No hay que ceder al chantaje

La toma de carreteras, como la ocurrida hoy en un tramo de la Interoceánica, es un delito. ¿Entonces, estamos hablando de dialogar o negociar con actores que plantean su pliego de reclamos desde la ilegalidad? ¿Qué se hace frente a ello? Se los detiene y se impone la ley, para que se respete el principio de autoridad.

Creo que, en términos de solución, el gobierno, una vez más, se ha disparado en los pies al dejar que un problema que se denuncia y difunde desde la gestión ministerial de Antonio Brack crezca y se salga de control. Y si no fuese por la presión mediática ejercida por El Comercio, las autoridades seguirían dialogando, prometiendo y cediendo.

Esto que vivimos es parte de un reclamo de cumplimiento de acuerdos hechos hace algunas semanas en la reunión que sostuvieron, en la Presidencia del Consejo de Ministros, los representantes del gremio artesanal y los informales, avalados por el congresista Daniel Abugattás y el ministro de Justicia, Daniel Figallo. Y donde los grandes ausentes fueron los ministros del Ambiente y del Interior.

Recordemos, además, que el Congreso ha protegido a esta poderosa mafia al excluir, mediante votación en el pleno con 102 votos, a la minería ilegal de la nueva ley contra el crimen organizado. Pese a que esta actividad reúne todas las causales características del accionar del crimen organizado.

También me llama la atención que el Gobierno Regional de Madre de Dios, responsable directo de la expansión de esta actividad ilegal, quiera ahora proporcionar soluciones, cuando hace unas semanas expidió una ordenanza que permite las actividades mineras “artesanales” (que todo sabemos son informales/ilegales) en áreas de concesión forestal.

Se confunden informales e ilegales. Pero siempre he sostenido que los informales son también ilegales al no ser parte de la cadena económica formal, evadir impuestos, no cumplir y violar las normas tributarias, laborales y ambientales. Además, muchos informales trabajan fuera de su área de concesión y en zona prohibida.

En conclusión, no puede nadie negociar con grupos que reclaman desde la ilegalidad y que cometen delitos que van desde la contaminación ambiental severa con mercurio hasta el atentado contra la salud de las poblaciones de la región y el lavado de dinero.

Al gobierno le corresponde aceptar que esa posibilidad de diálogo es inexistente, pues ya se perdió la oportunidad de generar un cambio. Solo queda que como Estado haga respetar el orden y el principio de autoridad y se detenga a los responsables. Lo demás es ceder nuevamente al chantaje, que al parecer es ya costumbre en este gobierno.

Fuente: INFOREGION

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