Ambientalismo por conveniencia

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Esta semana, el presidente ecuatoriano puso fin al proyecto Yasuní-ITT, iniciativa que buscaba mantener el parque nacional Yasuní, ubicado en la Amazonía y declarado por la Unesco Reserva de la Biósfera, libre de extracción petrolera. El proyecto consistía en la creación de un fondo al que la comunidad internacional aportaría un monto esperado de US$3.600 millones y que serviría para compensar al gobierno por mantener intangible la zona. No obstante, apenas se recaudaron US$13 millones, lo que llevó al señor Correa a decidirse por la explotación petrolera.

Esta decisión ha generado una fuerte protesta de grupos ecologistas y defensores de las comunidades nativas. Y esto no sorprende, pues el presidente Correa generó muchas expectativas al inicio del gobierno para luego defraudarlas.

El discurso ambientalista del presidente siempre estuvo contaminado por su ideología, ya que lo utilizaba para polarizar a su pueblo de la forma en la que suele hacerlo: presentaba a las empresas privadas como inherentemente depredadoras del planeta y a su gobierno como el defensor de un medio ambiente intocable. 

Con esta finalidad polarizadora, el señor Correa inició su primer mandato con un fuerte discurso antiextracción y pro conservación. Este inspiró varias regulaciones (algunas buenas, otras exageradas) introducidas en la Constitución que el presidente promovió en el 2008. Entre ellas, el poder estatal de prohibir actividades empresariales en nombre de la ecología a pesar de que no exista evidencia de un riesgo ambiental, la intangibilidad de los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario, y la exigencia de realizar una consulta previa a las comunidades sobre toda medida que pueda afectar al ambiente.

No obstante, la lealtad del señor Correa a los principios ambientalistas que predicaba en un inicio no duró mucho, lo que traicionó las expectativas que él mismo había alimentado. Ya en el 2010 amenazaba con empezar la explotación petrolera en Yasuní, cuando el fondo se encontraba aún en pleno proceso de recaudación de dinero. Además, partes del parque nacional ya vienen siendo explotadas por empresas internacionales petroleras, y la propia empresa estatal, Petroecuador, se prepara desde hace un tiempo para construir una carretera en un área adyacente al parque, lo que implicaría la destrucción parcial del bosque. Incluso varios analistas, incluyendo a Roque Sevilla, quien lideró la comisión técnica del proyecto Yasuní-ITT hasta enero del 2010, coinciden en señalar que la incertidumbre provocada por los vaivenes de Correa jugó en contra del proyecto conservacionista. ¿Después de todo, quién querría invertir en un proyecto si no confía en que el gobierno cumplirá con la palabra empeñada a favor del mismo?

Por otro lado, hoy el señor Correa parece desdeñar el mecanismo de consulta popular que defendió originalmente, ya que ahora este último podría impedir la explotación petrolera en Yasuní. El presidente ecuatoriano no solo evidenció que preferiría evitar dicho mecanismo establecido en la Constitución que él mismo impulsó, sino que, desafiando a sus opositores y a los propulsores de la consulta, dijo sin empacho: “Si quieren una consulta, de acuerdo, vamos a la consulta. Pero no sean vagos, recojan las firmas si tienen tanto apoyo”.

Tan poco en serio se toma el señor Correa las políticas ambientales, en fin, que no ve inconveniente en manosearlas para atacar a uno de sus principales enemigos, la prensa libre. Hace unos días, respondiendo a los medios que criticaban su decisión, Correa envió este ilustrativo mensaje por Twitter: “Ahora los mayores ‘ecologistas’ son los diarios mercantilistas. Bueno, si vamos a consulta popular, propondremos también diarios solamente digitales para ahorrar papel y evitar tanta tala indiscriminada de árboles. Veremos quién es quién”.

Lo que ha sucedido es una pena. Como el presidente Correa ha amoldado el discurso ambientalista en función a sus propios y coyunturales intereses, se ha perdido de vista lo más importante en este problema: encontrar la mejor forma de conciliar el crecimiento de Ecuador con la protección del área de Yasuní.

Fuente: Diario El Comercio

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