Foto: Andina |
El presidente de la Sociedad Peruana de Derechos Ambiental (SPDA), Jorge Caillaux, destacó hoy la necesidad de plasmar un acuerdo con todos los partidos políticos, para apoyar al Estado en su lucha contra la minería ilegal.
"Un acuerdo de todos los partidos, independientemente de quien sea el gobernante de turno, pues la lucha también la tendrá el siguiente gobierno", aseveró.
Advirtió que ese problema no se solucionará solamente con el accionar de la Policía o el Ejército, pues esa actividad extractiva ilegal, que depreda los bosques amazónicos y contamina los ríos, involucra a poblaciones enteras.
Consideró, asimismo, inexacto sostener que el Gobierno ha postergado hasta el 2016 el plazo para la formalización de la actividad minera, mediante el Decreto Supremo 032-2013-EM, publicado el fin de semana.
Explicó que la norma solo precisa que los pequeños mineros y mineros informales que a la fecha se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos, tienen plazo hasta el 19 de abril del 2014, para sustentar la documentación requerida por la autoridad.
Y en sus disposiciones finales y transitorias establece que el Ejecutivo aprobará la Estrategia de Saneamiento del proceso de formalización en el año 2016.
"Algunos señalan, de manera malintencionada, que la postergación del plazo es hasta el año 2016. Eso no es verdad leyendo la norma textualmente", subrayó.
Recordó que la segunda disposición transitoria plantea la creación de una comisión a cargo de la propuesta de la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Artesanal.
Esta comisión realizaría una revisión de la leyes que las definen, reduciendo su ámbito.
"Este saneamiento pasa por redefinir el tamaño de sus operaciones, haciéndolas más pequeñas. También que gran parte de la actual pequeña minería, pase al Gobierno central, lo que permitirá un mejor control, así como una identificación más fácil de los ilegales", precisó.
Ratificó que la lucha contra la minería ilegal es tarea del Estado en su conjunto, no sólo del Ministerio del Ambiente, o Energía y Minas.
"No es suficiente que los ministerios realicen bien su trabajo, si la Fiscalía no tramita bien las denuncias del Estado sobre minería ilegal o el Poder Judicial termina amparando los derechos de los mineros", anotó.
Por eso el Estado en su conjunto debe hacer frente a la minería ilegal, y por lo que es importante un acuerdo político, ya que fenómenos similares suceden en toda América Latina, en especial en la amazonía de Brasil, Colombia, Perú y Bolivia.
Precisó que la minería ilegal es alimentada por el alto precio del oro. Indicó además que es importante atacar a todas las mafias, no sólo aquellas referidas a la minería.
Fuente: Agencia Andina
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