Foto: Flickr / Amazonas del Perú 2012 |
Uno de los temas más polémicos en el Perú es la alta conflictividad social. Sin embargo, si bien este tema suele asociarse más con la sierra, lo cierto es que también existen muchos conflictos que se producen en la Amazonía peruana. En ese sentido, cabe preguntarse: ¿qué papel puede realizar la empresa privada para fomentar un desarrollo inclusivo en la Amazonía y reducir la conflictividad social, sin afectar la rentabilidad?
Según el Ranking Regional de Potencial Conflictivo de Perú Económico de Agosto del 2013, Loreto es la sexta región con mayor potencial. Asimismo, Amazonas es la decimotercera, pero presenta el proyecto con mayores detonadores potenciales. Para el director de la ONG Tendiendo Puentes, Miguel Ferré, esta situación no sorprende: La selva ha sido una región que en las últimas décadas sólo se ha considerado para realizar actividades extractivas y de turismo. “El Estado aún no llega lo suficiente a los indígenas”, según Ferré. A diferencia de la sierra, donde hay mesas de negociación cuando un proyecto minero quiere incursionar en una comunidad, en la selva esto no ha existido y no se ha brindado la importancia a los recursos humanos y naturales: “Beca 18, por ejemplo, aún no tiene un genuino apoyo del Estado a las comunidades de la selva”, agrega Ferré.
Con todo ello, se han planteado soluciones al problema: Para el especialista, se requiere una inversión en educación, pero sobre todo en educación en negocios. “Se requiere un manejo de negociación para buscar beneficios mutuos”. Sin embargo, otra solución que se ha planteado es la de buscar participación accionaria de las comunidades en las empresas petroleras y mineras. Para Ferré, si bien esta decisión depende bastante de la situación económica de la empresa, es una opción que trae grandes réditos, ya que al brindarles a las comunidades nativas participación accionaria, se genera estabilidad empresarial: Ya no se trata de que las empresas crezcan en la Amazonía, sino que crezcan junto con ella. “Además, ¿por qué una comunidad nativa destruiría una empresa que también es suya?”, indica Ferré.
En el Perú en 2011, las empresas mineras de origen canadiense evaluaron la posibilidad de otorgar acciones a las comunidades campesinas y nativas para reducir la conflictividad social, pero al parecer el asunto nunca llegó a concretarse. A pesar de ello, vale la pena ver algunos ejemplos de esta propuesta.
En Alaska en 1971, se crearon las Alaska Native Corporations (ANC), organizaciones de comunidades nativas que buscaban generar un consenso de desarrollo entre ellas y las empresas petroleras multinacionales en la zona. Mediante estas organizaciones, se concesionaron 161 mil millones de metros cuadrados de tierra, a cambio de que las corporaciones brinden 100 acciones a cada nativo. El resultado ha sido positivo: en el 2008 se entregaron US$160 millones en dividendos. Las ANC generaron cerca de 35,400 trabajos en el 2008 y el ingreso per cápita aumentó de US$29,000 en 1970 a US$43,000 en 2007. Actualmente, también se ven estas iniciativas en Canadá y Australia, mediante convenios denominados Acuerdos de Impacto y Beneficios. En todos los casos se ve un apoyo total o mayoritario de las comunidades a la inversión petrolera o minera.
Sin duda, si aún no se ha logrado reducir la conflictividad social mediante incentivos legales, tal vez sea la oportunidad de hacerlo mediante incentivos económicos. Finalmente, si lo que se busca es que el país tenga un sector extractivo sostenible, éste debe desarrollarse con una inclusión social a cabalidad.
*Este artículo fue escrito por Juan Manuel Hurtado, asistente de redacción de SEMANAeconómica.
Fuente: Semana Económica
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