En el Perú
existen más de seis mil comunidades campesinas y 1497 comunidades nativas
amazónicas. Estas mantienen el control de un vasto territorio que alberga una
gran diversidad biológica de flora y fauna, así como invalorables recursos
naturales.Las comunidades campesinas y nativas controlan cerca de las dos
quintas partes de las tierras agropecuarias del país (Lapeña, 2011),
implementando tecnologías ancestrales, en algunos casos ecoeficientes, para su
explotación, con una gran capacidad para adaptarse a los efectos del cambio
climático.
Este grupo poblacional es poseedor de tradiciones milenarias y
mantiene una relación de profunda espiritualidad con el ambiente donde se
desarrolla. También presenta los más altos niveles de vulnerabilidad social
(entendida como una mayor susceptibilidad a efectos externos económicos,
sociales, culturales y ambientales) e índices de pobreza monetaria.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
para el año 2010, en la sierra rural, el 61,2% de la población se ubica en
situación de pobreza monetaria, mientras que el 28,5% en situación de extrema
pobreza. En la selva rural, el 45,6% se encuentra en pobreza monetaria y el
17,8% en extrema pobreza. Esta situación responde a la ausencia del Estado en
la zona y la poca voluntad política por implementar políticas públicas para
promover la articulación de las comunidades con la sociedad y con mercados más
dinámicos.
A la fecha, las actividades extractivas se encuentran en un
momento de auge en el Perú. Solo en el período de enero a octubre de 2011 la
inversión en minería ascendió al nivel récord de 5,325 millones de dólares, con
efectos positivos en el empleo y en la dinamización de los mercados a nivel
nacional. La Sociedad Nacional de Industrias sostiene que entre 1999 y 2009 la
minería representó el 7,7% del PBI y el 12,5% del total de recaudación fiscal
(incluyendo regalías y aporte voluntario). El gobierno ha manifestado
públicamente la importancia de la minería para poder sostener los amplios
programas sociales prometidos durante la campaña electoral 2011.
El éxito del crecimiento de las actividades extractivas responde a
una agresiva política de promoción de las inversiones mineras y de
hidrocarburos, liderada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) durante el
gobierno anterior. Esta promoción consiste en la acelerada concesión de lotes
mineros y de hidrocarburos, así como en la rápida aprobación de los Estudios de
Impacto Ambiental (EIA). El gobierno anterior (2006-2011) dejó 50 EIA
aprobados, y en junio de 2011, 24 millones de hectáreas estaban entregadas en
concesión minera (18,91% del territorio peruano).
Al mismo tiempo, en mayo de 2010, el 64.98% del territorio de las
comunidades nativas de la amazonía había sido entregado en concesión como lotes
para la extracción de hidrocarburos. Este gran impulso a las concesiones ha
impactado directamente en las comunidades campesinas y nativas, las cuales
vienen siendo presionadas por el uso de los recursos naturales ubicados dentro
de su territorio, quedando expuestas a diversos intereses económicos y
políticos.
En un entorno en donde el rol fiscalizador del Estado es muy
débil, ya que se limita a aprobar EIA y otorgar concesiones, la ejecución de
los proyectos extractivos y el destino de las comunidades, dueñas de extensos
territorios que abarcan importantes recursos naturales para la vida, se ha
venido decidiendo a través de negociaciones entre las empresas extractivas y
los dirigentes de las comunidades, negociaciones que se caracterizan por su
marcada asimetría en la información y clara ventaja para las empresas.
De esta manera, tenemos un gran número de comunidades que se han
sentido despojadas de sus tierras, con sus recursos naturales y medios de vida
afectados, viendo cómo enormes recursos económicos pasan de lado.
Esto ha traído como consecuencia un número alarmante de conflictos
con consecuencias trágicas. Según la Defensoría del Pueblo, durante el gobierno
anterior hubo alrededor de 80 muertos en conflictos sociales y al 31 de
diciembre de 2011 existen 223 conflictos sociales activos, 57% de los cuales
son socioambientales.
En lo que va del nuevo gobierno, el presidente Ollanta Humala ya
‘tiene a cuestas’ dos importantes conflictos sociales con víctimas humanas,
millonarias pérdidas y un cambio de gabinete. Un entorno político y mediático
abiertamente hostil orienta el debate hacia una polaridad de ‘antimineros’
versus ‘promineros’, en un espiral de adjetivos que no hacen más que generar
propuestas infructuosas como el radical “no a la minería” o el populista
“repartamos el canon”.
Es de vital importancia colocar a las comunidades campesinas y
nativas como actores centrales en este debate, reconociendo la prioridad que
deben tener en las políticas de superación de la pobreza, revalorizando sus
conocimientos, sus derechos y el rol que cumplen en el manejo de los recursos
naturales ubicados en su territorio.
Las
comunidades están en la capacidad de contribuir en la elaboración de políticas
públicas que promuevan su propio desarrollo, gestionar su territorio y el uso
de sus recursos naturales, así como negociar –en una situación de mayor equidad
en la información– con las empresas extractivas la implementación de proyectos
que aseguren mejores condiciones de vida, respeten sus derechos y sean
sostenibles para el ecosistema y las formas de vida que alberga. Para conseguir
esto, es crítico el rol que debe asumir el Estado al acompañar a las
comunidades y regular las negociaciones con las empresas, y de esta manera,
asegurar y fiscalizar el cumplimiento de los derechos de las comunidades
campesinas y nativas.
Publicado en Radio Pachamama
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