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| Foto: La República |
Mientras, en Celendín, piden se aclare circunstancias en que murió rondero, el pasado 19 de agosto.
Las protestas que tuvieron lugar los últimos días en rechazo a la actividad minera en las zonas de Hualgayoc-Bambamarca, San Miguel y Santa Cruz, en la región Cajamarca, se reiniciarán el próximo 23 de setiembre.
El anuncio lo hizo Edy Benavides, dirigente del Comando Unitario de Lucha de Bambamarca.
La medida tendrá como fin exigir la anulación de las concesiones mineras otorgadas en la región Cajamarca y evitar que se sigan contaminando sus principales fuentes de agua.
Los ronderos que integran la citada organización rechazan de este modo la actividad de las mineras Coimolache, Tantahuatay, La Cima, San Nicolás, La Zanja y Gold Fields.
Denunciarán a efectivos policiales
Asimismo, ellos acordaron, en una reunión que sostuvieron ayer lunes, denunciar a los miembros de la División de Operaciones Especiales (DINOES) y de la Policía Nacional ante órganos judiciales nacionales e internacionales.
Esto a raíz de los métodos violentos de represión utilizados en su contra durante la protesta que se inició el 29 de agosto, y que congregó a más de tres mil ronderos.
El 30 de agosto, la policía detuvo a cuatro manifestantes que intentaron bloquear la vía Cajamarca – Bambamarca, en la zona conocida como “El Empalme”.
Los detenidos fueron identificados como Wilmer Julón Huamán (36), de El Tambo; Giovanna Medina Saldaña (27), de Celendín; Janeth Carapulca Luna (27) y Emeterio Acuña Barboza (47), de Bambamarca.
Ellos fueron trasladados a seguridad del Estado en la ciudad de Cajamarca para horas después ser puestos en libertad.
De otro lado, un grupo de comuneros de la provincia de Celendín, donde el 29 del pasado mes se realizó una marcha en solidaridad con sus vecinos, pidieron se investigue la muerte de Amado Atalaya Sánchez.
Este último, conocido por su tenaz lucha en defensa de las lagunas que afectará el proyecto Conga, fue asesinado el pasado 19 de agosto. Su cuerpo fue hallado en el caserío de Marcopata, a quince minutos del centro poblado de Salacat, en Celendín.
Según algunos conocidos, una serie de irregularidades se vienen tejiendo en torno al origen de su muerte. Señalan así que el cuerpo de Atalaya Sánchez sí registró indicios de violencia y no lo contrario, tal como viene sosteniendo el fiscal que ve el caso.
Ayer, Milton Sánchez Cubas y Nicanor Alvarado Carrasco, de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), se apersonaron ante la Fiscalía de Celendín para exigir información acerca de las investigaciones en torno al caso.
La PIC celebrará este sábado una asamblea para definir las medidas a iniciar en su lucha en contra del proyecto minero Conga y la minería que daña el medioambiente.
Fuente: SERVINDI
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