jueves, 28 de marzo de 2013

ProInversión prevé adjudicar cartera de 23 proyectos de inversión este año

La Reserva Fría de Iquitos es el más próximo a adjudicarse, seguido por las líneas de trasmisión Moyobamba – Iquitos y Subestaciones Asociadas, y Mantaro – Marcona – Socabaya – Montalvo y Subestaciones Asociadas, entre abril y agosto.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) señaló hoy que durante el presente año prevé adjudicar una cartera de 23 proyectos de inversión en general.

El director ejecutivo de ProInversión, Javier Illescas, indicó que de este paquete de 23 proyectos, el más próximo a adjudicarse es la Reserva Fría de Iquitos.

Luego están las líneas de trasmisión Moyobamba – Iquitos y Subestaciones Asociadas, y Mantaro – Marcona – Socabaya – Montalvo y Subestaciones Asociadas, entre los meses de abril y agosto.

También indicó que la Línea 2 del Metro de Lima se espera adjudicar en el segundo semestre de este año.

Recordó que la inversión en el proyecto asciende a 5,000 millones de dólares, según el estudio de perfil, aunque se podría ajustar esta cifra en el estudio de factibilidad.
 
 
Fuente: Diario Gestión

Perú, amenaza infundada en el horizonte minero de Chile

Foto: Marianela Jarrud
Por Marianela Jarroud *

El gobierno de Chile advirtió sobre una potencial fuga de inversiones mineras y energéticas hacia Perú, por fallos judiciales que paralizaron proyectos de envergadura en el norte de este país. Pero el temor es infundado, al menos a corto plazo.

Perú y Chile figuran entre los 10 primeros destinos mundiales de la inversión en exploración de metales no ferrosos, según Metal Economics Group, que recopila información sobre la industria. En su reporte 2013 ubica a Chile en el puesto cinco y a Perú en el seis, mientras América Latina encabeza el ranking de las regiones, pues absorbe 25 por ciento de esos capitales.

Chile es el principal productor mundial de cobre y el país que concentra las mayores reservas a futuro de este metal.

Las inversiones mineras se concentran sobre todo en el norte, limítrofe con Perú, Bolivia y Argentina, donde se estima que consumen 80 por ciento de la electricidad de esa zona.

En un escenario de creciente necesidad energética, el empresariado ha manifestado preocupación por varios fallos judiciales y decisiones administrativas contrarias a proyectos para elevar esa capacidad.

Uno de los casos más recordados fue el de Castilla, proyecto de la empresa MPX del multimillonario brasileño Eike Batista, que se perfilaba como la central de generación térmica más grande de América del Sur.

Castilla fue paralizada por la Suprema Corte de Justicia de Chile en septiembre, tras un recurso presentado por la comunidad de Totoral, la más cercana al lugar donde se emplazaría la termoeléctrica, en la región de Atacama, 810 kilómetros al norte de Santiago.

El rechazo de Castilla habría sido la última gota de un vaso lleno de dificultades para sostener las inversiones chilenas de Batista, cuyo imperio padece una crisis provocada por la capitalización de sus compañías basada en proyectos potenciales, no consolidados.

Seis meses después de esa resolución, la empresa MMX, también de Batista, anunció que abandona un proyecto de explotación de hierro que estaba en fase de cartografía geológica.

La compañía argumentó que los problemas de abastecimiento de energía aumentaron los costos de inversión y así el proyecto se volvió "menos atractivo".

Fue entonces cuando el ministro de Economía, Pablo Longueira, aseguró que la "dolorosa" decisión de MMX debía llevar a que los chilenos tomaran conciencia de que "Perú es una plaza que crecientemente se está haciendo muy atractiva para el desarrollo minero".

Para el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, las declaraciones del ministro son un "chantaje ficticio" ya que "Chile, por sus condiciones institucionales y de política minera y ambiental, sigue siendo la principal plaza de atracción de inversiones mineras a nivel internacional".

"De los 320.00 millones de dólares que se proyecta invertir en Latinoamérica de aquí al año 2020 (según estimaciones de la industria), un tercio está previsto en Chile", dijo a IPS.

Con todo, si la evidente demora en las inversiones del sector eléctrico se consolida, Chile "puede llegar a tener una oferta energética bastante pobre, cara y, por lo tanto, no es de extrañar que inversiones que podrían hacerse acá se hagan en otro lado", apuntó el economista Jorge Rodríguez Grossi, ministro de Energía del gobierno de Ricardo Lagos (2000- 2006).

Pero en Perú, la oposición de los pueblos indígenas a diversos proyectos genera un clima "poco favorable", añadió.

La ex directora general de Minería de Perú y actual consultora en temas mineros, Marita Chappuis, no cree que la explotación chilena emigre, "porque los problemas son fundamentalmente técnicos y se pueden solucionar, mientras que en Perú los problemas son ante todo sociales".

En ese terreno, "el Perú no es una amenaza para nadie", afirmó a IPS.

Aunque no se registran fallos judiciales que hayan congelado inversiones mineras peruanas, las protestas sociales sí lo han conseguido. Chappuis recordó el proyecto aurífero Conga, que la compañía Yanacocha pretendía desarrollar en la región norteña Cajamarca.

"Se logró paralizar un proyecto de 4.800 millones de dólares con todos los permisos en construcción. Eso no había ocurrido nunca", señaló la experta.

El abogado Javier Aroca, quien trabajó durante más de una década como coordinador del Programa de Industrias Extractivas de la organización no gubernamental Oxfam para América del Sur, cree que Perú está preparado para recibir más inversiones extranjeras pues el gobierno las promueve.

Pero su mayor obstáculo son los "movimientos de resistencia frente a nuevos proyectos mineros y de hidrocarburos en zonas donde no ha habido tradición de explotación extractiva", dijo a IPS. "La gente no está de acuerdo con estas explotaciones porque tiene miedo a perder sus medios de subsistencia".

Perú tiene más exigencias sociales y ambientales. Por eso, en cuanto al marco regulatorio, "las inversiones extractivas en Chile tienen un campo más propicio, lo cual creo que es descabellado", opinó.

Para el investigador José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental e integrante de la organización peruana CooperAcción, ambos países siguen siendo atractivos para las inversiones.

Si una empresa tiene malas prácticas en Chile, "las autoridades en Perú no verán necesariamente estos antecedentes", que sí podrían revelar qué tipo de relación entablará con la población, dijo a IPS.

En definitiva, apuntó el chileno Cuenca, el problema fundamental que enfrenta esta industria a los dos lados de la frontera es la resistencia comunitaria y social.

"Las comunidades campesinas, indígenas y otras están poniendo en jaque la estrategia de inversión extranjera en un sector de extracción de recursos naturales no renovables", afirmó.

Habría que analizar por qué los proyectos de inversión terminan discutiéndose en tribunales, apuntó Rodríguez Grossi, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado.

En el caso chileno, se debe reformar el ordenamiento territorial, de manera que se establezcan zonas para tratar la basura y para instalar industrias ruidosas o peligrosas, sin que las poblaciones se vean afectadas, sugirió.

A ojos de Cuenca, eso no basta. La explotación minera y la energética "alimentan un proceso de concentración económica, de alta rentabilidad, de inversiones extranjeras, pero dejan muchos problemas en las localidades y eso la gente lo percibe, lo vive". Por eso, sentenció, "la oposición seguirá".

* Con aportes de Milagros Salazar (Lima).
 
 
Fuente: Agencia IPS

La apuesta es por una nueva minería

El Perú es un país ancestralmente minero. Esta actividad ya era importante en la época pre-hispánica y hay muestras de ello en el arte y especialmente la orfebrería de nuestros antepasados. La actividad minera continuó durante la colonia pero su carácter cambió radicalmente.

Esta pasó a ser una explotación de materias primas para la exportación que abastecía la acumulación primitiva del naciente sistema capitalista, primero con oro y casi inmediatamente con el predominio de la plata. La producción minera se basó además en mano de obra semi esclava, a través de la mita, que fue uno de los sistemas de explotación de la población aborigen que contribuyó a la catástrofe demográfica de la época.

Desafortunadamente, las condiciones de la explotación minera colonial no cambiaron sustantivamente en el período republicano. La producción minera ha sido el eje de un modelo primario exportador más ligado a la división internacional del trabajo del mercado capitalista mundial que a las necesidades de desarrollo del mercado nacional. Si bien la minería ha sido un componente central del crecimiento del PBI en los últimos años y un importante contribuyente a las arcas fiscales, llegando a constituir casi la mitad de lo recaudado por impuesto a la renta, ha sido también causante de la denominada “enfermedad holandesa” en nuestra economía que convierte a esta en adicta a un dólar barato lo que afecta gravemente nuestra producción nacional.

Asimismo, el tipo de actividad minera que se desarrolla genera conflictos que afectan su viabilidad en los planos laboral, comunitario y medio ambiental. En el primero de los casos el conflicto con los trabajadores mineros es de larga data, promoviendo una de las respuestas de organización sindical más importantes del siglo XX que tuvo su punto culminante en la nacionalización de buena parte de la gran minería por el gobierno de Velasco en los años setenta. Las condiciones para el conflicto laboral no han cambiado, siendo hoy este sector, ya totalmente en manos privadas, gravemente afectado por la tercerización laboral que es una forma aguda de sobre explotación en medio de altísimas ganancias empresariales. Sin embargo, las dificultades de organización gremial impuestas por el neoliberalismo desde la época de la dictadura fujimorista, hacen muy difícil que el descontento se exprese sindicalmente por lo que los ingresos de los trabajadores mineros continúan deprimidos.

Los conflictos que más resaltan en la actualidad son el comunitario y medio ambiental, que suelen darse entrelazados. Al igual que el conflicto laboral, la lucha de las comunidades viene desde hace más de un siglo y el ejemplo emblemático ha sido el de las comunidades del centro del Perú en defensa de sus pastos. En la actualidad la lucha es por la defensa de las tierras y del agua, indispensables para la ganadería y la agricultura, que se ven amenazadas por la expansión minera.

La alternativa frente a esta situación no es, de ninguna manera, terminar con la minería. Por el contrario, sobre la base de la experiencia obtenida hay necesidad de una política de nueva minería que sea sustentable, tanto económica como social y ambientalmente. Lo más importante en este camino es articular la actividad minera con la actividad económica en el resto del país, promoviendo que desarrollen actividades con valor agregado que multipliquen mercados internos y puestos de trabajo. Tomando en cuenta sobre todo a la gran minería, el punto de partida para ello es un ordenamiento territorial que permita definir dónde se puede hacer minería y dónde no, la consulta previa indispensable a las poblaciones involucradas para que influyan claramente en las decisiones a tomar, el respeto a los intereses de los trabajadores terminando con la tercerización y el respeto también al Estado de Derecho y a la autoridad pública, tanto a nivel local, como regional y nacional.

Al respecto, los actores involucrados: grandes empresas, Estado, trabajadores y comunidades, son los llamados a impulsar la agenda de la nueva minería en beneficio del país. Le toca una responsabilidad especial al actual gobierno que anunció buenas intenciones pero se ha quedado en ellas.
 
 
Fuente: Otra Mirada

De Izquierdas, Derechas y Ecologismo Libertario y Desarrollo (El Ecologismo Político)

Imagen: La Mula
Por Marco Arana*

Todos los presidentes de América Latina, sean de izquierdas o derechas, fueron electos por sus promesas de seguir impulsando el crecimiento económico y disminuir o erradicar la pobreza. Para algunos la receta es el neoliberalismo económico y para otros, mayor participación del Estado en las actividades económicas y la redistribución de la renta. En cualquiera de los casos apostaron por intensificar y expandir las industrias extractivas (minería, petróleo, pesca), en una suerte de sobreentendido de que las necesidades son infinitas y los recursos naturales también.

No creo haber escuchado a uno solo de los presidentes de la región un discurso sofisticado diciendo que “los avances científico-tecnológicos compensarán y resolverán los graves problemas ecológicos que el actual modelo de desarrollo genera”. Como sí lo hicieron los defensores de la “economía verde” en la última cumbre ambiental de Río +20.

En el actual escenario Chile pugna por mantenerse como el primer productor de cobre y harina de pescado, aunque para ello se tope ya con el agotamiento y contaminación de sus aguas dulces y no disponga de los recursos energéticos que necesita (dimensión que la geopolítica peruana parece ignorar). En Perú, los neoliberales y ahora también los nacionalistas, dicen que hay que imitar o superar al sureño país, se continúa con la política del “Perro del hortelano”, para justificar la entrega en concesión petrolera y minera el 72% de la Amazonía peruana.

Brasil sueña con la explotación del petróleo de las profundidades marinas (proyecto Presal) y la infraestructura vial IIRSA para que “cada brasilero tenga oportunidad de tener un vehículo, un televisor, un refrigerador, una computadora….”, según nos dijo en Sao Paulo, la entonces candidata Dilma Roussef en el 2010.

La Bolivia de Evo Morales tiene hoy más explotación minera que la de la época del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (quien era minero) y, la Amazonía boliviana empieza a convertirse en la más deforestada de la región. En Ecuador, Rafael Correa es el más entusiasta presidente minero de la historia de su país y promotor de la minería “limpia a gran escala”. De paso, ha endurecido la represión contra quienes él denomina “ecologistas infantiles” y “enemigos del desarrollo”. En Venezuela, Hugo Chávez intensificó la economía petrolera y declaró la minería aurífera “recurso estratégico”, suscribiendo, dos semanas antes de su última elección, grandes acuerdos con las mineras chinas. En Colombia, el presidente Santos en busca implantar la “locomotora minera” incluso en los páramos de Santurbán, una zona de alta biodiversidad y naciente de los ríos que surten al principal acueducto de Santander.

Solitario el presidente uruguayo Pepe Mujica suena como voz de profeta en el desierto: “¿Tiene el mundo hoy los elementos materiales como para hacer posible que 7 mil u 8 mil millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales? (…) ¿Estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna? ¿Es posible hablar de solidaridad (…) en una economía basada en la competencia despiadada?”

Ante esas preguntas, urge que los pueblos de América Latina, sus intelectuales y líderes políticos construyamos una nueva visión de desarrollo con sostenibilidad ecológica, con afirmación de la democracia y justicia social. Esa visión no puede dejar la naturaleza y los territorios que habitamos sometidos a los abusos del capital y a las arbitrariedades del mercado. Tampoco puede justificar que, en nombre de una economía de Estado, se limite la actividad empresarial para repartir más, sin importar la crisis ecológica y económica que solo podrá superarse administrando adecuadamente: biodiversidad, amazonía, recursos hídricos y marítimos y diversificando la matriz energética, pero principalmente dedicando más atención a nuestra principal riqueza, el “capital humano”, con mejor educación y desarrollo de ciencia y tecnologías adecuadas a nuestras múltiples y diversas realidades.

El ecologismo político, y en el caso peruano, también libertario, tiene que enfrentar el paradigma del crecimiento económico depredador impulsado por las derechas liberales y las izquierdas tradicionales. Requerimos cambios profundos no solo económicos, políticos y sociales sino también culturales. El verdadero reto es construir derroteros para el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, afianzar una democracia (en nuestro caso de izquierda) justa y libertaria, que no solo es política, sino también económica y ecológica.


*Marco Arana es un lider ambiental, sociólogo, catedrático y ex-sacerdote peruano, fundador y militante del partido político Tierra y Libertad, de Perú.
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Fuente: El presente artículo ha sido publicado en el diario El Comercio el 27 de marzo de 2013. Y se reproduce con la autorización del autor.

Marco Arana fue brutalmente agredido el 2012 cuando efectuaba una protesta pacífica contra el proyecto minero Conga, en Cajamarca


Fuente: SERVINDI

Brasil: Indiferencia para los Awá y respaldo militar para hidroeléctrica Belo Monte

Mientras el gobierno anunció el envío de tropas a la zona donde se construye la represa de Belo Monte, en el estado de Pará, indígenas de la etnia awá solicitaron se cumpla con la sentencia judicial que ordena expulsar a los madereros de sus territorios.

Esta última información la dio a conocer la organización Survival International que en mayo de 2012 ya había dado fe de que en los territorios de los awá hay diez veces más invasores que indígenas de esa etnia, algo de lo que también están enteradas las autoridades brasileñas.

La citada orden judicial establecía que antes de que culmine el mes en curso los madereros tienen que abandonar el área que ocupan los awá, esto es en la selva tropical del estado de Maranhäo, al norte de Brasil.

Para los indígenas la demora en hacer ejecutar esta orden recae en el Ministro de Justicia. Es por ello que los Awá hicieron un “llamamiento excepcional” dirigido a José Eduardo Cardozo en el que expresan su enfado por permitir que los madereros sigan talando sus árboles, informó Survival.

Según la investigadora Fiona Watson de Survival International, sólo entre 60 y 100 awás continúan viviendo en aislamiento y otros 360 se reparten en cuatro comunidades en las que continúan viviendo como lo hacían antes de sedentarizarse.
 
Medida plantea anular protestas en contra de Belo Monte

A la indiferencia mostrada por el gobierno hacia los pueblos indígenas se suma la ejecución de una nueva medida que los perjudica.

Se trata de una disposición de la justicia que ordena el desplazamiento de tropas de la Policía Federal a la zona donde se construye la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el estado amazónico de Pará. El objetivo: evitar que las continuas protestas contra el proyecto impidan su realización.

Esta tarea la tendrá específicamente la Fuerza Nacional de Seguridad, un cuerpo especialmente entrenado para combatir situaciones de desorden público.

Como el propio gobierno reconoce, la construcción de esta hidroeléctrica sobre el río Xingú inundará 516 kilómetros cuadrados de selva amazónica lo que provocará el desplazamiento de unos 50 mil indígenas y campesinos que habitan la ribera del citado río.

Se debe sumar a esto que los “daños irreparables” que causará al ecosistema amazónico. La medida fue tomada por el gobierno luego que protestas realizadas la semana pasada por unos 150 personas paralizaron las obras por dos días.
 
 
Fuente: SERVINDI

miércoles, 27 de marzo de 2013

Electroperú dará sustento técnico para generar inversiones privadas en hidroeléctricas

Ante la incertidumbre que existe sobre cuándo se inicia la construcción de nuevas hidroeléctricas, una alternativa que evalúa el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para promover la inversión privada en esas centrales es que el propio Estado les dé sustento técnico, antes de sacar a licitación esos proyectos.

Así lo indicó el director general de Electricidad del MEM, Roberto Tamayo, que refirió que su sector está evaluando que el Estado, a través de Electroperú, u otras empresas que estén interesadas, elaboren los estudios de factibilidad de proyectos hidroeléctricos.

Una vez concluidos esos estudios de factibilidad, en las siguientes licitaciones de esos proyectos, los privados que se adjudiquen esas iniciativas, pagarán el costo de los estudios realizados, citó.

“Queremos que se promueva portafolios de nueva oferta de generación eléctrica, con una cartera de proyectos para que en próximas subastas estén expeditos para facilitar su pronta ejecución”, apuntó.

Explicó que el MEM analiza cómo modificar el marco legal para introducir esta promoción en el desarrollo de estudios, lo cual requerirá una ley del Congreso.

Según indicó, es necesario establecer una planificación integrada de las inversiones, en vista que no hay una información certera de parte de los grandes usuarios y los generadores, sobre en qué momento van a desarrollar sus proyectos.

Otras medidas que se deben adoptar para enfrentar el crecimiento de la demanda a mediano plazo, según Tamayo, son el convocar de inmediato concursos para abastecer al país de más generación con reserva fría (a diesel y gas) que sirvan de respaldo, pero que sean menos caros.

El proyecto del Gasoducto Sur Peruano aún no se “engrana” con las necesidades de (mayor generación) en el sector eléctrico, por lo cual se requiere medidas regulatorias así como hacer una inversión planificada en ese tema, remarcó Roberto Tamayo.
 
 
Fuente: Revista Oro Negro

WWF critica la construcción de presas no sostenibles en el mundo

Foto: EFE
Numerosos proyectos de construcción de presas en el mundo vulneran los criterios fundamentales de sostenibilidad al atender más a cuestiones políticas y económicas que a evidencias científicas y evaluaciones de riesgos, aseguró hoy el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

"Las presas que son adecuadamente planificadas, construidas y operadas pueden contribuir a la seguridad alimentaria y energética, pero desafortunadamente los intereses a corto plazo son a menudo el foco en la toma de decisiones", manifestó en un comunicado el especialista en Seguridad de Agua del WWF, Jian-hua Meng.

Por este motivo, el Fondo Mundial para la Naturaleza ha elaborado un informe, "Los Siete Pecados de la Construcción de Presas", en el que desvela las malas prácticas en este tipo de construcciones.

Algunos de los pecados recogidos por el documento son la construcción de las presas en un río equivocado, despreciar la biodiversidad, no obtener una licencia para operar o no manejar de forma correcta los riesgos e impactos.

El WWF también denunció aquellas construcciones que no valoran alternativas mejores, más baratas y que dañan menos el medio ambiente.

"Para garantizar niveles aceptables de sostenibilidad social y medioambiental, este tipo de instalaciones deberían seguir de forma estricta los criterios formulados bajo la Comisión Mundial de Presas o el Protocolo de Evaluación de Sostenibilidad de Energía Hidroeléctrica. En caso de que los incumplan, el proyecto debería ser modificado o abortado", expresó Meng.

Además, el WWF reprobó la falta de capacidad o de independencia de algunos gobiernos para proteger el interés público.

Tener en cuenta a la población


"Los proyectos a gran escala deberían obtener una licencia social para operar. La aceptación de estos planes por parte de la población es fundamental para la gestión sostenible", añadió el experto.

En este sentido, afirmó que en muchos casos no se tienen en cuenta los efectos negativos que pueden tener este tipo de construcciones para la población como la reubicación de personas, la destrucción de sitios culturales, de la pesca local o la desaparición de humedales.

Por otro lado, el texto menciona una serie de construcciones o proyectos que la organización considera no sostenibles, como las polémicas presas de Belo Monte (Brasil) y Xayaburi (Laos), o los proyectos europeos de Austria y Turquía.

El documento se detiene especialmente en el caso de Austria, donde se está planteando en la actualidad la extensión de la planta hidroeléctrica Kaunertal.

Esta ampliación tendría graves consecuencias ecológicas para tres valles alpinos de Oetztal, según el Fondo Mundial para la Naturaleza.

"WWF analizó nueve presas y descubrió que muchas de ellas no sólo desatendían uno, sino muchos de los graves pecados en su construcción. Sin embargo, estos errores podrían evitarse. La falta de capacidad, las presiones económicas o circunstancias regionales específicas no deberían ser nunca más una excusa", sentenció Meng.
Fuente: EFEverde

Producción total de energía eléctrica se incrementó en enero en 7.2%

La producción total de energía eléctrica a nivel nacional fue de 3 mil 613 giga watts hora (GWh) en enero último, lo que significa que hubo un incremento de 7.2% con relación al mismo periodo de 2012.

Así lo informó la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (MEM) al indicar, además, que el número de clientes del mercado regulado aumentó en 337 mil ( 6.1%) al pasar de 5 millones 521 mil a 5 millones 858 mil.

En el primer caso, la DGE precisó que, en enero, las empresas que atienden la demanda de electricidad, generaron 3 mil 400 GWh, mientras que las empresas que producen energía para su propio uso, generaron 213 GWh, equivalente al 6.3% del total de la producción nacional.

Asimismo, detalló que la generación de las centrales hidroeléctricas fue de 2 mil 184 GWh, registrando un incremento en 4.1% respecto al mismo periodo de 2012, representando el 60.4% del total de la producción nacional.

Las DGE subrayó, también, que la generación termoeléctrica fue de mil 411 GWh, 10.9% más que en enero del año anterior; participando la energía solar con sólo el 0.5%.

En la producción total de energía eléctrica por las unidades asociadas al COES-SINAC, según el recurso energético empleado, el 63,1% de dicha energía se obtuvo con fuente hídrica; el 33.8% con gas natural, el 1.2% con carbón, el 0.9% con diesel y residual, el 0.5% con biomasa y biogás, y el 0.5% con energía solar.

DATOS

El 61.3% de la generación en el mercado eléctrico corresponde a los privados, en tanto que la participación de las empresas del Estado en ese mercado es de 27.5%.
 
 
Fuente: Diario La República

Región Arequipa necesita siete represas para garantizar agua

Foto: Internet/Referencial
Una de las conclusiones del equipo que elabora el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Arequipa es que la región requiere por lo menos siete represas medianas o pequeñas para la seguridad hídrica de los próximos años.

Especialistas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) explicaron que tomando en cuenta el crecimiento de la población, se necesita un 30% adicional de la capacidad de almacenamiento actual.

Otra de las recomendaciones es que la población y los agricultores deben usar eficientemente el agua, y no desperdiciarla. Al respecto, Manuel Herrero, facilitador del proceso de planificación, explicó que los hombres del campo podrían estar desperdiciando agua con el riego por gravedad. Se estaría aplicando mal la técnica. En esa línea, destaca que es necesario mas capacitación para los agricultores. 
 
 
Fuente: Diario La República

Moquegua retomó Paltiture como proyecto birregional

Foto: Internet/Referencial
La histórica disputa por el agua que enfrentó a Moquegua y Arequipa por varios años podría llegar a su fin.

Un nuevo proyecto de la represa birregional Paltiture, en la comunidad de Tolapalca del distrito de Ichuña, provincia de Sánchez Cerro, ha sido retomado con fuerza. El Consorcio VCHI-5, contratado por el Gobierno Regional de Moquegua (GRM), entregó el estudio a nivel de perfil técnico.

En el documento plantea que la presa tendrá una capacidad de 59 millones de metros cúbicos (MMC) y estará ubicada a 7 kilómetros de la comunidad de Tolapalca (parte baja). Se estima que su ejecución costará 115 millones 731 mil soles.

Fredy Zeballos, gerente del Proyecto Especial Pasto Grande (PEPG), explicó que con este embalse se buscará resolver la demanda de agua en tiempos de estiaje del valle de Tambo. Esta zona depende de la represa de Pasto Grande, de donde se descarga 8.2 MMC en época seca.

Zeballos precisó que Paltiture permitirá ampliar la frontera agrícola en mil hectáreas en el distrito de Quinistaquilla.

En un principio se preveía mejorar el cultivo en los valles de Yunga, Lloque, Chojata, Matalaque, Omate, Puquina y La Capilla. Este proyecto fue descartado por falta de presupuesto para la construcción de 270 kilómetros de canales. ß


El largo camino de Paltiture


La “guerra por el agua” tuvo su mayor protagonismo en noviembre del 2003. Los moqueguanos cerraron las compuertas de la presa y se negaron descargar el recurso hídrico. Los tambeños respondieron con bloqueos de la carretera Panamericana Sur.

El Ministerio de Agricultura (Minag), en coordinación con ambas regiones, promovió otro proyecto de Paltiture que proponía su edificación en la zona alta de Tolapalca, los comuneros se opusieron.

El presidente regional, Martín Vizcarra, aseguró que esta vez será diferente. El perfil será derivado la primera semana de abril al Minag para que asuma su ejecución.
 
 
Fuente: Diario La República

Ley de Consulta Previa impide licitación de lotes petroleros

La implementación de la Ley de Consulta Previa ha impedido que el Estado entregue en concesión 36 lotes petroleros desde 2011.

La mencionada norma fue aprobada por el Congreso a mediados de ese año y, luego de una larga espera, se reglamentó en abril de 2012.

En setiembre, Perupetro –la agencia estatal encargada de la promoción de hidrocarburos– anunció que en unos tres meses se realizaría la convocatoria para licitar los bloques de hidrocarburos. Sin embargo, ello no ocurrió, pues debió esperar a que el Ministerio de Cultura le entregue una lista de las comunidades que deben ser consultadas y el proceso que se iba a seguir.

Perupetro ahora ya cuenta con esa relación, pero aún no ha aplicado el mecanismo. Por ello, la agencia decidió anunciar la convocatoria de solo nueve lotes que se ubican a lo largo del mar peruano y que no requieren de consulta.

El presidente de Perupetro, Luis Ortigas, reconoció que aún no existe fecha para el resto de unidades que están ubicadas, sobre todo, en la selva.

“No hemos podido hacer la convocatoria (del proceso de inversión) para todo el paquete. No sabemos si la consulta va a tomar tres meses, seis meses, un año o más, eso dependerá de las dificultades que encontremos en las comunidades”, refirió.

Subrayó que si bien la Ley de Consulta no es vinculante, se buscará llegar a un acuerdo con las comunidades nativas antes de autorizar la exploración y explotación del recurso.

“Si no se llega a un acuerdo, se deberá extender el diálogo. Pero no puede haber una imposición ni del Estado, ni de la comunidad”, sostuvo.

Por otro lado, el funcionario confirmó que en todos los lotes que se licitarán se obligará la presencia de Petroperú como socio con una participación mínima del 25%.

“Petroperú no pondrá dinero en la fase de exploración, intervendrá solo si hay un descubrimiento y la participación se pagará con la renta del lote. Este esquema ya se usa en otros países”, apuntó Ortigas.

Al respecto el especialista en hidrocarburos, Eleodoro Mayorga, refirió que este mecanismo reducirá la renta del inversionista y, por lo tanto, el nivel de canon y las regalías que se distribuirán en la zona. “Petroperú tendrá esa renta y habría que ver cuál es la mejor forma para que se usen esos recursos”, opinó.

SABÍA QUE


- Los nueve lotes convocados representan una inversión de US$450 millones. Están ubicados en las costas de Trujillo, Lima, Pisco y Mollendo.

- Estos lotes se ubican a 10 millas de la línea costera, más allá de la zona de protección de la pesca artesanal, informó Perupetro.

- Las bases para la licitación serán publicadas el 31 de mayo próximo. Perupetro definirá el porcentaje de participación de Petroperú.

- La buena pro de los lotes se entregaría el último trimestre del año. Hay inversionistas interesados de Canadá y EE.UU., como Exxon Mobil y Apache.

- Un factor de competencia será el mayor pago de regalías. Actualmente, existe un mínimo de 15% sobre el valor del producto.
Fuente: Revista Oro Negro

Luis Ortigas: “La meta es perforar 40 y 60 pozos por año”

Desde el 2010 no se licita ningún yacimiento de hidrocarburos en nuestro país, pero la semana pasada Perupetro lanzó la convocatoria para subastar nueve lotes para la exploración de petróleo y gas en el mar.

Hasta el lunes, se registraban nueve empresas interesadas, y se estima una inversión mínima de US$ 500 millones por cada lote, informó Luis Ortigas, presidente de la empresa estatal.

“Actualmente, 36 pozos están listos para salir. Nuestra meta es perforar entre 40 y 60 pozos por año Lo importante es tener programas adecuados y reducir los tiempos de aprobación para los estudios ambientales. Tenemos un ritmo de entre 6 y 10 pozos al año, y eso nos da poco futuro en hidrocarburos”, advirtió.

A Perupetro –recalcó- se le encargará ser una ventanilla única para atender a los inversionistas. “Pero no podemos ser solo el mensajero, sino participar activamente. Por eso estamos preparando modificaciones en las normas”, adelantó.

En este sentido, el funcionario aclaró que la entidad pública no incurrirá en riesgo, pues participará una vez que los yacimientos se encuentren en producción.

Ortigas precisó que algunos contratos de hidrocarburos en el noroeste peruano –que finalizaban este año y el próximo- fueron ampliados de veinte a treinta años por iniciativa del Minam y Perupetro, bajo las mismas condiciones. “Es común que al acercarse la fecha límite del contrato la producción comience a declinar por la menor inversión”, justificó.
 
Fuente: Revista Oro Negro

Humala pide que no haya impunidad en contaminación de petrolera Pluspetrol

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, enfatizó que la contaminación de la cuenca del Pastaza (Loreto) por la empresa argentina Pluspetrol no quedará impune, pese a que se le impuso una multa de 11,3 millones de dólares a fines del 2012, pero la firma judicializó el caso para evitar el pago.

Es un “problema ambiental severo” -dijo- tras declarar en emergencia la zona por 90 días, tiempo en el que se buscará rehabilitarla para reducir el riesgo de contaminación a los pobladores.

“Tenemos una indicación directa del Presidente de la República para que no haya impunidad en este tipo de casos porque no se puede permitir que una empresa asuma sus obligaciones de manera tan laxa, tan irresponsable, causando un perjuicio a la población”, afirmó.

Aclaró que se trata del lote petrolero 1-AB que opera desde 1971 y que actualmente suministra casi un cuarto de toda la producción de crudo en el país, en la región selvática de Loreto.

El bombeo de petróleo lo inició la estadounidense Occidental Petroleum y en el 2001 pasó a manos de Pluspetrol.

“Estamos hablando de infraestructura muy vieja y con muy poco mantenimiento. En la intervención que se hizo en Pastaza se ha determinado que las tuberías están en muchos casos en muy mal estado”, dijo Pulgar.

Un portavoz de Pluspetrol en Lima, dijo que la compañía está analizando la situación presentada y se excusó de ofrecer por ahora comentarios sobre el tema.

Pluspetrol opera además en el sur de Perú el campo de Camisea, que produce la mayor parte del gas natural del país.

El caso ya había sido alertado por comunidades nativas de Loreto. “Esto es una buena prueba de fuego para ver cómo van a operar las instituciones ambientales. Este (del lote 1-AB) es uno de los casos emblemáticos en cuanto a impactos ambientales en el Perú”, dijo el exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, que labora ahora en la ONGCooperacción.

En tanto, el viceministro de Interculturalidad, agregó: “La declaración de emergencia es un paso importante que debe ayudar al proceso de diálogo con las comunidades nativas, y es un signo de la promesa que el Gobierno ha hecho para atender a sus preocupaciones”.
 
 
Fuente: Revista Oro Negro

Proyecto minero Ollachea iniciará sus operaciones en el 2015 con una inversión de 170 millones de dólares

Foto: Internet/Referencial
El proyecto de oro de Ollachea que se ubica en la provincia de Carabaya, iniciará sus operaciones el primer trimestre del 2015, luego de completar una inversión de más de US$ 170 millones. La producción del proyecto se estima en 113 mil onzas de oro por año.

Dicho proyecto es de propiedad de Cia Minera Kuri Kullu S.A. (MKK), la cual pertenece al 100% a la Empresa Minera IRL, entidad que está constituida por capitales peruanos y australianos, que además cotiza sus acciones en las bolsas de valores de Londres, Lima y Toronto.

Según información de la gerencia de Comunicación corporativa y Responsabilidad Social de la Minera IRL S.A., actualmente mantienen excelentes relaciones con la Comunidad de Ollachea la cual se convertirá en la primera Comunidad Socia de una empresa minera en el Perú luego que Cia Minera Kuri Kullu le entregue el 5% de su accionariado cuando inicie la fase de producción del proyecto. (2015).
 
 
Fuente: Radio Pachamama

Cañaris: ¿Puede un informe legal del MINEM dejar sin efecto el Convenio 169 de la OIT?

Por Juan Carlos Ruiz Molleda*
 
Ya no saben qué hacer para sustentar la no obligación del Estado de realizar el proceso consulta en el caso Cañaris. Primero dijeron que no eran pueblo indígena, y ahora resulta que un funcionario del MINEM, a través de un simple informe legal puede incumplir un tratado internacional de rango constitucional. Mañana con qué argumento saldrán. Hay que estar preparados.

En efecto, el diario República da cuenta que el 18 de marzo mediante oficio Nº 563-2013-MEM/SEG, Tábata Vivanco, secretaria general del Ministerio de Energía y Minas, le hace llegar el informe Nº 024-2013-MEM/DGM elaborado por la Dirección General de Minería al congresista lambayecano Virgilio Acuña Peralta, con el cual el parlamentario podía dar por respondido su pedido previo, dirigido al ministro Jorge Merino Tafur, respecto a por qué la comunidad San Juan de Cañaris no podía acceder al derecho de consulta previa para solucionar a través de ese mecanismo su conflicto. En este informe la abogada Martha Vásquez Bonifaz sostiene que “no procede la realización de proceso de consulta previa respecto a las actividades de exploración en las concesiones mineras denominadas Cañariaco A y Cañariaco B, por ser actividades continuadas a las iniciadas en campaña de exploración anterior“. (http://www.larepublica.pe/25-03-2013/canaris-informe-del-minem-da-luz-verde-canariaco-desde-octubre-del-2012)
 
1. El argumento del MINEM para incumplir con su obligación de consulta previa: Los actos anteriores a la promulgación de reglamento de la ley de consulta no se consulta

El argumento del MINEM es que no hay inicio de una actividad sino la continuación de una exploración anterior. ¿Por qué argumenta esto el MINEM? La respuesta está en el artículo 2 del Decreto Supremo No 001-2012-MC que aprobó el Reglamento de la Ley de Consulta Previa, el cual a la letra dice que la referida norma

entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, aplicándose a las medidas administrativas o legislativas que se aprueben a partir de dicha fecha, sin perjuicio de lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29785. Respecto a los actos administrativos, las reglas procedimentales previstas en la presente norma se aplican a las solicitudes que se presenten con posterioridad a su publicación”.
Con esa finalidad sostiene el MINEM en otras palabras, que al haber sido aprobada la exploración en la Resolución Directoral No 045-2008-MEM-AAM, el día 29 de febrero del año 2008, no le es aplicable la obligación de consulta, porque es una acto administrativo, anterior la publicación y entrada en vigencia del Reglamento de la ley de consulta. Tan sencillo como eso.

2. ¿Por qué esta interpretación es absolutamente inconstitucional?


El Convenio 169 de la OIT tiene mayor jerarquía jurídica que el reglamento de la ley de consulta previa. Según reiterada jurisprudencia obligatoria del Tribunal Constitucional (STC 03343-2007-PA, f.j. 31, 00022-2009-PI, f.j. 9, 0002-2009-PI, f.j. 23), el Convenio 169 de la OIT es una norma de rango constitucional, en consecuencia, las normas de inferior jerarquía, como el reglamento debe interpretarse de acuerdo con este, siendo inválidas las disposiciones de este reglamento que contradigan a la norma de mayor jerarquía. En este caso, el reglamento busca restringir el ejercicio del derecho a la consulta previa.

El artículo 138° de la Constitución es claro, “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”. En igual sentido, el artículo 51° precisa que “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”.

El Convenio 169 de la OIT está vigente y es de cumplimiento obligatorio desde el 2 de febrero del año 1995. El derecho a la consulta es exigible desde febrero del año 1995. Eso también ha sido reiteradamente sostenido por el TC en su jurisprudencia vinculante. Como señala el TC

“La exigibilidad del derecho a la consulta está vinculada con la entrada en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico del Convenio 169 de la OIT. Este Convenio fue aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 26253, ratificado el 17 de enero de 1994 y comunicado a la OIT a través del depósito de ratificación con fecha 02 de febrero de 1994. Y conforme a lo establecido en el artículo 38. 3 del referido Convenio, éste entró en vigor doce meses después de la fecha en que nuestro país registró la ratificación. Esto es, desde el 02 de febrero de 1995, el Convenio 169 de la OIT es de cumplimiento obligatorio en nuestro ordenamiento” (STC 00025-2009-PI, f.j. 23).


Los derechos de rango constitucional no necesitan normas de desarrollo legislativo o reglamentario para ser de cumplimiento obligatorio. Con ley de consulta y reglamento o sin ambos el derecho a la consulta era jurídicamente obligatorio y exigible. Como ha sostenido el TC “no es un argumento constitucionalmente válido excusar la aplicación de derechos fundamentales debido a una ausencia de regulación legal o infra legal. Ello sería dejar en manos de la discrecionalidad estatal el cumplimiento de los derechos fundamentales, posición que riñe con el Estado Constitucional del Derecho en la que la Constitución vincula a toda la sociedad, incluyendo a los órganos constitucionales o a los llamados Poderes de Estado” (STC No 00022-2009-PI, f.j. 12)

Si bien la ley de consulta y su reglamento no son retroactivos, la obligación de consulta se desprende del Convenio 169 de la OIT. De conformidad con el artículo 103 de la Constitución ninguna puede ser aplicable a las normas anteriores a su promulgación. Eso es evidente. Sin embargo, lo que no dice el MINEM, es que la obligación de realizar la consulta previa nace del propio Convenio 169 de la OIT, vigente desde el año 1995.

El Poder Ejecutivo y el MINEM también están sometidos a la Constitución. El Gobierno y el MINEM tienen discrecionalidad a la hora de conducir la política energética. Sin embargo, como señala con razón Tomás Ramón Fernández, “Por muy grande que sea la libertad de decisión que reclame la naturaleza especifica de un poder determinado, por mucha que sea la discrecionalidad que tenga reconocida su titularidad […] ese poder no tiene que ser, ni puede ser arbitrario, no puede afirmarse sobre el solo asiento de la voluntad o el capricho de quien lo detenta, porque inexcusablemente con el apoyo de la razón para poder ser aceptado como poder legítimo” (Hacemos nuestras las palabras de Tomás Ramón Fernández recogidas por la sentencia del TC en 0090-2004-AA/TC, f.j. 12).

El TC es muy claro en reconocer que el requisito de razonabilidad excluye la arbitrariedad. Según este, “la exigencia de razonabilidad es la búsqueda de la solución justa de cada caso. Una decisión arbitraria, contraria a la razón (entendiendo que en un sistema de derecho positivo la razonabilidad de una solución está determinada por las normas y principios que lo integran, y no sólo por principios de pura razón), es esencialmente antijurídica”. (Exp. Nº 0090-2004-AA/TC, f.j. 12).

Los funcionarios del MINEM no tienen un poder absoluto. Según el artículo 45° de la Constitución, “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”. Ellos son parte el Poder Ejecutivo, como tales, de conformidad con el artículo 118.1 de la Constitución, les corresponde “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”.

Un acto administrativo que viola un derecho fundamental o constitucional es nulo. Los funcionarios del MINEM deben de entender que no tiene un poder absoluto. Los derechos constitucionales (y entre ellos el derecho a la consulta) son criterios de validez de toda decisión del Estado, en consecuencia, deviene nulo (no anulable) todo acto que los vulnere. Como señala el artículo 31 de la Constitución Política “Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”. No tiene competencia el MINEM para expedir resoluciones que afectan a los pueblos indígenas sin previa consulta.

Como precisa el artículo 46 de la Constitución, “Nadie debe obediencia […] a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. […] Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”. Esta está expresamente reconocido en el artículo IV, inciso 1.1 de la Ley General de Procedimientos Administrativos (Ley Nº 27444), el cual reconoce el Principio de legalidad, según el cual “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

Añade el articulo 10.3 del referido cuerpo normativo como causales nulidad “La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias”. Finalmente, en el caso específico de la omisión de procesos de consulta, el TC ha precisado que los actos administrativos inconsultos expedidos luego de la ratificación del Convenio 169 de la OIT son inconstitucionales (STC No 06316-2008-PA/TC2, f.j. 27), y ha señalado la inaplicabilidad de norma que contradiga el Convenio 169 de la OIT (STC 000222009-PI, f.j. 10).
 
3. ¿Cuáles son los actos administrativos del MINEM que debieron ser consultados?

Son tres fundamentalmente, los actos administrativos expedidos por MINEM que a pesar de afectar directamente a la comunidad campesina de Cañaris, no hay sido consultados tal como lo ordena los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT. Tenemos en primer lugar la omisión de consulta previa antes de expedir las concesiones mineras a cargo de INGEMMET, luego tenemos la omisión del Ministerio de Energía y Minas de consultar la Resolución Directoral Nº 045-2008-MEM/AAM, de fecha 29 de febrero del año 2008, mediante la cual se aprobó la evaluación ambiental del proyecto de exploración minera “Cañariaco”. Y finalmente, la omisión del Ministerio de Energía y Minas de consultar la Resolución Directoral Nº 177-2012-MEM/AAM, de fecha 30 de mayo del año 2012, mediante cual se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto de exploración minera “Cañariaco”, presentado por Cañariaco Cooper Perú S.A.
 
A manera de conclusión

En función de lo argumentos antes señalados, es evidente que el informe legal expedido a propósito del caso Cañaris es absolutamente inconstitucional. Pero no solo eso, el referido informe legal expedido por el funcionario del MINEM no solo evidencia un total desconocimiento de las normas elementales que regulan el funcionamiento del ordenamiento jurídico, imperdonable en un funcionario público que ostenta el cargo de Secretaria General del Ministerio de Energía y Mina, sino que linda con la mala fe y la arbitrariedad. Ojala el Viceministerio de Interculturalidad diga algo esta vez.

*Juan Carlos Ruiz Molleda es abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, con experiencia de trabajo en Derecho Parlamentario, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Pertenece al Instituto de Defensa Legal (IDL) desde el año 2005 a la fecha. Se tituló en Derecho con la Tesis: “Control Parlamentario de los Decretos de Urgencia en el Perú”.
 
 
Fuente: SERVINDI

Ministerio de Energía y Minas se zurra en el derecho a la consulta en Cañaris

Para el especialista Juan Carlos Ruiz Molleda informe es una “leguleyada” para incumplir la consulta.
 
Tras conocerse un informe de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) que desconoce la necesidad de la consulta previa para el caso del proyecto Cañariaco en Lambayeque, autoridades de la región y representantes de otras entidades pidieron a este ministerio aclarar el tema.
Según un informe de La República, el documento de la citada dirección del Minem, con fecha 18 de marzo, sostiene que “no procede la realización del proceso de consulta previa respecto a las actividades de exploración en las concesiones mineras Cañariaco A y Cañariaco B por ser actividades continuadas a las iniciadas en campaña de exploración anterior”.

Este argumento de la DGM del ministerio ha provocado que el presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, pida al viceministro de Minas, Guillermo Shinno Huamaní, se pronuncie sobre el mismo en su calidad de miembro de la Mesa de Trabajo pro Desarrollo de Cañaris.
 
Proyecto tiene luz verde desde octubre

Según el documento elaborado por la Dirección General de Minería, el 12 de octubre de 2012 la empresa comunicó la continuación de sus exploraciones en Cañariaco A y B, algo que estuvo avalado incluso por la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros.

Fue avalado por esta última a razón que dichas concesiones fueron materia de exploración al amparo de la Resolución Directoral N° 045-2008-MEM-AAM en una primera campaña, por lo que (una vez más) no requiere autorización para el inicio de actividades y porque cuentan con el respaldo del Decreto Supremo Nº 020-2012-EM.

Esto significa que según el Minem no es necesario el pedido de una nueva autorización por lo que la empresa podía operar sin ésta y por tanto sin que cumpla con la consulta previa.
 
Piden tocar tema de fondo

Para Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), el hecho de recurrir a términos como “reinicio” o “inicio”, para el caso de Cañaris de exploraciones mineras, responde a una “leguleyada” para no aplicar la consulta.

“El tema de fondo es que en la medida de que se tratan de procesos administrativos expedidos con posterioridad a la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del 2 de febrero de 1995, son actos que debieron ser consultados”, explicó.

Ruiz Molleda señaló que la omisión de consulta genera un vicio de nulidad y lo que procede ahora de parte de la población de Cañaris es la interposición de una demanda de amparo.

Cuestionó de otro lado que el informe de un funcionario no puede tener más jerarquía que el Convenio sobre Pueblos Indigenas 169, en referencia al informe elaborado por la Dirección General de Minem.

Por último advirtió que para el caso de Cañaris no solo se debió de haber realizado la consulta previa sino que también se debió de haber contado con el consentimiento de la población ya que el proyecto incluye el desplazamiento de la población.
 
El silencio de los Viceministros

Una de las preguntas que se hace La República en torno al tema es por qué Shinno Huamaní nunca manifestó en sus más de tres viajes a Chiclayo, la postura del Minem expuesta en el documento preparado por la Dirección General de Minería.

También por qué Candente Cooper, consciente de este “respaldo ministerial”, ha permitido que se debata en interminables reuniones la validez de las consultas, pudiendo defender este beneficio legal con el que cuenta.

Ruiz Molleda por su parte lamentó la posición del Ministerio de Cultura y más precisamente la del Viceministerio de Interculturalidad. Recordó que cuando se trató de decir si a Cañaris le correspondía consulta o no fue la Defensoría del Pueblo quien se pronunció y no el viceministro de Interculturalidad.

El presidente regional de Lambayeque pidió a los funcionarios de la Mesa de Trabajo pro Desarrollo de Cañaris definir el tema el próximo 6 de abril, fecha que fue señalada para la próxima reunión.
 
 
Fuente: SERVINDI

Conoce el colibrí cola de espátula, una especie única que habita en el Perú


¿Alguna vez has visto al colibrí maravillo o colibrí cola de espátula? Conservamos por Naturaleza te invita a conocer la historia de Santos Montenegro y cómo esta ave cambió su vida.

Cerca a Pomacochas en Amazonas, Santos Montenegro trabaja con miras a restaurar el hábitat de una de las especies más increíbles que hospeda el Perú. Para ello, trabaja en actividades de reforestación de especies nativas, en educación e investigación.

Gracias a esfuerzos como el de Montenegro, los visitantes tienen la posibilidad de observar a este colibrí y docenas de otras especies que llegan por los bebederos y las flores que se han sembrado en el lugar.

Este video forma parte de la Ruta de la Niebla de Conservamos por Naturaleza, una iniciativa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) que reconoce y pone en valor los esfuerzos de conservación de individuos, familias y comunidades que en distintos rincones del Perú vienen sentando los cimientos para la construcción de un Perú Natural.

Puedes hallar más historias parecidas en: www.conservamospornaturaleza.org 
Fuente: Actualidad Ambiental

México: Califican de ofensa a la dignidad indígena actitud del gobierno en audiencia CIDH

La analista Magdalena Gómez calificó de ofensa a la dignidad indígena la actitud del gobierno méxicano en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada el 14 de marzo. Los representantes del Estado mexicano ignoraron los asuntos planteados por los indígenas rarámuri y ódami, generando incluso malestar entre los funcionarios de la CIDH.

A pesar que la delegación indígena expuso problemas de carácter territorial, de salud, educación, agua y alimentación, enmarcados en la violación al derecho a la consulta y el consentimiento previo respecto a los proyectos turísticos, concesiones forestales y mineras la representación estatal leyó un largo texto sin dar respuestas concretas.

El gobierno mexicano estuvo representado por un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien dio la palabra a otro de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Igual actitud adoptó un representante del gobierno del estado de Chihuahua que leyó una monografía indígena sin responder a los asuntos demandados.

A criterio de Magdalena Gómez, si bien “no es novedad el distanciamiento del Estado mexicano frente a la justiciabilidad de los derechos de los pueblos indígenas” este nuevo episodio ofensivo y directo es una “estampa ciertamente indignante de los limitados alcances del retorno príista”.

A continuación el artículo de Magdalena Gómez:
 
La ofensa del gobierno mexicano a la dignidad indígena

Por Magdalena Gómez

Ciertamente no es novedad el distanciamiento del Estado mexicano frente a la justiciabilidad de los derechos de los pueblos indígenas; ésta vez se mostró de manera ofensiva y directa en el espacio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado 14 de marzo se efectuó la audiencia concedida a los pueblos rarámuri y ódami durante el 147 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, con sede en Washington.

Asistieron representantes de las comunidades de Bakajípare, Huetosachi y Mogótavo, del municipio de Urique; Coloradas de la Virgen, Choreachi y Mala Noche, del municipio de Guadalupe y Calvo, de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, respaldados por las organizaciones Alianza Sierra Madre, Tierra Nativa, Cosyddhac, Centro de los derechos de la mujeres, Mujeres por México en Chihuahua y la diócesis de la Tarahumara. Además de contar con el respaldo de autoridades tradicionales de toda la sierra.

En dicha audiencia expusieron sus problemas de carácter territorial, de salud, educación, agua y alimentación, enmarcados en la violación al derecho a la consulta y el consentimiento previo respecto a los proyectos turísticos, concesiones forestales y mineras.

Entre los saldos del despojo anotaron que “en los municipios de la sierra 90.6 por ciento de la población no cuenta con servicios de salud; 78.9 por ciento de las viviendas no tienen agua potable; 96.6 por ciento no tiene drenaje; 91.6 por ciento de las viviendas no cuentan con energía eléctrica; más de 70 por ciento de la población no sabe leer ni escribir” y no dejaron de lado la disfunción de la educación: “La escuela (pública y privada) no ayuda en casi nada la subsistencia del pueblo rarámuri. Toda persona egresada de cualquier escuela, cambia de manera de ser, de comportamiento, busca otros trabajos fuera de la comunidad, se hace más dependiente de la economía mestiza. Esto sucede porque los programas son ajenos, con maestros preparados fuera de la cultura; en la escuela se habla la lengua mestiza y la lengua indígena se desconoce”. Temas que tienen que ver con la calidad de la educación, concepto ausente en la reforma administrativa y de acoso laboral recientemente aprobada.

Concluyeron con peticiones precisas, como la cancelación de permisos forestales, la suspensión de obras del fideicomiso Barrancas del Cobre y “la instalación de mesas de trabajo de alto nivel, a fin de buscar atención resolutiva a las problemáticas”.

El gobierno mexicano se hizo representar por un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien dio la palabra a otro de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el cual, sin referencia alguna a los pueblos presentes en la audiencia y a la problemática y peticiones específicas, dio lectura a un larguísimo y retórico texto que hablaba del Pacto por México, la cruzada contra el hambre, sus programas de infraestructura, lo cual motivó la reacción de la representación de la CIDH, insistiendo en el esfuerzo de los peticionarios indígenas y la necesidad de recibir respuestas concretas.

Se dio la palabra a la representante del gobierno del estado de Chihuahua, quien leyó una monografía indígena de la entidad, como las que hay en Internet y señaló que ya habían realizado una mesa de trabajo, a la cual asistieron algunas de las organizaciones presentes. La CIDH no omitió el desencanto frente a la desconsideración al esfuerzo de los representantes indígenas.

Como sabemos, en ese periodo se realizaron otras audiencias sobre México; la relativa a Atenco tuvo por respuesta oficial que se “concilien” frente a las violaciones graves a los derechos de las mujeres, cuestión rechazada enfáticamente. Por lo menos los representantes oficiales se refirieron al tema planteado, si bien no de manera consecuente.

En el caso de la audiencia de los pueblos rarámuris y ódami uno se pregunta qué llegarán a contar en sus comunidades de cara a la proeza de lograr trasladarse a la CIDH. ¿Cuál será el valor simbólico que pueden atribuir al decir su palabra en ese espacio? Cuando se realizó la Marcha del Color de la Tierra, en 2001, algunos rarámuris participaron acompañados del Ronco Robles (†) y al regresar informaron que ya supieron que pueblos indígenas “somos muchos, el subcomandante Marcos nos contó a todos en el Zócalo, también a nosotros”. Para uno de los pueblos que han permanecido más aislados, ése era un descubrimiento crucial, y algo de ese impacto se muestra en su reciente caminar por la justicia igual a la capital del país que ahora a la CIDH. Porque en esas audiencias también conocieron a indígenas de otros países y ya se dieron cuenta de que aún son más y que tienen problemas similares, porque ellos saben que su origen y sus territorios son ancestrales aun cuando los papeles no digan eso. Por lo pronto tenemos una estampa ciertamente indignante de los limitados alcances del retorno príista.

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Fuente: La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2013/03/26/opinion/015a1pol
 
 
Fuente: SERVINDI

martes, 26 de marzo de 2013

Organizaciones indígenas piden la “suspensión inmediata” al proyecto Camisea en el Cusco

En una carta enviada al gobierno peruano, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU solicitó la “suspensión inmediata” de los planes de expansión del proyecto de gas Camisea en la Reserva Nahua-Nanti en el Cusco, porque “amenaza la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas que allí habitan”, algunos en aislamiento voluntario.

La petición se realiza tras el llamado que hicieron al CERD las organizaciones indígenas AIDESEP, ORAU y COMARU, que han iniciando acciones legales contra el gobierno y el consorcio Camisea, formado por la española Repsol, la argentina Pluspetrol y la estadounidense Hunt Oil.

Las empresas tienen previsto realizar pruebas sísmicas, lo cual pasa por detonar miles de explosivos y perforar más de una veintena de pozos de exploración.

Estas operaciones tendrán un impacto devastador en la zona para los habitantes locales, que dependen de la selva y de los animales que viven en ella para sobrevivir. Cualquier contacto con indígenas aislados podría tener consecuencias mortales, advirtieron las organizaciones indígenas.

Tras el llamado de la ONU, el director de Survival International, Stephen Corry, recordó que el 2003 el gobierno peruano aprobó un decreto supremo como condición para un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el que se prohibía cualquier ampliación del proyecto Camisea.

Sin embargo, refirió, el Ministerio de Energía y Minas aprobó parte de la expansión de Camisea en abril de 2012. Además, actualmente este portafolio tiene previsto aprobar inminentemente la siguiente fase de la expansión, con una inversión valorada en US$ 480 millones.

“El gobierno del Perú prometió al Banco Interamericano de Desarrollo que no ampliaría el proyecto Camisea, e incluso aprobó un decreto supremo para convertir la promesa en ley. Ahora está haciendo exactamente lo contrario de lo que dijo. No sorprende que la ONU haya pedido la suspensión de tan irresponsable proyecto”, expresó Corry.

Por su parte, la legisladora cusqueña y miembro de la Comisión de Pueblos Andinos Verónika Mendoza dijo que el gobierno debe ofrecer una rápida respuesta a la solicitud del comité de la ONU.

“Este llamado debe obligar al gobierno a implementar medidas que garanticen la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. Más allá de esta exigencia urgente se debe poner en agenda el tema de los pueblos indígenas de manera seria y responsable”, subrayó.

Mendoza señaló que ha cursado un oficio a la Comisión de Pueblos Andinos para que se invite a funcionarios del Indepa, del Viceministerio de Interculturalidad y Ministerio de Energía y Minas a fin que expliquen las acciones a tomar ante el llamado de la ONU.

Fatal. Más de la mitad de nahuas murieron por las enfermedades contraídas durante la década del 80 cuando Shell realizaba exploraciones de gas.

Reserva. Se creó en 1990 para proteger los derechos territoriales de los nahuas, nantis y otros pueblos.
 
 
Fuente: Revista Oro Negro

Perupetro Estima Inversión Mínima De Us$ 450 Millones En Subasta De Nueve Lotes

Las bases para licitar los lotes de exploración y explotación offsore de petróleo estarán disponibles el 30 de mayo. El presidente de Perupetro, Luis Ortigas, dijo que Petroperú tendrá un 25% del accionariado en la etapa de explotación. Tras el reciente anuncio de Perupetro sobre la subasta de nueve lotes de hidrocarburos para la exploración de petróleo y gas en el mar, Luis Ortigas, presidente de la entidad concesionaria, estima que habrá una inversión mínima de US$ 450 millones.

Según Reuters, en este proceso participará como socio estratégico Petroperú, con un accionariado promedio de 25% en la etapa de explotación del lote.

“Hemos decidido salir con nueve lotes que están en el mar y que sabemos que tienen aceptación entre los inversionistas. Hay interés de las empresas por estos lotes, pese a que no hay una gran cantidad de información”, dijo Ortigas en conferencia de prensa.

El funcionario indicó que el Gobierno pondrá a disposición desde el 31 de mayo las bases para la licitación de los lotes y los ganadores serán anunciados en el último trimestre del año.

De otro lado, Ortigas señaló que el Gobierno planea ampliar por 10 años el plazo de explotación de otros nueve lotes cuya concesión vencerán entre este y el próximo año.

“El Estado (…) está gestionando un dispositivo legal para extender los plazos de los ya firmados contratos a 20 años hasta 30 años con ciertas condiciones”, agregó.

Entre las condiciones, el Gobierno también busca elevar el nivel de regalías que pagan las empresas a un mínimo de 20%.
 
 
Fuente: Revista Rumbo Minero

Suspenden venta de Doe Run y ponen en riesgo deuda de S/. 60 millones a trabajadores

Se suspendió venta de empresa a postor internacional y evalúan reestructuración de la compañía.

Sindicato de trabajadores espera ratificación del Ministerio de Trabajo para ser parte de la próxima Junta de Acreedores a celebrarse en abril.

Luego de un largo proceso de liquidación en marcha, la Junta de Acreedores de Doe Run decidió en su última sesión del 15 de marzo suspender el proceso de venta de la compañía a un postor internacional y evaluar la posibilidad de reestructuración de la empresa, informó Richard Almerco, asesor legal del sindicato de trabajadores de Doe Run.

Esto podría tener una repercusión negativa para los trabajadores, ya que la liquidación en marcha tenía como uno de sus principales objetivos reconocer alrededor de S/. 60 millones adeudados a sus trabajadores.

Según Richard Almerco, más de 3000 trabajadores de la compañía están esperando se efectúe el pago de sus acreencias, lo cual se produciría el 2014, como parte de los objetivos de la nueva administración de la compañía, que para entonces ya debería contar con los recursos suficientes.

Sin embargo, Almerco señaló que los trabajadores están a la espera que el Ministerio de Trabajo ratifique a sus representantes como parte de la Junta de Acreedores, tal y como se hizo el 2011 y 2012.

“Desde diciembre del año pasado, los trabajadores no tenemos representación en la Junta de Acreedores, debido a que el Ministerio de Trabajo no ha aceptado la documentación de nuestros representantes.

Para nosotros es vital ser parte de la junta pues en las próximas reuniones se ratificará el pago pendiente a los empleados”, sostuvo Almerco.

Cabe recordar que dos recientes fallos del Ministerio de Trabajo declararon improcedente la formalización de los representantes del gremio de trabajadores de Doe Run ante la Junta de Acreedores, pese a que se les considera acreedores laborales debido a la deuda de S/. 60 millones que mantiene la empresa con ellos.

Además, consideró perjudicial que esta negativa coincida con la reunión de la Junta de Acreedores que se habría programado para el 9 y 12 de abril, y en la cual se decidirá, dado el fin del proceso de liquidación en marcha, que la empresa ingrese a una fase de reestructuración y de esta forma evitar el cese colectivo de miles de trabajadores.

“1,300 trabajadores del complejo de La Oroya han retornado a sus tareas habituales en las refinerías de plomo y zinc, contribuyendo a dar mayor valor a la empresa y respetando los estándares ambientales en vigencia, contribuyendo a dinamizar la economía de la región y el país; pero respecto al incidente con el ministerio de trabajo vienen dando muestras de gran malestar”, dijo Almerco.

Almerco hizo un llamado a la ministra del sector, Nancy Laos Cáceres, a que supervise la labor de los funcionarios a fin de que cumplan lo estipulado en la norma laboral, que se pronuncien en cinco días hábiles y que den una interpretación flexible a la norma legal laboral que regula la mencionada formalización de los delegados, dado que ya han transcurrido tres meses y los delegados no tienen formalizados a sus representantes ante la junta de acreedores.
 
 
Fuente: Revista Rumbo Minero

Moquegua: insisten en detener proyecto Quellaveco

Foto: Internet/Referencial
Los dirigentes de un sector de agricultores moqueguanos persisten en detener el proyecto minero Quellaveco.

Jesús Gómez Urquizo, asesor legal de la Junta de Usuarios de Moquegua, anunció que el Segundo Juzgado Mixto admitió formalmente la acción de amparo presentada en contra de los acuerdos de la mesa de diálogo. Los quejados fueron el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional y la empresa Anglo American.

Gómez y otros dirigentes señalaron que en 4 semanas la instancia judicial debe emitir su fallo porque las entidades quejadas ya presentaron sus descargos.
 
 
Fuente: Diario La República

Declaran en estado de emergencia ambiental cuenca del río Pastaza


Tras comprobarse la existencia de contaminación en la cuenca del río Pastaza, en Loreto, el gobierno declaró en estado de emergencia ambiental por noventa días a dicha zona donde opera la empresa argentina Pluspetrol Norte.

La medida contenida en la Resolución Ministerial Nº 094-2013 del Ministerio del Ambiente se adoptó debido a las elevadas concentraciones de parámetros físicos, químicos y microbiológicos que superan los estándares ambientales nacionales, de acuerdo a lo reportado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

La medida se toma con el objetivo de garantizar el manejo sostenible de la zona afectada, realizando los respectivos trabajos de recuperación y remediación, para mitigar la contaminación ambiental.

Para tomar la decisión, explica la resolución, se tomaron en cuenta los informes elaborados por el grupo de trabajo de la Comisión Multisectorial encargada de ver el tema de las condiciones sociales y ambientales de las poblaciones de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón.

Como se recuerda, esta comisión comprobó el mal comportamiento ambiental de la empresa Pluspetrol, encargada de operar el Lote 1AB, hoy conocido como Lote 192.

Según Manuel Pulgar-Vidal, ministro del Ambiente, en las próximas semanas se verán los casos de las otras cuencas también señaladas como afectadas por contaminación por hidrocarburos.

Pulgar-Vidal afirmó además que así como se ha hecho en Pastaza, a partir del 15 de abril se ingresará a los ríos del Alto Marañon, Tigre y Corrientes, para realizar los trabajos de monitoreo y establecer las medidas correctivas.

De acuerdo a la norma publicada hoy en El Peruano, se aprobará el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo para atender la emergencia ambiental de dicho río, el mismo que estará a cargo de las entidades públicas y privadas con competencia en su cumplimiento, en coordinación con el gobierno regional de Loreto.

Precisa además que corresponde a la autoridad sectorial competente disponer las medidas de manejo y control ambiental necesarias, a fin de reducir el riesgo a la salud de la población, por el impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera, con la participación de los titulares de las actividades económicas involucradas.

En el boletín de normal legales del diario El Peruano donde se publicó la resolución del Minam se difundió también los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, al que hizo referencia en una entrevista anoche el titular de la cartera de Ambiente.

En una entrevista concedida al programa dominical “Panorama”, el ministro del Ambiente sostuvo que esta última herramienta se ha estado esperando desde hace más de veinte años y que ahora que ya ha sido publicada ya se conoce “sobre qué es lo que se tiene que hacer remediación”.

Para acceder a la resolución publicada en el El Peruano dar clic en: Declaran en emergencia ambiental la cuenca del río Pastaza.
Fuente: SERVINDI

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