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Balance minero. Si el presidente conversara frecuentemente con los empresarios, encontraría las soluciones más viables a los problemas sociales, administrativos y ambientales del sector, opinó José Miguel Morales, expresidente de la SNMPE. “Ese es el desafío del Gobierno”, dijo.
¿Es positivo o negativo su balance del sector a dos años del Gobierno?
El presidente Ollanta Humala ha expresado que apoya al sector minero, pero esa voluntad no se traduce en las medidas legislativas. El sentimiento es mixto por tal contradicción. Es positivo el tema de las obras por impuestos y el reciente paquete de medidas para agilizar las inversiones pero, por el otro lado, se dictan estándares ambientales que ninguna máquina en el mundo puede alcanzar. Esto puede paralizar la actividad minera.
¿La consulta previa causó incertidumbre?
En el caso de la consulta previa, el Gobierno y el Congreso vendieron la idea de que era vinculante, y luego salieron a rectificarse de que era lo contrario. Entonces, la gente se quedó descontenta. Y eso creó una tensión innecesaria. Las autoridades deben dejar en claro que la consulta es para los pueblos originarios de la selva, pero no para las comunidades de la sierra.
¿Se logró un modelo eficaz para reducir los conflictos sociales?
Creo que no se ha mirado el problema a profundidad. En vez de las mesas de desarrollo, que hay muchas por el país, se debió crear un procedimiento similar a la negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo. La empresa y las comunidades se ponen de acuerdo y una autoridad resuelve el caso. Así reconocemos a los representantes de la comunidad y le da más autoridad al Estado.
Este Gobierno enfrentó por primera vez la minería ilegal. ¿Fue acertado?
Los decretos para acabar con la minería ilegal son buenos, pero si uno va a Madre de Dios se da cuenta de que no han funcionado. El factor económico es tan grande que la gente está dispuesta a no cumplir con la ley. Hay que optar por una forma más inteligente, más allá de enfrentarlos a balazos. Yo propondría crear un centro de acopio de minerales, como antaño fue el Banco Minero, y desde allí brindarle beneficios y maquinarias, motivándolos a que se formalicen.
¿La Ley Servir puede ser beneficiosa para el sector?
Si. Esta reforma es muy buena para los inversionistas y el sector minero, porque se está trabajando con un Estado inventado en el siglo XIX, en pleno siglo XXI. Entonces, tenemos que cambiar y buscar profesionales con una visión renovada del Perú. Esta ley se requiere, por ejemplo, para cumplir con la última normativa para agilizar las inversiones.
¿Es suficiente el reciente paquete para acelerar las inversiones?
La iniciativa es buena, pero aquí somos criollos. Ahora que hay silencio administrativo positivo, el funcionario público seguramente observará el expediente un día antes del plazo y abrirá un nuevo procedimiento. Además, los funcionarios del Ministerio del Ambiente están asustados porque el que firma al final puede acabar con juicios. O, si no firma y ‘se hace el loco’, le dirán que está ‘vendido’ a la empresa. Yo creo que el silencio administrativo positivo no va a existir. Teóricamente la medida es buena, pero se necesita gente capaz. Ojalá que me equivoque.
¿Cuál es el principal desafío del Gobierno para los próximos años?
En los próximos años, el desafío del gobierno de Ollanta Humala está en el lado de las actitudes. Creo que debe sentarse a dialogar con los empresarios. Que no les tenga miedo, porque no son sinvergüenzas. Ellos están aquí para quedarse más de los cinco años que dura un mandato presidencial. Les interesa que el Perú funcione para todos, no solamente para ellos.
Fuente: Diario Gestión
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