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La comunidad Guaraní Kaiowá del campamento indígena Apyka’i, situada en las márgenes de la rodovia [carretera] BR-463, ha retomado parte del territorio reclamado como tradicional, en la actualidad ocupado por la ‘Fazenda Serrana’, a 7 km del centro de Dourados (MS), aproximadamente a las 21 horas de este domingo, 15. Las familias están acampando en esta región desde hace 14 años.
En marzo, un niño del pueblo Kaiowá de cuatro años murió atropellado en la carretera. Además de él, otros cuatro pobladores de la comunidad murieron víctimas de atropellamientos y una sexta persona murió envenenada por los plaguicidas usados en las plantaciones que rodean el campamento.
La hacienda que ocupa territorio indígena, en proceso de demarcación por parte del Grupo empresarial Dourados-Peguá, está dedicada al monocultivo de caña de azúcar en gran escala. En agosto, un incendio iniciado en el cañaveral afectó cerca de mil hectáreas de tierra, se extendió por el campamento destruyendo barracones y pertenencias de los indígenas. La causa del incendio aún no ha sido establecida.
Los indigenas temen represalias por parte de los terratenientes y, especialmente, de empresas privadas de seguridad que están a su servicio.”Las autoridades tienen que saber lo que está pasando aquí. Nosotros necesitamos protección para que no vuelvan a suceder cosas ruines”, dice uno de los líderes. “La comunidad debe estar protegida aquí en tekoha [nuestro territorio tradicional]. Estamos aquí, rezando por nuestra protección. Nosotros no vamos a salir”, puntualiza.
Los indígenas se refieren a una serie de amenazas y ataques hechos contra las comunidades, atribuidos a la “jagunços” [capangos], que prestan servicios a los propietarios de las tierras.
Gaspem
En agosto, el Consejo de Aty Guasu, la gran asamblea Guaraní y Kaiowá, denunció al Ministerio Público Federal (MPF) una amenaza contra la comunidad Apyka’i, atribuida a funcionarios de la compañía Gaspem Seguridad. Según el documento, un grupo de guardaespaldas impidió a los indios tomar agua en un riachuelo cercano a la hacienda, y amenazó con matarlos si regresaban al sitio. En aquella ocasión, el Secretario General de Amnistía Internacional, el hindú Salil Shetty, visitó el campamento de Apyka’i y afirmó sentirse “en un lugar donde los derechos humanos no existen”.
En el mismo mes, el MPF presentó una acción judicial para que el Gaspem fuese disuelta y, consecuentemente, su registro comercial cancelado. La empresa es conocida por su actuación en propiedades con conflictos de tierra y está acusada por ejecutar ataques contra las comunidades indígenas, que se tradujeron en docenas de heridas y la muerte de dos líderes.
Según testimonios recogidos por la Procuraduría, la empresa llegó a recibir R$ 30 mil, por cada desocupación violenta ejecutada y los guardias de seguridad de Gaspem fueron contratados para intimidar y aterrorizar a las comunidades.
La participación de Gaspem en estos episodios está siendo investigada, así como la posible implicación de la empresa en los ataques contra las comunidades Lagoa Rica, Laranjeira Ñanderu, Ñaderu Morangatu, Sombrerito, Pyelito Kuê y Guaiviry, todas cercanas de áreas reivindicadas como tradicionalmente indígenas.
Niño atropellado
En marzo, un niño Kaiowá de cuatro años murió atropellado en el campamento. El conductor del vehículo huyó del lugar sin brindar ayuda al menor y hasta la fecha no ha sido identificado. Un mes antes del episodio, otro indígena tekoha fue atropellado por una moto, que tampoco se detuvo para brindar socorro. Este indígena venía en bicicleta y acompañado por su esposa embarazada, quien caminaba en el andén al lado de la pista, cuando fue atropellada por la motocicleta.
Desde 1999, cuando fueron expulsados del lugar, seis personas de la comunidad murieron –cinco al ser atropelladas y una por envenenamiento– como consecuencia del uso de pesticida en los cultivos alrededor del campamento, según indican los indígenas.
Ellos intentaron dos veces recuperar su territorio originario. El último intento ocurrió en junio de 2008, cuando los indigenas ocuparon una pequeña parte de la hacienda, cerca de los bosques de la Reserva Legal de la zona, estableciendo pequeñas plantaciones.
En el período en que estaban acampados allí, fueron vigilados por una empresa de seguridad privada. Funasa y Funai fueron impedidas de prestarles atención. La ocupación duró hasta abril de 2009, cuando la Justicia dictaminó la recuperación de la posesión a favor de los hacendados. Desde entonces, el grupo acampa en el borde de la carretera.
Con la expulsión de la tierra, los indígenas se vieron obligados a ocupar la otra margen de la BR-463, debido a la duplicación de la carretera. Uno de los mayores problemas de los indígenas Apyda’i es la obtención de agua potable. Actualmente, ellos tienen que utilizar agua contaminada de un riachuelo para beber, cocinar y realizar su higiene personal.
Un informe del MPF-MS sobre la situación de la comunidad de Apyka’i, publicado en 2009, indicó que “los niños, jóvenes, adultos y ancianos son sometidos a condiciones degradantes y que hieren la dignidad de la persona humana. La situación que ellos vivieron es análoga a la de un campo de refugiados. Tal como si fuesen extranjeros en su propio país”.
Ataque
En septiembre de 2009, un grupo armado atacó el campamento, disparando hacia los barracones o chozas. Un Kaiowá de 62 años de edad fue herido por disparos, otros indígenas agredidos, sus chozas y pertenencias quemadas.
Según líderes de la comunidad, el ataque, realizado por órdenes de los hacendados, fue perpetrado después que los indígenas habían sido desalojados de la zona, y tuvo relación con el uso del agua de un arroyo que se encuentra dentro del área de la hacienda.
En aquella ocasión, después de ser desalojados, las chozas y pertenencias de los indígenas fueron quemadas. El ataque ocurrió alrededor de la una de la madrugada, cuando el grupo de nativos dormía en un campamento improvisado construido el día anterior.
La hacienda
Según en análisis de la ONG Repórter Brasil, la propiedad fue arrendada para la siembra de caña de azúcar por la Usina São Fernando. La usina, a su vez, es una empresa de la Agropecuaria JB (Bumlai Group), asociada con el Grupo Bertin, uno de los frigoríficos más grandes de América Latina.
Instalada en Dourados (MS) en 2009, la Usina São Fernando está a asociada con Agropecuaria JB (Grupo Bumlai), especializada en mejoramiento genético del ganado de carne y el Grupo Bertin, uno de los mayores frigoríficos productores y exportadores de productos de origen animal en las Américas.
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Fuente: SERVINDI
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