Expertos ambientalistas se reunieron hace pocos días para proponer un pacto ambiental que permitiera la coexistencia de la inversión en una fase de crecimiento económico y el uso de los recursos naturales en un periodo de aún debilidad de los organismos supervisores y fiscalizadores.
La exigencia de una visión de largo plazo en la que los problemas del cambio climático, el deterioro de la diversidad biológica y de los ecosistemas desde la óptica del desarrollo verde influyan en la política de los gobiernos y se convierta en una cuestión de Estado.
¿Es sostenible esta visión? Algunos de los participantes tocan el dedo en la llaga. Hacer viable un pacto ambiental pasa por un compromiso de la política económica. No solo en el tema de impuestos y supervisión (recordemos que la Ley del ISC se promulgó con el objetivo de penalizar los combustibles contaminantes, pero su resultado final es contribuir a la caja fiscal), sino en la programación presupuestal que arrastra el compromiso de todos los sectores. Se tendría que demostrar que un pacto ambiental conectado con las matrices económicas y sociales del país puede llevar a un desarrollo sostenible. No solo como resultado de convenciones internacionales como Río+20, sino parte de un análisis en el que los costos asumidos por empresarios grandes y pequeños son recompensados por un bienestar global que genera un círculo virtuoso de un nuevo tipo de crecimiento. Esta comprensión implica sacrificios de empresarios, Estado y sociedad. Aquí está el problema medular. Sacrificios y costos actuales para bienestar y beneficios futuros. ¿Dónde están las prioridades?
Ensayando una respuesta positiva, indaguemos si el costo de la degradación ambiental, estimado por el Banco Mundial hace seis años del 4% del PBI anual, ha sufrido cambios significativos. Sobre todo porque los últimos años se han efectuado inversiones en la infraestructura más sensibles a los daños ambientales, red de agua potable, saneamiento y, especialmente, ahora con la red de trenes urbanos con mayor efecto ambiental efectuada por gobierno alguno por sus alcances en la disminución de la contaminación y especialmente en el incremento de años útiles de vida para los que pasan horas diarias en vehículos obsoletos.
Una mirada urbana del ambiente es razonable y marca la tendencia de toda sociedad que se acerca al Primer Mundo. Sin embargo, nuestra diversidad se conecta con la minería en las zonas rurales, la agroindustria ligada a la gastronomía y el turismo paisajístico.
Los grandes obstáculos para una mirada ambientalmente equilibrada son la minería informal (y sus conexiones con grandes grupos de interés) y la deforestación de pequeños y grandes empresarios. Detrás de una minería no amigable con el ambiente se suman los pasivos de la vieja minería que no permiten distinguir a los afectados de dónde proviene la contaminación. Si el agua es un problema central, la inversión en los programas de riego y de seguridad hídrica y energética son derivaciones ambientales del manejo de este recurso.
Un pacto ambiental dentro de un plan de desarrollo sostenible.
Con el debate de las prioridades ambientales y sus bases en un modelo económico y social global, podemos comenzar una propuesta que se nutrirá con las consultas con la sociedad civil. Pero consultar proponiendo es la más previa de las consultas.
Fuente: Revista Horizonte Minero
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