Oro en la cornisa

Foto: Caretas

Testimonios gráficos del daño de la minería en Puno y Cerro de Pasco, los lugares a donde no llega la acción del Minam

El lente de Apolinario Robles no miente. Tras horas de caminata, observó, desde las faldas del cerro Laca, en el distrito de Cuyocuyo, a unos 272 km de la ciudad de Puno, una casa confinada sobre una columna de tierra. “Es de uno de los pobladores que se opuso a la concesión de tierras. Como se negó a entregar su terreno a los mineros, lo dejaron ahí arriba”, explicó un comunero mientras Apolinario disparaba instantáneas del flagrante abuso. La población sindica a Fortunato Sumerente Pocco, Néstor Santa María Chuqui y a la empresa Condoraque, dueños de la concesión del terreno, por haberlo subarrendado a unos dos mil mineros informales para la extracción de oro. “Quienes se oponen a sus designios sufren la quema de sus casas o el aislamiento físico”, señala el poblador afectado, quien evitó identificarse por miedo a represalias.

Días antes, en el distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio de Putina (a 3 horas de Puno), Apolinario había registrado otra historia devastadora. Allí, la Minera Sillustani explota tungsteno, plomo, plata y zinc contaminando con relaves la laguna Choquena y el río Condoraque, cuyo destino final es nada menos que el lago Titicaca. “Los relaves ponen las aguas color amarillo y huelen a lejía. Cuando el sol brilla y se secan, se vuelven polvo y el viento los esparce hacia los pastos y los animales”, dijeron los pobladores.

Los testimonios recogidos por el fotógrafo como parte de un documental en proceso, ponen en evidencia el delito flagrante cometido por la minería ilegal, alentado por el atractivo precio del oro en el extranjero, que alcanza hoy los 1317 dólares la onza. “Al ubicarse en zonas protegidas por el Estado, esta minería infringe la ley y seguirá siendo ilegal mientras no reconozca su condición de ilegal y se acoja al proceso de formalización según el D. L. 1105”, señaló el asesor de la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente, Ernesto Ráez. Según el especialista las exportaciones en minería ilegal superan al narcotráfico y ascienden a los 1,793 millones de dólares.

En mayo del 2010, Osinergmin sancionó a la minera Sillustani S.A. con 30 UIT (unos 109 mil soles) por carecer de un plan de manejo ambiental. Actualmente hay un proceso en curso contra el gerente de la mina, Carlos Milla Villafana, quien sería sentenciado en Ica por contaminación ambiental, en su modalidad de delito doloso.

“El D.L. 1102 incorporó al código penal el delito de minería ilegal por lo que estos señores son pasibles de condena mientras no se acojan al proceso de formalización que vence en abril del 2014”, agregó Ráez.

CERRO CONTAMINADO

Los sentidos de algunos pobladores de Cerro de Pasco ya empiezan a acostumbrarse al olor a tajo y relave. Es el caso de Eulalia Celay, de 56 años, natural de Tinyahuarco. Hasta hace poco, ella era ganadera, hasta que la Minera El Brocal empezó sus operaciones en Colquijirca, cerca de su casa.

“Los pobladores que vivían antes de los animales vendieron el terreno a la minera El Brocal, a cambio de trabajo. Cuando Graña y Montero cavó el tajo, todo el pasto del ganado fue cubierto con desmonte y las aguas de la laguna empezaron a contaminarse”, afirma.

En efecto, tal como lo registró Apolinario, la Laguna Punrun, a solo 20 minutos de la Reserva Nacional de Junín, se tiñe de arsénico, cadmio, cianuro, mercurio y selenio de las minas Tajo Norte (plomo, plata y zinc) y Marcapunta Norte (cobre) que operan lejos del guante del Ministerio del Ambiente.

“Yo quiero que esto pare, pues cuando se acabe el mineral, todo quedará contaminado”, exige Eulalia. Las fotos también muestran la contaminación de las lagunas de San Juan de Milpo, a 30 km al noroeste de Cerro de Pasco, con el consecuente deterioro de las cosechas y el ganado de los comuneros de la zona. Infierno de nunca acabar.

SELVA DEVASTADA

Según un estudio reciente del Ministerio del Ambiente y la Universidad de Stanford, Madre de Dios produce 500 mil onzas de oro por año. A cambio, 50 mil hectáreas de bosque amazónico han sido deforestadas. “La formalización de la minería no es la carnetización del sida. No es cosa de sumar sellos para salir del paso, sino de transformar las operaciones, reducir impactos y corregir al menos en parte lo ya dañado”, explicó Ernesto Ráez, asesor del Minam. (Cortesía Caretas)

Fuente: INFOREGION

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