Articular para formalizar

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Por: César A. Ipenza Peralta

Las últimas cifras oficiales del ministerio de Energía y Minas al cierre del 2012 señalan que la producción estimada de oro de procedencia informal-ilegal es de 40 toneladas anuales (1’286,029 onzas), cuyo valor equivaldría a US$ 2,146’819.651 millones. Si este monto estuviera sujeto al pago del impuesto a la renta, alcanzaría los US$ 257’618,358 millones, lo que a su vez representaría un canon de US$ 128’809,179 millones para los gobiernos subnacionales. Y si pretendemos señalar el número de mineros informales-ilegales, no se sabe oficialmente de cuánta gente hablamos. Tenemos cifras que van desde 150 mil a nivel nacional. Si analizamos esta realidad, de lo que significa económicamente, las autoridades deberían reflexionar y plantear medidas efectivas y concretas para enfrentarla. Una de ellas es el asignar recursos suficientes, tanto económicos como profesionales capacitados porque si no, no tendremos los resultados deseados u óptimos.

Mucho se habla de la necesidad de formalizar, pero para que esto ocurra y se concrete requiere que el trabajo iniciado respecto al tema de la minería ilegal desde la creación del ministerio del Ambiente el año 2008, se articule con el rol que tienen los diversos organismos y ministerios del Estado en todos sus niveles. A manera de ejemplo, se requiere:

- El ministerio de Economía y Finanzas debe asignar recursos a los GORE y partidas adicionales o extraordinarias para la formalización. Hasta la fecha, los recursos han sido insuficientes.

- El ministerio de Energía y Minas debe acompañar a las regiones en el proceso de formalización con mucho más personal capacitado y un programa de asistencia técnica.

- En cuanto al ministerio de Agricultura, a través de la Autoridad Nacional del Agua y Dirección Forestal, tiene el deber de apoyar en los temas de uso de agua, tala y desbosque.

- El ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe implementar oficinas y centro de rescate para el caso de trata de personas.

- La cartera de Cultura debe garantizar la protección del patrimonio cultural y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

- El ministerio de Salud debe velar por la salud de la población afectada por la minería ilegal, fundamentalmente en los casos relacionados a mercurio y cianuro.

- El del Ambiente debe consolidar la Procuraduría Ambiental y, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, garantizar el respeto de las áreas naturales protegidas.

- Por su parte, el de Transportes, a través de la Superintendencia de transporte terrestre de personas, carga y mercancías –y en coordinación con la SUNAT–, debe controlar el transporte de mercurio y cianuro.

- El Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación deben perseguir y sancionar de manera efectiva los delitos relacionados a la minería ilegal; y, finalmente,

- Los gobiernos regionales deben emprender procesos responsables y efectivos de la formalización y fiscalización de la minería.

Complementando lo señalado al tema de articulación, requerimos un acuerdo social, o un compromiso de la sociedad en general, donde todos los actores, pero fundamentalmente los partidos políticos en vista a la próximas elecciones regionales y locales, digan: NO SOMOS PARTE DE LA ILEGALIDAD, no tenemos candidatos ni recibiremos financiamiento de la minería ilegal. Y sumar a esto la figura de la moratoria o suspensión de los petitorios mineros a nivel nacional, hasta que se termine el saneamiento de los existentes. La suspensión no es una figura nueva, tenemos antecedentes de suspensión de concesiones en Madre de Dios a través de decretos supremos emitidos por el MINEM en el 2009 y 2010.

Es hora de reflexionar y analizar su pertinencia.

Fuente: Noticias SER

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