Hay un conflicto en la gestión de los conflictos

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Por: Dante Pinto Otazú

Uno de los escollos que nuestro país no logra superar hasta ahora es la conflictividad que diariamente atraviesa y que por el contrario en los últimos 5 años se incrementa en escalada. La Defensoría del Pueblo da cuenta de ello y en su último reporte de conflictos sociales revela que existen 229 conflictos a nivel nacional (175 conflictos activos y 54 latentes). De este grueso volumen, 10 son conflictos que han surgido recién en abril último. Sin embargo, lo que más debe llamar nuestra atención del reporte es que de ese universo de conflictos, el 67.2% corresponde a la esfera de lo socioambiental. 

Es decir, 154 conflictos involucran los recursos naturales de todos los peruanos, lo que revela y justifica ajustes en la institucionalidad ambiental del país y por ende, apura el funcionamiento del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Otra exigencia que va amarrada es hacia que los gobiernos regionales y municipales implementen sus autoridades ambientales con poder de decisión. Otro aspecto que debe analizarse a detalle es el referido a la institucionalidad en la gestión de los conflictos. La que existe en nuestro país no responde a esta oleada de problemas. Inclusive demuestra su insipiencia y fragilidad. 

Por tanto es evidente la demanda de una articulación de los niveles de gobierno para afrontarla, partiendo de una institución sólida que gestione los conflictos. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad como la instancia encargada de solucionar los enfrentamientos entre peruanos a través de la instalación de mesas de diálogo. Pero, ¿dicha oficina es realmente la instancia más idónea para gestionarlos? Considero que no, pues en realidad dicha oficina es parte de la PCM que integra el Ejecutivo y muchas veces el Estado es una de las partes del conflicto y por ende, tiene intereses en el mismo. Esta vinculación desfigura el rol de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. 

Lo que se evidencia es que esa oficina, por ser parte de un nivel de autoridad mayor a los ministerios, es la encargada de llamar la atención a los sectores cuando por su ausencia o inoperancia, surge o se suscita un enfrentamiento, -el cual evidentemente no hubiera surgido si las instancias del Estado hicieran bien su labor-. Por definición, quien medie en un conflicto no debe tener interés en el mismo. Es por ello que se exige esa “instancia” independiente y legítima que ayude a resolver los conflictos. Esta demanda no quita que la PCM acompañe el proceso, llamando la atención e instando a que sus ministerios cumplan sus fines. Una característica más que debe tener ese gestor está en la línea de poseer solvencia técnica. Con ese perfil y sumado a un sistema articulado de observancia y asistencia conjunta del Estado ante un conflicto en todos sus niveles de gobierno, sí se contribuiría a la reducción de la conflictividad en el país.

Fuente: Diario La República

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