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A pocos días de cumplirse 10 años del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) efectuó una reunión de trabajo en la que concluyó que no puede haber reconciliación sin justicia ni reparación.
Participaron como expositores Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Sofía Macher, ex-comisionada, Eduardo Cáceres, filósofo y ex-director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y Gloria Cano, directora de Aprodeh.
Precisamente, el miércoles 28 de agosto se convoca a la ciudadanía a un encuentro en el lugar de memoria El Ojo que Llora desde donde se marchará hasta la Plaza San Martín. Participarán representantes de las víctimas civiles así como familiares de efectivos policiales.
Sofía Macher: “La gran deuda de la post CVR son los desaparecidos”
En opinión de Sofía Macher, el conflicto evidenció grandes brechas en la sociedad peruana, lo que implicó un gran reto de reformas institucionales para el Estado. Macher indicó que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación planteó 85 recomendaciones, de las cuales se tienen avances a nivel de normas, pero serios problemas en la implementación.
Asimismo, se han dado también normas en una dirección opuesta, lo que ha generado una contradicción interna. No obstante, la ex comisionada indicó que el balance es satisfactorio en un 60 por ciento.
En materia de Defensa
Macher afirmó que se ha logrado separar las competencias de los policías y militares, que antes no se tenían claras, que hoy se enseña derechos humanos en las escuelas militares y policiales, se logró desmontar las leyes dadas por el régimen autoritario de Fujimori, y que se logró cambiar de estrategia en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Sin embargo, también afirmó que se está permitiendo la intervención en zonas de emergencia en casos de conflictividad social, lo que garantiza la impunidad de las afectaciones a los derechos humanos.
Inclusión: justicia y reparación
Para Macher es un avance la creación, dentro del Ministerio de Justicia, del viceministerio de Derechos Humanos, pero todavía no se ve, en la práctica, su funcionamiento transformador.
En cuanto a las reparaciones, la ex comisionada opinó que si no se cambia el enfoque del Consejo Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), que se ha convertido en una traba burocrática, no se va a poder reparar. Es inaceptable que unos reciban 30 mil y otros 10 mil en materia de reparaciones.
El gran pendiente de los desaparecidos
Sobre los desaparecidos, Sofía Macher aseguró que hay una gran deuda pendiente a 10 años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Macher indicó que las exhumaciones solo son un paso en el proceso de búsqueda de desaparecidos, y que si no se crea una oficina para buscar desaparecidos, esto no se va a resolver.
Conclusión
En conclusión, para la ex comisionada, existen algunos avances a 10 años de la presentación del Informe Final de la CVR pero que los problemas estructurales del racismo y discriminación siguen presentes, y que no ha cambiado la relación del Estado con la sociedad.
Más bien el Estado sigue siendo desordenado, se “mete cabe”, y, lo más grave, que sigue siendo un Estado que no es garante de derechos.
Eduardo Cáceres: “Existen más de 280 títulos de novelas producidas sobre el tema en el Perú”
El filósofo Eduardo Cáceres destacó que el Informe Final de la CVR fue un inmenso logro del movimiento de afectados y del movimiento de derechos humanos, constituyendo una suerte de juicio oficial a las dos décadas pasadas de violencia.
Además, indicó que en ningún momento el informe tuvo menos del 40 por ciento de respaldo, y que incluso, durante el juicio a Fujimori, el respaldo al trabajo que la CVR aportó para este juicio estuvo por encima del 60 por ciento.
Dos graves pendientes: judicialización y desaparecidos
Cáceres consideró que existe un problema muy serio en cuanto al proceso de judicialización de los casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, que muchos están pendientes y solo se ha avanzado seriamente hasta el juicio a Alberto Fujimori.
Sin embargo, más grave aún es el estado de los desaparecidos de la época de violencia política. No existe un Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, y que más bien estos se han “mantenido en el olvido”.
Los posibles avances
Si bien existe un balance mayoritariamente negativo, desde el lado de la producción cultural hay un fuerte avance precisamente a raíz del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Ejemplo de ello es que existen más de 280 títulos de novelas producidas sobre el tema en el Perú, y que en el terreno cinematográfico la película La teta asustada fue nominada a los premios Óscar.
A pesar de ello, existe el riesgo de que todo lo que se planteó en el informe final de la CVR, a 10 años de su presentación, quede nuevamente en el olvido. En este sentido, el rol de los medios de comunicación es muy importante, remarcó Cáceres.
Gloria Cano: “En el Poder Judicial hay un ánimo de ‘unificar criterios’ con los militares”
En cuanto al tema de la judicialización, la abogada Gloria Cano afirmó que el Estado peruano se está negando a dar información. Cano señaló que es imposible que no tengan registro de 1500 patrullas cuando las deben tener en la memoria anual de 1983. Ante ello, la Aprodeh ha presentado una acción de Habeas Data, pidiendo el acceso a esta información.
Centralismo en el proceso de judicialización
Cano afirmó que las salas judiciales de todo el país se están llenando y que se está centralizando todo en las salas de Lima, lo que implica el traslado de las familias afectadas a la capital. Sumado a ello, no se tiene la competencia para traducir lo que los afectados expresan en los juicios orales desde su idioma originario.
Hoyada, Santuario Nacional
Finalmente, la abogada Gloria Cano indicó que la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), que representa Mama Angélica demanda que el lado oriente del Cuartel Los Cabitos 51 en Huamanga, Ayacucho, se convierta en Santuario Nacional de la Memoria.
Dicho lugar fue el escenario donde se encontraron decenas de restos de desaparecidos durante la década de los ochenta. Cano informó que el Ministerio de Justicia tiene la intención de hacer realidad este pedido.
Rocío Silva Santisteban: “No puede haber reconciliación si es que antes no ha habido justicia y reparación para las víctimas”
La secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, indicó que existen más de 80 lugares de memoria a nivel nacional, y que la gran mayoría son iniciativas regionales con demanda de los propios afectados por el conflicto armado interno.
Además, señaló que existen avances en el tema de memoria en otros terrenos, como el intelectual, con la creación del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) de la Universidad católica, con el Grupo Memoria en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y la participación de los estudiantes sanmarquinos en el colectivo Taller de Estudios sobre Memoria Yuyachkanchik.
Cambiar lógicas
Si bien hay un Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Justicia ahora es de Derechos Humanos, Silva Santisteban cuestionó su relevancia en el plano más amplio de políticas estatales.
Aún persiste el “ninguneo”, y se tiene un Instituto de Medicina Legal donde no hay ni siquiera reactivos para identificar a los desaparecidos. Se ha tenido que esperar una sentencia de la Corte Interamericana para que el Estado pida disculpas a algunas de las víctimas.
Discriminación y violencia sexual
Silva Santisteban indicó que, según datos del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), hay diez casos de personas que fueron desaparecidas sólo por su orientación sexual, tanto por Sendero Luminoso, el MRTA, como por la Marina. Esto no ha cambiado, reafirma la secretaria ejecutiva de la CNDDHH.
Hace un año, informó, se ha visto el caso de un joven que fue torturado sólo por su orientación sexual en la Hacienda Casagrande. Esto es aún más preocupante en cuanto a las violaciones sexuales durante la época de la violencia política, en las que actualmente solo existen 4 en juicio oral, 8 casos en investigación fiscal y no hay ni una sola sentencia en 30 años.
Conclusión
El trabajo de la CVR ha implicado un cambio: antes del Informe no se conocía ni una palabra de derechos humanos en comunidades alejadas. Hay avances, pero también muchas formas y trabas burocráticas desde el Estado.
Al respecto, afirmó que la reconciliación no se concibe sin justicia, y que por parte del Estado no ha habido una voluntad en reconocer al otro, siempre ninguneado.
Miguel Jugo: “El gran problema es la falta de institucionalidad”
El secretario ejecutivo adjunto de la CNDDHH, Miguel Jugo, indicó que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación reclama generar institucionalidad, pero que no se está cumpliendo.
Poder Judicial y Conflictos Sociales
Sobre el Poder Judicial, Miguel Jugo indicó que no existe independencia, y que en cuanto a los conflictos sociales es contradictorio que quien antes era tildado de subversivo (Ollanta Humala), ahora haga lo mismo con la gente que protesta.
Jugo increpó que la sociedad debería cuestionarse por la existencia de conflictos sociales, a propósito de haber pasado 10 años de la presentación del informe final de la CVR.
Anexo sobre judicialización
A setiembre de 2012, el número de
sentencias emitidas por el Poder Judicial en el Perú durante el período
2005-2012, eran las siguientes: 28 sentencias absolutorias, 9
sentencias condenatorias y 11 sentencias mixtas. También, en este
mismo período, el número de imputados sentenciados en casos graves de
violaciones a los derechos humanos fueron: 113 absueltos, 66
condenados y 12 ausentes.
Las 28 sentencias absolutorias
corresponden a los casos: 1) Luis Manrique Escobar, 2) Chavín de
Huantar, 3) Constantino Saavedra 2, 4) Santa Bárbara 2, 5) Gualberto
Chipana Wuayra, 6) Walter Castillo Cisneros, 7) Jeremías Osorio 2, 8 )
Felipe Huamán Palomino, 9) Adrián Medina, 10) Cantuta 2 (09-2008), 11)
UNCP, 12) Matero 2, 13) Parcco Pomatambo, 14) Marcos Barrantes 2, 15)
Marcelino Valencia y Zacarías Pasca, 16) Constantino Saavedra, 17) Los
Laureles, 18) Matero 1, 19) Pedro Haro, 20) Jeremías Osorio, 21) Julio
César Alcides y Abraham Sandoval Flores, 22) Eladio Mancilla Calle, 23)
Benito Céspedes y otros 2, 24) Marco Barrantes 1, 25) Benito Céspedes y
otros 1, 26) Rafael Salgado, 27) Moisés Carvajal Quispe, 28) Ramírez
Hinostroza.
Las 9 sentencias condenatorias se
refieren a los casos: 1) Bernabé Baldeón García, 2) Pucayacu 2, 3)
Chillutira, 4) Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos SIE (A. Fujimori),
5) Cantuta 1 (EXP Nº 003-2003), 6) Zulema Tarazona, 7) Efraín Aponte
Ruiz, 8 ) Hugo Bustíos, 9) Delta Pichanaki.
Las 11 sentencias mixtas tiene los
siguientes casos: 1) Efraín Aponte Ortiz 2, 2) Jorge Gutiérrez
Quintero, 3) Indalecio Pomatanta 2, 4) Barrios Altos, Campesinos del
Santa y Pedro Yauri, 5) Pucará, 6) Desaparición Autoridades de Acocro,
7) Indalecio Pomatanta, 8 ) Cantuta 2 (09-2008), 9) Santa Bárbara, 10)
Chushi, 11) Ernesto Castillo Páez.
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Fuente: SERVINDI
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