Reconocen importancia de ordenanza regional que implementará derecho de consulta

El dictamen de la ordenanza regional que reconoce e implementa la consulta previa en Amazonas, así como la actual situación de los conflictos latentes y activos en otras tres regiones, son expuestas en el Segundo Informe Semestral del Observatorio de Conflictos Socioambientales Amazónicos: Vigilante Amazónico.

Durante la presentación del mismo se tocó el caso de la región San Martín donde, al igual que en la región de Amazonas, las organizaciones indígenas impulsaron la aprobación de una ordenanza sobre consulta previa. Ésta finalmente quedó congelada a raíz de una opinión emitida por el Viceministerio de Interculturalidad.

La mesa de presentación estuvo integrada por el abogado awajún Fermín Tiwi del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Miguel Lévano, coordinador del proyecto “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía” y Miguel Valderrama, coordinador del proyecto por CooperAcción.

Respecto a la consulta para la concesión del Lote 1AB, en Loreto, que ha provocado la oposición indígena debido a que consideran que primero se debe resolver el tema de los pasivos ambientales, los expositores sostuvieron, tal como lo indicó la Defensoría del Pueblo, que el conflicto no está siendo bien encaminado.

Informaron así que la polémica en estos momentos se ha centrado en determinar a quién le corresponde resolver el tema de los pasivos ambientales, si es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) o si es el organismo de supervisión Osinergmin. Reconocieron que con el reconocimiento del derecho a la consulta previa no se va a resolver la situación de conflictividad.

Ordenanza sobre consulta previa

Fermín Tiwi Paati destacó la batalla emprendida por los indígenas awajún y wampis, liderados por la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), que consiguieron que, el pasado 10 de enero, el Consejo Regional de Amazonas apruebe por unanimidad el dictamen de ordenanza que reconoce la consulta previa.

Ahora se espera que el presidente regional la promulgue oficialmente para su formal vigencia.

Para tal fin se usaron mecanismos constitucionales como la iniciativa legislativa regional, para el cual junto a la ORPIAN-P se recolectaron y adjuntaron las firmas requeridas por ley para que la iniciativa sea aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y pase a ser considerada por el Consejo del Gobierno Regional de Amazonas.

Tiwi Paati señaló que la iniciativa fue suscrita por un total de 2977 pobladores que representan más del 1 por ciento de la cantidad de electores de la región de Amazonas, porcentaje que establece como mínimo normas como la Ley Orgánica de Municipalidades y el Tribunal Supremo Electoral.

A su turno, Miguel Levano explicó que la ordenanza es aplicable a nivel de gobierno regional estableciendo procedimientos para proyectos administrativos que se impulsen a nivel de su competencia.

“La ordenanza no va a resolver temas como los proyectos que tengan que ver con, por ejemplo, actividades extractivas, o sea no va a resolver temas mineros e hidrocarburíferos”, afirmó tras su exposición el ultimo jueves.

El abogado del pueblo indígena Awajún precisó que el dictamen ya está aprobado y que “ahora solo falta que el gobierno de Amazonas firme. Prácticamente estarán dando un plazo de 30 días y ya de acuerdo a eso estaría saliendo una ordenanza regional”.

Consultado sobre el caso de la región San Martín en donde se planteó la aprobación de una ordenanza que quedo paralizada a raíz de una opinión del Viceminsiterio de Interculturalidad, Tiwi Paati consideró de vital importancia el trabajo de incidencia política para concientizar a los gobiernos regionales.

Explicó así que es inexplicable que gobiernos regionales que tienen dentro de su jurisdicción a una gran mayoría indígena no sirvan a la misma. “Si no van a gobernar a favor de las poblaciones indígenas entonces a favor de quién van a gobernar”, se preguntó.

Cabe recordar tal como lo explicó el representante de la CRS, Miguel Lévano, que en San Martín se paralizó la norma a raíz de que el Viceministerio consideró que en esta región no era necesario tener un reglamento de consulta regional sino adecuar cualquier iniciativa a los instrumentos de la norma nacional.

Aquello ocurrió en los meses en que se discutía la creación de la Ley de Consulta y su reglamentación, añadió.

Conflictos latentes

El Observatorio Amazónico da cuenta también de conflictos latentes debido a la falta de titulación de los territorios de las comunidades indígenas.

El informe señala el conflicto que se podría originar entre la empresa agroindustrial Young Living Essential Oils Perú S.A.C. dedicada al cultivo de palma aceitera y las comunidad kichwas Nuevo Libertador, Vista Hermosa y Santa Elena.

Se reportó el caso de contaminación del río Napo, en Loreto, que alertó al pueblo Kichwa, y la existencia del estudio “Metales pesados en la cuenca del Napo: Un informe preliminar de sus efectos en el ser humano”, realizado por el padre Jack McCarthy, director del centro de salud de la localidad.

En el mismo se encontró presencia de mercurio en 125 personas de las comunidades San Fernando, San Jorge, Rango Isla y San Rafael.

Cabe recordar que la Defensoría ha reportado, desde el 2006, al menos 68 casos de conflictos que involucran a pueblos y organizaciones indígenas. Catorce de ellos tienen como demanda principal la realización de un proceso de consulta previa sobre actividades o proyectos mineros, petroleros, forestales o gasíferos.

De estos últimos solo siete se encuentran activos y sólo hay dos resueltos.

Para acceder al informe completo dar clic en el siguiente enlace:
Segundo Informe Semestral del Observatorio de Conflictos Socioambientales Amazónicos: Vigilante Amazónico

 

 

Fuente: SERVINDI

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