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Por David Hill*
En agosto, 19 organizaciones de la sociedad civil peruana escribieron una carta abierta al presidente del país, Ollanta Humala, expresando su preocupación por la planeada ampliación del mayor proyecto gasífero de la historia del Perú, conocido como el “Proyecto Camisea” .
La carta indica que la expansión violaría los derechos a la vida y la salud de los pueblos indígenas que viven en la Amazonía en “aislamiento y en contacto inicial”- mayormente, personas con poco, muy poco, casi nada o absolutamente ningún contacto con foráneos. La misiva se centra en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de una fase de la ampliación que fue escrita por la empresa que lidera el consorcio Camisea, Pluspetrol, junto a una consultora del Reino Unido, Environmental Resources Management (ERM), y que, actualmente, está pendiente de aprobación por el Ministerio de Energía y Minas del Perú (MEM).
“Solicitamos que el Estado peruano que priorice la protección de los derechos fundamentales de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial frente a la aprobación del EIA del Programa de Exploración y Desarrollo del Lote 88, pues la aprobación de este instrumento en su estado actual vulneraría los derechos fundamentales de estos pueblos”, señala la carta difundida por DAR, con sede en Lima, y firmada por organizaciones como APRODEH, Desco, GRUFIDES y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Esa carta siguió a otra enviada a Humala, en julio, por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que reúne a 81 organizaciones de la sociedad civil en el Perú, y a otra más en febrero, firmada por 58 organizaciones internacionales ambientalistas y de derechos humanos como Amazon Watch, Forest Peoples Programme, Amigos de la Tierra Francia, Global Witness y Survival International. La carta de febrero fue más allá que las subsecuentes, instando expresamente Humala a abandonar los planes de expansión ‘dentro del territorio de los pueblos indígenas ‘aislados’ por completo’, afirmando que constituyen una ‘amenaza para la supervivencia física y cultural’ de dichos pueblos y que no sólo violan el derecho peruano, sino “los tratados internacionales vigentes en Perú – y su interpretación por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos – [que] se han incorporado a la legislación doméstica en la Constitución de la República y tienen rango superior a las leyes nacionales”.
Menos de dos semanas más tarde, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) pidió al Gobierno peruano “la suspensión inmediata” de la expansión.
El EIA actualmente pendiente de aprobación por el MEM detalla los planes de Pluspetrol para perforar hasta 18 pozos, construir una tubería de 10,5 kilómetros de extensión, y llevar a cabo pruebas sísmicas a través de una gran franja de la Amazonía en una concesión denominada ‘Lote 88′, de la cual casi el 75% se superpone a la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti, establecida en 1990 para supuestamente proteger a los pueblos “aislados”.
El EIA fue objeto de un informe crítico publicado en julio por el Ministerio de Cultura que generó una gran controversia después de haber sido retirado de la esfera pública en tan sólo unas horas. Más tarde fue anulado, el personal del Ministerio “renunció”, y el Primer Ministro peruano intervino públicamente.
Otra fase de la expansión – tres nuevos pozos – fue aprobada por el MEM en abril del año pasado. Las empresas del consorcio liderado por Pluspetrol incluyen a Hunt Oil y Repsol.
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* David Hill es consultor del Programa de Pueblos de los Bosques, una organización internacional de derechos humanos que apoya a las organizaciones indígenas del Perú preocupadas por los impactos de la expansión del proyecto de gas de Camisea en los pueblos indígenas aislados. Puede seguirlo en su página web: www.hilldavid.com y en su cuenta de Twitter: www.twitter.com/@DavidHillTweets
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Fuente: Huffington Post: http://www.huffingtonpost.co.uk/david-hill/78-or-is-that-149-organiz_b_3935338.html
Fuente: SERVINDI
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