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A seis meses de la declaratoria de emergencia las comunidades siguen tomando agua contaminada. Compromisos de autoridades no se concretan.
Dirigentes y apus de las cuencas de los ríos Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre, en Loreto, demandaron una vez más al Estado medidas concretas para que las comunidades no sigan afectadas por el consumo de agua contaminada por metales pesados producto de la actividad petrolera.
En una reunión realizada el martes 1 de octubre en Lima y en la que estuvieron los titulares de las carteras de Ambiente; Desarrollo e Inclusión Social y de Energía y Minas, representantes de las comunidades afectadas exigieron que el Estado cumpla con atender la contaminación en cuencas como el Pastaza.
Esta última cuenca, ubicada en los distritos de Andoas y Pastaza, en la provincia del Datem del Marañón, fue declarada en emergencia ambiental en marzo de este año, pero a la fecha no hay medidas efectivas.
En la reunión efectuada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) participaron dirigentes de la Federación Quechua del Pastaza (Fediquep), la Federación de las Comunidades Nativas del Río Corrientes (Feconaco) y la Federación de las Comunidades Nativas del Alto Tigre (Feconat).
Asimismo, la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tispishca (Acodecospat).
Todas ellas agrupan a comunidades que se ubican dentro de los lotes 1AB y 8 concesionados a la empresa petrolera Pluspetrol.
No habrá acciones inmediatas
La reunión con los representantes del Ejecutivo no fueron nada alentadoras para los 32 dirigentes y apus que formaron parte de la cita debido a que el principal compromiso de las autoridades consistió en conformar una mesa de desarrollo, cuya resolución será conocida en unas cuatro semanas.
Para Aurelio Chino Dahua, presidente de la Fediquep, esta situación es preocupante debido a que las familias que se ubican en las zonas contaminadas seguirán consumiendo la mismo agua y los mismos peces de los ríos afectados.
“Recién van a crear la mesa de diálogo. Mientras… seguimos tomando agua contaminada, seguimos comiendo esos peces contaminados”, sostuvo en comunicación con Servindi.
Informó que el Ejecutivo anunció que evaluará los cinco puntos de la agenda previa al proceso de consulta que han presentado las federaciones y que incluyen diagnóstico ambiental y social, remediación, indemnización, compensación por uso de suelos y titulación de tierras.
Otro de los compromisos asumidos por las autoridades presentes fue crear un fondo económico para atender las demandas de las comunidades en el plano ambiental, social y de titulación.
Durante la reunión no dejó de llamar la atención lo expresado por el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, quien, lejos de referirse a la contaminación por la actividad petrolera, destacó la importancia de llevar a la zona proyectos de paneles solares y cocinas como si esto fuera la solución a las demandas.
En otros aspectos, Chino Dahua indicó que los compromisos asumidos por el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) para instalar plantas de tratamiento de agua contaminada en dieciséis comunidades no se han cumplido. Precisó que solo se tuvo noticias de la instalación de dos de ellas.
El dirigente indígena denunció la presencia de “pozos sellados” que emanan agua salada, la misma que es consumida por los animales. Los citados pozos revelarían el modo cómo Pluspetrol ha venido tratando el tema de los daños ambientales.
Descoordinación de acciones
Más temprano, el mismo martes, los dirigentes y apus se reunieron con la Comisión Multisectorial, creada el año pasado, que trata la contaminación de sus territorios por actividad petrolera ocasionada en las últimas cuatro décadas.
En la reunión llamaron la atención sobre el modo como viene trabajando el Grupo de Trabajo Social de la comisión, cuya dirección la viene asumiendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
Los nativos lamentaron la ausencia de coordinación y acercamiento de las entidades a la institucionalidad indígena, lo que resulta en la elaboración de planes no consensuados.
Precisaron que este modo de trabajar deja fuera la realidad y visión propia que tienen las comunidades y federaciones sobre el desarrollo las mismas.
Ante esta situación, los dirigentes de las cuatro federaciones coincidieron en exigir respeto, siendo este el factor principal para construir la confianza necesaria para el diálogo.
La Comisión Multisectorial tiene vigencia hasta junio de 2014. Hasta esa fecha, en materia ambiental, la comisión aún debe cumplir con el monitoreo en el Lote 8 de la cuenca del Corrientes y los informes de diagnóstico ambiental de las cuencas del Tigre y Marañón.
Fuente: SERVINDI
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