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Por: Carlos Monge Salgado
La semana pasada llamé a cerrar filas contra la minería informal/ilegal por el masivo daño que causa al medio ambiente y por los dramáticos problemas sociales que genera.
Enumerando la cantidad de cosas que hay que hacer –y algunas que no hay que hacer- para enfrentar este flagelo, terminaba diciendo que “Finalmente, hay que combatir más aun la pobreza rural andina. De ahí vienen la mayoría de los jóvenes que son explotados en la minería ilegal. Sobre este tema volveremos”.
Sucede que en la gran minería legal lo que tenemos son grandes corporaciones nacionales y extranjeras que buscan asegurarles una tasa de ganancia a sus propietarios, sus accionistas y/o sus inversionistas. No se trata de gente pobre que encuentra en la minería –aun en condiciones espantosas de vida y trabajo- una salida a una pobreza igualmente espantosa. Para esos dueños, accionistas o inversionistas, se trata de un negocio para aumentar su riqueza, no de una medida desesperada para salir de la pobreza. Si la inversión no prospera por cualquier razón, pues se irán a invertir en otro proyecto o en otra línea de actividad económica, pero dudosamente caerán bajo la línea de pobreza extrema. En cambio, para los pobres andinos que en su mayoría son la fuerza laboral de la pequeña minería ilegal, no hay salida. O es ese trabajo minero ilegal o es la pobreza andina de la cual escapan.
Es por ello que, como se ha probado en la lucha contra el cultivo de hoja de coca, el combate a la pequeña minería ilegal tiene que incluir su propia lógica de desarrollo alternativo. Pero, como muchas de las zonas en donde se desarrolla esa minería ilegal simple y llanamente no pueden absorber sosteniblemente esa cantidad de gente, ese “desarrollo alternativo” tiene que darse en las zonas que son origen de esa migración, y no en las zonas que son punto destino. Es decir, en buena parte la solución al problema no está en la selva de Madre de Dios ni en las cabeceras de cuencas andinas afectadas por la minería ilegal, sino en la solución a la pobreza andina.
Hemos visto en años recientes una caída importante en las cifras de pobreza y pobreza extrema rurales. Pero ¿no será que algo de esa mejora en ingresos monetarios se explica precisamente por los ingresos que genera la minería ilegal de oro, junto con el contrabando y el narcotráfico? Si es así, el reto de pobreza al que hay que dar respuesta cuando se enfrenta a la minería ilegal es doble: de un lado, superar las condiciones que expulsan población, de otro, generar alternativas de reabsorción para que los que ya fueron expulsados. No es poca cosa, y sospecho que no está haciendo ni remotamente lo suficiente.
Fuente: Diario La Primera
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