusula precisando las responsabilidades por los pasivos ambientales que pudieran encontrarse en el área, siendo posible que la remediación sea asumida por el nuevo contratista o por el anterior, según lo que PERUPETRO S. A. hubiera pactado con este.

Tomemos en consideración que en los casos de pasivos ambientales que requieran inmediata mitigación por representar un alto riesgo a la seguridad de la población, el Estado podrá asumir los gastos de su remediación. Este primer gran paso del OEFA a través de la aprobación del PIPAH, requiere una asignación de recursos adicionales de aproximadamente algo más de 8 millones de soles en dos años, que llevará a realizar trabajo en gabinete y en campo en diversas regiones del país, un gran reto que responde a una deuda del subsector hidrocarburos con la población y con nuestro país.
 
 
 
Fuente: Noticias SER

Entidades internacionales alertan sobre graves daños a la salud por la contaminación del Pastaza

Advierten que la muerte, el cáncer, las mutaciones congénitas, las alteraciones al sistema nervioso y otras enfermedades muy graves son secuelas que pueden afectar a pobladores expuestos largo tiempo a contaminación verificada en el Pastaza.

Reconocidas organizaciones internacionales dedicadas al análisis ambiental y la defensa de la salud y derechos, reconocieron altos índices de contaminación en la cuenca del Pastaza, consecuencia de la actividad petrolera en el lugar. Además, alertaron sobre las secuelas en la salud de los pobladores de las comunidades impactadas.

Los informes corresponden a las entidades Source Internacional y Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) y fueron realizados por encargo de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), reportó la articulación: Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt).

Las interpretaciones se basan en los reportes e informes emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Dirección General de Salud (Digesa), producto del primer diagnóstico ambiental que realizó la Comisión Multisectorial N°200-2012-PCM en la zona.

En los documentos afirman las graves consecuencias a las que está expuesta la salud de los pobladores como padecer de alteraciones al sistema nervioso hasta, incluso, la muerte.

Ello ocurriría de estar expuestos de forma mediana o permanente a sustancias tóxicas como los hidrocarburos totales de petróleo (TPH) o algunos metales pesados encontrados en el alto Pastaza.

Un dato importante que surge de los informes es que muchos de los elementos contaminantes reconocidos, como el Bario, los TPH o los hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAP) derivan casi exclusivamente de la actividad petrolera.

Además, los informes indican que la contaminación en la zona se encuentra en estado “difuso”, esto es dispersa en todos lados. Asimismo, de los resultados se deduce que la zona ha estado expuesta a contaminación por petróleo de forma recurrente, desde hace mucho tiempo atrás.

Informe de Source Internacional

Parte del informe de Source – Scientists for Human Rights se basa en el reporte público realizado por el OEFA, dedicado a muestras de suelos y tomando como referencia de calidad del suelo los indicadores de Bolivia, Canadá y Holanda, debido a que el Perú no cuenta con un estándar ambiental definido para este caso.

Flaviano Bianchini, fundador y director de Source, llama la atención sobre la presencia de Bario en la zona. “El bario es utilizado para la barite: sustancia que se usa en los lodos de perforación para la extracción de petróleo”, señala el especialista. En 7 puntos del total de muestras, el Bario sobrepasa el límite permitido según la guía candiense.

Uno de los lugares donde se ha encontrado mayor cantidad de Bario procede de la tierra de lo que fue la laguna Shanshococha. En este punto, el bario supera hasta en 31 veces el límite de referencia.

Se indica además que casi el 70 por ciento de las muestras tomadas por el OEFA superan el límite permitido de TPH. Incluso, hay puntos que llegan a altísimos índices, como en la quebrada Ismacaño (92 veces más) o la quebrada Ushpayacu (23 veces más). 
Los sedimentos son la "memoria" de un río

Apu contempla el área donde estuvo la laguna Shanshococha, hoy desaparecida por Pluspetrol.

Source también interpreta el reporte público de la ANA sobre aguas y sedimentos y advierte la alarmante presencia de metales pesados como aluminio, plomo, manganeso y arsénico, algunos de estos muy tóxicos o venenosos.

El informe además se detiene en los sedimentos: “estos pueden considerarse como la “memoria” de un río”, dice. “El agua fluye de manera rápida en los ríos, si hay una contaminación esta fluye con el agua. Sin embargo, parte de esta contaminación se depositará en los sedimentos del río”.

La quebrada Ullpayacu y la cocha Chirunchicocha “se encuentran altamente contaminadas por hidrocarburos”, afirma Source.

Respecto a los TPHs, es alarmante señalar que ambos puntos superan hasta en 222 y 382 veces más, los estándares nacionales de calidad de aguas. Las consecuencias pueden ser terribles: “cáncer, mutaciones congénitas y otras enfermedades muy graves”, señala el informe.

Interpretaciones de ELAW


El informe de la organización norteamericana ELAW analiza los reportes emitidos por la Autoridad Nacional del Agua – ANA y la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, este último abocado a las muestras de aguas superficiales y de consumo humano.

“El 72% de las muestras de sedimentos (informe de ANA) tienen niveles de hidrocarburos totales de petróleo que sobrepasan el valor óptimo según la norma canadiense para sedimentos”, señala en sus observaciones el informe.

Por otra parte, se precisa que el análisis microbiológico de DIGESA señala que las aguas están altamente contaminadas de coliformes totales y fecales. Las muestras fueron tomadas en aguas subterráneas, superficiales, pozos, piletas y grifos de las comunidades.

Según referencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el informe de ELAW señala que dichas aguas no son aptas para el consumo humano.

“El nivel de contaminación del agua de las muestras descritas indica que la población que consume agua de los puntos que exceden la norma indicados arriba, está expuesta a bacterias que ponen en riesgo su salud”, señala ELAW.

Los reportes públicos del Estado, y los informes de Source Internacional y ELAW pueden ser descargados aquí:

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Fuente: Puinamudt: http://observatoriopetrolero.org/informes-de-especialistas-internacionales-senalan-contaminacion-en-cuenca-del-pastaza-y-alertan-sobre-salud-de-pobladores/
Fuente: SERVINDI

¿Por qué mueren los delfines al norte del Perú?

Por Sybila Tabra

El número de especies marinas muertas en la costa norte del mar peruano y en el mundo va en aumento. La Organización Científica para la Conservación de Animales Acuáticos (ORCA), sostiene que una de las causas principales es la exploración de petróleo.

En el Perú de enero hasta abril de 2012 se registró la muerte de 3000 delfines que aparecieron varados en las playas de la región Lambayeque, al norte del país.

En febrero de 2013 se encontraron los restos de 86 especies marinas en el litoral de Lambayeque. Entre estas 18 tortugas, 22 lobos marinos, 8 delfines, 16 chanchos marinos y 22 aves marinas: 10 piqueros, 10 pelícanos, un albatros y un camanay.

Según declaraciones al diario La República del 23 de febrero de 2013, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) informó que dentro de 15 días se tendrían los resultados de la prueba, que determinarán las verdaderas causas de la mortandad.

La empresa BPZ Energy inició la explotación comercial de petróleo en el Lote Z-1, ubicado en el zócalo continental, frente a la Región Tumbes. En el año 2012 se iniciaron las muertes de diferentes especies marinas.

Cabe recordar que en el 2012 un informe de la ORCA indicó que la muerte de los mamíferos fue causada por una “burbuja marina”, que es una bolsa acústica que se forma al utilizar en la profundidad del mar los equipos para buscar petróleo, gas y otros minerales.

Las petroleras utilizan diferentes frecuencias de onda acústica, que pueden producir en los delfines, lobos marinos y ballenas la muerte por el impacto acústico. Carlos Yaipén, director de la ORCA, declaró que el impacto acústico genera en los animales pérdida de equilibrio, desorientación y hemorragias internas.

Los resultados médicos y los análisis de histopatología forenses realizados por ORCA revelaron que los delfines padecían del síndrome de descompresión aguda, evidenciado por fracturas en los huesos perióticos y hemorragia en el oído medio, enfisema pulmonar diseminado, y burbujas de aire en órganos como el hígado, riñón y vasos sanguíneos.

En su estudio de impacto ambiental el Proyecto de Levantamiento Sísmico 3D en el Lote Z-1- Región Tumbes, que la empresa BPZ Exploración & Producción presentó al Ministerio de Energías y Minas en julio de 2010 se indica que el empleo de “burbujas marinas” o sísmica 3D para explorar el suelo marino sí afecta a los delfines y otras especies marinas.

Sin embargo, el gerente general de BPZ en Perú, Rafael Zoeger, niega que esa tecnología de punta haya matado a 3 mil delfines en 2012 en las playas del norte del país.

De igual opinión es la ministra de la Producción, Gladys Triveño, quién declaró a diferentes medios de prensa en mayo de 2012, que las conclusiones del informe del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) indican que la muerte de los delfines fueron por “causa naturales”.



En el mundo:

De acuerdo con cifras de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por su sigla en inglés), desde febrero de 2010 hasta principios de enero de 2013 se han encontrado a lo largo de la costa de Luisiana, Estados Unidos, los cuerpos de 830 mamíferos marinos, casi todos ballenas y delfines mulares o nariz de botella, y que se caracterizan por su naturaleza sociable y su inteligencia.

Unas de las causas posibles es el derramamiento del petróleo ocurrido en el Golfo de México. Aunque,otras fuentes también indican que la muerte de los delfines comenzó antes del desastre de Deepwater Horizon el 20 de abril de 2010.

Las bacterias y biotoxinas, como la marea roja -excesiva reproducción de microalgas en el mar-, también están siendo investigadas como factores causantes de la muerte de especies marinas.



Referencias:

Fuente: SERVINDI

Marzo será un mes clave para definir el futuro del apedreado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Foto: Atossa Soltani
Por: Clarinha Glock
 
El 22 de marzo es la fecha límite para que los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presenten propuestas de reforma a este sistema de justicia internacional que nació en 1948 con el fin de promover y proteger garantías fundamentales establecidas en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Dos órganos autónomos lo conforman: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.

Su principal función es fiscalizar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969.

El gobierno de Ecuador dio el puntapié inicial, y además lidera un esfuerzo para crear un sistema de justicia paralelo, en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que sin embargo hasta ahora no se ha concretado.

Venezuela, por su parte, denunció la Convención Americana en septiembre de 2012.

El debate se lanzó en junio de 2011 con la creación de un grupo de trabajo en el seno de la OEA. Desde entonces, se llevan a cabo foros, audiencias públicas y consultas electrónicas para estudiar distintas recomendaciones.

Se destacan las propuestas de restringir el poder de la Comisión de adoptar medidas cautelares, suprimir el análisis detenido de países con violaciones masivas y limitar las facultades de relatorías especiales, como la de Libertad de Expresión.

La Comisión tiene facultades políticas –realizar visitas específicas y emitir recomendaciones e informes– y cuasi judiciales: recibir denuncias de particulares u organizaciones, determinar si son admisibles, solicitar a los Estados medidas cautelares y elevar casos a la Corte.

Esta tiene funciones contenciosas, consultivas y de adopción de medidas provisionales. Sus fallos son definitivos e inapelables.

Las relaciones de Brasil con la Comisión se resintieron cuando esta solicitó en abril de 2011 que "suspendiera de inmediato" en forma cautelar la licencia al proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, sobre el amazónico río Xingú, para proteger la salud de las comunidades indígenas afectadas por la obra.

El gobierno de Brasil rechazó el pedido. Pero la posición brasileña fue malinterpretada, según la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que designó a uno de sus representantes para contestar a IPS, solicitando no se lo identificase.

Brasil ya estaba cumpliendo las exigencias de la Comisión a partir de demandas de órganos de fiscalización nacionales, y su apoyo a la reforma no se desencadenó por ese dictamen, manifestó la fuente diplomática.

Lo cierto es que Brasilia retiró a su embajador ante la OEA y a su candidato a integrar el órgano colegiado que dirige la Comisión. En marzo concluye el plazo para que los países presenten postulantes y, según la División de Recursos Humanos de la cancillería, hasta mediados de este mes no había una decisión al respecto.

"Las propuestas de reformas se presentan justo cuando la Comisión y la Corte están cumpliendo las obligaciones pactadas en la Convención", criticó el activista Jair Krischke, presidente del no gubernamental Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, con sede en esta sureña ciudad de Porto Alegre, que adquirió notoriedad por haber contribuido a revelar el Plan Cóndor, una coordinación represiva de los regímenes militares de América del Sur.

Para Krischke, la postura brasileña no solo obedece a Belo Monte, sino a una sentencia de la Corte, que ordenó en 2010 entregar los restos de los desaparecidos en la represión militar a la Guerrilla de Araguaia, entre 1972 y 1975, y a reparar los daños a las familias de las víctimas.

El gobierno sostiene que ya efectuó reparaciones, pero no de los daños morales, como manda la Corte, enfatizó Krischke a IPS.

"En Uruguay (ante otra condena similar) el gobierno celebró una ceremonia en el parlamento, con presencia del presidente de la República y pidió perdón por sus desaparecidos. En Brasil, ni siquiera se publicó la sentencia de la Corte", comparó.

La insatisfacción de los gobiernos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es incomprensible, apuntó la profesora asociada Deisy de Freitas Lima Ventura, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo.

"Cuando un Estado soberano hace parte de un sistema regional es justamente para oír críticas y recibir recomendaciones o una condena", dijo a IPS.

Los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela están en esta campaña porque este sistema de justicia tocó aspectos cruciales de las agendas de sus presidentes, describió la profesora.

"Cuando el Sistema Interamericano habilita a un político opositor en Venezuela a ser candidato o cuando pide que se respeten los derechos de periodistas de un periódico en conflicto con el mandatario de Ecuador, toca temas personales de los presidentes. Ese fue el caso de Belo Monte y la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff", opinó.

La postura de Ecuador coincide con decisiones incómodas sobre cuestiones domésticas, concordó el profesor de derechos humanos Mario Melo, de la Universidad Andina Simón Bolívar y abogado en el caso del pueblo sarayaku versus el Estado ecuatoriano en la Corte.

En junio del año pasado, la Corte concluyó que el gobierno de Ecuador había violado derechos de esa comunidad indígena al no consultarla sobre la instalación de una empresa petrolera en sus tierras a inicios de la década de 2000.

"Es un tema delicado para el gobierno por su política de ampliación de la frontera petrolera en territorios indígenas", argumentó Melo.

En los hechos, la Comisión es, desde las décadas de 1970 y 1980, un espacio para víctimas de atropellos que agotan los recursos internos sin obtener justicia o que se ven enfrentadas a demoras injustificadas de los sistemas judiciales nacionales.

Camila Asano, coordinadora de política externa de Conectas Direitos Humanos, una organización no gubernamental con estatus consultivo ante las Naciones Unidas, recordó que asuntos cruciales en Brasil, como el trabajo esclavo y la violencia machista, debieron pasar por la Comisión para hacerse visibles.

Pero los procesos son lentos, y esa es una las críticas que se hacen a la justicia interamericana. A veces no hay tiempo para esperar una decisión, por eso se requieren las medidas cautelares, argumentó Asano.

Ecuador quiere liquidar esta potestad de la Comisión, dejándola solo para la Corte.

Brasil –donde la Comisión ha emitido reiteradas medidas cautelares para proteger a activistas, periodistas, trabajadores rurales y reclusos– reconoce esta competencia, pero sugirió cambios que harían su tramitación más rígida y complicada.

La propuesta brasileña, según el representante de la cancillería, es que la Comisión fundamente mejor sus decisiones sobre casos como Belo Monte y que ponga más énfasis en la promoción de derechos.

"Que no se trate solo de juzgar y castigar violaciones, sino de incentivar las medidas que eviten su repetición", argumentó la fuente.

Otros aspectos cuestionados por los Estados son más preocupantes. Por ejemplo, si la Comisión es competente para producir informes anuales sobre países que merecen una atención especial. Delegados de naciones alegan que esos reportes no deberían señalar a uno u otro Estado, sino a todos los miembros del sistema.

El hecho de que Estados Unidos y Canadá no hayan ratificado la Convención Americana, pero ayuden a financiar la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión genera descontento.

Una de las propuestas es que las donaciones no se puedan dirigir a una u otra relatoría.

Brasil pide una gestión más transparente y que los recursos se distribuyan desde el Fondo Ordinario de la OEA, sin excluir la posibilidad de donaciones de fundaciones internacionales y bancos de fomento.

"Buena parte de las mejoras planteadas no se aplican por falta de recursos", dijo Asano. Su organización entiende que, como potencia económica, Brasil debería dar el ejemplo e incrementar sus aportes.

Según la fuente diplomática, este país hizo su última contribución en 2008. "En 2010 la gestión de recursos salió de Itamaraty hacia el Ministerio de Planificación. Ese año solicitamos un aporte de 800.000 dólares, pero no fue aceptado por falta de presupuesto", informó.

"En los últimos años nos ajustamos el cinturón en materia de gastos y no hubo aportes. No digo que haya sido por razones políticas, tal vez no hubo recursos", justificó.

El profesor Melo no cree que al final de las discusiones se aprueben las reformas más radicales. "Todos saben que debilitar el Sistema Interamericano incentivaría el uso autoritario del poder", observó.

Para Deisy de Freitas, "renunciar a esta dimensión de control, como hizo Venezuela, sería una hipoteca para las generaciones futuras. Es obvio que un sistema regional de protección no resuelve los problemas, pero en muchos casos permite arrojar luz sobre las violaciones".


Fuente: Agencia IPS
Marzo será un mes clave para definir el futuro del apedreado Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El 22 de marzo es la fecha límite para que los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presenten propuestas de reforma a este sistema de justicia internacional que nació en 1948 con el fin de promover y proteger garantías fundamentales establecidas en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Dos órganos autónomos lo conforman: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.

Su principal función es fiscalizar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969.

El gobierno de Ecuador dio el puntapié inicial, y además lidera un esfuerzo para crear un sistema de justicia paralelo, en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que sin embargo hasta ahora no se ha concretado.

Venezuela, por su parte, denunció la Convención Americana en septiembre de 2012.

El debate se lanzó en junio de 2011 con la creación de un grupo de trabajo en el seno de la OEA. Desde entonces, se llevan a cabo foros, audiencias públicas y consultas electrónicas para estudiar distintas recomendaciones.

Se destacan las propuestas de restringir el poder de la Comisión de adoptar medidas cautelares, suprimir el análisis detenido de países con violaciones masivas y limitar las facultades de relatorías especiales, como la de Libertad de Expresión.

La Comisión tiene facultades políticas –realizar visitas específicas y emitir recomendaciones e informes– y cuasi judiciales: recibir denuncias de particulares u organizaciones, determinar si son admisibles, solicitar a los Estados medidas cautelares y elevar casos a la Corte.

Esta tiene funciones contenciosas, consultivas y de adopción de medidas provisionales. Sus fallos son definitivos e inapelables.

Las relaciones de Brasil con la Comisión se resintieron cuando esta solicitó en abril de 2011 que "suspendiera de inmediato" en forma cautelar la licencia al proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, sobre el amazónico río Xingú, para proteger la salud de las comunidades indígenas afectadas por la obra.

El gobierno de Brasil rechazó el pedido. Pero la posición brasileña fue malinterpretada, según la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que designó a uno de sus representantes para contestar a IPS, solicitando no se lo identificase.

Brasil ya estaba cumpliendo las exigencias de la Comisión a partir de demandas de órganos de fiscalización nacionales, y su apoyo a la reforma no se desencadenó por ese dictamen, manifestó la fuente diplomática.

Lo cierto es que Brasilia retiró a su embajador ante la OEA y a su candidato a integrar el órgano colegiado que dirige la Comisión. En marzo concluye el plazo para que los países presenten postulantes y, según la División de Recursos Humanos de la cancillería, hasta mediados de este mes no había una decisión al respecto.

"Las propuestas de reformas se presentan justo cuando la Comisión y la Corte están cumpliendo las obligaciones pactadas en la Convención", criticó el activista Jair Krischke, presidente del no gubernamental Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, con sede en esta sureña ciudad de Porto Alegre, que adquirió notoriedad por haber contribuido a revelar el Plan Cóndor, una coordinación represiva de los regímenes militares de América del Sur.

Para Krischke, la postura brasileña no solo obedece a Belo Monte, sino a una sentencia de la Corte, que ordenó en 2010 entregar los restos de los desaparecidos en la represión militar a la Guerrilla de Araguaia, entre 1972 y 1975, y a reparar los daños a las familias de las víctimas.

El gobierno sostiene que ya efectuó reparaciones, pero no de los daños morales, como manda la Corte, enfatizó Krischke a IPS.

"En Uruguay (ante otra condena similar) el gobierno celebró una ceremonia en el parlamento, con presencia del presidente de la República y pidió perdón por sus desaparecidos. En Brasil, ni siquiera se publicó la sentencia de la Corte", comparó.

La insatisfacción de los gobiernos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es incomprensible, apuntó la profesora asociada Deisy de Freitas Lima Ventura, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo.

"Cuando un Estado soberano hace parte de un sistema regional es justamente para oír críticas y recibir recomendaciones o una condena", dijo a IPS.

Los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela están en esta campaña porque este sistema de justicia tocó aspectos cruciales de las agendas de sus presidentes, describió la profesora.

"Cuando el Sistema Interamericano habilita a un político opositor en Venezuela a ser candidato o cuando pide que se respeten los derechos de periodistas de un periódico en conflicto con el mandatario de Ecuador, toca temas personales de los presidentes. Ese fue el caso de Belo Monte y la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff", opinó.

La postura de Ecuador coincide con decisiones incómodas sobre cuestiones domésticas, concordó el profesor de derechos humanos Mario Melo, de la Universidad Andina Simón Bolívar y abogado en el caso del pueblo sarayaku versus el Estado ecuatoriano en la Corte.

En junio del año pasado, la Corte concluyó que el gobierno de Ecuador había violado derechos de esa comunidad indígena al no consultarla sobre la instalación de una empresa petrolera en sus tierras a inicios de la década de 2000.

"Es un tema delicado para el gobierno por su política de ampliación de la frontera petrolera en territorios indígenas", argumentó Melo.

En los hechos, la Comisión es, desde las décadas de 1970 y 1980, un espacio para víctimas de atropellos que agotan los recursos internos sin obtener justicia o que se ven enfrentadas a demoras injustificadas de los sistemas judiciales nacionales.

Camila Asano, coordinadora de política externa de Conectas Direitos Humanos, una organización no gubernamental con estatus consultivo ante las Naciones Unidas, recordó que asuntos cruciales en Brasil, como el trabajo esclavo y la violencia machista, debieron pasar por la Comisión para hacerse visibles.

Pero los procesos son lentos, y esa es una las críticas que se hacen a la justicia interamericana. A veces no hay tiempo para esperar una decisión, por eso se requieren las medidas cautelares, argumentó Asano.

Ecuador quiere liquidar esta potestad de la Comisión, dejándola solo para la Corte.

Brasil –donde la Comisión ha emitido reiteradas medidas cautelares para proteger a activistas, periodistas, trabajadores rurales y reclusos– reconoce esta competencia, pero sugirió cambios que harían su tramitación más rígida y complicada.

La propuesta brasileña, según el representante de la cancillería, es que la Comisión fundamente mejor sus decisiones sobre casos como Belo Monte y que ponga más énfasis en la promoción de derechos.

"Que no se trate solo de juzgar y castigar violaciones, sino de incentivar las medidas que eviten su repetición", argumentó la fuente.

Otros aspectos cuestionados por los Estados son más preocupantes. Por ejemplo, si la Comisión es competente para producir informes anuales sobre países que merecen una atención especial. Delegados de naciones alegan que esos reportes no deberían señalar a uno u otro Estado, sino a todos los miembros del sistema.
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Marzo será un mes clave para definir el futuro del apedreado Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El 22 de marzo es la fecha límite para que los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presenten propuestas de reforma a este sistema de justicia internacional que nació en 1948 con el fin de promover y proteger garantías fundamentales establecidas en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Dos órganos autónomos lo conforman: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.

Su principal función es fiscalizar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969.

El gobierno de Ecuador dio el puntapié inicial, y además lidera un esfuerzo para crear un sistema de justicia paralelo, en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que sin embargo hasta ahora no se ha concretado.

Venezuela, por su parte, denunció la Convención Americana en septiembre de 2012.

El debate se lanzó en junio de 2011 con la creación de un grupo de trabajo en el seno de la OEA. Desde entonces, se llevan a cabo foros, audiencias públicas y consultas electrónicas para estudiar distintas recomendaciones.

Se destacan las propuestas de restringir el poder de la Comisión de adoptar medidas cautelares, suprimir el análisis detenido de países con violaciones masivas y limitar las facultades de relatorías especiales, como la de Libertad de Expresión.

La Comisión tiene facultades políticas –realizar visitas específicas y emitir recomendaciones e informes– y cuasi judiciales: recibir denuncias de particulares u organizaciones, determinar si son admisibles, solicitar a los Estados medidas cautelares y elevar casos a la Corte.

Esta tiene funciones contenciosas, consultivas y de adopción de medidas provisionales. Sus fallos son definitivos e inapelables.

Las relaciones de Brasil con la Comisión se resintieron cuando esta solicitó en abril de 2011 que "suspendiera de inmediato" en forma cautelar la licencia al proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, sobre el amazónico río Xingú, para proteger la salud de las comunidades indígenas afectadas por la obra.

El gobierno de Brasil rechazó el pedido. Pero la posición brasileña fue malinterpretada, según la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que designó a uno de sus representantes para contestar a IPS, solicitando no se lo identificase.

Brasil ya estaba cumpliendo las exigencias de la Comisión a partir de demandas de órganos de fiscalización nacionales, y su apoyo a la reforma no se desencadenó por ese dictamen, manifestó la fuente diplomática.

Lo cierto es que Brasilia retiró a su embajador ante la OEA y a su candidato a integrar el órgano colegiado que dirige la Comisión. En marzo concluye el plazo para que los países presenten postulantes y, según la División de Recursos Humanos de la cancillería, hasta mediados de este mes no había una decisión al respecto.

"Las propuestas de reformas se presentan justo cuando la Comisión y la Corte están cumpliendo las obligaciones pactadas en la Convención", criticó el activista Jair Krischke, presidente del no gubernamental Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, con sede en esta sureña ciudad de Porto Alegre, que adquirió notoriedad por haber contribuido a revelar el Plan Cóndor, una coordinación represiva de los regímenes militares de América del Sur.

Para Krischke, la postura brasileña no solo obedece a Belo Monte, sino a una sentencia de la Corte, que ordenó en 2010 entregar los restos de los desaparecidos en la represión militar a la Guerrilla de Araguaia, entre 1972 y 1975, y a reparar los daños a las familias de las víctimas.

El gobierno sostiene que ya efectuó reparaciones, pero no de los daños morales, como manda la Corte, enfatizó Krischke a IPS.

"En Uruguay (ante otra condena similar) el gobierno celebró una ceremonia en el parlamento, con presencia del presidente de la República y pidió perdón por sus desaparecidos. En Brasil, ni siquiera se publicó la sentencia de la Corte", comparó.

La insatisfacción de los gobiernos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es incomprensible, apuntó la profesora asociada Deisy de Freitas Lima Ventura, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo.

"Cuando un Estado soberano hace parte de un sistema regional es justamente para oír críticas y recibir recomendaciones o una condena", dijo a IPS.

Los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela están en esta campaña porque este sistema de justicia tocó aspectos cruciales de las agendas de sus presidentes, describió la profesora.

"Cuando el Sistema Interamericano habilita a un político opositor en Venezuela a ser candidato o cuando pide que se respeten los derechos de periodistas de un periódico en conflicto con el mandatario de Ecuador, toca temas personales de los presidentes. Ese fue el caso de Belo Monte y la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff", opinó.

La postura de Ecuador coincide con decisiones incómodas sobre cuestiones domésticas, concordó el profesor de derechos humanos Mario Melo, de la Universidad Andina Simón Bolívar y abogado en el caso del pueblo sarayaku versus el Estado ecuatoriano en la Corte.

En junio del año pasado, la Corte concluyó que el gobierno de Ecuador había violado derechos de esa comunidad indígena al no consultarla sobre la instalación de una empresa petrolera en sus tierras a inicios de la década de 2000.

"Es un tema delicado para el gobierno por su política de ampliación de la frontera petrolera en territorios indígenas", argumentó Melo.

En los hechos, la Comisión es, desde las décadas de 1970 y 1980, un espacio para víctimas de atropellos que agotan los recursos internos sin obtener justicia o que se ven enfrentadas a demoras injustificadas de los sistemas judiciales nacionales.

Camila Asano, coordinadora de política externa de Conectas Direitos Humanos, una organización no gubernamental con estatus consultivo ante las Naciones Unidas, recordó que asuntos cruciales en Brasil, como el trabajo esclavo y la violencia machista, debieron pasar por la Comisión para hacerse visibles.

Pero los procesos son lentos, y esa es una las críticas que se hacen a la justicia interamericana. A veces no hay tiempo para esperar una decisión, por eso se requieren las medidas cautelares, argumentó Asano.

Ecuador quiere liquidar esta potestad de la Comisión, dejándola solo para la Corte.

Brasil –donde la Comisión ha emitido reiteradas medidas cautelares para proteger a activistas, periodistas, trabajadores rurales y reclusos– reconoce esta competencia, pero sugirió cambios que harían su tramitación más rígida y complicada.

La propuesta brasileña, según el representante de la cancillería, es que la Comisión fundamente mejor sus decisiones sobre casos como Belo Monte y que ponga más énfasis en la promoción de derechos.

"Que no se trate solo de juzgar y castigar violaciones, sino de incentivar las medidas que eviten su repetición", argumentó la fuente.

Otros aspectos cuestionados por los Estados son más preocupantes. Por ejemplo, si la Comisión es competente para producir informes anuales sobre países que merecen una atención especial. Delegados de naciones alegan que esos reportes no deberían señalar a uno u otro Estado, sino a todos los miembros del sistema.

El hecho de que Estados Unidos y Canadá no hayan ratificado la Convención Americana, pero ayuden a financiar la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión genera descontento.

Una de las propuestas es que las donaciones no se puedan dirigir a una u otra relatoría.

Brasil pide una gestión más transparente y que los recursos se distribuyan desde el Fondo Ordinario de la OEA, sin excluir la posibilidad de donaciones de fundaciones internacionales y bancos de fomento.

"Buena parte de las mejoras planteadas no se aplican por falta de recursos", dijo Asano. Su organización entiende que, como potencia económica, Brasil debería dar el ejemplo e incrementar sus aportes.

Según la fuente diplomática, este país hizo su última contribución en 2008. "En 2010 la gestión de recursos salió de Itamaraty hacia el Ministerio de Planificación. Ese año solicitamos un aporte de 800.000 dólares, pero no fue aceptado por falta de presupuesto", informó.

"En los últimos años nos ajustamos el cinturón en materia de gastos y no hubo aportes. No digo que haya sido por razones políticas, tal vez no hubo recursos", justificó.

El profesor Melo no cree que al final de las discusiones se aprueben las reformas más radicales. "Todos saben que debilitar el Sistema Interamericano incentivaría el uso autoritario del poder", observó.

Para Deisy de Freitas, "renunciar a esta dimensión de control, como hizo Venezuela, sería una hipoteca para las generaciones futuras. Es obvio que un sistema regional de protección no resuelve los problemas, pero en muchos casos permite arrojar luz sobre las violaciones". (FIN/2013)
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Ecuador invertirá 35 millones de dólares en energías renovables

Foto: EFE/Susana Madera
El Gobierno de Ecuador prevé invertir este año unos 35 millones de dólares en la elaboración de estudios para obras estratégicas en los campos de electricidad y energía renovable, ciencia y tecnología, agua, telecomunicaciones, transporte y productividad.
 
Así lo señaló hoy a Efe el director ejecutivo del Instituto Nacional de Preinversión (INP), Santiago Medina, al recordar que en 2012 su organismo invirtió una cantidad similar en estudios de grandes obras de desarrollo, algunas en ejecución y que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo.

Lo que hace el Instituto, añadió, son "estudios bien hechos, técnicamente bien realizados, lo que va a garantizar que las obras sean bien hechas, que se hagan en los tiempos planificados y que, sobre todo, operen bien".

Con estos estudios se facilita el cumplimiento de los "objetivos de desarrollo" establecidos en un Plan Nacional que busca el progreso y el "Buen vivir" de los habitantes del país, anotó.

Los proyectos, cuyas ideas nacen de distintos ministerios y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), van a un proceso de estudios que investiga si son viables y si se someten a los intereses de protección ambiental, social e interés económico.

Por ejemplo, dijo Medina, hay proyectos que incorporan ingeniería especializada que puede resultar muy costosos, pero que si los beneficios previstos son más altos que los costes, "se justifican".
El volcán Tungurahua
Foto: EFE/José Jácome

Destacó el estudio de sistemas ferroviarios de carga, que estará listo en un año y que permitirá definir la posibilidad de construir una red de ferrocarriles para el transporte de mercancías.

Energía e interconexión

Los proyectos deben también estar ligados a los cambios en las matrices energética y productiva establecidos por el Gobierno que, entre otras cosas, pretende cambiar el consumo de derivados de petróleo por energías limpias.

Asimismo, señaló Medina, varios proyectos deben estar ligados a planes regionales, sobre todo de interconexión con los países vecinos, Colombia y Perú, y con las iniciativas suramericanas de integración física.

En esa línea se estudian los proyectos nacionales de interconexión energética y de sistemas ferroviarios, añadió.

Entre los proyectos estratégicos mencionó al multipropósito "Chalupas", que prevé trasvasar agua desde la Amazonía hacia la provincia andina de Cotopaxi, una de las de mayor pobreza y con déficit de riego.

Además, el estudio del proyecto hidroeléctrico "Cardenillo", de 450 megavatios en el sur andino del país, y el proyecto eólico "García Moreno", en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia.

Asimismo el proyecto geotérmico (energía volcánica) Chalpatán, también en Carchi.

Ciudad del Conocimiento Yachay

En el campo de la ciencia y tecnología mencionó la llamada "Ciudad del Conocimiento Yachay", en la zona de Urcuqui, en la provincia andina de Imbabura.

Destacó también la gestión del INP en los estudios del metro para Quito y de un sistema de tranvía para la ciudad de Cuenca, así como un plan de tratamiento de aguas residuales en la capital.

Medina señaló que son expertos nacionales los que llevan adelante las estudios de preinversión, pero dijo que también se han contratado a empresas especializadas de otras partes del mundo.
Flor en el humedal ecuatoriano de Coca-Cayambe
Foto: EFE/José Jácome

Firmas españolas

El INP ha contado con el apoyo de empresas internacionales líderes en el ramo de Asia, Europa y América y puso como ejemplo que son casi una decena de estudios con firmas españolas.

El proyecto de "pequeñas centrales hidroeléctricas" cuenta como consultora al consorcio Astec-Unitec, el proyecto eólico "García Moreno" a Gas Natural Fenosa y un plan de fomento de nuevas tecnologías a Consultrans-TYM Q, de España, añadió.

Entre los proyectos en ejecución, sobre todo en el campo de recursos hídricos, también varias firmas españolas han sido adjudicadas con estudios como el Consorcio Noega-Hidralia Energía-Copade, la Compañía General de Ingeniería y Sondeos, Gestión Integral del Agua Costa Huelva y la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios.

Los estudios de obras estratégicas permiten proyectar a "Ecuador hacia el futuro" y por eso existe una amplia gama de proyectos a estudiar, añadió Medina. 
 
 
 
Fuente: EFEverde

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