“El tema ambiental merecía una reforma hace mucho tiempo”

Por: Christian Reynoso

César Gamboa, abogado y director de Políticas de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), opina sobre las propuestas presentadas por la Comisión Intersectorial en relación a la gestión ambiental en el Perú.

Hace poco la llamada Comisión Multisectorial ha presentado una serie de propuestas para la gestión ambiental y el uso racional y sostenible de los recursos naturales en el país. ¿Cómo evalúa el trabajo de dicha Comisión?

No se puede saber los detalles del trabajo que han venido realizando los miembros de la comisión y los ministros de Estado porque ha habido muy poca información. Ese es un elemento a tomar en cuenta. Hubiese sido interesante la participación de la sociedad civil, el sector privado y la academia en la construcción de estas propuestas. Lo poco que se ha sabido ha sido a través de medios periodísticos que han informado de cierta tensión dentro de la comisión. De este modo, el único instrumento que tenemos es el informe que ha sido publicado la semana pasada.

Este informe incluye 33 propuestas. En su opinión, ¿cuáles son las más relevantes o es más de lo mismo?

Hay seguramente un poco de lo mismo en el sentido de que había tareas pendientes y que ahora se han priorizado. Por ejemplo, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Ambiental, al igual que las procuradorías ambientales para poder reducir el impacto ambiental, o la reducción del impacto ambiental a través de la reparaciones ambientales ad hoc.

¿Qué se puede resaltar, entonces?

Hay tres temas medulares. Uno tiene que ver con el ordenamiento territorial, que además fue una promesa en época electoral, y es importante porque definirá la mejora del aprovechamiento del suelo y el respeto de los derechos de las poblaciones en cuanto a su ocupación. Dos, el fortalecimiento de la fiscalización ambiental, --de lo que ya se ha hablado desde que se creó la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental)--, y que parece que hay un consenso político para fortalecer esa función de fiscalización que pasa por dotar de recursos económicos y darle un rol político y técnico. Tres, hay un eje que habla sobre la gestión del territorio y los mecanismos para compatibilizar actividades productivas. Allí, por ejemplo, se menciona el tema de la coordinación intersectorial, lo cual es importante y esperamos que finalmente el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental que es el Ministerio del Ambiente asuma el rol como tal y tenga la capacidad política para liderar e impulsar los procesos de las propuestas.

Se ha propuesto la creación de una entidad a cargo de la revisión y aprobación de los EIAs que formará parte del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) regido por el Ministerio del Ambiente. ¿Qué opina?

Esa propuesta fue el primer producto estrella de la comisión. Hace más de un mes que el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley del SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental). Me parece que es un avance y que nosotros como sociedad civil hemos felicitado ya que el Ejecutivo ha tomado la decisión de considerar una reforma en la institucionalidad ambiental para la evaluación de los EIA. Sin embargo, también hay que decir, que el proyecto de ley tiene algunas incongruencias que se necesitan mejorar. Por ejemplo, estamos de acuerdo que se centralice la función de evaluación de los EIA, pero no de todos sino de un grupo, los que se consideren de alto riesgo o los que se llaman EIA detallados, donde se solicita una información mucho más precisa y profunda del impacto ambiental y social de un proyecto de inversión tanto público como privado. También hay otros temas en los que no necesariamente estamos de acuerdo.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, los proyectos serían evaluados cuando la PCM así lo considere, lo que representa una interferencia política a un proceso estrictamente ambiental que está relacionado a un contenido técnico. Otro punto, tiene que ver con el establecimiento de plazos muchos más claros en cuanto al avance de la transferencia de competencias de los sectores al SENACE, ya que de lo contrario se puede generar discrecionalidad política. Un tercer aspecto, tiene que ver con el proceso de evaluación del impacto ambiental que realizaría el SENACE ya que los sectores interesados todavía pueden intervenir, pero esto resulta inaceptable porque generará interferencia o posibles conflictos entre autoridades.

En cuanto al tema de conflictos, se menciona la creación de un protocolo de intervención temprana. ¿Funcionará realmente para prevenir?

Siempre y cuando si es utilizado, por ejemplo, antes de la toma de decisiones de otorgamiento de concesiones, derechos, o de permisos en tierras o en áreas donde se van a generar conflictos porque hay áreas naturales protegidas, comunidades campesinas o nativas o reservas donde viven pueblos a quienes no se les consulta.

¿Qué se espera para adelante? ¿Cómo serán implementadas todas estas propuestas?

Muchas de ellas tienen que convertirse en proyectos de ley que nacerían del Ejecutivo y de la PCM. Otras tienen que ver con normas de menor jerarquía que bien el Ministerio del Ambiente podrá implementar o exigir con el fin de mejorar la gestión ambiental de muchos sectores. También sería importante que el Ejecutivo convoque a un espacio de diálogo entre la sociedad civil, la academia y el sector privado para llevar a cabo el desarrollo de esta normativa, y cómo colaborar en la implementación de la misma desde las distintas expertices que tienen los actores.

¿Cree que por fin se ha dado un paso importante en la reforma ambiental en el Perú?

El tema ambiental merecía una reforma desde hace mucho tiempo, en ese sentido, resultan importantes estas propuestas pero deben ser dotadas de mayor gobernanza, darles mayor participación y mayor involucramiento en el proceso de su implementación. Ya es un avance que se haya llegado a un consenso mínimo entre los ministerios. Ahora, hay que darle una cuota de legitimidad.

Fuente: Noticias SER

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