El oro ilegal de Madre de Dios en la mira de los delincuentes

Foto: Miguel Bellido/Archivo El Comercio

Por: Nelli Luna Amancio

Puerto Maldonado. La trocha que sale del kilómetro 24 de la Carretera Interoceánica hacia las comunidades de San Jacinto y Tres Islas, en Madre de Dios, no es un camino que los habitantes de este lugar quieran volver a transitar. El sábado 15 de junio, víspera del Día del Padre, entre las 11 a.m. y las 2 p.m., diez hombres armados con pistolas y AKM detuvieron todas las camionetas que recorrían esa ruta, las escondieron una tras otra detrás de los matorrales y asaltaron a más de 50 comuneros de San Jacinto. Los tuvieron allí, boca abajo, maniatados, durante casi tres horas. Jorge Payaba, presidente de la comunidad de Tres Islas, recorre ahora con miedo el lugar: “Todito les han revisado, ellos sabían que el sábado sacan el oro de la comunidad para vender o pagar”, dice.

Las víctimas vivían en la comunidad de San Jacinto, vecina a Tres Islas y que también se dedica a la extracción minera. En el lugar, dentro del territorio de la comunidad, solo quedan ahora varios metros cuadrados de pastos aplastados, prendas abandonadas por los asaltantes, una mochila casi nueva, las medias de un niño de no más de 1 año, pequeños plásticos negros con los que se envuelve el oro y las cuerdas que usaron los delincuentes para amarrar las manos y piernas de sus víctimas. Ninguno de los comuneros ha querido volver al lugar desde entonces. Ahora nos acompaña un policía sin uniforme.

Violencia sin control

La fiebre por el oro ha derivado en una alarmante e inusual violencia en las zonas mineras de Madre de Dios. En los últimos meses la policía ha registrado cuatro grandes asaltos de bandas organizadas que usan armas de guerra para asaltar a los comercializadores de oro.

También en marzo de este año 12 delincuentes armados con pistolas y fusiles interceptaron una camioneta que se dirigía de Mazuco al Cusco y robaron 15 kilos de oro (valorizados en dos millones y medio de soles). Días después, la policía identificó y detuvo a cuatro de los asaltantes: uno de ellos era un policía en actividad: el suboficial César Delgado.

“Nunca antes se habían registrado tantos asaltos de este tipo, tenemos miedo de lo que pueda pasar, por eso muchos quieren comprar sus propias armas”, dice Payaba. Los habitantes de Tres Islas y San Jacinto creen que detrás de estos grandes robos podrían estar también otros malos policías. A estos asaltos se suman dos registrados en la comunidad de Kotsimba y en La Pampa, la zona de minería ilegal ubicada dentro del área de amortiguamiento del Tambopata.

Con la inseguridad y el crimen organizado también se ha acentuado el tráfico de armas. En los campamentos es usual ver a los mineros o a sus trabajadores con pistolas sobre las cinturas. La policía local señala que estas armas provendrían de la frontera con Bolivia. Pero no tiene más información.

Acoso judicial

Mientras las investigaciones contra los mineros ilegales y las bandas de delincuentes están estancadas en el Ministerio Público, la justicia en Madre de Dios actúa con inusitada celeridad para otros casos. En el 2011 la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios ordenó el retiro inmediato de un cerco de madera que la comunidad de Tres Islas había instalado un año antes en el ingreso de su territorio para protegerse.

Esta es la historia. En el 2010, alertados por la invasión de mineros ilegales, la comunidad instaló un puesto de vigilancia en uno de los ingresos a su territorio comunal, exactamente en el lugar donde el pasado 15 de junio ocurrió el asalto. “Queríamos saber quiénes entraban a nuestro territorio”, explica Juana Payaba Cachique, hermana de Jorge, y entonces presidenta de la comunidad.

Sin embargo, dos empresas de transporte (Mineros S.A.C. y Los Pioneros S.R.L.) interpusieron una demanda contra los dirigentes por atentar contra el libre tránsito. La segunda fiscalía penal corporativa de Tambopata aceptó la demanda y denunció penalmente a los dirigentes. Después, con inusitada celeridad, la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios ordena el retiro inmediato del cerco de madera y la caseta.

Angustiada por las denuncias, Juana Payaba presentó una demanda de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional contra el fallo de la Corte Superior de Justicia. Y en setiembre del año pasado, la sentencia del TC les dio la razón: ordenó a la sala emitir una nueva resolución. “El Poder Judicial debería de haber ordenado a los transportistas restituir la tranquera y la caseta de control que destruyeron, pero hasta ahora no lo hace”, se queja Payaba. La justicia para la comunidad de Tres Islas es extrañamente lenta. Y sorda.

“Queremos protegernos y la justicia no nos deja”

JORGE PAYABA. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE TRES ISLAS

Nuestros padres llegaron hasta aquí entre la década de los 40 desde otras comunidades de Ucayali y Loreto. Habían escapado de la violencia del caucho. Eran alrededor de 30 familias. La llamaron Tres Islas porque en esa zona el cauce del río Madre de Dios forma tres pequeñas islas. Una vez asentados aquí peleamos durante años el reconocimiento de nuestra comunidad. Recién en 1994 titularon nuestras tierras y definimos nuestros linderos. Fue en ese momento que nos dimos cuenta de que varias personas habían realizado sus petitorios mineros. De los 105 petitorios mineros registrados en la comunidad solo 11 pertenecen a la misma comunidad, el resto son de personas extrañas. De esas 94 zonas de extracción minera solo 4 cuentan con autorización comunal. Nosotros no nos beneficiamos de lo que ellos sacan. 

Por eso, para evitar que ingresen nuevos mineros a nuestro territorio instalamos ese puesto de control. Queremos protegernos y no nos dejan. Ha sido un largo proceso judicial. Solo el Tribunal Constitucional nos dio la razón, pero hasta ahora la Corte Superior no emite una nueva sentencia. Encima, nos han vuelto a denunciar por instalar otra reja. Ya presentamos una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: Diario El Comercio

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