Trata de personas

La trata de personas o comercio de personas, es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud que lamentablemente continúa en pleno siglo XXI y que, según la Organización para la seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), afecta a más de dos millones de personas en el mundo. En el Perú, el 80% de las víctimas son mujeres y el 58% son menores de edad, según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. 

EL FLAGELO CONTINÚA"

De 8 a 12 años de cárcel es condenado un tratante de personas (intercepta víctimas, transporta, coordina, retiene y recibe), según la Ley de Trata de Personas, estipulado en el Código Penal.

En cuanto a los agravantes, de 12 a 15 años de cárcel merece un tratante en el caso de ser funcionario público, si tiene en su haber un sinnúmero de víctimas, o si su víctima está entre los 14 a 18 años de edad. Un tratante es sentenciado a 30 años de prisión si su víctima muere o si tiene una relación con esta.

Desde enero hasta setiembre de este año, más de 319 casos de trata de personas a nivel nacional fueron registrados en los Sistemas de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF) y de Gestión Fiscal (SGF), según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (MP). 

Según los últimos índices registrados, Lima encabeza las cifras con 48 casos reconocidos, y luego sigue la región Loreto con 37. Después están Cusco (27), San Martín (25), Madre de Dios (22), Puno (18) y Piura (15), junto a otras regiones del país, que suman el total de casos mencionados.

Asimismo, el Observatorio del Ministerio Público registró durante 2011 un total de 403 casos de trata y 767 víctimas. También dio cuenta que el 80% de las víctimas son mujeres, 58% son menores de edad y el 50% de las personas investigadas son del sexo femenino. Además, desde enero de 2008 a julio del presente año se registraron mil 112 casos.

El reporte estadístico precisa que más de la mitad de las denuncias se concentran en Lima, Madre de Dios,Loreto, Puno y Piura. Asimismo, que ocho de cada diez víctimas de trata son menores de edad, entre los 13 y 17 años, y que cinco de cada 10 tratantes son mujeres.

En tanto, según el Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de personas y Afines (RETA), de laPolicía Nacional (PNP), desde el 2004 hasta marzo de este año se registró 630 denuncias, con un total de 1,960 víctimas y 1,074 responsables identificados; aunque se presume su mayor gravedad por sus relaciones con actividades como la prostitución, pornografía, el turismo sexual, el trabajo informal, la minería informal, entre otros. 

Las víctimas de este delito suelen ser principalmente mujeres adolescentes y jóvenes, que son explotadas sexualmente; varones y mujeres adolescentes y jóvenes, víctimas de explotación laboral; niños varones menores de 10 años y adultos mayores, quienes son obligados a mendigar; y lamentablemente, niños y niñas menores de 3 años de edad que son vendidos como simples mercancías. 

En cuanto a personas rescatadas, más del 38% de estas son menores de edad, el 90% de ellas son mujeres; mientras que el 55% de las personas investigadas son hombres. 

CASOS PUEDEN AUMENTAR

En conversación con LA PRIMERA, Juan Huambachano, gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, indicó que a fines de este año presentarán el número de víctimas registradas en los 319 casos reportados. “Estamos realizando un análisis profundo. Un equipo de 20 personas revisa caso por caso para saber el fin de la trata de personas, si este es sexual o laboral”, señaló. 

Asimismo, dijo que a diferencia del año pasado, donde se registraron 403 casos de trata, con 767 víctimas, este año puede aumentar según las tendencias, pero explicó que todo dependerá de las políticas públicas que el Estado implemente y programas con fines informativos a nivel nacional. 

Para Ricardo Valdés, presidente de Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), la situación es preocupante en la medida que el Estado y las autoridades regionales no la consideran dentro de las políticas públicas. “El problema existe, está latente, pero es invisible para las autoridades”, señaló. 

Y es que para este especialista la trata de personas, ya sea con fines laborales o sexuales, se encuentra fuertemente vinculada con el crecimiento económico. “Entre más nos desarrollemos como país, más presente estará, y se acrecentará camuflándose detrás de los más necesitados. El Estado ni los gobiernos regionales están vigilando el impacto social negativo del crecimiento”, indicó.

Según un estudio de CHS Alternativo, las ciudades con más casos de trata de personas son Lima, Loreto,Cusco, Madre de Dios, Puno, Arequipa y Moquegua. 

Frente a esto, Valdés dijo que desde hace más de cinco meses no existe un registro de casos de trata de personas, y la Policía al interior del país no tiene conexión debido a deficiencias en la tecnología y falta de herramientas de trabajo. 

“No se ha financiado el Plan Nacional contra la Trata de Personas del 2011 al 2016 y no hay un presupuesto fiscal 2013 destinado a la lucha contra este flagelo. Falta mayor información y conocimiento sobre el tema. No hay capacitación para los Policías”, manifestó. 

Indicó que hace falta poner en marcha la Ley 28950 y su reglamento, y determinar acciones a tomar por los diferentes ministerios, para garantizar la protección a las víctimas.

EN ZONAS MINERAS

Rossana Mendoza, coordinadora de proyectos de explotación sexual y trata de personas de la organización Save the Children, informó que de las cifras presentadas por la Policía, 800 casos corresponden a menores de edad. 

Mendoza puso como ejemplo que el 20% de la población de Madre de Dios tiene entre 10 y 19 años, de los cuales 11,203 son mujeres y 11,214 son varones. Miles de ellos y sus familias están en permanente riesgo de ser víctimas. 

“El problema está en nuestras narices, son los niños que están dentro de prostíbulos y están siendo explotados en las calles. No se está abordando bien el tema, y no hay organización y coordinación en el Estado”, señaló.

Asimismo, Mendoza informó que en las zonas con presencia de minería ilegal, los casos de trata de personas y explotación sexual se ven con más presencia, pero no son seguidos ni por la Policía ni por las autoridades locales. 

“En las zonas mineras hay cientos de casos. La trata y explotación sexual, ya sea de menores o de mayores, está vinculada a la minería ilegal”, señaló. Según Mendoza, no existe un registro de casos de trata y explotación sexual presentados en las zonas mineras, debido a que están camuflados por la minería, detrás de un trabajo que en muchos casos parece decente. 

REGIONES EXIGEN MAYOR COMPROMISO 

Los miembros de Mesas y Redes Regionales contra la trata de personas realizaron un llamado al Estado, la sociedad civil y medios de comunicación para comprometerse en la lucha contra la trata de personas.

“Reafirmamos nuestro compromiso de continuar realizando acciones de prevención, sensibilización y contribuir con la persecución de este delito en nuestras regiones, por lo que exigimos mayor compromiso de las instituciones del Estado en los tres niveles de gobierno, frente a este problema social que afecta directamente a los grupos vulnerables, dentro de ellas a las niñas, niños y adolescentes”, declaró Abel Chiroque, Defensor del Pueblo de Tumbes, en representación de las Mesas y Redes Regionales contra la Trata de Personas de 13 regiones del país.

Los representantes de 13 regiones del país: Junín, La Libertad, Madre de Dios, Cusco, Arequipa, Ica, Cajamarca, Piura, San Martín, Loreto, Huánuco, Ayacucho y Tumbes, realizaron una mesa de trabajo para evaluar el trabajo que vienen realizando y planificar acciones concretas y coordinadas a nivel nacional, para combatir el delito de la trata, que en los últimos años ha presentado un crecimiento exponencial.

“Somos conscientes que la trata de personas constituye una de las peores formas de explotación de nuestro tiempo, un delito que vulnera la dignidad del ser humano con graves consecuencias para la vida familiar, la seguridad, el desarrollo de las sociedades y el Estado de Derecho”, señalaron.

PROPONEN ESTRATEGIAS 

Luciana Cumpa, abogada de la organización Acción por los Niños manifestó que falta un nivel de articulación entre instituciones del Estado y la creación de un Protocolo de Atención para Víctimas de Trata de Personas. 

Aseguró que la justicia se centra más en atrapar a los cabecillas y bandas organizadas, pero no a la atención de la víctima después de la denuncia. 

“No importa en dónde se quede la víctima, o cómo se enfrente al mundo después de lo que vivió, en ese momento solo importa la persecución a los delincuentes”, señaló. 

En tanto, representantes de organizaciones como: Capital Humano y Social Alternativo, Save the Children, Tejiendo Sonrisas, entre otras, consideraron importante la organización de encuentros, reuniones y foros, en un contexto donde se debata el presupuesto público imprescindible para implementar políticas públicas en este campo, pues aseguraron que este tipo de encuentros generará un espacio de comunicación, diálogo y acuerdo. 

La directora de la organización CHS Alternativo, Andrea Querol, alertó sobre la existencia de grandes dificultades en la implementación de las políticas públicas para luchar contra la trata de personas.

“Por primera vez en Perú, los principales actores en la lucha contra la trata de personas en las diferentes zonas del país tienen la oportunidad de reunirse y compartir estrategias para combatir este delito”, afirmó Querol al referirse al encuentro que se realizó los días 10 y 11 de octubre de este año en el campus de la Universidad Católica, como antesala al Tercer Congreso Latinoamericano de Trata de Personas a realizarse en el 2013.

“A seis años de aprobada la ley contra la trata de personas en Perú, aún queda mucho por hacer”, puntualizó Querol.

SANCIONES

De 8 a 12 años de cárcel es condenado un tratante de personas (intercepta víctimas, transporta, coordina, retiene y recibe), según la Ley de Trata de Personas, estipulado en el Código Penal.

En cuanto a los agravantes, de 12 a 15 años de cárcel merece un tratante en el caso de ser funcionario público, si tiene en su haber un sinnúmero de víctimas, o si su víctima está entre los 14 a 18 años de edad. Un tratante es sentenciado a 30 años de prisión si su víctima muere o si tiene una relación con esta. 

Según la Organización para la seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), aproximadamente 2,5 millones de personas a nivel mundial son víctimas de trata. Este delito, considerado como una de las formas de esclavitud moderna, se ha convertido en una importante actividad económica, cuyos ingresos ilegales que, según las Naciones Unidas, se estima en 31.6 billones de dólares.

Fuente: Diario La Primera

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