Qué importa un poquito más de tiempo para la minería informal

Foto: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

En los últimos días el gobierno oficializó el DL 1105, que otorga plazo hasta el 2016 para que los mineros informales regularicen su situación y puedan trabajar sin que sus maquinarias sean requisadas. Todo esto forma parte de un programa de saneamiento, formalización y legalización de la minería informal y artesanal que empezará a inicios del 2014.

Sin duda, es una situación que nuevamente pone en jaque a la institucionalidad de los organismos competentes. Las protestas de los últimos días finalmente generaron una flexibilización por parte del gobierno que suena más a inconsistencia.

Los mineros informales inicialmente tenían un límite de mayo del 2012 para regularizarse (algo que ya de por sí es una amnistía benevolente). Esta fecha se postergó con varias disposiciones legales, hasta que se acordó que los mineros solo tendrían hasta el 5 de setiembre para poder regularizar su informalidad. Ante la cercanía de la fecha, diversas protestas se dieron en el norte, centro y sur del país para exigir nuevas prórrogas.

Es más, en las últimas semanas, el premier Juan Jiménez se reunió con los representantes de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros del Perú (Conacami) para poder dar una solución “concertada” al asunto. Cabe resaltar que la gran mayoría de miembros de la Conacami (alrededor de 300,000) son informales. Según Miguel Santillana, investigador del Instituto del Perú, cerca de 550,000 mineros son informales, de los que sólo el 14% mandó solicitudes para formalizarse. En el medio, existen diversos actos de corrupción (como grandes mineras informales que se hacen pasar por artesanales para burlar la ley), marchas y demás.

Si a este escenario le agregamos que los ingresos por la minería son cada vez menores debido a los costos más altos en los últimos meses y la caída de los precios del oro, plata y cobre en las últimas semanas, es de esperar que cada vez los mineros estén más incentivados a evadir la legalidad para poder operar con externalidades negativas y evitar los pagos de impuestos. Esta nueva postergación (que incluso podría ponerse en tela de juicio, si se considera que el primer ministro Jiménez sostuvo hace poco que en tres años no se culminará la formalización al 100%) solo podría dejar algunas lecciones.

En primer lugar, nuevamente salta a la vista la tendencia del gobierno por dar decretos supremos, reglamentos y estándares que luego no pueden cumplirse y que finalmente llevan a nuevas postergaciones y flexibilizaciones, lo cual daña la institucionalidad del sector y del país. Esto nos lleva a la segunda lección: El gobierno tiende a ceder espacios y reglas cuando ocurren actos de violencia en algún sector del país, que suele resolver con mesas de diálogo que no siempre llegan a ningún acuerdo. Sobre todo en asuntos que ponen en juego la sostenibilidad del país como la actividad minera ilegal, el perjuicio de la flexibilización en la regulación es claro.

Según la edición de Perú Económico de agosto de este año, el alza de los precios de los metales en los últimos años ha generado que existan diversas organizaciones como Conami o Frenamarp, que con su violencia y apoyo dentro del gobierno buscan mantener el status quo con proyectos de ley. En tercer lugar, parece haber problemas de coordinación entre los distintos niveles del gobierno para poder erradicar esta tara: La Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial realizan labores aisladas y poco coordinadas en este frente.

En los próximos días podrían ocurrir nuevos acontecimientos que reten a la institucionalidad del país en los temas de minería informal. En ese sentido, el gobierno tiene la oportunidad de convertirlos en triunfos si es que toma medidas acertadas que beneficien al país en el largo plazo.

*Artículo escrito por Juan Manuel Hurtado, asistente de redacción de Semana Económica.

Fuente: Semana Economica

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