El proyecto que plantea la construcción de un canal que atravesará la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) y el Gran Lago de Nicaragua, uniendo el océano Pacífico con el Atlántico, podría tratarse en los fueros de la justicia internacional de no ser consultado a las comunidades que serán afectadas en el sureste de Nicaragua.
El anuncio lo hizo Acan-Efe Beeky McCrace, coordinadora de Justicia Comunitaria del gobierno territorial Tama y Kriol, ubicado en la RAAS, quien pidió en un primer momento se informe a las comunidades sobre el proyecto.
“Estamos viendo que el gobierno no está interesado en cumplir con las leyes nacionales e internacionales que protegen a los indígenas, (pero) vamos a estar haciendo incidencia a nivel nacional e internacional, porque demandamos que se respeten los derechos de los indígenas en cuanto a la consulta”, sostuvo en entrevista con Acan-Efe.
El 1 de julio pasado las autoridades de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la RAAS interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Gran Canal, por considerar que “pone en peligro” su existencia en su “propio territorio”. Hasta los ahora los indÍgenas no han obtenido respuesta, según McCrace.
La información oficial sobre el canal es que costará 40 mil millones de dólares, atravesará la RAAS y el Gran Lago de Nicaragua, será más grande que el de Panamá, incluye una vía acuática, un ferrocarril, zonas francas, dos aeropuertos internacionales y dos puertos de aguas profundas.
El proyecto actualmente está en la fase de estudios de prefactibilidad, por lo que su ruta y espacio a ocupar todavía no están definidos. La Ley del Gran Canal fue aprobada el 13 de junio pasado, en medio de protestas porque las autoridades obviaron el proceso de consulta ciudadana.
(Noticia en desarrollo)
Fuente: SERVINDI
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