De la planificación a la acción ambiental

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Dante Pinto Otazú 

En nuestro país hay tres instrumentos de planeamiento ambiental: la Política Nacional Ambiental, el Plan Nacional de Acción Ambiental, y la Agenda Nacional Ambiental. Los mismos instrumentos deben ser trabajados a nivel regional y local y ello implica -si tomamos como ejemplo Arequipa- contar con documentos similares para 109 distritos, 8 provincias y una región. Es decir, existirían 354 instrumentos de planeamiento ambiental y si cada uno debe ser concertado en una reunión con todos los actores; hablaríamos del mismo número de sesiones. Podemos afirmar entonces, que se realizaría una cita por cada día del año, inclusive contando sábados y domingos y que en materia de planeamiento ambiental estamos invirtiendo el tiempo “planificando la gestión ambiental” y no precisamente, realizando acciones que prescriben los instrumentos ambientales. 

Sin duda, se aportaría a la institucionalidad ambiental y a mejorar la gestión ambiental, si tendríamos solo los documentos de planificación ambiental necesarios, aterrizados a la realidad (con recursos) y con una priorización sincera que permita reunir a los actores en la menor cantidad de reuniones donde se pueda elaborar articuladamente dichos planes. Otra falencia advertida es que los instrumentos de planeamiento ambiental a nivel nacional, son aprobados por decreto supremo. Recordemos que el país está atravesando un proceso de descentralización, donde los gobiernos municipales y regionales cuentan con autonomía política y por ende sus normas (ordenanzas) tienen rango de ley. En en ese sentido, urge revalorar la Política Ambiental Nacional para evitar colisiones. Hacerlo implica que dicha política sea aprobada por ley en el Congreso de la República, lugar donde las fuerzas políticas están representadas al igual que las regiones. 

Hacerlo demandará reformular el sistema nacional de gestión ambiental que incluye cuatro niveles, donde el primero -que es el normativo- debe incluir al Poder Legislativo. El segundo de coordinación, donde el Ministerio del Ambiente debe compartir funciones (de concertación) con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, de Ecología y Ambiente del Congreso y con la comisión intergubernamental integrada por representantes de las regiones del país. El tercer nivel es de propuestas ante los problemas ambientales y el cuarto de ejecución, donde estamos todos los niveles. 

La creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), que será la instancia del Ministerio del Ambiente, que evaluaría los estudios de impacto ambiental de proyectos productivos a nivel nacional, es sin duda un gran aporte en la institucionalidad ambiental. Sin embargo, aún no está reglamentado por las versiones sobre que existe oposición de los sectores productivos a nivel nacional. Por ende, valdría la pena echar una mirada a las regiones que han logrado concentrar las funciones ambientales, sistematizar sus ventajas y en base a ello, lograr los cambios a nivel nacional. Como corolario de este proceso, los ciudadanos debemos reconocer que somos los llamados a mejorar la institucionalidad ambiental, ya sea en cualquiera de nuestros roles. Desde autoridades, empresarios o sociedad civil, puesto que de nada serviría tener las mejores normas o instituciones sólidas, si no nos acostumbramos a cumplirlas y respetarlas.

Fuente: Diario La República

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