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Causa estragos ambientales y genera delincuencia, pero el gobierno no la enfrenta y amplía el plazo para “formalizar” la dañina minería ilegal.
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, intenta, infructuosamente, desmentir lo que este y otros medios han advertido: que, en la práctica, el plazo de formalización para los mineros ilegales se ha ampliado hasta el 2016. El ministro encargado de defender el ambiente quiere, también, descalificar a las múltiples voces que –desde el último sábado– se han alzado contra las facilidades otorgadas a quienes ejercen el “tipo más primario de minería”, según calificación del Banco Mundial.
¿Embarrar al presidente?
Es cierto que el gobierno ha sido lento en enfrentar a la minería ilegal, pero las actuales decisiones parecen dirigidas a golpear la imagen del presidente Ollanta Humala.
Recordemos que, el año pasado, Humala anunció una serie de enérgicas medidas contra la minería ilegal y el Congreso le otorgó facultades legislativas para ello. Sus ministros –encabezados por Juan Jiménez Mayor– han llevado tan mal las cosas que el más perjudicado será el presidente y no la minería ilegal.
En setiembre del año pasado, el doctor Ernesto Ráez Luna, asesor del Ministerio del Ambiente, explicó, en entrevista de “La República”, que las facultades especiales facilitarían “el fortalecimiento de la capacidad del Estado para penalizar la actividad en la medida que figura condiciones de un delito organizado, ambientales y laborales, además de los delitos conexos como la trata de personas”.
Un año después, las autoridades se han arrodillado ante esta poderosa y millonaria mafia.
La reina de Puno
Recientemente se supo que Rocío Torres Carcasi, propietaria de un imperio de minería ilegal en La Rinconada, Puno, compró en España, por 8 millones de dólares, la finca ganadera Yerbabuena, de quien fuera la cantante Rocío Jurado y su marido, el torero Ortega Cano. No hay denuncia alguna contra la llamada reina de la minería ilegal de Puno ni investigaciones para seguir la ruta de su dinero.
Ayer, nuestro Diario sacó a la luz que en el aeropuerto internacional Jorge Chávez agentes de la Dirandro intervinieron a 10 personas que llevaban 4 millones de dólares a Puno y Cusco. Una de ellas está relacionada con el clan delictivo de los Baca, cabeza de la minería ilegal en Madre de Dios. Los Baca ya empezaron su “formalización”, y los ministros Jiménez Mayor y Pulgar-Vidal, recién ahora, dicen que verán qué hacer.
¿Quieren una idea? Pues podrían denunciarlos, juzgarlos y encarcelarlos. ¿Qué tal?
La denuncia hecha por nuestra Unidad de Investigación indica que ninguno de los transportadores de dinero ha sido detenido, pues no hay orden de captura contra ellos. Dado que el dinero no procede del narcotráfico, la Dirandro no pudo hacer más que remitir el caso al Ministerio Público. ¿Quién boicotea así la lucha contra la minería ilegal?
Lejos de la verdad
El ministro Pulgar-Vidal se indigna y descalifica con argumentos falaces las denuncias de El Comercio: debería recordar que la mentira tiene patas cortas. La no verdad no puede esconderse y está registrada en los archivos periodísticos (ver nota complementaria).
Lejos de perseguir a estos destructores del ambiente, evasores de impuestos y explotadores de niños y mujeres, se los trata mejor que a cualquier respetable ciudadano. La pregunta final es ¿por qué?
Fuente: INFOREGION
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