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Por Ollantay Itzamná
En pasado 21 de agosto, cerca de 60 mil indígenas y campesinos/as guatemaltecos, organizados en resistencia, irrumpieron simultáneamente en 18 ciudades principales del país exigiendo la NACIONALIZACIÓN de la energía eléctrica en el país.
Luego de caminar varios kilómetros, con sus pancartas y coloridos trajes, ingresaron a cada una de las ciudades para recordarle al gobierno y a la sociedad citadina que incluso en la Guatemala neoliberal la dignidad y la conciencia social aún está latente en el área rural.
¿Por qué exigen la nacionalización de la energía eléctrica en un país donde el 63% de los hogares utiliza la leña como combustible principal? ¿Qué es lo que obliga a campesinos e indígenas a organizarse en comunidades en resistencia para hacerle frente, en condiciones desiguales, a corporaciones extranjeras de distribución de energía eléctrica?
¿Cuándo el derecho a la energía eléctrica se convirtió en una mercancía en Guatemala?
La generación, transporte y distribución de la energía eléctrica, en diferentes partes del mundo, se ha convertido en uno de los negocios más seguros y lucrativos para las corporaciones multinacionales.
Aunque las Naciones Unidas, en su Resolución N. 65/151, de 2010, establece que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano fundamental, las empresas y corporaciones transnacionales hicieron de este derecho una lucrativa mercancía para escurrir los bolsillos ya vacíos de los empobrecidos, con la complicidad de gobiernos neoliberales.
En Guatemala, hasta inicios de la década de 1950, el servicio de la energía eléctrica era un negocio completamente monopolizado por las empresas bananeras norteamericanas y otras.
El Presidente Jacobo Árbenz (1951-1954), en su intento de universalizar el acceso a la energía eléctrica, promovió el involucramiento del Estado en dicha actividad, impulsando la primera hidroeléctrica estatal, pero un golpe militar made in USA lo derrocó en 1954, por éste y otros atrevimientos democráticos (GLEIJESES, 2008:230-231).
Años más tarde, ante la falta de voluntad económica del sector privado para electrificar el país, el debilitado Estado guatemalteco, creó el Instituto Nacional de Electricidad (INDE), en 1959. Esta institución que actualmente, junto a la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA), genera el 80% de la energía eléctrica que consume el país, construyó la infraestructura y el cableado necesario para transportar y distribuir dicho servicio en el país.
En 1996, el Presidente neoliberal Álvaro Arzú, obedeciendo a las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, descuartizó el INDE y entregó la actividad de la distribución de la energía eléctrica a la empresa privada con el argumento de modernizar y universalizar el servicio.
Allí comenzó la larga y triste historia de la oscuridad neoliberal en Guatemala. ¿Por qué no privatizaron la generación o el transporte de la energía eléctrica que sí requerían de inversión económica? La actividad de la distribución no requería mayor inversión económica. La energía eléctrica ya estuvo allí (generado por INDE), al igual que el cableado. Sólo hacía falta imprimir las facturas y cobrar al usuario. ¿No fue esto una jugada económica de mala fe en contra del pueblo guatemalteco?
La corporación española Unión Fenosa y el fraude de la privatización
La corporación española Unión Fenosa, fundada en 1912, en la actualidad, es una de las multinacionales más gigantes en el lucrativo negocio creciente de la energía eléctrica. Está presente en muchos países de América Latina y de la Unión Europea. En casos de Guatemala, México y otros países es famosa por propiciar convulsiones sociales de usuarios insatisfechos.
En 1998, esta corporación, bajo el nombre de Unión Fenosa Deocsa-Deorsa, se adjudicó la distribución de la energía eléctrica en el territorio nacional, utilizando la infraestructura del INDE y subsidios del Estado, con la promesa de iluminar a la oscura Guatemala. Prometió también ampliar el tendido eléctrico.
Para esta promesa mesiánica se creó un fondo de fideicomiso de 300 millones de dólares con aportes del Estado guatemalteco ($195 millones) y de la cooperación internacional ($105 millones). Pero, dicho fondo fue transferido a los EEUU para que lo administrara nada menos que la corrupta corporación ENRON, que en ese tiempo ya tenía una fuerte presencia en el mercado de energía eléctrica en el país. ¿Qué sucedió con dicho fondo? Nadie sabe en Guatemala.
Lo cierto es que Unión Fenosa Deorsa-Deocsa no sólo lucró de manera gratuita con la infraestructura eléctrica construida por la empresa estatal INDE, sino, lejos de pagar al Estado por el negocio adjudicado, se benefició con aquel fondo de fideicomiso, y los subsidios anuales por la electricidad.
Según datos del sindicato de trabajadores del INDE, Unión Fenosa Deorsa-Deocsa compraba energía eléctrica al INDE a Q. 0.66 el kw/hr. de energía, y vendía a los usuarios a Q.1.89 el mismo kw/hr., sin haber invertido un solo centavo. Es decir, por cada kw/hr., la empresa distribuidora gana Q.1.23 ($0.16) Esta situación no es diferente, ahora, con la corporación inglesa ACTIS (Energuate)
En Guatemala, el kilowatio hora de electricidad, para el consumidor final, cuesta el equivalente a $0.23, mientras que en países como México, Bolivia, Venezuela y otros no pasa de $0.05. Por concepto de alumbrado público, en Guatemala, se cobra hasta 12 o 15 dólares mes. Mientras en Honduras no pasa de 2 o 3 dólares. (CODECA, 2013) Aquí incluso cobran por alumbrado público en comunidades donde no existe dicho servicio. Si esto no es abuso, ni robo, entonces, ¿qué es?
Una creciente convulsión social exige la nacionalización de la energía eléctrica
“Antes de la privatización pagábamos entre 10 a 15 quetzales mes. Luego, con la empresa privada las facturas venían hasta 500 a 700 quetzales mensuales. De dónde vamos a pagar tanto. Por eso hemos entrado en la lucha por la nacionalización de la energía”, se queja don Antonio Coc, uno de los miles de usuarios organizados en resistencia para la nacionalización de la energía eléctrica.
Con la privatización, se institucionalizó el cobro abusivo de facturas excesivas por parte de la empresa. Existen familias que con tres o cuatro focos tienen cobros de hasta Q. 1000.00 mes ($120.00), pero el jornal en el campo no llega ni a Q. 70.00. Esto ocurre en un país donde las corporaciones hicieron del Estado su gendarme disciplinado para sus negocios.
Ante esta situación, desde inicios del año 2000, algunas comunidades, organizadas localmente, comenzaron a desconectarse de los medidores de la empresa y a conectarse directamente al fluido eléctrico.
Luego, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), un movimiento indígena campesino, con presencia en 19 de los 22 departamentos del país (fundado en 1992), obedeciendo a sus bases asumió la demanda de la nacionalización de la energía eléctrica como parte de su agenda de lucha, desde 2008.
“La única salida a este abuso es que la distribución de la energía eléctrica vuelva al INDE”, indica Don Mauro Vay, dirigente de CODECA, organización que tiene más 700 comunidades locales organizadas en resistencia, en más de 100 municipios, y en 19 departamentos del país.
La resistencia comunal por la nacionalización de la energía eléctrica crece incontenible en todos los rincones del país. Las comunidades, en base a los artículos 44° y 45° de la Constitución Política de Guatemala, el Art. 55º de la Ley General de Electricidad, y amparados en las resoluciones (Nº 1803, del año 1962 y Nº 65/151 del año 2010) de la ONU, ratificadas por el Estado de Guatemala, se declaran en resistencia para exigir el respeto de su derecho a la energía eléctrica bajo el eslogan: “La energía eléctrica es un derecho, no una mercancía. Recuperarla es nuestro deber”.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántas comunidades se han conectado directamente al fluido eléctrico, lo cierto es que Unión Fenosa Deocsa-Deorsa abandonó el negocio en 2012 y asumió dicho negocio conflictivo la empresa Energuate de la corporación inglesa Actis
Corporación inglesa ACTIS persigue dirigentes locales y criminaliza la cooperación internacional
En 2012, luego de haber obtenido millonarias ganancias económicas sin mucho esfuerzo, Unión Fenosa Deorsa-Deocsa, presionado por la convulsión social creciente, abandonó el negocio de la distribución de la energía eléctrica, y se lo adjudicó la corporación inglesa ACTIS, bajo el nombre de Energuate.
Igual, la empresa no ha invertido casi nada aún, pero las facturas de la electricidad continúan activando más comunidades en resistencia, quienes luego de auto convocarse a una asamblea local, levantan un acta consignando su junta directiva y sus objetivos, colocan sus mantas en las calles con mensajes de “Fuera Energuate. Exigimos la nacionalización de la energía eléctrica”.
Luego, con la ayuda de un técnico local desconectan sus medidores y se conectan de manera directa al fluido eléctrico. Cuando llegan los técnicos de Energuate no les dejan ingresar a la comunidad aduciendo que están en resistencia hasta que se nacionalice la energía. Y así, la resistencia por la nacionalización se expande por todo el territorio nacional como hormigas en verano.
Energuate ACTIS, lejos de buscar solución a las consecuencias de sus malos servicios y cobros indebidos, ha contratado pesados equipos de abogados para difamar y perseguir legalmente a campesinos e indígenas analfabetos (en su gran mayoría) en resistencia.
En los últimos meses se ha capturado a 5 dirigentes indígenas campesinos de CODECA. Asesinaron a un dirigente en resistencia por la nacionalización de la energía en la aldea La Cumbre, Huehuetenango, el pasado julio. Energuate no escatima recursos para publicar sendos comunicados de prensa calumniando y difamando a las comunidades en resistencia como “ladrones de energía eléctrica”.
Contrata numerosos equipos de “consultores” para que visiten e intimiden a las comunidades organizadas en resistencia. Contrata “analistas” para difamar y criminalizar desde los medios la resistencia social pacífica, aduciendo que la idea de la nacionalización es descabellada. ¡Organiza y financia cursos para periodistas en algunas ciudades del país!
Hace unos meses atrás, en el mundo virtual aparecieron espacios exclusivos para difamar a las organizaciones en resistencia y calumniar de “injerencistas” a las agencias solidarias de cooperación internacional que trabajan con CODECA.
Pero, lo que más indigna a las y los guatemaltecos en resistencia es que los gobiernos municipales, la policía nacional y jerarcas de la iglesia católica “se han puesto del lado de la empresa”. Así, esta batalla por el derecho a la energía eléctrica universal se convierte cada día más en una guerra desigual.
Mientras tanto, el tendido de energía eléctrica apenas alcanza una cobertura del 42%, del territorio nacional, siendo una de las más bajas de Latinoamérica.
Según información oficial, la cantidad de usuarios de este derecho mercantilizado, en 2011, fue de 2.7 millones de hogares. Pero, otros 2.2 millones de hogares sobreviven en tinieblas, mirando cómo lucran con su derecho. En Guatemala del siglo XXI, 6 de cada 10 hogares aún utilizan la leña como fuente de energía, y casi el 70% del total de la energía eléctrica es producido por combustibles fósiles.
Esta nefasta realidad de la energía eléctrica en el país es una muestra más de que jamás se debió privatizar este servicio. Por eso, ahora, el debate de la recuperación del servicio de la energía eléctrica, al igual que otros servicios privatizados, debe ser una prioridad de todo el pueblo de Guatemala.
Fuente: SERVINDI
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