Las leyes no han detenido la ilegalidad en Madre de Dios

Foto: El Comercio

Nelly Luna Amancio

Si después de la lluvia el bosque exuda ese olor de la hierba aplastada sobre la tierra, en una zona de explotación minera de la selva, después de la lluvia solo queda el fango sin olor, rodeado de los cadáveres en pie de cientos de árboles sin vegetación. La escena es la misma en todos los campamentos mineros. Y este, ubicado a la altura del kilómetro 106 de la Carretera Interoceánica, a hora y media de Puerto Maldonado, no es la excepción. Se trata de una de las últimas invasiones mineras en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata. Las motos que nos han traído hasta aquí no tienen placas. La ley parece un lejano asunto de papel.

Ni los decretos que tipifican a la minería ilegal como delito, ni las normas que regulan los insumos como el combustible, ni el optimista proceso de formalización iniciado en marzo del año pasado han contenido el violento avance de la minería ilegal en Madre de Dios. Un año y medio después de los paquetes legislativos que buscaban ordenar la minería, nuevas imágenes satelitales nos resumen la catástrofe ambiental y el infructuoso proceso de formalización.

La Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (Aider) analizó estas imágenes y estima que en 2012 la minería destruyó 1,973 nuevas hectáreas de la zona de amortiguamiento, 48% más que el año anterior. En este año ya van 872 hectáreas perdidas. Las zonas de extracción minera cada vez están más cerca del río Malinowski, la frágil línea donde comienza la reserva.

NUEVOS CAMPAMENTOS

Ochenta policías y el fiscal ambiental han llegado a este campamento del km 106 para realizar una intervención. Salvo el equipo de avanzada, que llega en moto, los demás ingresan a pie y caminan casi una hora. Durante la operación han destruido 16 motores. Parecen muchos, pero no.

Un informe completo de inteligencia policial sobre la situación de la minería en la zona de amortiguamiento estima que en toda La Pampa habría alrededor de 30,700 personas –entre mineros y comerciantes– y 1,500 motores. Entonces, la destrucción de 16 motores no afecta el negocio minero. Los financistas los reemplazan en menos de dos días. El otro problema es que con frecuencia los detalles de estas intervenciones se filtran debido a policías o funcionarios corruptos.

A hora y media más de camino de esta zona se encuentra el campamento más grande dentro de la zona de amortiguamiento, Mega Once, lugar al que ni la Policía ni la Fiscalía pueden entrar. “Para ingresar en este lugar deberá utilizarse como mínimo dos helicópteros y 2,000 efectivos”, dice un detallado reporte de inteligencia.

Solo en Mega Once trabajan 5,000 personas y hay alrededor de 350 motores. “Sería imposible ingresar con la actual cantidad de efectivos”, reconoce un oficial. De los 500 policías que llegaron el año pasado para las labores de interdicción hoy solo quedan 80. Por eso, en las intervenciones no se captura a nadie, solo se destruyen los motores.

UNA REGIÓN AL GARETE

La trocha de acceso al campamento minero al que hemos llegado ha sido construida por una de las tantas asociaciones de mototaxistas que se forman para brindar este servicio a los mineros. Y es que la minería en Madre de Dios no solo tiene un poder destructor, ha instalado sociedades paralelas en las que la ilegalidad establece su propio orden y sus propios códigos. Una economía ilegal perfectamente organizada que les permite seguir avanzando.

En la zona de amortiguamiento de Tambopata, conocida como La Pampa y donde no está permitido ningún tipo de extracción aurífera, los mineros se han agremiado en 10 asociaciones, una por cada gran zona de explotación. Así, cada campamento posee una asociación de mototaxistas, la asociación de bares controla la instalación de prostíbulos y cantinas, lo mismo sucede con las bodegas y la administración del combustible.

Existe, incluso, un esquema de pagos que determina los montos fijos que deben abonar a sus dirigentes para sobornos. Víctor Zambrano preside el comité de gestión de la reserva y es quizá una de las voces más autorizadas para analizar por qué el proceso de formalización minera y la aplicación de los decretos contra la minería ilegal no están funcionando en esta región. El ambientalista no es muy optimista: “Madre de Dios está al garete”, dice, y señala que con el control de insumos la corrupción se ha incrementado: ahora la mayoría quiere cobrar. “No hay una clara voluntad, en un inicio se dio apoyo logístico, pero luego todos se olvidaron”.

La venta de petróleo, según las cifras del Osinergmin analizadas por el economista César Zúñiga, también se ha incrementado a pesar de que las normas vigentes obligan su fiscalización. En 2012 se vendieron 60 mil galones más que el año anterior. El 85% de este petróleo se destina a la minería.

Hace dos años, la fiscalía ambiental –que ocupa un reducido y caluroso ambiente en Puerto Maldonado– tenía un fiscal especializado y un adjunto. El personal es hoy el mismo, pero la carga supera los 2,500 procesos. Muchos están estancados.

LA POLÍTICA DEL ORO

El avance de la minería ilegal en Madre de Dios coincide con el anuncio de un paro promovido por la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), liderada por Luis Otzuca y asesorada por el exministro de Justicia, Eduardo Salhuana. La protesta surge en un contexto diferente.

Las relaciones de la Fedemin con la Federación Nativa del Rio Madre de Dios (Fenamad), gremio que apoyó duramente las últimas huelgas mineras, no pasan por un buen momento. “Fedemin es como una cáscara de motelo, dicen algo para afuera, pero detrás hay otras personas cocinando todo”, bromea Jorge Payaba, presidente de Tres Islas, la comunidad integrante de la Fenamad que ha denunciado a los mineros que intentan ingresar ilegalmente a su territorio.

Tres Islas es la comunidad que denunció también cómo algunos ‘invitados’ (mineros que pagan al titular de un petitorio minero por usufructuar parte de su terreno) del ahora congresista Amado Romero estaban extrayendo oro dentro de su territorio. Y aunque el congresista ha negado todo vínculo con la extracción minera, Jorge Payaba revela que Romero continúa vinculado a la actividad, pero a través de terceras personas.

La fiscalía lleva dos procesos de investigación contra el parlamentario por delitos ambientales vinculados a la minería. Ambos casos se encuentran todavía en investigación preparatoria. El mismo despacho investiga también –por casos que vienen desde el 2010– a Carlos Oliva, Celso Quispe, Leonardo Huamán y Alberto Tejada, los principales mineros de La Pampa, según la policía. El abogado de este último, Mauro Betancurt, labora ahora con el legislador Romero. Las coincidencias abundan en Madre de Dios. 

Fuente: Inforegión

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