Incoherencias de la política energética nacional: Camisea y el olvido del bajo Urubamba

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Vanessa Cueto La Rosa

La explotación del Lote 88 del Proyecto Camisea generó gran expectativa debido a que brindaría gas barato a los peruanos y generaría grandes ganancias por canon y regalías que serían utilizadas para mejorar la vida y salud de los pueblos indígenas de la zona. Pero también causó preocupación la situación de vulnerabilidad en la que éstos estarían expuestos y el impacto que causaría a la biodiversidad dada la ubicación del Lote 88.

Para fortalecer la gestión socioambiental del Estado y lograr el éxito del proyecto, el Perú solicitó un préstamo de 5 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se comprometió a cumplir 21 compromisos socioambientales.

Es así que en agosto de 2003, se inició la implementación de estos compromisos que incluían la protección de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN), la mejora del sistema de salud, la generación de un sistema de planeamiento estratégico para la cuenca, la creación del Fondo para el Desarrollo del bajo Urubamba y de la Defensoría para el Proyecto Camisea –encargada de hacer seguimiento a los procesos de negociación-, entre otros.

Hoy, a 10 años de asumidos estos compromisos, la situación no ha cambiado. El Estado no ha tenido la capacidad para continuar muchas de las actividades iniciadas con el Préstamo 1441, ni ha logrado mejorar la salud y la calidad vida de los pueblos indígenas de la zona, tampoco logró proteger a la RTKNN, a pesar de contar con un Plan de Protección. Asimismo, persisten los problemas de negociación entre empresas y comunidades nativas, pues no hay una autoridad que haga seguimiento a los acuerdos. Esto sucede en el marco de una política de hidrocarburos sin planificación y que no ha tenido en cuenta los impactos sociales y ambientales indirectos.

Aún quedan muchos años del Proyecto Camisea y se esperan más inversiones. Por ello, es necesario analizar estos 10 años y aplicar una estrategia nueva, coherente y acorde con los cambios normativos existentes y nuevas instituciones ambientales con roles sociales, que permita que el proyecto energético más importante del país beneficie realmente a todos los peruanos.                    

Fuente: Diario La Primera

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