Estado no cumple con compromiso suscrito hace más de diez años para proteger pueblos originarios. CIDH recibirá a organizaciones para conocer situación de estas poblaciones.
El informe alternativo 2013 sobre el cumplimiento del convenio 169 de la OIT fue presentado ayer con dos grandes conclusiones: la desatención del Estado en relación a los pueblos en aislamiento del país pero también el incumplimiento de compromisos que hacen peligrar la vida de estos peruanos así como de sus territorios.
Este abandono de parte de las autoridades viene desde hace décadas debido a que lo primordial para los gobiernos ha sido, y es, la inversión en proyectos energéticos y de otro tipo sin tener en cuenta la situación de estas familias en contacto inicial o en aislamiento. Según el informe, cuando empezó el proyecto Camisea, el Estado peruano asumió un préstamo por cinco millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proteger la integridad y los derechos de estas personas debido a la vulnerabilidad ambiental y social del área donde se desarrollaría el proyecto.
Bajo el préstamo 1441, el Estado se comprometió a cumplir 21 compromisos socioambientales para el proyecto Camisea entre los que se destaca: el fortalecimiento de la institucionalidad indígena, generación de medidas prioritarias para la protección de los pueblos de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti (RTKNN), prioridad en temas de salud, entre otros.
Han pasado 10 años y el Estado nada hizo. Según la organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) ha sucedido todo lo contrario, se ha debilitado la institucionalidad indígena, ya que no se realiza el proceso de consulta previa, los pueblos de la RTKNN se encuentran abandonados y después de 10 años del inicio de este importante proyecto energético no se ha cumplido con mejorar los mecanismos para la protección de la salud y la vida de estas poblaciones.
MINISTERIOS FANTASMAS
Para la especialista en inversiones de DAR, Vanesa Cueto, el Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad, están muy debilitados. “Desde el 2003 en que se asumieron los compromisos nada ha pasado para proteger estas áreas. En estos 10 años ha habido ausencias importantes del Estado. Las reservas territoriales se crearon para proteger a los pueblos que allí habitan pero en el caso de Camisea se produjo una superposición del Lote 88 en esta zona protegida a lo que se suman una serie de proyectos que se desarrollan en su entorno agravando más su situación.
AUDIENCIA EN LA CIDH
La presentación del informe fue contundente en el sentido del abandono de los gobiernos de turno pero además que las conversaciones han sido poco productivas y peor aún con incumplimientos. Aún así la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), DAR y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) se presentarán este 1 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar de la situación que atraviesan los pueblos en contacto inicial y el irrespeto por sus derechos.
De otro lado, la presidenta de la CNDDHH, Rocío Silva, señaló que el tema de la criminalización de la protesta debe ser analizado también porque todo pueblo que ve violentado sus derechos tiene razón de protestar. Puso por ejemplo el caso de Bagua donde existen más de 300 procesados y tres detenidos, los que estarían injustamente presos.
“Cualquier peruano que mata a otro debe ser enjuiciado, pero el caso de Bagua es emblemático. Se detuvo a quienes querían el diálogo y el problema empezó precisamente por la ausencia de este”, afirmó Rocío Silva.
Fuente: Diario La Primera
0 comentarios:
Publicar un comentario