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César A. Ipenza Peralta
Cómo bien es sabido, la fecha límite para la formalización de la minería ilegal se cumple los primeros días de setiembre; por otro lado, las amenazas de un paro minero nacional –convocado y aún abierto-, exigiendo la ampliación de plazos y la modificación de las normas de la minería ilegal, llevaría al estallido de este conflicto latente el 26 de agosto.
Sin embargo, recordemos dos fechas claves en este proceso que no han sabido aprovecharse de manera adecuada y oportuna; prueba de ello son las respuestas mediáticas, poco claras y que tratan de calmar la conflictividad, y que imaginamos una vez superado el conflicto volverían a lo mismo; en un círculo vicioso de ilegalidad donde los peruanos, y quienes conocemos algo de estos procesos, no podemos permitirnos callar, menos ser cómplices:
- En febrero del 2010, el gobierno anterior emitió el Decreto de Urgencia 012-2010 que declaró de interés nacional el ordenamiento minero de Madre de Dios. En concreto esta norma planteaba la prohibición de dragas y equipos similares, y estableció la zona de exclusión minera. Esta última figura ha cambiado con los nuevos decretos legislativos –puntualmente el 1100- que la declara zona de exclusión para la pequeña minería y artesanal. Es decir, podría desarrollarse gran y mediana minería en la zona.
- El gobierno actual, en virtud a la Ley 29815, emitió 9 decretos legislativos, todos ellos destinados a enfrentar la minería ilegal. Fue una oportunidad increíble y única para legislar de manera adecuada en esa materia. En diciembre próximo serán dos años de dicha norma. Los avances pueden ser analizados y cuestionados por donde queramos verlos, se establecieron plazos concretos que vencieron en febrero último y han sido ampliados hasta setiembre y octubre próximos.
Los anuncios de diversas organizaciones mineras a nivel nacional han llevado al Ejecutivo a pensar y plantear una posible ampliación de plazos, condicionando a suspender el paro minero nacional como lo han confirmado algunos líderes mineros. Para ello organizaciones mineras como Mineros del Perú, Sonamipe y Conami conformarían una ‘mesa técnica’, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de salvar esta situación. Lo que no queda claro es cuál es el objetivo a estas alturas del proceso. Están dando la razón a las organizaciones mineras que las normas resultan inaplicables y no corresponden a la realidad ¿O sólo quieren evitar el paro? Y esta mesa técnica, de 90 días de existencia, haría prolongar esta medida.
Definitivamente, este proceso de ‘mesa técnica’ tiene la exigencia previa de ampliación de plazos, pero estos plazos ¿serán hasta el infinito? Lo que resulta evidente es que no hay un real compromiso del Ejecutivo de ayudar y respaldar los procesos de formalización de los gobiernos regionales. Los recursos no asignados e inexistentes por parte del ministerio de Economía y Finanzas, así lo evidencian. No hay una real decisión de enfrentar la minería ilegal en la zona de exclusión y no permitida en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, que cada día incrementa el nivel de destrucción en la zona de La Pampa.
De manera particular, los 90 posibles días de esa mesa técnica, ¿qué resultados nos va a mostrar? ¿Van a solucionar toda la inacción? ¿A asignar recursos económicos? ¿A implementar figuras que las mismas normas mandan como la ‘ventanilla única’? ¿O van a sacar a los ilegales de la zona de exclusión? Tantas preguntas y trabajo no realizado que difícilmente tendrá una solución en ese plazo. El trabajo se muestra con resultados y no palabras, pedimos a las autoridades asumir su rol. No más no menos.
Fuente: Noticias SER
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