Santillana: Se viene mayor tensión en el sector minero por ordenamiento territorial

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Habrá mayor pugna al interior del Gobierno y del sector privado, opinó el investigador del Instituto del Perú. “Se quiere meter de contrabando esta norma”, advirtió. Pero dijo que se le está “volteando el pastel a los antimineros”.

Hay temas pendientes en el sector minero. ¿Se viene una mayor incertidumbre?

El Perú necesita concreciones. Y para ello deben ponerse de acuerdo al interior del Gobierno, porque veo que se mantienen las tensiones entre el MEM y el Minam. Y eso continuará con un tema que no se está viendo al momento y será mucho más pernicioso que el tema de la consulta previa. Me refiero al ordenamiento territorial.

¿Por qué será más pernicioso?

Esto es una posición que viene de Europa: tiene que ver con otra realidad y otra situación. Pero aquí se le quiere meter de contrabando, como una forma de decir paralicemos todo, ordenemos el territorio y ahí veremos dónde invertir. Y la gente, ¿de qué va a comer?

¿Se está tocando el tema de soslayo?

Es que implica poner en agenda algo que nos va a distraer y generará más conflictos al interior del sector privado y del Gobierno. Si ya se botó a dos viceministros de Interculturalidad por el tema de la consulta previa y se botó a un ministro de Cultura porque publicaron un informe sobre el Lote 88 sin haberlo discutido al interior del Gobierno, ahora olvídate.

¿En qué está acertando el Gobierno en el tema minero?

El Gobierno le ha volteado el pastel a los antimineros, porque se está involucrando en el desarrollo local y regional. Está yendo antes que el sector privado con carreteras, comunicaciones, agua y desagüe. Ese es un enfoque que hay que agradecer, porque antes no se hacía. Pero hace falta coordinar mejor entre los ministerios. 

¿Se están retrasando más proyectos?

En este momento los precios han bajado de sus picos y los costos han subido. Las ganancias son menores y los proyectos que eran marginales salen de las carteras de inversiones. El tema es que los inversionistas cuando van a Chile saben que se invertirá toda la cartera. En cambio, en Perú se preguntan, ¿cuánto de eso se concretará?

¿Cuál es el problema de fondo?

Uno es la tramitología para sacar un proyecto, y nuevamente esto es cuestión de que los sectores se pongan de acuerdo. Y, segundo, el Estado peruano ha dado muestras de debilidad: tenemos ya varias partes del territorio que funcionan como liberados. Si no ejerces la autoridad, tampoco se concretarán las inversiones. ¿Hasta qué punto el Gobierno hará cumplir la ley?

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN

¿Hay un cambio en los gobiernos regionales hacia la inversión?

El presidente regional de Arequipa (Juan Manuel Guillén) aprendió a negociar con el capital privado, después que como alcalde provincial estuvo en el levantamiento del FACA. Ahora, por ejemplo, Cerro Verde ha puesto una planta de tratamiento de agua en Arequipa. Hay un acercamiento del capital privado con la autoridad regional. Pero en el resto del sur del Perú no se ve este acercamiento, como si eso fuera un tabú.

En Puno, ¿no hay una mayor apertura? 

Está el caso del proyecto Santa Ana de Bear Creek. Esto puede significar una denuncia al Perú porque la empresa ya había cumplido con todo. Y tienen hasta diciembre de este año para ir al CIADI y esto significa por lo menos 200 millones de dólares. 

¿Y el proyecto Corani, también de Bear Creek?

Allí se hizo un trabajo de bases. Se le fue a explicar a la gente qué es el proceso de licitación, qué significa un circuito cerrado y ese tipo de cosas. Entonces, cuando fueron los antimineros salieron a decir que utilizarían cianuro, ellos sabían que era mentira, porque se les explicó que en los proyectos de cobre no hay cianuro. Han preparado a la base social con mensajes sencillos para que cuando vayan los antimineros se rechace ese discurso.

¿El cambio de percepción no responde a la caída del canon?

Separemos las cosas. Las autoridades locales quieren inversión en su territorio, sino que muchos d ellos surgen de organizaciones que no son partidos. Casi todos salen de una plataforma antinversión. El problema es que no tienen ningún tipo de conocimiento en administración pública y el Estado no ha gastado el presupuesto que tiene desde el 2003 para capacitarlos. En cuanto al canon, el Gobierno no ha sabido explicarles que ante la coyuntura de baja de precios y subida de costos de producción, hay una menor utilidad y, por lo tanto, un menor canon.

Fuente: Diario Gestión

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