Los controvertidos proyectos de exploración de gas en Perú

En los últimos tres meses, la controversia respecto a dos planes de energía colocó a las multinacionales españolas y estadunidenses exploradoras de gas en el país a enfrentarse con las empresas de obras de integración que trabajan en el Perú y gran parte de América Latina.

Ante este impasse, los trabajadores del sector entraron en las discusiones que sugieren alternativas a la exploración de hidrocarburos, con más intervención por parte de la estatal Petroperú. 

Ante la discusión, el Ejecutivo señaló -a principios de setiembre- la posibilidad de suspender por tiempo indefinido el proyecto Gasoducto Sur Andino. Así mismo, el gobierno anunció la ejecución de un proyecto alternativo de explotación de etano. 

De un lado está el contratista Odebrecht de Brasil, ganadora de la licitación para la construcción de 1100 kilómetros del Gasoducto Sur Andino. Y por otro lado, el Consorcio Camisea, representado por Repsol de España - YPF; Hunt Oil, con sede en Estados Unidos; y la argentina Pluspetrol, que controlan los lotes de donde parte del gas sería extraído y distribuida a través del gasoducto andino. 

Satisfechos, los miembros del Consorcio Camisea aprobaron la decisión del gobierno que a su vez argumenta que el etano no explorado en el Perú representa pérdidas considerables para el país. "Hemos perdido 220 millones de dólares al año por la combustión de etanol en lugar de beneficiarnos", aseveró el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. 

Tras la confirmación de Repsol - YPF de nuevas reservas de gas encontradas en el sur de Perú, los trabajadores advierten de la necesidad de recuperar la estatal Petroperú que se encuentra alejada de la toma de decisiones acerca de las materias primas energéticas del país, como el gas, el etano y el aceite. "Petroperú participa mínimamente en estas decisiones con poca influencia en estos proyectos", se queja Juan Castillo More, representante de los trabajadores estatales. 

En la actualidad, casi un tercio de la población peruana padece por la pobreza energética. Aquellas personas siguen utilizando estufas a leña para cocinar y velas para iluminar sus viviendas. 

Perú produjo 255,6 mil millones de pies cúbicos de gas natural seco en 2011, la mayor parte de los cuales fueron exportados. 

:: La disputa 

Hay que recordar que Ollanta Humala, en su discurso de campaña presidencial, garantizó la construcción del Gasoducto Sur Andino; promesa también de los otros que lo antecedieron en la Casa de Pizarro. 

El proyecto implica la extracción, producción, transporte y distribución de gas natural, además de desarrollar un complejo petroquímico en el sur del país. El ducto abastecerá a las regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. 

El entonces candidato Humala también sostuvo que el proyecto se llevaría a cabo para asegurar el cambio de matriz energética del sur, reemplazando combustibles más costosos por gas natural. 

Otra propuesta fue la de fortalecer la industria peruana con gas llegando a diferentes regiones, además de suministrar el producto a los hogares a un costo 50% más barato que las empresas encargadas del Consorcio Camisea. 

"Lo tenía todo para ser el diseño más inclusivo y descentralizado por más de 60 años en el Perú contra las acciones de las multinacionales", asevera el congresista Javier Diez Canseco. 

El 23 de marzo pasado, Humala Tasso vistió la ciudad de Quillabamba (Cusco) para una inauguración simbólica de las obras. En aquella oportunidad, dijo que la planta de fraccionamiento de gas diseñada por Petroperú tendría una inversión de 25 millones de dólares; y la construcción del gasoducto, a cargo de Odebrecht, costaría alrededor de cien millones de dólares. 

De marzo a julio, sin embargo, no se volvió a escuchar palabra alguna desde el Ejecutivo sobre el proyecto. Presionado por Odebrecht, previa presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental - EIA y la solicitud de la licencia para realizar el trabajo, los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino, y de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, afirmaron que las obras comenzarían en breve, con los recursos públicos. 

Sin embargo, en su mensaje por 28 de julio, el presidente Humala sorpresivamente anunció que el compromiso a la región al sur del país podría ser sustituido por otro proyecto de exploración de etano. Días más tarde, fue enviado al Congreso para su votación el proyecto de ley N º 1396-2012 cuestionando la viabilidad del gasoducto andino y presentando el plan de un "etanoducto". 

Si el proyecto de exploración de gas se estancó por la evidencia cuestionable de la cantidad de gas para el desarrollo industrial y la oferta nacional, el segundo -de etano- tampoco presenta los compradores, seguimiento industrial a ser destinado o si tenía planes de exportación 

Una fuente cercana al gobierno peruano reveló que las empresas que forman el Consorcio Camisea hicieron una fuerte presión sobre Humala y sus ministros para detener el gasoducto andino, además de usar a Petroperú como testaferro en el diseño del etanoducto. El Estado peruano contraería una deuda de 400 millones de dólares para participar en el proyecto sin la seguridad de un mercado establecido en etano. 

Para Diez Canseco, la explotación de etano tendría "toma la idea de hacer del gas una fuente de energía para el país, dejando a la explotación transnacional, especialmente etano además de exportar a Chile".

A su vez, el contratista brasileño pasó a la ofensiva antes de los acontecimientos y dijo que para finales de 2103 demostrará la cantidad de gas en el lote que se utilizaría para el suministro del gasoducto andino. 

Merino bromeó sobre este anuncio: "Todavía tendríamos la certificación en octubre, pero la compañía cree que está más informada que el gobierno. Entonces vamos a esperar su confirmación a final del año que viene". 

Para la viabilidad del proyecto Gasoducto Andino del Sur, el gobierno estipuló la necesidad de contener seis billones de pies cúbicos de gas en el lote 57 de Camisea. 

:: Petroperú 

Mientras tanto, los trabajadores de las zonas productoras de petróleo del este de Perú están organizando una serie de acciones que tienen por objetivo llevar todos los campos petrolíferos operados por las empresas transnacionales, cuyas concesiones expiran entre 2013 y 2016. 

"Esta es una oportunidad histórica para recuperar algo que todos los peruanos y se venden a precios que son insignificantes para explorar otras compañías", dice Juan Castillo More. 

La demanda de los trabajadores puede colisionar con diversas normas del Ministerio de Minas y Energía, que en su período de neoliberal ascendencia estipula que la empresa petrolera estatal sólo podría tener una participación minoritaria en proyectos de exploración en los lotes de petróleo y gas, fijado en el 25% y el 49% de la intervención con una empresa privada. 

Si los siete lotes de petróleo hoy explotados por transnacionales extranjeras pasan a Petroperú, el Estado peruano se encargaría de producir nueve millones de barriles de petróleo al año, convirtiéndose en el mayor productor del país. 

Al noroeste de Piura, los campos petroleros con concesiones sobre maduración se dividen en lotes de exploración controladas por Interioil (Noruega) y Sapet (China), además de la argentina Pluspetrol y la empresa Monterrico. 

"Tenemos la ley Nº 28840 que colisiona con la resolución del Ministerio de Energía y Minas, que establece que, una vez que se adjudicó la concesión para la explotación de las transnacionales, muchas de aquellas regresan al poder de su antiguo propietario, que en este caso es Petroperú", agregó. 

:: Respaldo 

Gran parte de la población apoya las medidas que fortalezcan al gobierno en contraste con los grupos privados. En una reciente encuesta llevada a cabo por Apoyo, el 72% de los peruanos dijeron que estaban a favor de mayor intervención a Petroperú para actuar en materia prima de combustible y prospección de proyectos en el país. 

Hacia el norte, el apoyo de la población para las actividades de exploración alcanza aproximadamente el 80%, que entre otras demandas, ha mostrado su interés para ver la modernización de la refinería Talara en Piura, así como las inversiones en acciones en el medio ambiente y la mejora de la calidad del aire en la región. 

Según un estudio encargado por Petroperú, para cumplir el anhelo de la población se tendría que modernizar la refinería de Talara por un valor de $ 1,711 millones de dólares entre 2012 y finales del 2015. 

Humala dice que con la modernización de la refinería se recogerían anualmente US$ 1,450 millones de dólares a través Petroperú. "Esto nos permite reducir debido a la importación de líquido refinado", argumenta el especialista en hidrocarburos Humberto Campodónico. 

Con la reforma de la refinería, existe la posibilidad de crear más de 1.200 puestos de trabajo y reducir la contaminación del aire, lo que provoca que, según las estimaciones del estudio, el gasto en salud en la región alrededor de US$ 116 millones dólares gastados anualmente en atender los problemas respiratorios que afectan a la población que vive alrededor. 

"Esta es una preocupación que existe entre las empresas transnacionales y nacionales que hayan actuado en la exploración en la región. Hoy en día, la llamada capital del oro negro carece de agua potable y existe un alto grado de pobreza de la población", denuncia Campodónico. 

Finalmente, para el analista político Carlos Reyna, es el momento de que Petroperú asuma la protección de la soberanía energética del país. "El mantenimiento de la condición de una restricción estatal es incomprensible, denota sólo la pretensión de promover actores que no están específicamente vinculadas a los intereses nacionales", concluyó.

* Los artículos reflejan exclusivamente la opinión de sus autores y no coinciden necesariamente con Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.

Fuente: Alerta Perú

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