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| Foto: Marek Wolodzko / AIDESEP |
Operaciones de la empresa Perenco se retrasaron y una oenegé peruana publica un informe muy crítico.
Por David Hill*
La controvertida explotación de crudo pesado en una de las regiones más inaccesibles y con mayor biodiversidad de la selva peruana, habitada por los indígenas en “aislamiento voluntario”, se ha retrasado.
La petrolera anglo-francesa Perenco, asociada a la compañía petrolera estatal de Vietnam, PetroVietnam, tenía previsto iniciar la producción de crudo en julio, pero el jefe de comunicaciones de Perenco, Nicolas de Blanpré, anunció que “se espera que la producción comience después, en el 2013”.
Cuando el hidrocarburo fue declarado comercialmente viable en diciembre de 2006, antes de que Perenco se involucrara, el entonces presidente del Perú, Alan García, visitó la región y calificó de “milagro” al hallazgo. El mandatario dijo que con lo encontrado el Perú se convertiría en un exportador neto de petróleo y ahorraría mil millones de dólares al año.
Otros fueron igualmente positivos. Aurelio Ochoa, posteriormente presidente de Perupetro, calificó al hidrocarburo encontrado “como el mayor descubrimiento de la historia energética del Perú después de (yacimiento de gas) Camisea”. Asimismo, el entonces Ministro de Energía afirmó que el hallazgo había reavivado el interés en la exploración de petróleo en Perú.
Perenco se hizo cargo de las operaciones en enero de 2008 y ahora pretende perforar 185 pozos y construir un gasoducto de 207 kilómetros para explotar un estimado de 217 millones de barriles de petróleo, pero las actividades de la compañía han creado controversia.
De acuerdo a un reciente informe de la ONG peruana CooperAcción, el petróleo en esta región es “considerado como uno de los yacimientos de hidrocarburos más relevantes del país” y Lote 67, como se conoce a la concesión de Perenco, “comienza a ser un tema a observar con atención.”
Aunque la atención se ha centrado en si las operaciones tendrán un impacto en los indígenas en “aislamiento voluntario” – acerca de los cuales Perenco afirma que “no hay evidencia” – CooperAcción destaca los posibles efectos sobre el medio ambiente y otros pueblos indígenas de la región.
“En primer lugar nuestro motivo era porque los proyectos de inversión en la Amazonía siguen creciendo de manera acelerada –no solo los petroleros- y no son tan visibles como los de otras zonas del Perú. Este avance implica una afectación de derechos de pueblos indígenas que siguen sin ser considerados. Se actúa como si fueses territorios vacíos”, dice el director José de Echave.
Según el informe, titulado El Caso Perenco: Expansión Petrolera y Pueblos Indígenas en la Amazonía, la creación del Lote 67 en 1995 por el gobierno del Perú violó la legislación internacional específicamente destinada a proteger los derechos de los pueblos indígenas:
“Perenco opera en el Perú sin los procesos de consulta con las poblaciones indígenas. La negociación sólo se ha dado entre la empresa y las autoridades, excluyendo a los pueblos indígenas de los procesos de toma de decisiones. Este hecho refleja los retrasos en la implementación del Convenio 169 de la OIT – ratificado por el Estado peruano mediados de la década de 1990 -, y la clara vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada de las poblaciones indígenas a nivel nacional”.
Pero de Blanpré defiende a la empresa diciendo que “ha respetado y cumplido la regulación peruana referida a la participación pública y consulta” y que es responsabilidad del Gobierno garantizar que la ley sea respetada. De acuerdo a de Blanpré:
“[La empresa] ha llevado a cabo varias consultas con toda la población indígena local y las comunidades. Todo esto fue confirmado por la instancia peruana más alta de la justicia, el Tribunal Constitucional. Vale la pena mencionar que el presidente regional y los líderes de las comunidades de los alrededores – Buena Vista, Flor de Coco, Shapajal, Bolívar, Urbina – firmaron con Perenco un Acta de Compromiso Social y Ambiental en diciembre de 2012.”
Aunque el Lote 67 se encuentra en la región habitada por los indígenas en “aislamiento voluntario” y sólo se superpone a una titulada y ahora abandonada comunidad indígena, CooperAcción sostiene que muchas otras comunidades indígenas – muchas de ellas Kichwa – serán afectadas.
Hasta que el oleoducto se construya, un estimado de 7.000 barriles de petróleo están programados para ser transportados todos los días desde el Lote 67 a lo largo de ríos que son fundamentales para la supervivencia de estas comunidades, generando “riesgos que son bastantes evidentes”, haciendo posibles los accidentes y la caza y pesca más difíciles, señala el informe.
Aunque El Caso Perenco reconoce que la compañía ha llegado a acuerdos con varias comunidades y promovido diversos “proyectos sociales”, dando lugar a “un escenario social de relativa calma”, afirma que ha habido conflictos en el pasado.
En mayo y diciembre de 2009 hubo protestas – una de las cuales fue “de manera violenta” disuelta por la Marina peruana – y en noviembre pasado, 38 trabajadores de Perenco fueron detenidos por miembros de una comunidad, Urbina, después de un incidente con una serpiente, según el informe.
Pero de Blanpré defiende la relación de la empresa con las comunidades, diciendo que se ha puesto en marcha sus proyectos agrícolas, sus intentos de educar a los estudiantes mediante el apoyo a un instituto tecnológico, y el “famoso barco hospital.”
“Perenco trabaja con todas las comunidades involucradas directa o indirectamente en el proyecto del Lote 67, y a través de proyectos sustentables hemos desarrollado una buena relación que nos permiten trabajar en una buena armonía”, dice de Blanpré.
El informe de CooperAcción expresa su especial preocupación por el ducto, asegurando que afectará a unas 20.000 personas y cruzará territorios pertenecientes a los Achuar, Arabela, Kichwa y Quechua – algunos de los cuales, señala el informe, no han sido informados o consultados al respecto.
El informe destaca también el hecho de que el ducto se extiende 30.2 Km. dentro de la Reserva Nacional Pucacuro. Atravesaría también el territorio de los pueblos Arabela, Achuar y Quechua, en los distritos Andoas, Trompeteros y Tigre. Además, la investigación de la ONG E-Tech International afirma que el oleoducto será casi dos veces más amplio que la mejor tecnología de ductos disponible en el Perú”.
Pero según de Blanpré, el oleoducto está “por encima de los estándares ambientales nacionales” y a Perenco le ha dado el visto bueno SERNANP, el organismo gubernamental responsable de las “áreas naturales protegidas” como la Reserva Pucacuro. Él dice:
“Hemos tomado un enfoque muy sensible en nuestro plan de desarrollo y se están implementando una serie de primicias en el país para cumplir no solo con la regulación local, sino, ir más allá de ella. Un taller en Iquitos [ la ciudad más grande de la región] permitió la mejora del diseño de la construcción del oleoducto, en acuerdo con el SERNANP. Como resultado, el Plan Maestro de la reserva, aprobado en marzo de 2013, incluye que la tubería esté en conformidad con todos los requisitos de preservación de la reserva.”
El Lote 67 se encuentra en el extremo norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador y rodeado por otras concesiones petroleras, como el Lote 39, operado por Repsol; el Lote 117, operado por Petrobras; y Lote 1-AB por Pluspetrol, los cuales han generado controversia en los últimos años.
El nuevo ducto está programado para conectarse con el ramal norte del ya existente Oleoducto Nor Peruano (ONP), construido en la década de 1970, el cual transportará el petróleo del Lote 67 hasta el terminal en la costa peruana del Océano Pacífico.
En agosto de 2012, Perú y Ecuador acordaron que este último podría transportar petróleo a través del ONP también. Y apenas tres meses después, Ecuador abrió una nueva ronda de licitaciones para concesiones hidrocarburíferas de millones de hectáreas en la Amazonía sur-este.
Luis Manuel Claps, consultor independiente, nombrado como el autor de El Caso Perenco, dice:
“Este fue un intento de contribuir a la comprensión de una perspectiva más amplia de las implicaciones de los planes de Perenco en Perú, así como de los nuevos acontecimientos petroleros en el lado ecuatoriano de la frontera. Desafortunadamente, no existe una autoridad gubernamental con la capacidad ni la competencia – ¿ni el interés? – para evaluar el impacto acumulativo de estos proyectos y sus ramificaciones en materia de derechos humanos y el medio ambiente”.
El caso Perenco describe a la cuestión de los pueblos indígenas en “aislamiento voluntario” preocupante y afirma que aquello “debe ser evaluado con urgencia en la agenda actual”, con el argumento de que los indígenas en aislamiento voluntario “podrían extinguirse” si las operaciones de Perenco y otras empresas siguen adelante.
En 2003, la organización indígena con sede en Iquitos ORAI propuso la creación de una reserva para los indígenas en aislamiento voluntario, que se superpondría totalmente al Lote 67 y a partes de otras concesiones, pero hasta la fecha no se ha establecida.
Cuatro años más tarde, la organización nacional indígena AIDESEP hizo un llamamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ayudar a proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, pero el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú está instando a la CIDH a cerrar el caso.
A principios de este año, el 7 de abril, un helicóptero que volaba de Iquitos al Lote 67 se estrelló y mató a las 13 personas a bordo, incluyendo un empleado de Perenco y a los representantes de tres contratistas, según la compañía.
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* David Hill es un periodista independiente y actualmente es consultor del Programa de Pueblos de los Bosques, una organización internacional de derechos humanos apoyando a las organizaciones indígenas de Perú preocupados por los impactos de la expansión del proyecto de gas de Camisea en los pueblos indígenas aislados.
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Fuente: Publicado en inglés en The Guardian: http://www.theguardian.com/environment/2013/jul/30/forests-energy
Fuente: SERVINDI
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