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Manuel Marticorena/Día_1
En un contexto de caída de los precios de los minerales, la minería -el sector que ha sido la locomotora de la economía peruana- podría enfrentar un nuevo escenario en donde los tributos que genere para el Estado deberán ser cuidadosamente invertidos. Los esfuerzos que se han desarrollado para lograr la anhelada inclusión social deberán ser meticulosamente orientados a reducir los bolsones de pobreza con los que convive el sector minero.
¿Cuánto podrá contribuir ahora la minería a la inclusión social, que es el gran objetivo no solo del Gobierno sino de un país como el Perú cuyas diferencias sociales lo anclan al tercer mundo? ¿Lo ha venido haciendo ya en medida razonable?
¿INTERVENCIÓN DIRECTA?
El economista del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, señala que la minería debe estar consciente de que debe contribuir con la solución del problema de las diferencias sociales (sobre todo las económicas) desde dos niveles: con un aporte fiscal consistente y directamente proporcional a sus ingresos, y con una contribución directa con el desarrollo de sus comunidades aledañas.
“En el caso de la acción directa, tienes ejemplos muy claros y heterogéneos. De los que yo conozco, son intervenciones como las de Antamina (en Áncash) o Barrick en La Libertad, las que aplican una política inclusiva. También lo hace Las Bambas en el sur, aun cuando no está en producción. Son de alguna manera empresas que han hecho esfuerzos para tener políticas de responsabilidad social y de asistencia con gente muy especializada y de un modo planificado”, señala el especialista.
Baca considera que si bien este enfoque existe en la gran minería, no sucede lo mismo con el resto del sector, que aplica políticas con sentido paternalista y que no apuntan a solucionar problemas estructurales de las comunidades.
“Hoy se requiere de un tratamiento más estructurado y enfocado en temas que garanticen la sostenibilidad de lo invertido. Esto prácticamente significa involucrarse con las sociedades, con sus problemas y su futuro”, señala. Tener una empresa minera que trabaje de espaldas a las comunidades resulta hoy anacrónico.
José De Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental, confía muy poco en lo que ha hecho y puede hacer la minería en sus acciones directas. Cree que es el Estado el que debe intervenir a través de políticas públicas. Así, para el especialista no hay otra forma de avanzar en el esfuerzo de solucionar los problemas económicos y sociales de las poblaciones mineras.
¿Pero la minería ha hecho esfuerzos de inclusión? Sí. Ricardo Morell, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antamina, señala que sería egoísta negar, por ejemplo, los esfuerzos realizados por las empresas para contribuir de manera directa con los poblados tanto de influencia directa como indirecta. “Se han realizado importantes programas de reducción de la desnutrición infantil, educación e infraestructura”, señala.
No solo eso, varias empresas mineras han impulsado proyectos de desarrollo productivo, identificando las potencialidades de sus comunidades de influencia. Todo esto para posibilitar mejores oportunidades de ingresos económicos a las familias que no puedan tener acceso a un trabajo en la operación minera.
Epifanio Baca señala que la intervención directa es prácticamente una responsabilidad, pero es una tarea dura para la cual muchas empresas no están preparadas. Recuérdese que su función principal es obtener una rentabilidad para sus accionistas e inversores, su ‘core business’ no es solucionar problemas sociales. Sin embargo, hoy una empresa sin sensibilidad social va directa al fracaso y en el Perú hay muestras palpables de ello.
COMPROMISO INELUDIBLE
La responsabilidad social es el aspecto más solidario del sector minero; sin embargo, su principal aporte a la inclusión social no llega por ahí, sino por los impuestos que otorga al Estado vía canon, regalías y gravamen.
En el 2012, el sector ha entregado por regalías, canon y derechos de vigencia S/.5.700 millones, una suma que ningún otro sector podría equiparar.
Asimismo, en el 2011 se estableció un nuevo esquema de pago de regalía y gravamen minero que, en buena cuenta, fue positivo para la recaudación tributaria peruana. Sin embargo, no se sabe si estos fondos han sido orientados al cumplimiento de las metas de inclusión social para las que fueron exigidos.
Anteriormente, las empresas mineras tenían una participación directa en la administración del ‘aporte voluntario minero’ (que fue reemplazado por el esquema de regalías y gravamen) hoy esa posibilidad no existe y toda la ha centralizado el Estado. Entonces, ¿cómo participar en este esfuerzo nacional? ¿Deben insistir en tener una participación directa?
Epifanio Baca explica que si bien las empresas no pueden intervenir en los programas sociales implementados por el Gobierno, sí podrían exigir mayor transparencia de lo que se hace con estos recursos. La preocupación del sector minero es que estos reviertan a las zonas donde se encuentran sus operaciones.
Por su parte, Ricardo Morell indica que las “mesas de desarrollo” pueden ser un excelente forma en que el sector minero pueda participar y establecer, junto a los actores sociales, proyectos de inversión puntuales que ayuden a impulsar la inclusión social. Invertir directamente reemplazando al Estado puede resultar contraproducente. Es más, el sector ya lo ha estado haciendo y el reconocimiento por ello no ha sido significativo.
“Varias empresas han tenido que reemplazar al Estado en años pasados, y las poblaciones se han acostumbrado a ello. Cuando la empresa no lo hace surgen los conflictos”, indica un ejecutivo de una minera.
En la actualidad hay 61 mesas de desarrollo en el país que tienen el objetivo de convocar a los actores sociales, así como a los diferentes representantes sectoriales del Gobierno (ministerios de Educación, Salud, Inclusión y Desarrollo Social, Agricultura, etc.) para definir proyectos de desarrollo concreto para las comunidades.
Hay confianza de que esto funcione. Morell señala que el Estado debe actuar muy rápido para lograr resultados. Teniendo en cuenta que el Estado está presente en estas mesas, su ejecución debería ser inmediata.
De Echave cree que aún es muy pronto para dar cuenta de si este mecanismo funcionará. Aún no hay ejemplos concretos de que las decisiones tomadas en las mesas de diálogo lleguen a obras concretas. Además, considerando un escenario de precios de los metales en caída y una menor recaudación para los próximos años, es probable que el Gobierno Central cierre la billetera.
“El dinamismo de la contribución minera no debe detenerse, hay otros esquemas como el de obras por impuestos que permitirá que el sector minero implemente obras que contribuyan con el desarrollo de las poblaciones”, indica Baca.
Varias empresas como Cerro Verde en Arequipa (con la construcción de intercambios viales y obras de saneamiento) o Southern Copper en Tacna han optado por la negociación directa con la finalidad de demostrar que el sector minero quiere ponerse al hombro el tema del desarrollo de sus zonas de influencia. Sin embargo, el esquema no se aplicaría a todas. Hay que tener en cuenta que cada empresa tiene ingresos distintos y costos diferentes.
LO QUE VIENE
La minería ha crecido en forma considerable en los últimos seis años. Ha demandado mano de obra directa e indirecta. Asimismo, hay una cartera de US$57.000 millones en inversiones. El Instituto Peruano de Economía (IPE) cree que “si los planetas se alínean” y esta cartera se ejecuta, generará US$30.000 millones en exportaciones, y se crearía la astronómica cifra de 2,4 millones de puestos de trabajo estables durante su operación. Es decir, toda una revolución productiva. De Echave cuestiona tal proyección. “Me parece que se está sobredimensionando el número de empleos”, señala.
Como fuera, y considerando el volumen de inversiones que se podría efectuar en los próximos años, el sector deberá evaluar los mecanismos adecuados para empujar el carro de la inclusión social. No hay una sola fórmula para participar, la cuestión es involucrarse.
Fuente:Diario El Comercio
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