.png "English"){kind=small}
Ollanta Humala empezósu mandato asegurando que las actividades extractivas se realizarán solo si respetan las normas ambientales y el derecho de las comunidades originarias, bajo esa premisa a inicios de su gobierno se promulgó la Ley de Consulta Previa. Luego vino la reglamentación y posteriormente la lista de comunidades de las que terminaron excluyendo a las quechuas y aymaras, después flexibilizaron nuevamente los requerimientos ambientales dejando a la Consulta Previa pintada en la pared. Actualmente de los 223 conflictos, 87 están relacionados a problemas con la actividad minera y departamentos como Apurímac tienen el 64.8% de su territorio concesionado a proyectos mineros.
El presidente Ollanta Humala inició su gestión gubernamental en un escenario de conflictividad, y tomó las riendas del país, a finales del 2011, en medio de 214 conflictos sociales entre latentes y activos, y en los que se cuenta el proyecto minero Conga que se convirtió en una ´piedra en el zapato´ que hasta ahora el gobierno no sabe solucionar.
Del total de conflictos, 119 son de origen socioambiental y el resto está relacionado a asuntos laborales, de demarcación territorial y asuntos de gobiernos regionales y locales.
Para el exministro de Ambiente, Ricardo Giesecke, el gobierno actual heredó un escenario de conflictividad y durante su primer año cobró la “factura” que dejó el gobierno anterior en torno a los conflictos socioambientales, como es el caso del proyecto minero Conga.
“El actual gobierno recibió un país con un escenario conflictivo que dejó el anterior gobierno y ahora le está pasando la factura”, explicó.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo, durante el segundo gobierno aprista los conflictos sociales se incrementaron a medida que terminaba la gestión.
En el 2007 los conflictos sumaron 76 entre latentes (49) y activos (27) y 35 de éstos estaban relacionados a temas socioambientales. Para el año siguiente, los conflictos totales alcanzaron 161 y 78 eran ligados a temas sociales y ambientales.
En el 2009 los conflictos casi se duplicaron frente al año anterior y sumaron 284 de los cuales 135 estaban relacionados a motivos socioambientales. Y en el 2010 hubo una ligera disminución y alcanzaron los 246 (169 latentes y 77 activos), de este total 125 son de tipo socioambiental.
Al momento de asumir la administración del país, Ollanta Humala tenía que hacer frente a 214 conflictos sociales, de este total 119 se calificaron de conflictos socio-ambientales, es decir enfrentamientos entre la población y empresas explotadoras de recursos naturales.
Transcurrido dos años de la gestión nacionalista, a junio del presente año el panorama se mantiene casi igual e incluso peor y los conflictos sociales suman 223 (170 se encuentran activos y 53 en situación latente) y de ese total 145 son de tipo socioambientales (87 relacionados a la actividad minera).
Al 2012, Ancash se coloca como la región de mayor cantidad de conflictos sociales (30 casos), seguido por Apurímac (24 casos), Puno (17 casos), Lima (14 casos), Piura (13 casos), Cajamarca (13 casos) y Loreto (13 casos).
Y el proyecto minero Conga sigue siendo la ´piedra en el zapato´ para el gobierno y según especialistas las protestas entre los pobladores de Cajamarca contra la empresa minera Yanacocha se reactivarán en el segundo semestre del año.
LA BOMBA DE TIEMPO EN CONGA
Los problemas en torno al proyecto minero Conga le estallaron al presidente Ollanta Humala e incluso le costó la renuncia a dos primeros ministros (Salomón Lerner y Oscar Valdés) y parte de su gabinete ministerial.
¿Cómo se inicia el conflicto por Conga? Según el exministro de Ambiente Ricardo Giesecke en el último año de la segunda gestión aprista se aceleró la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga que finalmente se aprobó en tiempo record.
En siete meses, entre abril y octubre del 2010, se tuvo que revisar un expediente de aproximadamente 25 mil hojas que contenían el EIA de Conga.
“El gobierno anterior aceleró la aprobación del EIA del proyecto minero Conga, en menos de siete meses. Estudio que requería ser analizado detenidamente y por más tiempo debido al impacto que generaría. No se hizo y las consecuencias se enfrentaron en el primero año de este gobierno”, apuntó Giesecke.
Y resaltó que el actual gobierno tampoco tuvo un adecuado manejo del problema en Conga y responsabiliza de los enfrentamientos entre la población cajamarquina y la policía al expremier Oscar Valdés quien reemplazó a Lerner en diciembre del 2011, y se mantuvo en el cargo hasta julio del año pasado. Fue reemplazado por el actual premier Juan Jiménez.
“Tras los cambios en el Consejo de Ministro y con la entrada del nuevo premier (Oscar Valdés) hubo represión y ahora el problema está lejos de ser resuelto. Además, no hay interés por parte del gobierno”, indicó.
Para el líder del Movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana, el manejo de los conflictos mineros se militarizó.
“Ahora hablamos de un Minero-Estado, porque hay un manejo policiaco militar en el manejo de los conflictos sociales”, indicó.
TRABAS EN LA CONSULTA PREVIA
El 23 de agosto del 2011, a casi un mes de asumir el cargo el presidente Ollanta Humala, el Congreso de la República aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Previa, herramienta que sirve para consultar a pueblos originarios si estaban a favor o en contra que se desarrolle proyectos extractivos en el territorio que ocupan.
La Ley de Consulta Previa nace de un consenso -entre el Ejecutivo, Legislativo y sociedad civil- luego conocerse las lamentables consecuencias de los conflictos sociales ocurridos en Bagua. Por ello, Humala Tasso en su calidad de Jefe del Estado promulgó en setiembre del 2011 la norma, precisamente en Imacita (Bagua).
Luego, el tres de abril del 2012, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, publicó el reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, empero un mes después se anunció que la base de datos oficiales de los pueblos indígenas del Perú no será pública. Una primer señal negativa de lo que vendría después.
La falta de voluntad del Ejecutivo para implementar la Ley de Consulta Previa era más evidente con el transcurrir del tiempo y esto produjo la renuncia del viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra.
El viceministro del Ministerio de Cultura Lanegra discrepó públicamente con los parámetros dispuestos por el Ministerio de Energía y Minas para determinar qué pueblos son originarios y por ende le corresponde al Ejecutivo realizar la consulta previa.
Según Lanegra los requisitos exigidos por el MEM dejaban de lado a muchos pueblos originarios.
Pero el retroceso del gobierno a la aplicación de la consulta previa y, por el contrario, el apoyo a la inversión minera era evidente.
El 26 de mayo de este año el primer ministro, Juan Jiménez, indicó que 14 proyectos de exploración minera se iban a destrabar, es decir se flexibilizarían o relajarían los procesos de certificación ambiental a favor de las empresas mineras.
Por ello, la pregunta que ahora se hacen especialistas como Giesecke y organizaciones no gubernamentales es ¿dónde quedó la Consulta Previa?
El próximo mes se cumple dos años de la aprobación y promulgación de la norma y aún no se aplicó la consulta previa, que según los especialista sería la herramienta para bajar la intensidad de los conflictos sociales que cada vez cobran vidas humanas y hacen tambalear al gobierno.
PROBLEMAS
Se reactivarían en segundo semestre
Según el Observatorio de Conflictos Mineros, integrado por las organizaciones no gubernamentales, Cooperacción, Grufides y Fedepaz, Apurímac es la región de mayor conflictividad, debido a que encabeza los flujos de inversión en nuevos proyectos mineros, captando el 20.88% de los montos de inversión minera con proyectos como Las Bambas, Apurímac Ferrum, Los Chankas, entre otros.
En regiones vecinas, como Cusco, Puno y Arequipa, también se presentan escenarios de reactivación de conflictos, lo que plantea la necesidad de observar con mucha atención el sur del país.
EN APURÍMAC
El 64.8% del territorio de Apurímac se encuentra concesionado, es decir, más de 1 millón 353 mil hectáreas, y es 6% más que el año anterior. Siendo Cotabambas la provincia con mayor concesión, registrando el 97.83% de su territorio concesionado.
En esta región se desarrollaría el proyecto Las Bambas, que atraería inversión China debido a que existe una propuesta de Chinalco Mining Corp Internacional.
Según el Observatorio de Conflictos Sociales, las empresas chinas no se caracterizan por tener los mejores antecedentes, muchas de ellas son infractoras de los estándares ambientales, lo que llevaría a desatarse conflictos sociales.
Asimismo, las quejas en torno al proyecto Las Bambas continúan debido a que no hay acuerdos con los pobladores de Cotabambas y ello podría generar un futuro conflicto social.
Según la Defensoría, la oposición al proyecto Las Bambas se debe al impacto que generará la construcción de un mineroducto que generaría más contaminación.
A lo que se suman supuestos incumplimientos de la Empresa minera Xstrata Copper mediante el Proyecto Las Bambas, haciendo mención a 17 compromisos en beneficio de las comunidades del área de influencia indirecta del proyecto.
EN CUSCO
En la región Cusco el 23% del territorio está concesionado a la minería, y la provincia con mayor concesión es Chumbivilcas que tiene el 77.38% de su territorio en concesión.
Según un informe del Ministerio del Ambiente existe contaminación en la Provincia de Espinar asociada a la actividad minera de la empresa Xstrata Tintaya.
Otro conflicto se registraría en Chamaca en Cusco, debido a que existe tensión y preocupación frente al proyecto Constancia de la Empresa minera Hudbay Mirarals. En Arequipa el caso Majes Siguas ha vuelto a la agenda.
EN CAJAMARCA
Está región tiene concesionado el 44.8% de su territorio, el distrito de Bambamarca está concesionado en un 90.17%.
A pesar que se paralizó la actividad minera entorno al proyecto Conga de Yanacocha se sigue trabajando cerca de la laguna El Perol, y continúa la ejecución de las obras en la zona, como la construcción de los reservorios.
Por ello, organizaciones sociales de Celendín y Bambamarca organizan constantes movilizaciones hacia las lagunas que el proyecto Conga pretende utilizar. Ello es una muestra de que los conflicto sigue sin solución y sin procesos de diálogo.
EN PIURA
El 31% de territorios de esta región está concesionado a la minería, y según el reporte del Observatorio en esta parte del país se trata de reactivar la actividad extractiva, como es el caso del proyecto minero Tambogrande.
Igualmente, este año, la compañía china Río Blanco Copper reabrió sus oficinas en Huancabamba, además un grupo de inversionista resguardados de policías visitó la zona de influencia del proyecto minero, ello puso en alerta a las rondas campesina de las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca.
Fuente: Diario La Primera
0 comentarios:
Publicar un comentario