Si bien en el mes de setiembre se registró similar número de conflictos sociales que el mes anterior, 223 en total, se aprecia que surgieron siete nuevos.
Dos de ellos se ubican en Apurímac y otros dos en Puno, los tres restantes se sitúan en La Libertad, Lima Provincias y Lambayeque. Estos pasaron a ocupar el espacio dejado por los tres problemas que se resolvieron y cuatro que pasaron del registro principal al de observación.
En el reporte se indica que 175 de los conflictos son activos y 48 en estado latente. Cabe indicar que Áncash, con 30; Apurímac, con 23, y Puno, con 15, son las regiones con la mayor cantidad de este tipo de problemas.
Los conflictos socioambientales aún son los más numerosos con 148 casos, y la minería la actividad más vinculada a la conflictividad, representando el 48% del total de casos registrados.
Por ello, la Defensoría del Pueblo muestra su preocupación por el incremento continuo de enfrentamientos de esta naturaleza, en especial, aquellos relacionados a la minería informal, que en la actualidad representan 24 conflictos en 11 regiones del país.
La Defensoría alerta sobre la probabilidad de que se agudicen siete conflictos, entre ellos figuran el relacionado con la licitación de Perupetro de dos lotes frente a las costas de Áncash para la exploración y la explotación de hidrocarburos.
Asimismo, menciona el del sector de comuneros algodoneros en Lambayeque, quienes demanda la atención por parte de las instituciones competentes a la denuncia de desplazamientos forzosos por parte del Proyecto Especial Olmos-Tinajones.
Sector. En agosto 101 empresas estuvieron involucradas en 116 conflictos, de acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo. De ese total de controversias, el 43% no está en proceso de diálogo, es decir, hay 50 problemas que se afrontan sin mediadores o acuerdos.
Fuente: Revista Oro Negro
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