El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Juan Jiménez Mayor, anunció desde Juliaca que el gobierno central emprenderá una serie de acciones de interdicción en la cuenca del río Ramis, afluente del lago Titicaca, donde actualmente cinco mil mineros ilegales extraen oro.
Este anuncio lo hizo en medio de una ceremonia de entrega de embarcaciones patrulleras a la Capitanía Lacustre del lago Titicaca. Estas naves se sumarán a las otras dos que ya vienen operando en contra de la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando con Bolivia.
En el evento lo acompañaron el titular de Defensa, Pedro Cateriano, y del Interior, Wilfredo Pedraza; el comandante general de la Marina Carlos Tejada y el alto comisionado contra la minería ilegal Daniel Urresti.
"Hemos venido hasta aquí para hacer sentir la presencia del Estado y decirle a toda la población puneña que no vamos a dejar de luchar contra ese flagelo que es la minería ilegal, que tanto daño hace a nuestros hermanos del altiplano; por ello es que entregamos dos patrulleras para trabajar juntos contra los actos ilícitos", afirmó el titular de la PCM.
Asimismo, puso énfasis en que lo más crítico de la minería ilegal en la región de Puno, es la utilización de maquinaria pesada. Agregó que este tipo de instrumentos ha generado un impacto ambiental negativo en la zona.
"La población está molesta por la contaminación. Hace décadas hubo abandono de parte de muchos gobiernos y, por fin, el gobierno del presidente Ollanta Humala se hace presente en esta zona", señaló.
Las próximas acciones de interdicción en la zona tendrán el objetivo de destruir maquinarias como retroexcavadoras, cargadores frontales y volquetes, utilizados por los mineros ilegales. Solo se permitirá el ejercicio de la minería artesanal mientras dure el proceso de formalización.
De momento en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina (Puno), la Policía Nacional ya ha destacado a 600 efectivos que se encargarán de llevar a cabo las acciones de interdicción en la cuenca del río Ramis.
HARÁN INVESTIGACIONES
Por otro lado, de manera paralela a las interdicciones, la Policía liderará una investigación para determinar el origen de la maquinaria pesada que viene siendo utilizada por los mineros ilegales en la región de Puno.
"Tenemos información de quiénes son los cabecillas que afectan el medio ambiente. Hay millones de dólares en maquinaria pesada vinculada a esta actividad, se trata, además, de gente inescrupulosa que no paga a los jornaleros y los obliga a trabajar en condiciones infrahumanas", dijo. Las primeras indagaciones indicarían que el lavado de activos es uno de los delitos que estarían involucrados detrás de la minería ilegal en esta región.
INFORME SOBRE CONFLICTIVIDAD
La conflictividad generada en los últimos meses en torno a la actividad minera y sus proyectos de inversión en el país estaría más asociado a la necesidad de acceder a bienes y servicios públicos, antes que a un verdadero sentimiento antiminero. Así lo señala el Informe N° 11 de Willaqniki, realizado por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
En este documento también se realiza una evaluación a los casos de prevención gestionados por esta oficina desde que Vladimir Huaroc asumiera el cargo de Alto Comisionado.
En este informe se revela que en la actualidad hay 62 conflictos sociales en 19 regiones del país, la mayoría está relacionado con algún tipo de actividad extractiva. Cajamarca, Loreto, Áncash y Piura están registrada como las regiones con mayor conflictividad.
La principal conclusión de este informe es que los conflictos están motivados por la necesidad de servicios básicos, más que por un sentimiento antiminero.
Fuente: Diario La República
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