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Apurímac encabeza los flujos de inversión minera y es la región donde predominan los conflictos por esta actividad.
Los retrocesos en la aplicación de la Ley de Consulta y el paquete de medidas del gobierno que flexibiliza los procesos de certificación ambiental marca un contexto en que la inversión minera y la conflictividad social que se deriva de ésta se expande hacia el sur andino del Perú.
Apurímac se ha convertido en una de las regiones que mayor conflictividad social a causa de la actividad minera. Así lo sostiene el 12º Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en el Perú presentado el jueves 17 de julio.
Destaca así que a casi dos años de la promulgación de la Ley de Consulta no se ha realizado proceso alguno, lo que ha motivado el surgimiento de nuevos conflictos y la reactivación de otros que marcarán la pauta de la segunda mitad del año, como es el caso del conflicto Conga, en Cajamarca.
Hasta el momento, este último no da visos de solución y diálogo por parte del gobierno. El reporte del OCM entrega el resultado del monitoreo en cinco zonas especificas de intervención: Piura, Cusco, Cajamarca, Apurímac y Junín. Pero además, da una visión del contexto y algunas tendencias nacionales.
La presentación del reporte estuvo a cargo de representantes de las organizaciones no gubernamentales Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), Acción Solidaria para el Desarrollo (CooperAcción) y Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).
Sur andino apunta a convertirse en nuevo foco de conflictividad
Según Emma Gómez, subdirectora de CooperAcción, los reportes de Apurímac muestran que es la región de mayor conflictividad minera en el país, puesto que antes ocupaba, según el reporte, la región Áncash.
“En varias de sus provincias los conflictos se han incrementado, sobre todo los vinculados a la actividad minera. En regiones vecinas, como Cusco, Puno y Arequipa, también se presentan escenarios de reactivación de conflictos, lo que plantea la necesidad de observar con mucha atención el sur andino del país”, aseveró.
Según el mapa de concesiones mineras, que registra información a mayo de 2013, el 21% del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir, más de 26 millones de hectáreas. El incremento de la conflictividad se debería a la expansión de las inversiones mineras en las citadas regiones.
Según estadísticas del propio Ministerio de Energía y Minas (MEM), Apurímac es una de las regiones que encabezan los flujos de inversión captando actualmente el 20.88 por ciento de los montos de inversión minera con proyectos como Las Bambas, Apurímac Ferrum, Los Chankas, entre otros.
Apurímac actualmente tiene el 64,8 por ciento de su superficie concesionada. Todo indica que el sur andino, se va a convertir en los próximos años en el centro de expansión minera, que tendrá en el cobre al principal mineral de explotación, advirtió la representante de CooperAcción.
La provincia con mayor concesión es Cotabambas: 97.83 por ciento de su territorio está concesionado a la minería. La inversión china podría ingresar con fuerza en la zona. De acuerdo a las últimas informaciones, dos empresas chinas estarían interesadas en el proyecto Las Bambas.
Seguimiento a la actuación del gobierno en materia de inversiones
El OCM consideró necesario hacer un seguimiento al paquete de medidas que viene promoviendo el gobierno para salvaguardar la inversión en nuestro país y agilizar la cartera de proyectos mineros.
Para Marco Arana de Grufides, las inversiones mineras en nuestro país no se han detenido, por el contrario, si se compara con el “boom” minero del periodo de Alan García, el gobierno de Ollanta Humala ha superado con creces las inversiones en el presente periodo.
Por su parte, Emma Gómez, señaló que en este semestre (2013) las medidas de promoción de la inversión ante una “supuesta desaceleración de la economía peruana”, sustentada en la baja de la minería, en palabras del propio presidente Ollanta Humala, no tienen sustento en la realidad.
Agregó en ese sentido, que si bien se registra una baja en producción de oro, el cobre es lo que va sostener la producción minera en los próximos últimos años y en el nivel del crecimiento del sector.
Destacó de otro lado, que las medidas promovidas por el gobierno para blindar las inversiones se están dando a costa de la protección de los derechos de las poblaciones.
“La flexibilización de las normas ambientales van a traducirse en mayores daños ambientales y ahora también al patrimonio arqueológico lo que va a traducirse en mayor conflictividad social en todo el país”, advirtió Arana.
Concesiones en regiones monitoreadas
En Cusco el 23% del territorio está concesionado a la minería. La provincia con mayor concesión es Chumbivilcas que tiene el 77.38 por ciento de su territorio concesionado.
Está comprobado mediante el Informe del Ministerio del Ambiente (MINAM) que existe contaminación en la provincia de Espinar, asociada a la actividad minera Xstrata Tintaya. El 100 por ciento de las personas que viven en las comunidades directamente afectadas por Xstrata Tintaya se encuentran expuestas a las presencia de metales.
Al norte, Cajamarca tiene concesionado el 44.8 por ciento de su territorio, el distrito de Bambamarca está concesionado en un 90.17 por ciento.
Arana sostuvo que el proyecto Conga no se ha detenido. “Se sigue adelante con la construcción de la infraestructura hidráulica (reservorio Chaillaguón) y ahora se presiona también sobre la construcción de la infraestructura hidro-energética en el Río Marañón (con el proyecto Chadín II).”
Llamo la atención, además, en torno a que la persecución judicial continúa, y hoy mismo la empresa Yanacocha busca el desalojo judicial de la familia Acuña Chaupe.
En Junín, más de un millón de hectáreas de territorio se encuentra concesionado, es decir un 26.9 por ciento de su territorio. Siendo la provincia de Morococha la que mayor concesión minera tiene: 69.92 por ciento.
La región Piura el 31 por ciento de su territorio está concesionada a la minería. Aparentemente en esta región se trata de reactivar la actividad extractiva, como es el caso de la posible reactivación del proyecto minero Tambogrande.
Para descargar el 12º Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros dar clic en:
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