Procuradora antilavado pide indagar a dueños de una mina de La Rinconada

La Procuradora de Lavado de Activos, Amelia Príncipe, pidió al Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, iniciar una investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos a la familia Torres Carcasi, titular de denuncios mineros bajo el rubro de Pequeño Productor Minero en La Rinconada (Puno).

A través del oficio Nº 3210-2013/In//PLAPD, la Procuraduría de Lavado de Activos notificó ayer al Ministerio Público que "el cuantioso patrimonio" que ostenta esta familia "no coincidiría con la categoría de Pequeño Productor Minero" que registra la principal empresa familia: Titán Contratistas Generales SAC.

El pasado 12 de agosto, La República informó que Rocío Torres Carcasi, actual heredera del patrimonio familiar tras la muerte de su padre y el asesinato de su hermano, compró el 19 de julio de este año en España la finca "Yerbabuena" al torero José Ortega Cano por un valor cercano a los 8 millones de dólares.

Esta compra, unida a las propiedades de esta familia en el Perú, ha llevado a la Procuradora Julia Príncipe a considerar que existen suficientes "actos y/o transacciones" para el inicio de una investigación fiscal por lavado de activos en contra de Rocío Torres y el resto de integrantes de la familia.

Según el documento de la procuradora las hermanas Torres y los ciudadanos Pio Guido Calsina Suárez, José Antonio Villasante Flores y José Humberto Hualpa Salas se han desempeñado o se desempeñan como representantes o directivos de la empresa Titán Contratistas Generales SAC, titular de 9 denuncios mineros en La Rinconada bajo el rubro de Pequeño Productor Minero. Esta empresa tiene sedes y oficinas en La Rinconada, Juliaca y en Lima y en ella trabajan según la Sunat 391 personas.

Al estar bajo la categoría de Pequeño Productor Minero, es fiscalizada por la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) en Puno. Titán paga IGV pero está exenta del pago de regalías y tributa un dólar al año por cada una de las 996 hectáreas de concesión que según el Ingemmet están a nombre de la empresa.

El Director Regional de Energía y Minas, César Rodríguez, declaró a La República que la producción de Titán supera ampliamente el rubro de Pequeño Productor Minero y, por ello, la entidad que él dirige está en el proceso de pasarla a mediana minería. Sin embargo, detalló que existen dificultades debido a la imposibilidad de realizar operativos de fiscalización inopinados.

COMPRAS SUBVALORADAS

Según información de la Sunarp consignada por la Procuraduría de Lavado de Activos, Titán Contratistas es propietaria de vehículos, varios inmuebles y ha efectuado compras importantes.

En el oficio enviado al Ministerio Público, la Procuraduría detalla que la empresa adquirió en 2010 el predio rural Checayani en Azángaro por la suma de 2 millones 500 mil dólares y el Fundo de San Antonio en Ayaviri por la suma de 3 millones 500 mil dólares.

"Ambos inmuebles fueron transferidos en el 2011 a otras empresas del clan familiar como aporte de capital, siendo valorizados en sumas mucho menores", denuncia el oficio de la Procuradora.

Según el oficio, Checayani fue transferido a la persona jurídica Ganadera Checayani SAC por la suma de 970 mil nuevos soles (346 mil dólares) y el segundo predio a la persona jurídica Agrícola Ganadera San Antonio SAC por 817 mil nuevos soles (291 mil dólares).

Las propiedades y empresas de la familia Torres serán ahora objeto de una investigación fiscal que determinará si existe desbalance patrimonial producto del lavado de oro ilegal.

Al respecto, fuentes cercanas a la empresa dijeron a La República que están llanos a la investigación y que pueden probar el origen del patrimonio adquirido por la familia.

CLAVES

En España. El pasado 19 de julio, Rocío Torres Carcasi compró por alrededor de 8 millones de dólares la hacienda "Yerbabuena", propiedad del torero José Ortega Cano y de la fallecida tonadillera Rocío Jurado.

En Puno. Entre las propiedades destacan dos fundos con un valor de unos 6 millones de dólares que habrían sido subvalorados según la Procuraduría.

Fuente: Diario La República

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