Si amplías plazos para formalización minera, amplías también la ilegalidad

Foto: Rumbos de Sol y Piedra

Por: César A. Ipenza

Presionado por el paro nacional convocado por organizaciones de pequeños mineros, mineros artesanales e informales para este 26 de agosto, el gobierno ampliaría una vez más los plazos para que los mineros se formalicen. Con ello, incrementará, también, el tiempo para que la informalidad e ilegalidad sigan haciendo de las suyas. Esta medida ya se había dado en febrero pasado. La presentación del instrumento de gestión ambiental correctivo (IGAC) vencía en febrero del 2013, y fue ampliado o “precisado” hasta el 5 de octubre del 2013.

Lo mismo ocurrió con el tema de la acreditación de titularidad, contrato de cesión y acuerdo o contrato de explotación, que debería vencer el 5 de setiembre del 2013; la acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno superficial que debería vencer el 16 de setiembre del 2013, y la autorización de uso de aguas que debería vencer el 25 de setiembre del 2013 .

Las autoridades del gobierno central habían afirmado que no se ampliarían más estos plazos. Sin embargo, bastó que los diversos gremios y grupos anuncien el paro minero a nivel nacional para que el Ejecutivo, el día 15 de agosto, ceda, condicionando a los mineros: “Anuncien la cancelación del paro y tendrán la ampliación de plazos”.

Un Estado que garantiza el derecho a la vida, no debe permitir que actividades como la minería ilegal sigan atentando contra la vida, nuestra biodiversidad y, por ende, con nuestro futuro. La decisión del gobierno de detener un “conflicto social” con una medida inmediata, mientras los costos ambientales y sociales aumentan, supone un inevitable final donde todos paguemos las consecuencias.

Ante estas medidas, que aún no se publican y plasman en alguna norma –posiblemente un decreto supremo–, se evidencia el camino al fracaso de la formalización emprendida y anunciada, la cual parecía en algún momento una declaratoria de guerra contra la minería ilegal. No podemos seguir cediendo a las presiones de mineros que parecen siempre decir “una vez vencido el plazo, amenazamos con un nuevo paro y nos lo amplían”.

Sin embargo, las pretensiones de los mineros no se quedaría allí pues ellos –luego de lograr la ampliación de plazos– exigirían además la modificación de los diversos decretos legislativos emitidos para enfrentar la minería ilegal y todos los demás delitos que esta actividad conlleva.

Esta situación nos lleva a reflexionar: ¿Para qué sirven tantas normas? ¿Para qué tantas reglas y trabajos inútiles que, finalmente, se quedará en el papel? ¿Para qué tantos anuncios mediáticos, tantas declaratorias de guerra y lucha si, finalmente, una amenaza de paro los inmovilizará hasta ceder en sus pretensiones?

En conclusión:

• Sin recursos económicos y sin gobiernos regionales capaces -grandes responsables de la formalización hasta ahora-, la formalización está destinada a prolongar infinitamente los plazos.

• Sin una verdadera y real decisión de enfrentar la corrupción en las regiones, así como entre autoridades judiciales y policiales, no se avanzará ni tendremos grandes resultados.

• Sin la implementación de las exigencias y espacios, como la ventanilla única, que el gobierno ha establecido en sus normas, tampoco avanzamos.

Es hora de sincerar el sistema. Las palabras quedan y las acciones y trabajos no se asumen. Ya van demasiados anuncios de fechas y plazos que se amplían y acciones que no se concretan. Los funcionarios de gobierno deben asumir el rol que para el cual fueron elegidos.

Fuente: INFOREGION

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