miércoles, 31 de julio de 2013

Crean Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas


El Ministerio Público decidió crear el Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público (CAIMP) con el objetivo de “y consolidar un sistema de justicia intercultural que responda a la realidad pluriétnica y pluricultural de la Sociedad”.

El organismo en mención fue creado mediante la resolución 2136-2013-MP-FN y fue publicada el 28 de julio en la sección de normas legales del diario oficial El Peruano.

El CAIMP organizará trabajos y tareas conjuntas entre las rondas campesinas y el Ministerio Público; y desarrollará mecanismos de articulación entre los comités de autodefensa en zonas rurales, de tal forma que éstos cautelen la defensa de la legalidad, los derechos del ciudadano y los intereses públicos.

El CAIMP comprenderá las regiones del país que, según el Ministerio Público, presentan población significativa en zonas rurales, detallando las regiones de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, La Libertad, Puno y San Martín.

A continuación la norma completa:

Domingo, 28 de julio de 2013

Normas Legales

Ministerio Público

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2136-2013-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2013

VISTO:

Que, el Ministerio Público, es el órgano autónomo constitucional del Estado, encargado de defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por la ley; asimismo, es el titular de la acción penal pública, dirige la investigación del delito y se encarga de prevenir y perseguir la comisión de hechos punibles, defiende a la sociedad, al menor y a la familia en juicio, vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia; cumpliendo de esta forma, un rol fundamental en el servicio de justicia que brinda el Estado, desempeñando un papel vigilante frente a la sociedad y a los acontecimientos que rodean su desarrollo y evolución constante a través del ejercicio de la función fiscal;

Que, en el seno de la población peruana, existen Comunidades con costumbres propias que permanentemente reclaman el reconocimiento y respeto del Estado y de las autoridades, en el ámbito de sus prácticas de resolución de confiictos y administración de justicia comunal;

Que, particular importancia revisten aquellas Comunidades Campesinas que, a la fecha, vienen siendo representadas fundamentalmente por las Rondas Campesinas y las Comunidades Nativas que, incluso, configuran una cultura diversa a la oficial;

Que, las Rondas Campesinas, son organizaciones comunales de defensa que surgieron de manera autónoma en las zonas rurales del Perú, y cuya actividad se encuentra regulada por Ley N° 27908, teniendo como principales características la capacidad conciliadora y el apoyo a la administración de justicia en general;

Que, en ese marco de ideas, las Rondas Campesinas, en pleno ejercicio de las costumbres propias de su seno comunal, han venido impartiendo justicia en diversos sectores del país, lo que ha conllevado, en algunos casos, a serios enfrentamientos entre estas organizaciones sociales y el Ministerio Público;

Que, en aras de mantener el equilibrio social, resulta necesario crear e implementar un instrumento de capacitación conjunta que permita que los integrantes de las Rondas Campesinas del interior del país, conozcan sus derechos, funciones y facultades para asumir un rol protagónico frente a la lucha frontal contra la delincuencia que azota a la Nación;

Que, dicho órgano de capacitación, tendrá como objetivo principal, promover y consolidar un sistema de justicia intercultural que responda a la realidad pluriétnica y pluricultural de la Sociedad, organizando trabajos y tareas conjuntas entre las Rondas Campesinas y el Ministerio Público; asimismo, desarrollará mecanismos de articulación entre los Comités de Autodefensa en zonas rurales, de tal forma que éstos cautelen la defensa de la legalidad, los derechos del ciudadano y los intereses públicos;

Que, en esa misma línea de acción, el mencionado órgano de capacitación, tendrá como característica la defensa del estado constitucional de derecho, el respeto a los usos, costumbres y tradiciones de las Comunidades y Rondas Campesinas en el marco de la legalidad, la consolidación de la relación horizontal y democrática entre la autoridad estatal y comunal, y el rechazo a las acciones violentistas y autoritarias;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CREAR el Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público – CAIMP , el mismo que dependerá orgánica y administrativamente del Despacho de la Fiscalía de la Nación.

Artículo Segundo.- ESTABLECER que el ámbito de intervención del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público – CAIMP , comprenderá las regiones del país que presentan población significativa en zonas rurales, con especial énfasis en las regiones de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, La Libertad, Puno y San Martín.

Artículo Tercero.- El Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público – CAIMP, estará conformado por los siguientes órganos administrativos:

a) Un Director, quien será el representante legal del CAIMP y dependerá directamente del Fiscal de la Nación. Tiene entre sus facultades, realizar y ejecutar todos los actos de carácter funcional, administrativo y económico correspondientes al CAIMP; asimismo, convocará y presidirá las reuniones de trabajo y efectuará las coordinaciones con las áreas Cooperantes Nacionales e Internacionales para la organización y desarrollo de actividades propias del Centro.

b) Un Consejo Directivo, que se encargará de definir los planes y programas del CAIMP y estará Presidido por un Fiscal Supremo, Fiscal Adjunto Supremo o Fiscal Superior, designado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación. Dicho Consejo Directivo, estará conformado por el Director del CAIMP, un representante de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, un representante de la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional, y un representante de la Escuela del Ministerio Público ‘Dr. Gonzalo Ortíz de Zevallos Roedel’.

c) Un Equipo Consultivo y de Coordinación, el cual tendrá como propósito orientar el diseño del contenido de los programas de investigación, técnicas y metodologías de capacitación; igualmente, se encargará de velar por la implementación de las distintas fases de ejecución de las actividades que desarrollará el Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público – CAIMP.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina Central de Tecnologías de la Información, se encargue de difundir la presente resolución en la página web del Ministerio Público.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente resolución, a la Gerencia General, Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia Central de Logística, Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, y a la Escuela del Ministerio Público ‘Dr. Gonzalo Ortíz de Zevallos Roedel’, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de la Nación


Fuente: SERVINDI

Disputas por la ejecución de proyectos de generación hidroeléctrica en el Cusco


río cusqueño. La decisión para ejecutar proyectos de hidroeléctricidad en el río Vilcanota debe ser muy bien estudiada.

Las aguas del río Vilcanota se han vuelto el punto de discordia entre dos empresas que pugnan por utilizarlas en sendos proyectos de generación de energía eléctrica en una zona cercana al parque arqueológico de Machu Picchu en el Cusco.
Por un lado, está la compañía Andean Hydro, cuyo proyecto planea la construcción de seis minicentrales hidroeléctricas (cuya producción por separado va entre 17 MW y 62 MW) a lo largo del río Vilcanota.

Y por otro lado está Luz del Sur, con su proyecto hidroeléctrico Santa Teresa II, de 280 megavatios (MW), que contempla la construcción de un túnel de 14 kilómetros que lleve el agua del río Vilcanota a la central de generación.

Las dos empresas esperan una concesión definitiva del Ministerio de Energía y Minas, pero mientras Andean Hydro tiene un permiso de la Autoridad Nacional del Agua, Luz del Sur cuenta con una concesión temporal.

El gerente de desarrollo de Luz del Sur, Mario Gonzales del Carpio, señala que el agua en esa cuenca no alcanzaría para los dos proyectos mencionados, por lo que solo se podría desarrollar uno de estos.

Explicó que construir minicentrales en el río Vilcanota es contraproducente, porque se usaría ineficientemente el agua, ya que el proyecto de su representada generará más energía con el mismo caudal.

ALTO IMPACTO SOCIAL 

Sin embargo, Florian Nagel, director de Andean Hydro, de capitales europeos, cuestiona el proyecto de Luz del Sur porque tendría alto impacto social y ambiental en las comunidades campesinas de la zona de influencia.

Explica que construir un túnel de 14 kilómetros desabastecería de agua a las poblaciones aledañas, que dependen del recurso para desarrollar su agricultura.

Agrega que las seis mini-centrales hidráulicas podrán en conjunto producir 200 MW y que su compañía tiene experiencia en construir este tipo de proyectos, pues ya los realizó en diversos países.

Mario Gonzales responde que Andean Hydro pretende desarrollar pequeñas centrales para acogerse a la ley de energías renovables y evadir la presentación de estudios de impacto ambiental, presentando una simple declaración jurada.

También negó que la futura central Santa Teresa II vaya a dejar sin agua a 12 mil cusqueños que viven cerca de las riberas del río Vilcanota, además enfatizó que recién están haciendo los estudios respectivos para ver la viabilidad del referido proyecto.

Recordó que a Andean Hydro le han caducado la concesión que le otorgaron en el 2004 para la hidroeléctrica de San Gabán I. 

CLAVES 

La compañía Andean Hydro estima una inversión de US$ 400 millones en seis minicentrales hidroeléctricas en Urubamba.
Luz del Sur calcula invertir un total de US$ 498 millones en la Central Hidroeléctrica Santa Teresa II, en el mismo río cusqueño.


Fuente: Diario La República

Política energética responde a intereses empresariales

Política energética responde a intereses empresariales
A dos años de iniciada la administración del presidente Ollanta Humala, para diferentes especialistas el sector Energía y Minas responde a intereses empresariales y no de todos los peruanos. Y si bien destacan que el jefe de Estado tiene las mejores intenciones de fortalecer las empresas estatales, recuperar el gas del Lote 88, construir el gasoducto al sur y masificar el consumo del gas natural, también consideran que sus principales enemigos para cumplir dichas promesas presidenciales son los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino, y Economía y Finanzas, Luis Castilla. 

LA PRIMERA consultó a diferentes especialistas: 

1. ¿Qué opina de la política energética nacional? 

2. ¿Cómo evalúa la gestión del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino?

3. ¿Considera que el gobierno tiene la intención de fortalecer las empresas estatales?

4. ¿Realmente hay una política de masificación del gas domiciliario? 

5. ¿Considera que el Gasoducto Sur peruano y la recuperación de la totalidad de las reservas del Lote 88 para el mercado interno se concretarán en el actual gobierno?


ABEL CAMASCA, GERENTE GENERAL DE PLANTAS ENVASADORAS DE GAS
“Para recuperar el gas del Lote 88 tienen que cambiar al ministro Merino”

1—Hasta el momento no ha podido (el presidente Ollanta Humala) concretar lo que prometió tanto en la Gran Transformación como en la Hoja de Ruta, debido a que el sector energético está en manos de las grandes corporaciones que controlan las decisiones del gobierno, acompañados de cierto sector de la prensa.

Por ejemplo, la oportunidad que tuvo el Estado de controlar sus recursos y terminar con el monopolio en la producción y comercialización del GLP, se perdió al no comprar la refinería de La Pampilla y la cadena de grifos. Por ello, ahora seguimos teniendo a Pluspetrol que fija el precio del GLP a paridad internacional y a Solgas que vende el balón de GLP hasta en 40 nuevos soles. 

2—El ministro responde su gestión a los intereses de las grandes corporaciones y no del país. Las prioridades de este sector son las prioridades del sector empresarial. 

3—Se dice que sí, pero no se hace nada. No pasa de una buena intención y eso se evidencia que a la fecha no se hace nada por fortalecer a Petroperú. El presidente Ollanta Humala puede tener las mejores intenciones de fortalecer a las empresas estatales, pero los titulares de la cartera de Energía y Minas y Economía (Jorge Merino y Luis Castilla) no tienen el menor interés en concretar las intenciones presidenciales. 

4—Utilizar el gas natural para uso domiciliario no es una buena política, dicho insumo tiene que usarse para generar energía eléctrica barata o para el desarrollo de la petroquímica. Esto evidencia que falta una verdadera política energética. 

5—Tiene que hacerlo. Contar con el gasoducto es importante para el sur del país. En lo referido al Lote 88, el Estado tiene las herramientas para recuperar la totalidad de las reservas del gas natural del Lote 88 para destinarlo para el uso exclusivo del mercado interno, pero parece que no tiene la intención de hacerlo.

El problema que las autoridades encargadas de recuperar el gas, que son encabezadas por el ministro Jorge Merino, no tienen la menor intención. 

Si Ollanta Humala quiere recuperar el gas natural del Lote 88, tiene que cambiar a los ministros de Energía y Minas y Economía y Finanzas. 


MANCO ZACONETTI, INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS 
MEF y MEM no creen en el fortalecimiento de Petroperú

1—Lamentable, no hay una diferencia sustantiva con respecto a los dos gobiernos anteriores (gobierno de Alan García y Alejandro Toledo), en relación a la política energética. Hoy estamos exportando del Lote 56 aproximadamente 1,560 millones de pies cúbicos al día, a través de pampa Melchorita para satisfacer las necesidades de Estados Unidos, Japón, China y Corea del Sur, y para el mercado interno solo se está destinando menos de 430 millones de pies cúbicos del Lote 88. De lo que se va al mercado interno, prácticamente el 88% lo capta el sector eléctrico, dejando desabastecido el consumo domiciliario. 

2—Ese ministro Jorge Merino es un comodín, es decir, se acomoda a las circunstancias con una falta de concordancia increíble. Y le hemos visto en sus varias versiones en el caso del Gasoducto Sur Andino, en todo el proyecto no es claro. Además, no es posible que un ministro se niegue a dar el listado de las comunidades andinas que estarían englobadas dentro de la necesidad de consulta previa. 

3—Si hablamos de gobierno, los dos responsables son el ministro de Energía y Minas y el ministro de Economía y Finanzas. Los dos han sido privatizadores de empresas y no creen en el fortalecimiento de las empresas estatales. En el caso de la modernización de la refinería de Talara, el ministro Merino quería obligar al directorio de Petroperú para que se coloque la primera piedra sin destinarle el financiamiento, solo para elevar la popularidad del presidente de la República. Petroperú podría solventar con sus propios recursos la modernización de la refinería, pero no tiene el aval del ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, porque considera que Petroperú no lo merece. 

4—Tenemos que reconocer que en la masificación del gas, el gobierno tuvo obstáculos que vienen del gobierno anterior. En el 2004 Cálidda impuso cambios al contrato preliminar, que obligan que en tres años el país tenga por lo menos 70 mil usuarios, y no se llegó ni siquiera a 15 mil.

El ministro Merino declaró que al 2017 habría 4 millones de beneficiados en Lima por gas natural, debido a la ampliación del anillo de gas natural que rodea Lima, llegando a más de 24 distritos, con proyección a llegar a 44 distritos, pero no será posible mientras no se amplía la capacidad del ducto y mientras se siga privilegiando la exportación de gas. 

5—Todo eso vuelve a fojas cero, en la medida que la empresa Petrobras hizo público su salida del país, entonces el Gasoducto Sur Andino no se concretará hasta el 2020. No sabemos qué empresa será el nuevo operador del Lote 58, porque era el lote principal para certificar las reservas probadas que permitan el abastecimiento del Gasoducto Andino del Sur. 

La recuperación del Lote 88, a pesar que tenemos dos decretos supremos, hasta hoy día no se devuelven. Todo depende si es que el gobierno toma la decisión, porque tenemos un presidente cada vez aislado de todas las bases históricas sociales que le dieron su fuerza, y está apegado a la derecha que no confía en él. Tenemos al comandante en su laberinto. 


AURELIO OCHOA, DOCTOR EN GEOLOGÍA Y ESPECIALISTA EN HIDROCARBUROS 
Masificación de gas natural es solo intenciones 

1—La carencia de un actualizado Plan Energético Nacional de Prospectiva, no solo en la actual Administración, sino también en anteriores, hace que algunas veces nos encontremos ante situaciones de emergencia energética, y nos veamos obligados a tomar acciones precipitadas que finalmente afectan a los usuarios. 

Son el caso de los apagones por las limitaciones de las líneas de transmisión; las limitaciones de la capacidad de transporte del gasoducto de Camisea; la falta de gas natural para las termoeléctricas; el caso del desabastecimiento de GLP por carencia de un poliducto Pisco-Lima, Callao. 

2—Es un profesional con gran capacidad de trabajo, que intenta hacer lo mejor por el país. Quizá la amplitud y lo complejo del sector Energía y Minas, hace que no se aprecie el esfuerzo desplegado. 

3—De acuerdo a los recurrentes anuncios sobre el particular, pareciera que sí tuviese la intención, pero “del dicho al hecho, hay mucho trecho”. Lo concreto es que hasta hoy aún no tenemos nada que mostrar, sino solamente buenos anuncios. Tengo la esperanza que este segundo semestre sí podría pasarse de las intenciones a las realizaciones. El país lo reclama. 

4—La masificación del gas es solo intenciones que tiene la actual Administración. Sin embargo, llegará al término del año (2013) con solo 150,000 conexiones domiciliarias, después de nueve años de la llegada del gas a Lima y Callao, es una cifra preocupantemente modestísima, más aún, tomando en cuenta que a la concesionaria se le han otorgado todas las facilidades que ha solicitado, incluso las tarifarias. 

En el Perú parece que la prioridad es la rentabilidad, y a ello agregamos que la exportación de gas es más importante que el mercado interno, entonces el asunto de masificación se complica. 

También es justo destacar el esfuerzo de la actual Administración en su política de masificación gasífera para provincias a través del GNC (gas natural comprimido) y GNL (gas natural licuefactado). Viene de darse la buena pro para la región norte y suroeste que en menos de un año estarán disfrutando de este combustible. Proporcionalmente, quizá en provincias se masifique mucho más rápido que en Lima y Callao. 

5—Resulta un poco difícil que en lo que queda de este gobierno (3 años) se logre ello, tal como lo hubiésemos deseado todos los peruanos, y particularmente los sureños. Si se logra, podría constituir la obra cumbre de la actual Administración, y por la cual pasaría a la historia, dadas las enormes proyecciones de desarrollo regional que ello implicaría en el futuro, particularmente por la industrialización que arrastraría la petroquímica. 


CARLOS HERRERA DESCALZI, EXMINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS
Humala quiere fortalecer Petroperú pero no tiene gestores que lo ayuden

1—La política energética de Perú no tiene objetivos y metas claras. Al inicio se dijo que teníamos que “despetrolizar” la economía, ello significa que la economía sea más independiente de gas natural y de la hidroenergía, para dar prioridad a los sectores que más lo necesitan. 

2—El Ministerio de Energía y Minas se ha politizado, en el sentido de que el sector es la base de la economía del Perú. El sector Energía y Minas es el que gana los recursos y el Ministerio de Economía y Finanzas es el que distribuye los gastos, entonces la tarea es difícil. Además, el sector se encuentra ante la falta de capacidad para contratar a mejores profesionales, debido a que los sueldos son bajos para la calidad de empleados que se requiere, entonces la política de sueldos tiene que cambiar. 

3—El gobierno tiene el corazón dividido. Al parecer el presidente tiene la intención de fortalecer a las empresas estatales, pero no tiene gestores que lo ayuden. Los gestores tienen que ser el Ministerio de Energía y Minas, los partidos políticos desde el Congreso, y demás estamentos de gobierno. Y al parece, el presidente no tiene apoyo de los gestores. Por ejemplo, en la intención de la compra de Repsol, el Estado no explicó la razón por qué no se compró. 

4—La penetración del gas es pequeña a pesar de todos los años transcurridos, realmente lo que se está masificando es el petróleo y no el gas natural, y estamos yendo en sentido opuesto. 

5—Hay un retroceso. Pasaron dos años, salió una Ley, salió el proyecto de los gasoductos que no están claros, y con eso estamos más atrás que un paso adelante. Y con ello el consumir eléctrico y la población están en riesgo. Con respecto a la recuperación del Lote 88, no está terminado, habrá que esperar lo que dice el tiempo.


Fuente: Diario La Primera

Merino: trabajamos intensamente para sacar adelante el gasoducto del sur

ANDINA/Norman Córdova
Foto: Andina/Norman Córdova
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, aseveró hoy que el Poder Ejecutivo está trabajando intensamente para sacar adelante el gasoducto del sur, que consideró como el proyecto "más importante que tiene el gobierno y de la historia del país".

Desestimó, en ese sentido, las críticas del exmandatario Alan García, quien en días pasados aseguró que se deberían aprovechar "los cinco millones listos" para este proyecto.

Al respecto, Merino refirió desconocer a qué se refería el exmandatario cuando citó esta cantidad.

"El gasoducto del sur peruano, en la forma cómo se ha planteado, tiene un financiamiento autosostenible y toda la zona de la selva desde Anta hasta el sur se está garantizando el financiamiento del ducto en su conjunto. En realidad en un proceso, es una inversión muy grande y estamos trabajando intensamente con los mejores cuadros de Proinversión para sacar este proceso de forma exitosa", indicó.

En declaraciones a la RPP, Merino señaló que esta gasoducto es el proyecto integral "más importante que tiene el gobierno y de la historia del país".

Precisó que consta de la construcción del tubo, que trae el gas de Malvinas (zona de extracción del gas) hasta la costa; así como la demanda que implica el nodo energético y el polo petroquímico.

"Este tema está encargado a Proinversión, tenemos una asesoría internacional de muy primer nivel, vamos a empezar dando la buena pro en primer lugar al nodo energético, de una reserva que va a garantizar la demanda para el gas", sostuvo.

Respecto a las críticas al anuncio presidencial de modernizar la refinería de Talara, por 2,730 millones de dólares, consideró que se trata de un proceso "necesario para el país", debido a la necesidad de "desulfurizar" (eliminar el azufre) del combustible que usamos.

"En segundo lugar no es una planta vieja, (...) nosotros antes de tomar la decisión, contratamos a una consultora internacional y ellos confirmaron no solamente el proceso sino los números", comentó. 

Merino explicó que cuando encontraron el proyecto, se hizo "una evaluación integral" y "se comparó con la posibilidad de construir una nueva planta nueva", pero era más cara de la que tenemos hoy día.

"Hicimos toda la comparación, todos los escenarios y en base a ello se ha tomado la decisión", aclaró.


Fuente: Agencia Andina

El sur alista huelga exigiendo el Gasoducto Sur Peruano


Se veía venir. Gremios protestarán ante zozobra en cronogramas de proyecto que permitiría cambiar matriz energética.
La omisión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y la petroquímica en el mensaje presidencial de Ollanta Humala ocasionó un fuerte descontento en las regiones del sur los últimos días. Varios sectores incluso creen que el actual gobierno no cumplirá con su compromiso de construir el ducto, por lo que anuncian medidas de fuerza.

Para Wilfredo Álvarez, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTC), se hace “inevitable la protesta social ante el incumplimiento del compromiso gubernamental”. Por ello coordina con sus pares del sur el inicio de una huelga indefinida para exigir la materialización del megaproyecto.

Adelantó que el sábado pasado, en Lima, sostuvo una conversación con Gerónimo López, dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), para evaluar la posibilidad de emprender una protesta macrorregional. “Ha mostrado su acuerdo. Por eso vamos a concretar una fecha para exigir nuestros derechos en el transcurso de la siguiente semana”, dijo Álvarez.

También se sumarían los gremios de Puno, Moquegua y Tacna. “Todos debemos alzar nuestra voz de protesta por la ‘mecida’ en el tema del gas, ya que todos somos los perjudicados”.

Álvarez no confía en el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, quien ayer dijo en Lima que el gasoducto sigue para adelante. “Este proceso está encargado -en lo que es el nodo y el tubo- a Proinversión y está en marcha porque esperamos dar la buena pro en el próximo trimestre”, había asegurado el alto funcionario.

“Solo es un anuncio sin datos concretos, no le creemos”, apuntó Álvarez al respecto.

PODRÍA GENERARSE CRISIS

La consejera regional de La Convención (Cusco), Elena Ascarza, consideró que se teme una eventual suspensión del GSP. Eso -dijo- agravará la desconfianza que hay esn el gobierno y “podría llevar a una de sus peores crisis”. 

Ya en setiembre del 2010, la población de La Convención protestó durante más de 15 días exigiendo la construcción del gasoducto y la recuperación del gas del Lote 88. Después de la muerte de dos protestantes, uno de ellos adolescente, el gobierno de Alan García tuvo que garantizar 1 trillón de pies cúbicos (TCF) para el ducto e iniciar las negociaciones con Camisea. El escenario no debe repetirse.

Por ello, Wilfredo Álvarez demandó al presidente regional, Jorge Acurio, y a otras autoridades, sumarse a la protesta. El alcalde Luis Flórez refirió que “todos debemos estar unidos para exigir una obra de esa magnitud”. Desde el gobierno regional solo Jesús Manya, asesor del presidente, ha llamado a la sociedad civil a través de Facebook a movilizarse.

Además del gasoducto y el polo petroquímico en La Convención (donde se halla el yacimiento de Camisea), exigen la construcción de plantas de fraccionamiento y envase de gas y una central termoeléctrica. Ese fue el compromiso de Humala en marzo del 2012. 

Proyectos de transporte de GN y Fise no es lo que espera el sur

En Cusco tampoco consideran positivo el avance en la ampliación de las conexiones domiciliarias y la entrega de bonos de descuento de 16 soles a través del programa Fondo de Inclusión Social Energético (Fise).

“Ni siquiera podemos decir que es un paliativo. Es una demostración de que el gobierno solo intenta calmar el descontento con pequeños proyectos”, refirió Álvarez.

El ministro Merino refirió que en julio se concluyeron dos concursos, uno para llevar Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Vehicular (GNV) hacia 18 ciudades del país a través del Gas Virtual (transporte de gas en cisternas). “A nosotros se nos prometió un ducto real, no uno de limitada capacidad”, cuestionó el dirigente.


Fuente: Diario La República

Regiones esperan que en este año se concrete el Gasoducto Sur Peruano


  Estimados. Con la distribución del gas natural para uso doméstico, regiones pagarían alrededor de S/. 11.40 al mes.

Christian Ninahuanca

Fue uno de los grandes temas ausentes en el discurso presidencial del 28 de julio: el Gasoducto Sur Peruano, que se ha vuelto un anhelo para las autoridades regionales, empresarios y población en general de esa zona del país.

El presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra, manifestó que pese a que el presidente Humala no lo puso como parte de su discurso, confía en que este año se concrete la concesión del Gasoducto Sur Peruano.

"Ciertamente faltan precisiones en cuanto a las tareas y plazos, pero no dudamos en que el gobierno concluya este proyecto", indicó.

Agregó que han sido dos años de marchas y contramarchas, incluso con cambio de nombre del proyecto, pues antes se llamaba Gasoducto Sur Andino, lo que ha sido percibido como una deuda del presidente Humala con la Macro Región del Sur.

Vizcarra destacó que el primer gran beneficio que traería la ejecución del Gasoducto Sur Peruano sería el Nodo Energético, pues se conoce que está comenzando un déficit en la generación de energía en las regiones de esta parte del país.

En tanto, el vicepresidente regional de Arequipa, Walter Aguirre, sostuvo que si bien el presidente Humala no lo mencionó en su Mensaje a la Nación, el desarrollo de este proyecto ya es un compromiso varias veces reiterado por el mandatario.

"Tal vez haya sido un descuido no incluirlo en su discurso, pero las regiones del sur confiamos en que se va a concretar", afirmó.

Consideró que cuando se concluya el Gasoducto Sur Peruano, este dinamizará la economía de esta parte del Perú, beneficiando a la industria, pero también a los hogares.

"Según estudios realizados, se estima que con la distribución del gas natural para uso doméstico, este costará cerca de S/. 11,40 al mes, lo que sería un gran avance, tomando en cuenta que el balón de gas actualmente está bordeando los S/. 35", indicó.

Resaltó además que la construcción del polo petroquímico (que usará el gas de Camisea) permitirá en una primera etapa producir fertilizantes, empoderando la agricultura del sur peruano.

ACLARACIÓN OFICIAL

Con el fin de aclarar el tema, ayer el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, señaló que el Gasoducto Sur Peruano es un proyecto integral que tiene demanda (el nodo energético y el polo petroquímico) y tiene el tubo que va al sur.

Agregó que el proceso de concesión, del tubo y del nodo energético, fue encargado a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), el cual está en marcha y se espera otorgar la buena pro el próximo trimestre del año.

El Gasoducto Sur Peruano demandará una inversión de US$ 1.800 millones en sus dos etapas (costa y sierra, sin IGV). 


Lo dijo Humala en julio del 2012

En su discurso del 28 de julio del 2012, Ollanta Humala dijo lo siguiente: "La seguridad y la diversificación de la matriz energética son fundamentales para mantener un crecimiento sostenible e inclusivo. Estos dos objetivos se lograrán mediante la extensión de la red del gasoducto hacia el sur para asegurar la provisión de energía barata para los hogares y la industria, así como el desarrollo del polo petroquímico. Este gran proyecto de infraestructura será financiado en una alianza público privada donde participarán Petroperú y Electroperú".


Fuente: Diario La República

Compromiso Aún no se firma adenda para recuperar el gas del Lote 88


Lote 88 de Camisea
Cuando el 3 de abril del 2012 el presidente Ollanta Humala anunció en el distrito San Sebastián, de la provincia cusqueña de La Convención, la recuperación de las reservas del Lote 88 de Camisea para el consumo interno, se esperaba que en el corto plazo se suscriba la adenda correspondiente para modificar el contrato entre el Estado y el Consorcio Camisea.

Pero ello no se concreta hasta el momento, siendo este un requisito indispensable para zanjar el asunto, ya que un contrato ley no puede ser modificado por decreto supremo como lo afirmado públicamente por Humala en ese entonces.

El ex presidente de Perupetro Aurelio Ochoa señaló que si bien está encaminado este compromiso de destinar los 2,5 trillones de pies cúbicos (TFC) de gas del Lote 88 para el consumo interno, falta la formalidad, que es la suscripción de la adenda.

"Cuando estuve al frente de Perupetro logramos que las firmas del acta de compromiso de las empresas del Consorcio Camisea sean certificadas, con lo cual tenemos la seguridad jurídica de que eso no se puede revertir, ya que no hay escapatoria para evadir este tema", dijo.

Y ciertamente las seis empresas que conforman el Consorcio Camisea (Pluspetrol, Repsol-YPF, Sonatrach, Hunt Oil, Techpetrol y SK) enviaron unas cartas de intención al Ministerio de Energía y Minas en las que afirmaban que no van a utilizar el gas del Lote 88 como respaldo para la exportación.

Ochoa indicó que el Ministerio de Energía y Minas debería aclarar cuándo se a va concretar la firma de esa adenda contractual y publicar otro decreto supremo aprobando su suscripción.

En tanto, el investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, manifestó que no observa voluntad del Gobierno para recuperar las reservas del Lote 88 y destinarlo al uso exclusivo del mercado interno.

Cuestionó que el presidente Ollanta Humala no haya dicho nada sobre este tema y recordó el "exabrupto de entusiasmo" que tuvo el mandatario cuando anunció que se había concluido las negociaciones para la devolución de los 2,4 TFCs del Lote 88, que fueron otorgados por el Estado como garantía para la exportación.

"A pesar de que existe un decreto supremo relacionado con la recuperación del gas del lote 88, eso realmente no está totalmente concluido, porque debe efectivizarse con la firma de una adenda contractual", afirmó.

Consideró que con las reservas de gas del Lote 88 se deberían asegurar en el largo plazo la autonomía energética y la masificación del gas natural hacia el sur peruano.

"Parece que las empresas imponen la política energética en el país", afirmó.

Agregó que actualmente de los 1.000 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) de gas natural que produce Camisea, 600 se destinan a la exportación y 400 al mercado interno.

¿Y SOBRE EL GAS REEXPORTADO?

El experto en temas energéticos Aurelio Ochoa demandó que el gobierno informe cómo va el proceso de arbitraje entre el Estado peruano y el Consorcio Camisea por el Lote 56, que se lleva adelante en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Como se recuerda, en setiembre del 2011 Perupetro advirtió que el Gas Natural Licuado (GNL) que se exporta desde Pampa Melchorita con las reservas del Lote 56 no estaría llegando a su verdadero destino, por lo que al incumplirse el contrato de licencia, lo cual es causal de rescisión, podría revertirse al Estado.

"No se conoce cómo va esta controversia, pero sería bueno que el gobierno explique en qué etapa se encuentra, saber aunque sea algún resultado preliminar", agregó Ochoa.

LA CLAVE

Para que el Gasoducto Sur Peruano sea viable se debe contar con las reservas probadas suficientes (aproximadamente 5 TCFs), con lo cual sería considerado rentable, teniendo una demanda de los proyectos del Nodo Energético y el Polo Petroquímico.


Fuente: Diario La República

Destrabando la consulta

Foto: Internet
Por: Mario Zuñiga Lossio

A casi dos años de aprobada la Ley de Consulta Previa, y más un año de vigencia de la Ley y su reglamento, la implementación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas sigue siendo un reto para el Estado.

El Informe Final del Grupo de Trabajo del seguimiento a la implementación de la Ley de Consulta, aprobado el pasado 4 de julio por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, precisa que en el sector Energía y Minas la implementación de este derecho ha sido frenado desde el Estado por aspectos como el ocio legislativo, y por omisiones de derecho interno y actos estatales que evidenciarían el incumplimiento del Estado de obligaciones internacionales contenidas en el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia vinculante. Aspectos que, de mantenerse, generarán no solo desconfianza y conflictividad, afectando el clima de inversiones y los derechos de los pueblos indígenas, sino también se constituirán en causal de responsabilidad internacional para el Estado peruano.

El informe muestra casos específicos como el del Lote 192 en Loreto, ad portas de consulta. En dicho lote las organizaciones indígenas no se oponen a la actividad extractiva, pero sí exigen la restauración de sus territorios afectados por los impactos de 40 años de actividad petrolera, y la compensación e indemnización por sus derechos vulnerados, lo que demanda acciones y compromisos estatales que deben ser atendidos de manera previa y/o simultánea al proceso de la consulta, para asegurar la realización efectiva de ésta.

Tres retos para la implementación de la consulta en hidrocarburos, a ser abordados antes de la nueva ronda de licitación, serán el entendimiento de la consulta como proceso, el ajuste del procedimiento de consulta en sí y la mejora de la normativa para su adecuada implementación.

Esto ya se está dando, por ejemplo, con la propuesta de la organización indígena Kukama Kukamiria ACODECOSPAT (Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca), presentada este mes de julio a las autoridades, que señala condiciones mínimas para implementar la consulta, y recomendaciones para mejorar el proceso y procedimiento para su aplicación.                       


Fuente: Diario La Primera

SOS: Amazonas para la vida


Las crecientes amenazas que se ciernen en el extenso territorio natural conocido como Amazonas o Amazonía, que hoy día ostenta el título de "Pulmón del Planeta", son los argumentos para que la red PCC de la voz de alarma: "SOS: Amazonas para la Vida", que es una propuesta comunicacional para conocer los diferentes aspectos ecológicos, sociales, económicos, culturales que convergen en la dinámica de este importante ecosistema, destacar sus beneficios tanto para la región latinoamericana como para el mundo y señalar lo que podemos estar perdiendo. Ocho son los países amazónicos: Brasil que tiene la mayor extensión, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana francesa, Suriname y Venezuela. 

JUNTOS POR LA VIDA La intención es invitar a esta cruzada a periodistas, fotógrafos y comunicadores en general, así como biólogos, sociólogos, antropólogos y economistas de los países que comparten este ecosistema tan importante para el mundo. Este equipo interdisciplinario podrá abordar las distintas realidades en cada zona, para aportar alternativas y con suerte algunas soluciones. Se busca por otra parte establecer convenios con distintos medios de comunicación e instituciones dedicadas a la preservación del Amazonas para difundir los materiales científicos, informativos y formativos en pro de la preservación de la diversidad de vida. 

PORTAL INFORMATIVO La campaña fue lanzada por ECOSCOPIO y aceptada de inmediato por la red PCC a través del portal digital ecoscopioweb.blogspot.com , donde se le ha hecho un seguimiento a la situación de este gran patrimonio natural de la humanidad. El portal colocó y está colocando a la disposición del público varios documentos como por ejemplo, el último reporte del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del gobierno de Brasil, que alerta sobre la deforestación así: "La selva amazónica perdió 464,96 kilómetros cuadrados en mayo de este año, cifra que supera en 4.7 veces al área desforestada en el mismo mes del año pasado (98,85 km cuadrados). El mismo documento indica que: "En los diez primeros meses del actual año pluviométrico, se han desforestado 2.337,79 kilómetros cuadrados de la selva amazónica en Brasil, lo que supone un aumento del 35 % con respecto al mismo período anterior (de agosto 2011 a mayo de 2012). La zona más afectada fue el estado de Mato Grosso, una pujante región agrícola en el sur de la Amazonía, donde se arrasaron 276,92 kilómetros de selva". 

PULMÓN AMENAZADO Otros datos que podemos aportar de las investigaciones, es el del Informe: "GEO Amazonía: Perspectivas del Medio Ambiente en la Amazonía", publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), que afirma que en general la Amazonía vive un proceso de degradación ambiental que se expresa en deforestación creciente, pérdida de biodiversidad, contaminación de agua, pueblos indígenas y valores culturales en deterioro, y degradación de la calidad ambiental en las áreas urbanas. Por su parte el 6 de abril de 2006 Greenpeace Internacional presentó el informe "Devorando la Amazonia", el cual habla sobre la deforestación que se está produciendo en la selva amazónica para introducir cultivos de soja que es exportada para la alimentación de ganado que acaba sirviendo de alimento en cadenas de comida rápida y supermercados, hecho que también es alertado a través de informes del Center for International Forestry Research (CIFOR). 

REPRESAS Y FUTURO Otro de los graves problemas que persisten hoy en día son los proyectos de creación de represas, como la de Belo Monte en Brasil, en la que se estima devastar una inmensa cantidad de territorio, incluyendo cuencas naturales de agua y biodiversidad. En el 2007, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Bali, la World Wide Fund for Nature (WWF) hizo una predicción catastrófica: "Para el año 2030 casi el 60% del bosque amazónico podría ser destruido debido al círculo vicioso generado por el cambio climático y la deforestación".


Fuente: Entorno Inteligente.com

Conflictos sociales sin perspectivas de solución


Conflictos sociales sin perspectivas de solución
Ollanta Humala empezósu mandato asegurando que las actividades extractivas se realizarán solo si respetan las normas ambientales y el derecho de las comunidades originarias, bajo esa premisa a inicios de su gobierno se promulgó la Ley de Consulta Previa. Luego vino la reglamentación y posteriormente la lista de comunidades de las que terminaron excluyendo a las quechuas y aymaras, después flexibilizaron nuevamente los requerimientos ambientales dejando a la Consulta Previa pintada en la pared. Actualmente de los 223 conflictos, 87 están relacionados a problemas con la actividad minera y departamentos como Apurímac tienen el 64.8% de su territorio concesionado a proyectos mineros. 

El presidente Ollanta Humala inició su gestión gubernamental en un escenario de conflictividad, y tomó las riendas del país, a finales del 2011, en medio de 214 conflictos sociales entre latentes y activos, y en los que se cuenta el proyecto minero Conga que se convirtió en una ´piedra en el zapato´ que hasta ahora el gobierno no sabe solucionar. 

Del total de conflictos, 119 son de origen socioambiental y el resto está relacionado a asuntos laborales, de demarcación territorial y asuntos de gobiernos regionales y locales. 

Para el exministro de Ambiente, Ricardo Giesecke, el gobierno actual heredó un escenario de conflictividad y durante su primer año cobró la “factura” que dejó el gobierno anterior en torno a los conflictos socioambientales, como es el caso del proyecto minero Conga. 

“El actual gobierno recibió un país con un escenario conflictivo que dejó el anterior gobierno y ahora le está pasando la factura”, explicó.

Según reportes de la Defensoría del Pueblo, durante el segundo gobierno aprista los conflictos sociales se incrementaron a medida que terminaba la gestión.

En el 2007 los conflictos sumaron 76 entre latentes (49) y activos (27) y 35 de éstos estaban relacionados a temas socioambientales. Para el año siguiente, los conflictos totales alcanzaron 161 y 78 eran ligados a temas sociales y ambientales. 

En el 2009 los conflictos casi se duplicaron frente al año anterior y sumaron 284 de los cuales 135 estaban relacionados a motivos socioambientales. Y en el 2010 hubo una ligera disminución y alcanzaron los 246 (169 latentes y 77 activos), de este total 125 son de tipo socioambiental. 

Al momento de asumir la administración del país, Ollanta Humala tenía que hacer frente a 214 conflictos sociales, de este total 119 se calificaron de conflictos socio-ambientales, es decir enfrentamientos entre la población y empresas explotadoras de recursos naturales. 

Transcurrido dos años de la gestión nacionalista, a junio del presente año el panorama se mantiene casi igual e incluso peor y los conflictos sociales suman 223 (170 se encuentran activos y 53 en situación latente) y de ese total 145 son de tipo socioambientales (87 relacionados a la actividad minera). 

Al 2012, Ancash se coloca como la región de mayor cantidad de conflictos sociales (30 casos), seguido por Apurímac (24 casos), Puno (17 casos), Lima (14 casos), Piura (13 casos), Cajamarca (13 casos) y Loreto (13 casos).

Y el proyecto minero Conga sigue siendo la ´piedra en el zapato´ para el gobierno y según especialistas las protestas entre los pobladores de Cajamarca contra la empresa minera Yanacocha se reactivarán en el segundo semestre del año. 


LA BOMBA DE TIEMPO EN CONGA

Los problemas en torno al proyecto minero Conga le estallaron al presidente Ollanta Humala e incluso le costó la renuncia a dos primeros ministros (Salomón Lerner y Oscar Valdés) y parte de su gabinete ministerial. 

¿Cómo se inicia el conflicto por Conga? Según el exministro de Ambiente Ricardo Giesecke en el último año de la segunda gestión aprista se aceleró la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga que finalmente se aprobó en tiempo record.

En siete meses, entre abril y octubre del 2010, se tuvo que revisar un expediente de aproximadamente 25 mil hojas que contenían el EIA de Conga. 

“El gobierno anterior aceleró la aprobación del EIA del proyecto minero Conga, en menos de siete meses. Estudio que requería ser analizado detenidamente y por más tiempo debido al impacto que generaría. No se hizo y las consecuencias se enfrentaron en el primero año de este gobierno”, apuntó Giesecke.

Y resaltó que el actual gobierno tampoco tuvo un adecuado manejo del problema en Conga y responsabiliza de los enfrentamientos entre la población cajamarquina y la policía al expremier Oscar Valdés quien reemplazó a Lerner en diciembre del 2011, y se mantuvo en el cargo hasta julio del año pasado. Fue reemplazado por el actual premier Juan Jiménez. 

“Tras los cambios en el Consejo de Ministro y con la entrada del nuevo premier (Oscar Valdés) hubo represión y ahora el problema está lejos de ser resuelto. Además, no hay interés por parte del gobierno”, indicó. 

Para el líder del Movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana, el manejo de los conflictos mineros se militarizó. 

“Ahora hablamos de un Minero-Estado, porque hay un manejo policiaco militar en el manejo de los conflictos sociales”, indicó. 


TRABAS EN LA CONSULTA PREVIA 

El 23 de agosto del 2011, a casi un mes de asumir el cargo el presidente Ollanta Humala, el Congreso de la República aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Previa, herramienta que sirve para consultar a pueblos originarios si estaban a favor o en contra que se desarrolle proyectos extractivos en el territorio que ocupan. 

La Ley de Consulta Previa nace de un consenso -entre el Ejecutivo, Legislativo y sociedad civil- luego conocerse las lamentables consecuencias de los conflictos sociales ocurridos en Bagua. Por ello, Humala Tasso en su calidad de Jefe del Estado promulgó en setiembre del 2011 la norma, precisamente en Imacita (Bagua).

Luego, el tres de abril del 2012, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, publicó el reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, empero un mes después se anunció que la base de datos oficiales de los pueblos indígenas del Perú no será pública. Una primer señal negativa de lo que vendría después. 

La falta de voluntad del Ejecutivo para implementar la Ley de Consulta Previa era más evidente con el transcurrir del tiempo y esto produjo la renuncia del viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra.

El viceministro del Ministerio de Cultura Lanegra discrepó públicamente con los parámetros dispuestos por el Ministerio de Energía y Minas para determinar qué pueblos son originarios y por ende le corresponde al Ejecutivo realizar la consulta previa. 

Según Lanegra los requisitos exigidos por el MEM dejaban de lado a muchos pueblos originarios. 

Pero el retroceso del gobierno a la aplicación de la consulta previa y, por el contrario, el apoyo a la inversión minera era evidente. 

El 26 de mayo de este año el primer ministro, Juan Jiménez, indicó que 14 proyectos de exploración minera se iban a destrabar, es decir se flexibilizarían o relajarían los procesos de certificación ambiental a favor de las empresas mineras. 

Por ello, la pregunta que ahora se hacen especialistas como Giesecke y organizaciones no gubernamentales es ¿dónde quedó la Consulta Previa?

El próximo mes se cumple dos años de la aprobación y promulgación de la norma y aún no se aplicó la consulta previa, que según los especialista sería la herramienta para bajar la intensidad de los conflictos sociales que cada vez cobran vidas humanas y hacen tambalear al gobierno. 


PROBLEMAS
Se reactivarían en segundo semestre
Según el Observatorio de Conflictos Mineros, integrado por las organizaciones no gubernamentales, Cooperacción, Grufides y Fedepaz, Apurímac es la región de mayor conflictividad, debido a que encabeza los flujos de inversión en nuevos proyectos mineros, captando el 20.88% de los montos de inversión minera con proyectos como Las Bambas, Apurímac Ferrum, Los Chankas, entre otros. 

En regiones vecinas, como Cusco, Puno y Arequipa, también se presentan escenarios de reactivación de conflictos, lo que plantea la necesidad de observar con mucha atención el sur del país. 

EN APURÍMAC
El 64.8% del territorio de Apurímac se encuentra concesionado, es decir, más de 1 millón 353 mil hectáreas, y es 6% más que el año anterior. Siendo Cotabambas la provincia con mayor concesión, registrando el 97.83% de su territorio concesionado. 

En esta región se desarrollaría el proyecto Las Bambas, que atraería inversión China debido a que existe una propuesta de Chinalco Mining Corp Internacional. 

Según el Observatorio de Conflictos Sociales, las empresas chinas no se caracterizan por tener los mejores antecedentes, muchas de ellas son infractoras de los estándares ambientales, lo que llevaría a desatarse conflictos sociales. 

Asimismo, las quejas en torno al proyecto Las Bambas continúan debido a que no hay acuerdos con los pobladores de Cotabambas y ello podría generar un futuro conflicto social. 

Según la Defensoría, la oposición al proyecto Las Bambas se debe al impacto que generará la construcción de un mineroducto que generaría más contaminación. 

A lo que se suman supuestos incumplimientos de la Empresa minera Xstrata Copper mediante el Proyecto Las Bambas, haciendo mención a 17 compromisos en beneficio de las comunidades del área de influencia indirecta del proyecto.

EN CUSCO 
En la región Cusco el 23% del territorio está concesionado a la minería, y la provincia con mayor concesión es Chumbivilcas que tiene el 77.38% de su territorio en concesión. 

Según un informe del Ministerio del Ambiente existe contaminación en la Provincia de Espinar asociada a la actividad minera de la empresa Xstrata Tintaya.

Otro conflicto se registraría en Chamaca en Cusco, debido a que existe tensión y preocupación frente al proyecto Constancia de la Empresa minera Hudbay Mirarals. En Arequipa el caso Majes Siguas ha vuelto a la agenda. 

EN CAJAMARCA 
Está región tiene concesionado el 44.8% de su territorio, el distrito de Bambamarca está concesionado en un 90.17%. 

A pesar que se paralizó la actividad minera entorno al proyecto Conga de Yanacocha se sigue trabajando cerca de la laguna El Perol, y continúa la ejecución de las obras en la zona, como la construcción de los reservorios. 

Por ello, organizaciones sociales de Celendín y Bambamarca organizan constantes movilizaciones hacia las lagunas que el proyecto Conga pretende utilizar. Ello es una muestra de que los conflicto sigue sin solución y sin procesos de diálogo. 

EN PIURA
El 31% de territorios de esta región está concesionado a la minería, y según el reporte del Observatorio en esta parte del país se trata de reactivar la actividad extractiva, como es el caso del proyecto minero Tambogrande. 

Igualmente, este año, la compañía china Río Blanco Copper reabrió sus oficinas en Huancabamba, además un grupo de inversionista resguardados de policías visitó la zona de influencia del proyecto minero, ello puso en alerta a las rondas campesina de las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca.


Fuente: Diario La Primera

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