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| Foto: Internet |
César Ipenza
Para nadie es desconocida la situación y el conflicto latente en la que se encuentra el lago Chinchaycocha, que alberga a la Reserva Nacional de Junín, área natural importante que “garantiza” la existencia del segundo lago más grande del Perú después del Titicaca, y que alberga especies sumamente importantes y endémicas como el Zambullidor de Junín, que es una especie que está en peligro crítico. Asimismo entre sus pantanos, totorales e islotes habitan miles de especies de aves acuáticas, ranas, cuyes silvestres, zorros y vizcachas que se adaptaron al clima gélido de la puna. Esta riqueza de flora y fauna fue la razón para que se la declare como Reserva Nacional.
Los pasivos ambientales existentes en el Lago Chinchaycocha son producto acumulado de años y años de ejercicio de actividad minera sin normas y regulaciones, las mismas que hoy en día siguen generando problemas de contaminación serios en el ecosistema. Hay informes oficiales como los de la DIGESA, entre otros que evidenciarían que los valores de concentración “cobre, hierro y manganeso” presentes en las aguas superficial del rio San Juan y sus tributarios, superan significativamente los valores establecidos de los Estándar de Calidad Ambiental – ECA para agua para riego de vegetales y agua de bebida de animales, indicando la transgresión de dicho ECA.
Los valores de concentración de “cadmio y cobre” presentes en las aguas superficiales de la laguna Chinchaycocha - Lago Junín, superan significativamente los valores establecidos en el ECA Agua para conservación del medio Acuático. Este riesgo para la salud del ecosistema de la cuenca hidrográfica está causando menoscabo material al ambiente, pero aún se requiere demostrar la causalidad entre la actuación de las actividades mineras metalúrgicas que vienen operando en la zona, los pasivos ambientales y la transgresión de los estándares ambientales.
Adicionalmente a eso el Alcalde de Junín, Luis Alberto Solórzano, con el respaldo de su concejo, ha formulado denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental- FEMA de Junín contra las empresas mineras Volcán, Aurex, El Brocal, Doe Run por la contaminación y contra las entidades públicas que por omisión permitieron la misma. Actualmente la Fiscalía está analizando dicha denuncia, que luego de su análisis y de corresponder formalizaría denuncia penal.
Finalmente en febrero del año en curso ingresó la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que dicte medidas cautelares contra el Estado peruano por el retardo injustificado en la denuncia formulada, dicha petición ingreso con el expediente Nº MC-43-13. En ese contexto, no podemos dejar de reflexionar sobre la obligación del Estado peruano de garantizar el mandato constitucional de gozar de un ambiente sano y equilibrado, esta situación si bien es bastante conocida, lleva ya más de 10 años de idas y venidas y de mesas tras mesas de discusión sin ninguna solución concreta que ayude a garantizar la existencia de un área natural protegida y sobre todo la salud de la población. Por ello, resulta pertinente una decisión concreta de las autoridades nacionales para la rehabilitación y recuperación del Lago Chinchaycocha, así como garantizar cualquier afectación al mismo y a la salud de las personas.
Para nadie es desconocida la situación y el conflicto latente en la que se encuentra el lago Chinchaycocha, que alberga a la Reserva Nacional de Junín, área natural importante que “garantiza” la existencia del segundo lago más grande del Perú después del Titicaca, y que alberga especies sumamente importantes y endémicas como el Zambullidor de Junín, que es una especie que está en peligro crítico. Asimismo entre sus pantanos, totorales e islotes habitan miles de especies de aves acuáticas, ranas, cuyes silvestres, zorros y vizcachas que se adaptaron al clima gélido de la puna. Esta riqueza de flora y fauna fue la razón para que se la declare como Reserva Nacional.
Los pasivos ambientales existentes en el Lago Chinchaycocha son producto acumulado de años y años de ejercicio de actividad minera sin normas y regulaciones, las mismas que hoy en día siguen generando problemas de contaminación serios en el ecosistema. Hay informes oficiales como los de la DIGESA, entre otros que evidenciarían que los valores de concentración “cobre, hierro y manganeso” presentes en las aguas superficial del rio San Juan y sus tributarios, superan significativamente los valores establecidos de los Estándar de Calidad Ambiental – ECA para agua para riego de vegetales y agua de bebida de animales, indicando la transgresión de dicho ECA.
Los valores de concentración de “cadmio y cobre” presentes en las aguas superficiales de la laguna Chinchaycocha - Lago Junín, superan significativamente los valores establecidos en el ECA Agua para conservación del medio Acuático. Este riesgo para la salud del ecosistema de la cuenca hidrográfica está causando menoscabo material al ambiente, pero aún se requiere demostrar la causalidad entre la actuación de las actividades mineras metalúrgicas que vienen operando en la zona, los pasivos ambientales y la transgresión de los estándares ambientales.
Adicionalmente a eso el Alcalde de Junín, Luis Alberto Solórzano, con el respaldo de su concejo, ha formulado denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental- FEMA de Junín contra las empresas mineras Volcán, Aurex, El Brocal, Doe Run por la contaminación y contra las entidades públicas que por omisión permitieron la misma. Actualmente la Fiscalía está analizando dicha denuncia, que luego de su análisis y de corresponder formalizaría denuncia penal.
Finalmente en febrero del año en curso ingresó la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que dicte medidas cautelares contra el Estado peruano por el retardo injustificado en la denuncia formulada, dicha petición ingreso con el expediente Nº MC-43-13. En ese contexto, no podemos dejar de reflexionar sobre la obligación del Estado peruano de garantizar el mandato constitucional de gozar de un ambiente sano y equilibrado, esta situación si bien es bastante conocida, lleva ya más de 10 años de idas y venidas y de mesas tras mesas de discusión sin ninguna solución concreta que ayude a garantizar la existencia de un área natural protegida y sobre todo la salud de la población. Por ello, resulta pertinente una decisión concreta de las autoridades nacionales para la rehabilitación y recuperación del Lago Chinchaycocha, así como garantizar cualquier afectación al mismo y a la salud de las personas.
Fuente: Noticias SER
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