Nuevo esfuerzo para formalizar la minería

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Producto de la delegación de facultades otorgada por el Congreso, el Poder Ejecutivo aprobó en 2011 el Decreto Legislativo Nº 1105, que establece disposiciones para la formalización de actividades de la pequeña minería y minería artesanal, a escala nacional. 

Posteriormente, el sector Energía y Minas reglamentó la norma mediante el Decreto Supremo N° 003-2013-EM. En ambas disposiciones quedaron regulados los requisitos, pasos y plazos para que los pequeños mineros y mineros artesanales formalicen 

sus actividades y no incurran en el delito de interdicción.

Han pasado cerca de tres años y no se conoce hasta donde se avanzó con la formalización, porque los procesos se iniciaron con la presentación de la Declaración de Compromiso de los mineros ante las direcciones regionales de minería, pero no se ha podido cumplir con la celebración de los contratos de explotación con las empresas propietarias de la concesión, cuyo plazo vence el 5 de setiembre próximo. Esta es la situación de muchos mineros artesanales de La Libertad, que operan en concesiones de terceros y, no obstante diversas gestiones ante instituciones públicas, no han firmado acuerdos de explotación, por lo que se mantienen en situación de informalidad y con el riesgo de convertirse en infractores de la ley penal.

En el último mensaje a la Nación, el Presidente reafirmó la voluntad del Estado de continuar con la formalización y luchar contra la minería ilegal. 

En ese sentido, se debería flexibilizar los requisitos, plantear alternativas para los que están en esta situación o ampliar por un período razonable los plazos de formalización.

Es cierto que los contratos de explotación se celebrarán entre actores privados, el propietario de la concesión y el pequeño minero artesanal; y que existe libertad de contratación, pero el Estado debe regular las relaciones entre los actores de la economía, razón por la que es la instancia llamada a tender los puentes de mediación para que las partes cumplan con lo establecido en la ley.

Fuente: Diario El Peruano

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